Dos días de destrozos, al menos 170 comercios saqueados, una casa del
PSUV y un almacén de medicamentos destruidos, cinco caídos en medio de
la refriega, llenaron de violencia el paisaje del estado Barinas a la
luz de una marcha convocada por la oposición venezolana.
Luego de que la fase II del Plan Zamora lograra contener el desbordamiento de violencia en Barinas, como la semana pasada lo hiciera en Táchira y Mérida, los focos de violencia se han desplazado hacia otros estados.
La Comandancia General de la Policía del estado Bolívar (PEB) de Heres, ubicada en el Paseo Meneses, también fue tomada y destruida por los “manifestantes pacíficos”. Durante la manifestación falleció Augusto Puga, estudiante de dicha universidad. Un total de seis personas fueron detenidas en el lugar de los hechos. Los cuerpos de seguridad adelantan investigaciones para esclarecer el caso.
Específicamente en la capital se suscitaron fuertes enfrentamientos entre grupos violentos y las fuerzas de orden público de la GNB y la policía del estado, atacadas estas últimas con objetos contundentes. La colocación de barricadas en el Paseo Libertador sirvió de distención para que estos grupos saquearan pequeños comercios y destrozaran el patrimonio histórico de la ciudad.
El gobernador de la entidad, Ramón Carrizales, denunció a los dirigentes opositores Luis Lippa y Ronald Torres de estar involucrados en las protestas violentas, debido a que se encontraban en el lugar de los hechos.
Saltan a la vista los casos de Brayan Principal, quien fue atacado por grupos armados antichavistas que asediaban la Ciudad Socialista Alí Primera, el dirigente del PSUV Pedro Josué Carrillo (encontrado muerto y con signos de tortura) y Carlos Hérnandez, este último al chocar con una barricada, recurso legitimado por Freddy Guevara y otros dirigentes opositores como válido para realizar protestas.
Extraoficialmente (sin confirmar al cierre de esta nota) distintos voceros opositores afirman que un joven llamado Manuel Sosa habría fallecido en medio de los enfrentamientos.
En medio de la jornada de violencia, un depósito de alimentos que surte a los CLAP cercano a la alcaldía también fue saqueado por grupos violentos.
Dos datos se emiten con nitidez luego de esta jornada. En primer lugar el perfil político de los ataques perpetrados por grupos armados contra instituciones públicas, centros de salud del Estado y su infraestructura alimentaria, con el objetivo de aumentar las dificultades de la población y frenar los planes de recuperación económica que encabeza el Gobierno venezolano. Ya no circunscritos en los estados emblema desde que comenzó esta nueva etapa del conflicto, sino practicando y preparando el terreno para su desplazamiento a otras entidades. El llamado a “aumentar la contundencia” de las manifestaciones guarda relación con ampliar el radio territorial de los focos de violencia y de sus coordenadas.
En segundo lugar la sentencia emitida por el TSJ, en la cual se obliga a ocho alcaldes opositores a impedir la colocación de barricadas y la generación de hechos vandálicos que aumenten el clima de violencia actual en el país, ya que en los municipios donde gobierna la oposición se encuentra la mayor incidencia de protestas violentas. Ante esto los alcaldes respondieron que no limitarán el “derecho a la protesta” que ha dejado inmensas pérdidas humanas y materiales para el país.
Luego de que la fase II del Plan Zamora lograra contener el desbordamiento de violencia en Barinas, como la semana pasada lo hiciera en Táchira y Mérida, los focos de violencia se han desplazado hacia otros estados.
