El presidente de la República, Nicolás
Maduro, envió el pasado 17 de marzo a la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de justicia (TSJ) el proyecto de reforma a la ley del
Banco Central de Venezuela (BCV) para que el máximo tribunal del país
evalúe la constitucionalidad del texto, sancionado el 3 de marzo por la
Asamblea Nacional (AN).
La propuesta del Parlamento se plantea
tres meses después de que el Jefe de Estado promulgara, vía habilitante,
la reforma de la ley del ente emisor y tras un debate basado en
elementos de carácter político contra la institucionalidad y para
favorecer al sector financiero.
Durante el debate en la plenaria de la
AN, el diputado del Bloque de la Patria, Ricardo Sanguino, advirtió que
este proyecto de ley deja en manos del sector financiero privado la
política monetaria del país.
Por su parte, Ramón Lobo, también del
Bloque de la Patria señaló que el instrumento "busca la manera de
restaurar los beneficios socioeconómicos a las elites que hasta el año
1998 gobernaron este país".
Asimismo alertó que esta nueva reforma a
la ley tiene una intencionalidad política para desestabilizar desde el
área económica al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.
El artículo 214 de la Constitución
nacional establece que cuando el "Presidente de la República considere
que la ley o alguno de sus artículos es inconstitucional solicitarán el
pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, en el lapso de diez días que tiene para promulgar la misma".
La Constitución le otorga al TSJ 15 días, a partir del momento de recibir la comunicación del Ejecutivo, para que se pronuncie.
(AVN)