Cervantes

Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho; los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones; nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos; la cosa más fácil, equivocarnos; la más destructiva, la mentira y el egoísmo; la peor derrota, el desaliento; los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor; las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos, y sobretodo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia dondequiera que esté.

MIGUEL DE CERVANTES
Don Quijote de la Mancha.

30 de junio de 2017

Argentina. Resumen gremial y social:

Mañana paro nacional en la ANSES. Tras la tragedia de Mar del Plata, los trabajadores denunciaron “un genocidio”// Corriente Federal pide a CGT retome el plan de lucha// Pablo Moyano pidió una “gran movilización”// Comunicado del Frente por Trabajo y Dignidad Milagro Sala responde a Larreta// Declaración de trabajadoras-es de Pepsico// Cartellone:150 suspensiones// Empresa ofrece pagar los sueldos con manzanas …


 Resumen Latinoamericano/29 de junio 2017 .-  Una nueva sección informativa de las luchas sindicales del pueblo argentino contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri.Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal. Invitamos a quienes quieran informar sobre despidos, huelgas, ocupaciones, movilizaciones y conflictos sindicales varios, que nos envíen sus gacetillas y comunicados a resumenrebel@gmail.com
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Tras la tragedia de Mar del Plata, los trabajadores del organismo denunciaron “un genocidio”

Mañana habrá paro nacional en la ANSES

La Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOS) se declaró en estado de asamblea y convocó a un cese de actividades en señal de duelo tras la muerte Rodolfo Oscar Estivill, de 91 años, quien se pegó un tiro en una de las sedes del organismo en Mar del Plata, luego de gritar “estoy cansado de luchar”.
Imagen: DyN/Luciano Thieberger
En medio de la intimación oficial que amenazó con dar de baja las pensiones por viudez si los beneficiarios no “actualizaban” los datos por los cuales se les habían otorgado las pensiones, la APOS, a través de un comunicado, dijo “ya basta, esto es un genocidio”, y advirtió que los empleados del organismo “no vamos a ser cómplices de este plan de extermino de nuestros viejos”.
El titular de ANSES, Emilio Basavilbaso, por su parte, se limitó a enviar sus condolencias a los familiares de Estivill y a lamentar, por Twitter, “el uso político de una situación tan personal y dolorosa”.
Leonardo Fabre, titular de APOS, por su parte, reclamó ayuda a la CGT y a las dos CTA para frenar el desmantelamiento del sistema previsional argentino y “su espíritu solidario”. En declaraciones a C5N, el dirigente confirmó que Estivill fue a la ANSES “con la premeditación de suicidarse, con una misión”, y que antes de pegarse un tiro dijo “este es mi destino”. Denunció, además, que tres meses después de la llegada de Basivilbaso al organismo se produjo un incendio en el cual se quemaron dos millones de expedientes, cuya pérdida ahora invoca el Gobierno para pedirle a los pensionados que demuestren cómo adquirieron sus derechos. “Eso es una bomba en la cabeza de cualquier jubilado”, advirtió.
El secretario general del gremio de los empleados previsionales, alertó también acerca de la disolución del sector verificador de la ANSES y la tercerización de la atención telefónica, donde ya trabajan 3 mil contratados que cobran un tercio de lo que cobran los empleados de planta. “Vinieron a destruir el sistema previsional”, agregó Fabre, quien señaló la coincidencia del paso del actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el PAMI y por la ANSES, en la década del 90, cuando el sistema fue privatizado.
Por último calificó la Ley de reparación histórica, aprobada en mayo del año pasado, como una estafa a los jubilados, “porque es todo lo contrario”, y vaticinó que el caso de Estivill “lamentablemente no será el último”.
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La Corriente Federal le pide a la CGT que retome el plan de lucha que dejó trunco

La Corriente Federal le pide a la CGT que retome el plan de lucha que dejó trunco