Bolívar
En Ciudad Bolívar durante los últimos dos días han habido protestas violentas camufladas como manifestaciones estudiantiles. Según información suministrada por el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, los grupos violentos que encabezaron la protesta causaron destrozos en la sede de la Contraloría General de la República, dos funcionarias de la policía del estado resultaron heridas y al vigilante de la sede de la UDO “lo despojaron de sus prendas de vestir y hasta intentaron quemarlo”.La Comandancia General de la Policía del estado Bolívar (PEB) de Heres, ubicada en el Paseo Meneses, también fue tomada y destruida por los “manifestantes pacíficos”. Durante la manifestación falleció Augusto Puga, estudiante de dicha universidad. Un total de seis personas fueron detenidas en el lugar de los hechos. Los cuerpos de seguridad adelantan investigaciones para esclarecer el caso.
Apure
El dirigente chavista Orlando Zambrano denunció recientemente que una unidad de 20 paramilitares había ingresado desde Colombia hacia el estado Apure, específicamente a Guasdualito, y otros elementos desde Aragua hacia la capital del estado, San Fernando.Específicamente en la capital se suscitaron fuertes enfrentamientos entre grupos violentos y las fuerzas de orden público de la GNB y la policía del estado, atacadas estas últimas con objetos contundentes. La colocación de barricadas en el Paseo Libertador sirvió de distención para que estos grupos saquearan pequeños comercios y destrozaran el patrimonio histórico de la ciudad.
El gobernador de la entidad, Ramón Carrizales, denunció a los dirigentes opositores Luis Lippa y Ronald Torres de estar involucrados en las protestas violentas, debido a que se encontraban en el lugar de los hechos.
Lara
El municipio Palavecino del estado Lara, gobernado por el dirigente opositor José Barreras, fue nuevamente escenario de la violencia callejera. Es necesario recordar que este municipio, junto con Iribarren (también gobernado por un político opositor, en este caso Alfredo Ramos), resalta como uno de los focos de violencia más agudos en el mes de abril, dejando un saldo de al menos nueve fallecidos.Saltan a la vista los casos de Brayan Principal, quien fue atacado por grupos armados antichavistas que asediaban la Ciudad Socialista Alí Primera, el dirigente del PSUV Pedro Josué Carrillo (encontrado muerto y con signos de tortura) y Carlos Hérnandez, este último al chocar con una barricada, recurso legitimado por Freddy Guevara y otros dirigentes opositores como válido para realizar protestas.
Extraoficialmente (sin confirmar al cierre de esta nota) distintos voceros opositores afirman que un joven llamado Manuel Sosa habría fallecido en medio de los enfrentamientos.
Datos ni tan colaterales
Aunque este breve reporte se circunscribe al 25 de mayo, no se puede dejar de lado los hechos violentos acaecidos hace par de días en el estado Zulia, donde la sede de la Defensoría del Pueblo fue incendiada, al igual que una sede del Ministerio de Vivienda y Hábitat y la Alcaldía Bolivariana del Municipio Colón.En medio de la jornada de violencia, un depósito de alimentos que surte a los CLAP cercano a la alcaldía también fue saqueado por grupos violentos.
Dos datos se emiten con nitidez luego de esta jornada. En primer lugar el perfil político de los ataques perpetrados por grupos armados contra instituciones públicas, centros de salud del Estado y su infraestructura alimentaria, con el objetivo de aumentar las dificultades de la población y frenar los planes de recuperación económica que encabeza el Gobierno venezolano. Ya no circunscritos en los estados emblema desde que comenzó esta nueva etapa del conflicto, sino practicando y preparando el terreno para su desplazamiento a otras entidades. El llamado a “aumentar la contundencia” de las manifestaciones guarda relación con ampliar el radio territorial de los focos de violencia y de sus coordenadas.
En segundo lugar la sentencia emitida por el TSJ, en la cual se obliga a ocho alcaldes opositores a impedir la colocación de barricadas y la generación de hechos vandálicos que aumenten el clima de violencia actual en el país, ya que en los municipios donde gobierna la oposición se encuentra la mayor incidencia de protestas violentas. Ante esto los alcaldes respondieron que no limitarán el “derecho a la protesta” que ha dejado inmensas pérdidas humanas y materiales para el país.
