La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela
(FAPUV) ha publicado un comunicado, con las decisiones de su última
junta directiva, que coloca la situación universitaria en lo que ellos
quieren plantear como un conflicto universitario nacional, pero que en
realidad se reduce a 11 universidades públicas que controlan autoridades
oposicionistas y gremios profesorales oposicionistas al gobierno
bolivariano. Esa es la justa verdad.
Hace dos años, cuando otra vez, el gremio opositor universitario
paralizó las universidades (me disculpan la autocita) publiqué en este
medio un artículo titulado: “Nadie es imprescindible”
(http://www.aporrea.org/educacion/a168917.html) donde, entre otras cosas
expresaba: “FAPUV, APUCLA,APUCV y algunas asociaciones de
profesores, así como autoridades universitarias opositoras insisten en
mantener un paro indefinido que todos saben conducirá a otro gran
fracaso…..Estos gremios creyéndose todo-poderosos violan el derecho al
estudio, violan las leyes laborales, retan al estado y se creen también
imprescindibles. Acompañémosles hasta la puerta del cementerio, pero no
nos enterremos con ellos. A veces la soberbia, junto a los planes
oposicionistas (y creo que es lo que ocurre con PAPUV y APUCLA, entre
otras asociaciones de profs.) nos hace olvidar lo que realmente somos”. ES DECIR, PRESCINDIBLES.
Ahora, la FAPUV vuelve por sus fueros y pretende condicionar el retorno a
clases de sus agremiados en la UCV, ULA, UDO, LUZ, UCLA, UNEXPO, UC,
UPEL, USB Y UNET, a que se aprueben todas sus exigencias salariales que
ya fueron discutidas en la II Convención Colectiva Universitaria donde
los aumentos, si bien no eran los que se habían solicitado por todos los
gremios inicialmente, estuvieron entre el 135 y el 166% para los
trabajadores universitarios (docentes, empleados, obreros y jubilados)
que, en las condiciones en las que está el país en la actualidad con los
ingresos petroleros y la continuidad del diálogo entre los gremios y
los entes patronales, permite tener una mejoría de las condiciones de
trabajo de los universitarios. No somos conformistas, pero si debemos
pisar tierra respecto a las realidades nacionales e internacionales.
Obsérvese el texto de algunas decisiones de la FAPUV publicadas esta
semana, casi en los mismos términos que las tomadas por meritocracia de
PDVSA en 2002 lo cual llevó al retiro de 20.000 trabajadores de la
nómina mayor que, en ese entonces también se creían imprescindibles.
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“Mantener la declaratoria de conflicto universitario, ratificando el no reinicio de las actividades docentes hasta tanto no estén garantizadas las condiciones laborales de los profesores universitarios, objetivas y subjetivas, para dar inicio al nuevo período académico. “
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“ Los profesores deben cumplir permanencia en las Instituciones y programar actividades con el sector estudiantil, informándoles sobre las causas del conflicto universitario, la situación de las Universidades y la crisis del país“
-
“Iniciar una cruzada universitaria nacional para apoyar la solicitud del “salario mínimo vital”.
Por supuesto, el no reinicio de actividades docentes implica el abandono
del trabajo para el cual fueron contratados por el estado. En dichas
resoluciones se puede inferir la incitación al abandono del trabajo por
parte de los docentes, el fraude laboral al revés que implica cumplir
permanencia en las instituciones, pero sin dar clases y la expresión
“cruzada universitaria nacional”, al estilo de las guerras
socio-religiosas de la época feudal. Todo ello anuncia el preludio de
otra “guarimba universitaria”, cercana a las elecciones parlamentarias
nacionales.
En primer lugar, la FAPUV no es un sindicato que, de acuerdo a la LOTTT,
estaría en condiciones de convocar a huelga, una vez cumplidos los
requisitos establecidos en dicha Ley. No, la FAPUV no ha querido
sindicalizarse y su accionar ahora, sólo pone en riesgo la situación
laboral de los docentes que no se incorporen a las actividades docentes,
que en términos legales se traduce en un abandono del trabajo (leer
artículo 79 de la ley que, en dos de sus numerales establece: “Serán causas justificadas de despido, los siguientes hechos del trabajador o empleado: (entre otras)
- Inasistencia injustificada al trabajo durante tres (3) días hábiles en el período de un mes
-La falta injustificada de asistencia del trabajador que tuviere
a su cargo alguna tarea o máquina, cuando esta falta signifique una
perturbación en la marcha del proceso productivo, la prestación del
servicio o la ejecución de la obra”
Ningún gremio, por muy importante que se considere, puede considerarse u
supra-estado, que esté por encima de la Constitución y de las leyes de
la Patria. Debe respetarse el derecho al estudio de cientos de miles de
estudiantes universitarios, así como el derecho al trabajo de quienes
desean trabajar en dichas universidades. No todos estamos de acuerdo con
las paralizaciones de clase como único método de lucha, más cuando el
gobierno sigue pagando los sueldos y salarios, los bonos, primas, becas y
todos los beneficios socio-económicos que se tienen sólo por el hecho
de ser trabajadores universitarios.
En tal sentido, las instituciones del estado venezolano (tribunales,
Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Ministerio del Trabajo y el
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y
Tecnología, deben asumir las competencias que tiene cada uno para hacer
respetar las leyes y permitir la normalización de las clases en esas
universidades y no seguir afectando a los casi 400 mil estudiantes que
hacen vida en las universidades mencionadas. Así como en términos de la
seguridad pública se han establecido las OLP para proteger y defender a
la ciudadanía del flagelo del delito, el narcotráfico y la inseguridad,
también deben plantearse muy seriamente mecanismos de protección de los
estudiantes de los flagelos de los paros universitarios.