Melvyn Benítez Rossi es contralor
> Benítez Rossi tiene apartamento de 1 millón de dólares en Miami > Es socio de una hermana de Armando Briquet, dirigente de Primero Justicia
Melvyn Benítez Rossi, un contador que ha sido el tesorero de la Gobernación de Miranda y de la Alcaldía de Baruta durante las gestiones del dirigente de derecha Henrique Capriles, es el propietario de un exclusivo apartamento de 1.500 pies cuadrados (140 m2) y valorado en cerca de 1 millón de dólares, ubicado en el 495 de la Avenida Brickell de Miami.
El experto en finanzas, que ha trabajado junto con Capriles desde hace más de una década, está siendo investigado por la Contraloría General de la República, junto al gobernador y otros funcionarios, según notificación hecha el pasado 29 de febrero.
Además fue sancionado en 2005 por la Contraloría General de la República, según la Resolución N° 01-00-100, de fecha 30 de marzo de ese año cuando se desempeñaba como gerente de Tesorería y Finanzas de la Alcaldía del Municipio Baruta del Estado Miranda.
El inmueble está ubicado en el piso 29 del complejo Icon Brickell 2
La vivienda cuenta con dos habitaciones, dos baños, el principal con jacuzzi, y un área adicional de terraza de 300 pies cuadrados. Actualmente su renta mensual está estimada en 4 mil dólares y su precio de venta en 920 mil dólares, de acuerdo con información disponible en los portales inmobiliarios Trulia y Redfin.
El apartamento de muestra da una imagen del espacio
El inmueble se encuentra a nombre de la compañía 2-2904 Company LLC, en la que figuran como directivos y socios Benítez Rossi y Dorisabel Briquet Mármol, hermana del dirigente nacional de Primero Justicia y especialmente vinculado con el mandatario regional de Miranda.
De acuerdo con el servicio de impuestos inmobiliarios del condado de Miami Dade, el apartamento pertenece a la compañía de Benítez y Briquet desde el año 2010, cuando asumió el pago de los cargos impositivos.
La gestión de pago ha estado a cargo directamente del contador y funcionario del gobierno mirandino, quien realizó la última cancelación el 31 de enero de este año, por un monto de 13.638 dólares, correspondiente al año 2015. No está claro si además de socios Benítez y Briquet tienen otro vínculo, sin embargo su centro de votación, en El Hatillo, es el mismo.
Con respecto a la sanción previa por parte de la Contraloría, esta contempló la destitución de Benítez de su responsabilidad como tesorero de la Alcaldía de Baruta y la inhabilitación del ejercicio de cargos públicos durante cinco años.
La medida fue ratificada por el propio contralor general de la República con la Resolución No. 01-00-000192 del 03 de agosto de 2005. Mientras que la Sala Político-Administrativa del TSJ rechazó un amparo presentado por Benítez para suspender los efectos de la sanción en noviembre de 2009, con lo que se dio inicio a la ejecución de la medida.
Sin embargo la sanción no fue acatada y Benítez Rossi fue incorporado como director de tesorería del gobierno mirandino, según denunció en septiembre de 2012 el conductor del programa de televisión La Hojilla, Mario Silva.
Dos de las personas inhabilitadas son “Manuel Alfonzo Lainetti, director de Administración según resolución 20110052 de fecha enero de 2011, publicada en Gaceta Oficial del estado Bolivariano de Miranda número 3528 ordinaria, de fecha 20-01- 2011, y Melvin Alfredo Benítez Rossi, director de Tesorería, también está inhabilitado”, denunció Silva.
Aseguró que ambos exfuncionarios habían estado desde el comienzo del gobierno de Henrique Capriles Radonski, en el año 2008, en cargos de esta dirección y al principio devengaban sueldos a través de contratos, pero que recientemente “los sacaron por la ratificación de la inhabilitación emitida por la Contraloría General de la República, pero los mismos asisten a diario a la oficina teniendo los cargos señalados”.
Mientras tanto, la investigación abierta por el organismo contralor nacional está orientada a evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de los procedimientos administrativos y técnicos implementados para la organización y funcionamiento de la Dirección de Comunicación de la Gobernación de Miranda. La información de esa investigación abarca los años 2011, 2012 y 2013 y además de Capriles y Benítez incluye a la exsecretaria de gobierno Adriana D´Elia, la consultora jurídica Jennifer Gaggia y la directora de comunicación, la periodista Ana María Fernández.
La CGR también investigará los procesos de contratación de servicios de publicidad, póliza del seguro colectivo (HCM), servicios funerarios y bono de alimentación para el personal adscrito a los órganos y entes de la Gobernación de Miranda, reza el aviso.
Las actividades de Melvyn Benítez y de Dorisabel Briquet, quien es psicóloga, son de carácter profesional y bajo régimen de dependencia salarial, por lo que todo indica que no hay correspondencia entre sus ingresos y el valor del activo inmobiliario de Miami.
VICTOR HUGO MAJANO / CIUDAD CCS
