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Publicado por: Fernando Monserratte
Las situaciones tensas que se encuentran viviendo Venezuela y Colombia a causa del contrabando de productos
han traído como consecuencia el cierre indefinido de la frontera que
componen el estado Táchira y Cúcuta, capital del norte de Santander de
la nación neogranadina.
La frontera terrestre entre ambos países
es una de más extensas (2.219 kilómetros) y la más poblada de América
del Sur. El tránsito diario de lado a lado, a través de los pasos
legales y las miles de trochas es sumamente agudo. Estos constantes movimientos han repercutido en el impulso a la ilegalidad, que se resume en su totalidad al contrabando.
Desde hace un tiempo, Venezuela ha
regulado los precios de artículos esenciales para su consumo con la
intención de satisfacer las necesidades básicas de los sectores más
débiles. Esto, aunado al bajísimo costo de la gasolina del que disfrutan
los venezolanos, que ha potenciado la creación de bandas criminales del vecino país que,
en componenda con venezolanos sin escrúpulos y aprovechando los precios
de regalo, han logrado penetrar al mercado criollo para adquirir a
“módicos” precios los productos y poder hacer así negocios en Colombia
con ellos, donde los precios de los productos tienen niveles realmente
estratósfericos con respecto a los venezolanos, aún con la especulación
de la que son víctimas los venezolanos en estos momentos.
Intentos lejanos
Los intentos por controlar la frontera por parte del Estado colombiano ha sido débiles, desde
el año 2000, el entonces presidente colombiano Andrés Pastrana creó la
figura de las casas de cambio, doce estructuras consolidadas en Colombia
que operan con una legislación establecida de la resolución 8. Esta
decisión creó “profesionales” de compra y venta de divisas, llamados
“cambistas”, que pueden comprar y vender moneda venezolana sin
prácticamente límite ni regulación alguna y de manera cartelizada han
logrado empobrecer a la moneda venezolana, colocando su precio a niveles
irrisorios en la ciudad fronteriza de Cúcuta.
Para evitar la extracción continua de productos, la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia aprobó un proyecto denominado Ley Anticontrabando,
que tiene como propósito acabar con la importación ilegal de productos,
esto con el fin de perseguir el contrabando de gasolina y alimentos que
son sustraídos desde Venezuela y van a parar a la economía informal
colombiana. Aún así las penas aplican a partir de cifras muy altas, por
lo que del lado colombiano de la frontera llegar a ser un criminal del
contrabando es muy difícil, así se viva de eso. La norma establece que
serán castigados con máxima condena aquellas personas que posean mercancías por encima de 50 salarios mínimos colombianos, es decir, unos 32 millones de pesos. Una cifra exorbitante que al parecer difícilmente se puede trasladar en un solo viaje.
Cifras que van y vienen
A raíz de de estas tasas, innumerables
grupos mafiosos se han prestado para lucrarse de forma sustancial con
los diferentes tipos de cambios que ejerce Venezuela.
Sin embargo, el efectivo de calle mantiene un dinamismo distinto que
prácticamente ha acabado con su valor. Especialmente el llamado
“cambiazo” que es la compra de billetes venezolanos por el valor de 130 o
140 Bolívares para ser utilizados en la compra de productos venezolanos
para el contrabando y venta en Colombia.
Una pequeña mirada muestra las
diferencias abismales que existen entre un gobierno asistencialista que
intenta brindarle al pueblo pobre acceso permanente a los productos y
servicios básicos, como el que se ha establecido en Venezuela desde la
llegada de Hugo Chávez al poder, y por el otro lado, en Colombia un
pueblo olvidado por sus gobiernos centrales al borde de la frontera con
Venezuela y a merced de la ley de oferta y demanda, incluso para los
servicios más escenciales.
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