Tras el fracaso del Consejo del Salario y la aceleración de los despidos en las últimas semanas, la Corriente Federal de Trabajadores salió a reclamarle a la CGT que reactive el plan de lucha que dejó trunco luego del paro del 6 de abril.
La Corriente Federal de Trabajadores reactivó sus reclamos a la conducción de la CGT. Es que dos detonantes, el fracaso del Consejo del Salario y la aceleración de los despidos y las suspensiones en los últimos días, pusieron al sector gremial en alarma y le exigen a la central obrera que retome el plan de lucha que quedó trunco tras el paro general del 6 de abril.
“Miles de familias se quedan sin sustento, mientras que el terror al desempleo permite a las patronales avanzar con sus proyectos de precarización y flexibilización laboral”, señaló en un comunicado de prensa el espacio encabezado por Sergio Palazzo, Vanesa Siley, Walter Correa y Héctor Amichetti.
DDbDIE_W0AQwR_aAdemás señalan al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, de accionar contra los trabajadores y en favor de los grandes grupos económicos: “Ayer hizo fracasar las negociaciones del Consejo del Salario, decretando un Salario Mínimo Vital y Móvil que condena a millones de trabajadores a vivir en la pobreza”.
“Esto demuestra que no se puede seguir perdiendo el tiempo con un gobierno que utiliza las instancias de diálogo y negociación como instrumentos de engaño y para favorecer únicamente a los sectores del capital”, agregaron.
Por ello le reclamaron a la CGT que convoque ya a un Confederal para que se de continuidad al plan de acción gremial iniciado con la movilización del 7 de marzo y el paro general del 6 de abril. “Exigimos que sin más dilaciones se pongan en marcha acciones de resistencia a tanto atropello oligárquico y se defienda con firmeza a los millones de argentinos afectados por esta política insensible”.
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Pablo Moyano pidió una “gran movilización” para ponerle un “límite” al Gobierno

Pablo Moyano pidió una “gran movilización” para ponerle un “límite” al Gobierno

Pablo Moyano anunció que la CGT se acoplará a las protestas que organicen las CTA en rechazo al escaso aumento del salario mínimo dispuesto por el Gobierno. Pidió una “gran movilización” para ponerle un “límite” a la gestión de Macri.
“Después de muchísimos años es la primera vez que no se llegó a un acuerdo (en el Consejo del Salario)”, dijo Pablo Moyano. “Lo fundamental es que la CGT y las dos CTA trabajamos juntos para que se utilice la canasta básica para fijar el salario mínimo nuevo, que son $ 15.000. Pero a la tarde, lamentablemente el Gobierno priorizó el acuerdo con los empresarios y los sectores que más han ganado en los últimos años con una propuesta de $ 9.7000 primero, que luego lo subieron a $ 10.000. Lo rechazaron las tres centrales”, detalló.
Según dijo Moyano a Radio FM Palermo, la reunión del Consejo fue un circo. “La inflación no cede, muchos trabajadores siguen pagando Ganancias, hay suspensiones y despidos, no hay aumento de emergencia a jubilados. Este es un Gobierno que gobierna para un sector que han ganado muchísimo dinero, que dieron prioridades al campo y las mineras y no se toca la renta financiera y le saca a los trabajadores parte del salarios”, aseveró.
El líder camionero aseguró que en la mesa de negociación el Gobierno y los empresarios son la “misma” parte y no dos sectores distintos. En ese marco, reveló los argumentos que esgrimieron para subirlo a $ 10.000 en julio de 2018. “El argumento es que van a venir inversiones, que no es el momento, que la inflación está bajando, que va a venir una lluvia de dólares, que un aumento salarial provocaría más inflación. No se dan cuenta que si le das $ 1.000 o $ 2.000 a un trabajador lo va a gasta a acá, y no lo va a mandar a Panamá”, dijo con ironía.
“Tiene que haber una medida de fuerza o movilización para decirle al Gobierno que dejen de avanzar en contra de los derechos de los trabajadores, y vamos a ese camino, a un camino de mayor confrontación, y a una gran movilización para julio o agosto. Sino vemos por televisión como siguen cerrando empresas, hay un goteo del día a día de despidos de trabajadores. El Gobierno tiene que darse cuenta que estas políticas van a llegar a un punto límite porque los trabajadores tiene muchísimas necesidades”, sostuvo.
Asimismo, se quejó por la forma de despedir, con carteles en las puertas de las plantas. “Antes nos quejábamos de la soberbia del gobierno anterior y la expresidenta, pero estos son peores. Los otros por lo menos te atendían, no te daban respuestas, pero atendía. Hoy entrar al Ministerio de Trabajo es entrar a una oficia más de la UIA y por eso tiene que haber una reacción de los trabajadores. En los próximos días vamos a reunirnos con otras organizaciones para que hay una gran movilización para poner un límite a este Gobierno”, prometió y deslizó que esa convocatoria puede ser a Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada.
“Este modelo económico sigue perjudicando a millones de trabajadores, la pobreza aumentó, cada vez hay más gente en la calle, más suspensiones. La gente tiene que demostrar que hay un descontento a la soberbia que tiene el Presidente a través de sus ministros”, enfatizó.
Moyano confirmó que Camioneros exigirá un 32% en paritarias y rechazó las presiones oficiales para que no se firme una paritaria por encima del techo general. “Se lo dije a (Jorge) Triaca en la cara. Los empresarios están siendo apretados por el Gobierno para firmar por un 20% o 21%, es mentira que las paritarias son libres. Tiene el argumento de siempre, que esto provocaría inflación, y viven en su mundo, priorizando el acuerdo que tienen con los empresarios”, indicó el cacique cegetista.
“Si bien la actividad bajó, ninguna empresa de camiones se fue del país, las licitaciones en recolección se siguen haciendo”, justificó.
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La CGT Córdoba reclamó la reincorporación de los 160 choferes despedidos

