A un mes del cierre de la frontera
colombo-venezolana en el estado Táchira, las casas de cambio han
reducido sus negocios hasta 97%, “dada su dependencia exclusivamente del
intercambio comercial”, reportó el sitio en Internet el portafolio.co.
“Somos 300 casas de cambio autorizadas
con unos 1.200 empleos directos. Y tenemos el grave inconveniente que no
tenemos alternativas como los otros sectores afectados”, informó el
presidente de Asocambios en Cúcuta, Juan Fernando González, citado por
el referido portal web.
Las casas de cambio, que distorsionan el
valor de la moneda nacional, gozan de carácter legal ya que en el año
2.000 el Banco de la República de Colombia, que cumple funciones de
Banco Central, emitió la resolución Nº 8, que autoriza el intercambio
directo de monedas con los países vecinos, sin pasar por el dólar.
Esta figura establece una doble tasa
sobre el intercambio de monedas en Colombia: una oficial, establecida
por el Banco de la República, y otra especial que se aplica sólo para
las fronteras.
“El Banco de la República de Colombia
presenta una tasa de cotización diaria del bolívar que oscila en 231y
232 pesos, pero en el mercado que empobrece el bolívar en la frontera,
tiene un valor de 4,9 pesos por cada bolívar. Mientras que el Banco de
la República en Bogotá reconoce que un bolívar vale 232 pesos, en Cúcuta
y en el eje fronterizo, me pagan por un bolívar, 4 pesos con 90
centavos”, explicó el integrante de la Asociación de Colombianos y
Colombianas en Venezuela, Juan Carlos Tanus, en entrevista concedida a
la Radio del Sur.
De este modo, 1.000 bolívares
venezolanos tranzados a la tasa del Banco de la República colombiano
equivale a una suma de 232.000 pesos, pero si se aplica la tasa de 4,9
bolívares por peso de las casas de cambio de la ciudad de Cúcuta (Norte
de Santander), la cifra disminuye a 4.900 pesos, lo que representa una
diferencia de 227.100 pesos, que equivalen a un tercio del sueldo mínimo
de un trabajador neogranadino (644.350 pesos).
El presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el pasado mes de agosto
que la frontera se mantendrá cerrada hasta tanto el Gobierno de
Colombia prohíba el ataque al bolívar (moneda nacional) y la venta de
productos venezolanos de contrabando.
“Santos (mandatario colombiano) debe tomar medidas para prohibir el ataque a nuestra moneda”, instó Maduro.
Tras el cierre de la zona fronteriza por
parte del Gobierno venezolano motivado al ataque que sufrieran soldados
de la Fuerza Armada venezolana por parte de grupos paramilitares y con
el objetivo de combatir el contrabando de alimentos y gasolina, el área
metropolitana de Cúcuta ya siente los efectos en su economía y el
comercio y la industria se resienten en la capital de Norte de
Santander, señala el reporte.
Gladys Navarro, directora ejecutiva de
la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) Cúcuta, afirmó que la
falta de liquidez en la zona se agravará si la frontera permanece
cerrada y agregó que antes de tal acción, ejecutada por el Gobierno
venezolano, muchos cucuteños se beneficiaban de los negocios formales e
informales, a su juicio, propios de una línea fronteriza.
Pero lo más difícil, para una ciudad con
uno de los desempleos (14%) y tasa de informalidad (70%) más altas del
país, es que ya comenzó el despido de trabajadores.
“PIMPINEROS” ENTRE LOS MÁS AFECTADOS
Los informales son los más afectados por
el cierre de la frontera, entre ellos se cuentan los 5.000
“pimpineros”, los centenares que se dedican al cambio de divisas en las
calles de la ciudad y puentes fronterizos, los del “bachaqueo”, los mil
mototaxistas que transportan gente a través de los puentes y los que
venden productos de contrabando, reveló el portal web.
Son miles de personas que llevan un mes sin recibir un solo peso y muchos ya no tienen ni para la comida.
Tal hecho evidencia la fuerte
dependencia económica de la ciudad colombiana donde los productos
venezolanos llevados por vías del contrabando se comercializan sin
control, así como la gasolina que se llevan de contrabando los
“pimpineros”.
El comercio cucuteño se ve afectado
porque “los que trabajaban de manera informal compraban muchas cosas a
crédito (motos, electrodomésticos) y al no tener con qué pagar se ve
perjudicada toda la cadena del comercio”, aseguró Navarro.
Se estima que unas 30.000 familias de
todo el eje fronterizo con Venezuela vivían del contrabando de
combustible, un negocio altamente lucrativo para los revendedores
informales que adquirían un galón de gasolina en Venezuela al precio
equivalente de 0,144 pesos y lo expendían del lado colombiano en 3.600
pesos.
Ese precio aún resultaba atractivo
frente a los 5.012 pesos que cuesta el mismo galón en las estaciones de
servicio de Cúcuta o los 8.200 pesos que vale en la capital, Bogotá.
Así pues, mientras el Gobierno
colombiano eludía inversiones en sus poblaciones fronterizas, Venezuela
perdía anualmente 1,4 millones de dólares al año, una cifra reconocida
por las autoridades del vecino país.
De acuerdo a las cifras del Ministerio
de Petróleo y Minería, reconocidas por las autoridades colombianas, por
la frontera se contrabandeaban alrededor de 100.000 barriles de gasolina
y diésel cada jornada. Es decir, 35% de la producción nacional.
“Me tocó fiar en la tienda, pero ya la
dueña me dijo que no podía más porque ya le había fiado a mucha gente. Y
nadie tiene plata para prestar”, contó Juan Sandoval, habitante del
barrio Aeropuerto, en Colombia, quien ha trabajado por casi 30 años en
el negocio de la gasolina de contrabando.
Por su parte, María Martínez, directora
ejecutiva de Fendipetróleo Norte de Santander, informó que las ventas de
combustible “se han incrementado en 60% para todas las estaciones” tras
el cierre de la frontera colombo-venezolana.
Las estaciones de servicio, perjudicadas
por el contrabando de combustible, están vendiendo todo el cupo de 7,3
millones de galones que asignó el Gobierno colombiano al departamento
para este mes, reseñó Portafolio.co.
En el contexto de construir una Nueva
Frontera de Paz, el presidente Nicolás Maduro ha señalado que Venezuela
está en disposición de ofrecer suministro legal de combustible, en
condiciones especiales, tanto en zonas fronterizas como en territorio
colombiano, con el propósito de acabar con las mafias de contrabando de
extracción y paramilitarismo.
(CO)