La CGT Córdoba reclamó la reincorporación de los 160 choferes despedidos

La CGT Regional Córdoba reclamó la reincorporación de los más de 160 despedidos tras el último paro del transporte de la capital provincial. Por su parte, las empresas le negaron ayer la entrada a sus lugares de trabajo a la totalidad de los delegados.
Mediante un comunicado, la central de trabajadores expresó que “a pocos días de finalizado el paro del transporte urbano de pasajeros en Córdoba, la CGT Regional Córdoba ratifica su reclamo por la reincorporación de los más de 160 trabajadores despedidos”, tras el paro que se extendió entre el 5 y el 13 de junio último.
“Sin perjuicio del reconocimiento a la instancia abierta en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, esta CGT Regional entiende que ningún argumento puede justificar estas cesantías, que sólo servirán para agravar la ya de por sí crítica situación social de nuestra ciudad”, dijo la regional en un comunicado.
Señala el documento que a esto se debe sumar la “manifiesta ilegalidad” de los despidos, a partir del “tenor de los telegramas de intimación, con plazos irracionales de cumplimiento imposible, lo que basta para tornar nulos los de despido”.
También señalan como ilegal el criterio con el que se dispusieron los despidos, al señalar que “los propios empresarios hablan de elección aleatoria, lo que claramente expresa un criterio de discriminación en el que se sanciona a dedo y a gusto del empleador”.
En el comunicado, la central obrera puntualizó que “quien más furiosamente se opone a la reincorporación es el intendente municipal (Ramón Mestre), escondiendo en primer lugar que la mayoría de los cesantes no son empleados municipales. Sólo lo son los de servicio de trolebuses”.
“Oculta también -añade el comunicado- sus responsabilidades tanto en el diseño como en las pésimas condiciones del servicio, así como en la falta de control de la municipalidad sobre la situación de las empresas adjudicatarias y en la prestación efectiva del servicio, lo que incluye las miserables condiciones de trabajo a las que las empresas someten a sus trabajadores, reiteradamente denunciadas y nunca solucionadas y que constituyeron el origen del conflicto”.
Por otra parte, cuestionó que “tampoco se puede ignorar ni minimizar el papel de quienes desde posiciones políticas o gremiales impulsaron en todo momento el mantenimiento del paro a toda costa”, lo que permitió acciones “oportunistas del poder político, como la sanción de una ley provincial o la convocatoria a una Consulta Popular Municipal que intentan limitar en forma ilegal el ejercicio del derecho de huelga”.
Finalmente, la CGT consideró que “ambos instrumentos, además de ilegales y/o inconstitucionales, se demostrarán como absolutamente inútiles a la hora de prevenir o resolver conflictos..”.
En la jornada de ayer las empresas de transporte urbano de Córdoba Aucor y Ersa suspendieron a 14 delegados (seis en Aucor y ocho en Ersa), luego del último paro que se extendió por 10 días.
Al respecto, Marcelo Marín, delegado de Aucor y vocero de los choferes que llevaron a cabo la protesta, indicó que la empresa notificó a él y a otros cinco delegados que fueron “liberados de prestar servicios”, negándoles el ingreso a las plantas de la empresa e impidiéndoles manejar colectivos.
Según un documento, la medida fue tomada por la empresa debido a “hechos que son de público conocimiento” ocurridos durante el paro y porque su presencia es un “peligro” tanto para los intimados como para los usuarios del transporte y para los bienes materiales de la firma.
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Comunicado del Frente por Trabajo y Dignidad Milagro Sala en respuesta a las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta.

Basta de mentiras, hambre y represión para los más humildes.

El Frente  por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala movilizó ayer al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación porque las políticas que el gobierno aplica desde Diciembre del 2015 atentan contra los sectores populares.
Reclamábamos un programa de obras para los trabajadores cooperativos, la restitución de las pensiones por discapacidad, la emergencia alimentaria y tarifaria para cooperativas y clubes de barrio cuando se produjo una fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad.
El Jefe de Gobierno Horacio Rodriguez Larreta miente en sus declaraciones a la prensa porque la represión se desarrolló: * luego de haber liberado un carril de la avenida tal lo acordado con el jefe del operativo policial;
* cuando se había acordado que las fuerzas de seguridad retrocederia 100 mts hasta avenida Belgrano;
* cuando referentes del Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala estaban por tercera vez en la tarde en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en conversaciones con funcionarios;
El saldo de los hechos son 8 detenidos, dos de ellos menores y 6 heridos.
La mentira es el refugio de los canallas.
#SeDiceRepresion
#MacriEsMiseria
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Declaración de las trabajadoras y trabajadores de Pepsico, en apoyo a su lucha por volver a sus puestos de trabajo.
 Como ya sabrán esta multinacional cerró su planta ubicada en Florida en forma totalmente ilegal, dejando en la calle a 600 familias.
Les pedimos que hagan llegar sus solidarias adhesiones anocomprepepsico@gmail.com
No al cierre de Pepsico Snacks Planta Florida                        

Los trabajadores de Pepsico de Argentina en su Planta de Vicente López, comenzaron  una guardia permanente  en la fábrica en resguardo de la maquinaria y en defensa de sus puestos de trabajo.

 La multinacional líder en el mercado de alimentos obtuvo en el 2016 ganancias por U$S 10,3 mil millones a nivel mundial, cerró sus puertas dejando 600 familias en la calle de manera ilegal.
Realizando ante la justicia un procedimiento para una empresa en crisis económica, la propia compañía en abril, obtuvo en el primer trimestre del año un beneficio neto atribuido de 1.318 millones de dólares, un 41,5% más que en igual período en 2016.
En el marco de la crisis económica que atraviesa al país, despide masivamente y de manera discriminatoria a los trabajadores y trabajadoras,  incumpliendo la legislación Argentina y los Tratados Internacionales.
Exigimos la apertura de la Planta y la reincorporación de los obreros y obreras a su puesto de trabajo de manera inmediata.
Apoyamos todas las medidas que dispongan los trabajadores e impulsamos una campaña nacional de “No compre Lays y productos de PepsiCo” hasta que reabra la planta respetando los puestos y condiciones de trabajo.
 Primeras firmas:
 Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
 Mirta Baravalle, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
 Elia Espen, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
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 Suspendieron 150 empleados de la empresa Cartellone

Aim, 29 junio 2017.- La empresa Cartellone que construye uno de los tramos de la autovía 18, entre Viale y Paraná, suspendió este jueves a 150 empleados, por 20 días sin goce de haberes. El gobierno quiere auditar la empresa y neutralizaría la obra dejando al personal en calidad de despido. “Desde la firma aducen que las autoridades de Vialidad Nacional no quieren firmar la modificación de la obra” señaló a AIM, Pedro Díaz, delegado de Uocra.

Trabajadores en asamblea.
“La empresa Cartellone tiene adjudicado el tramo que va desde la ruta 32 hasta Sauce Montrul”, señaló Díaz a AIM y aclaró que “el avance de obra es del 65 por ciento”.
Hoy, la firma suspendió a 150 empleados por el término de 20 días y sin goce de haberes.
“Desde Cartellone aducen que las autoridades de Vialidad Nacional no quieren firmar la modificación de la obra”, dijo el delegado de la Uocra en la empresa.
Asimismo, relató que “las nuevas autoridades de Vialidad distrito Entre Ríos se niegan a firmar porque sostienen que, antes hay que hacer una auditoría de la empresa”.
El problema es que auditar significa “neutralizar la obra entre tres y seis meses para investigar y , mientras tanto, los empleados nos quedamos en la calle”.
Según detalló, “el 35 por ciento de obra que falta ejecutar, demandaría un plazo de aproximadamente 18 meses”.
Ante este escenario, la propuesta de la Uocra es que se “haga la auditoría con la obra en marcha. Pero Vialidad se niega y por ello, estamos en estado de asamblea permanente, pero después de los 20 días de suspensión se vienen los despidos”, aseguró Díaz.
De los 150 empleados, 130 son de Viale y el resto es personal calificado de Mendoza y Corrientes.
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Otra veto de Vidal contra las empresas recuperadas

La gobernadora vetó la expropiación de la pinturería Cintoplom, una empresa recuperada en 2003. Es la cuarta cooperativa afectada.
La gobernadora María Eugenia Vidal vetó hoy una ley aprobada en mayo de este año, que establecía una prórroga de tres años para la expropiación que beneficia a la Cooperativa de Trabajo Cintoplom Ltda, ubicada en Ciudadela. Cintoplom fue recuperada en 2003 y desde entonces fabrica pinturas y barnices en forma gestionada por sus trabajadores.
Para justificar su veto, Vidal se apoyó en un fallo de la Corte Suprema de la Provincia, que estableció que “la mecánica de las sucesivas prórrogas resulta inconstitucional ya que, de transcurrir un plazo razonable, el Estado tiene la obligación de pagar la expropiación y si no lo hace, la justicia debe compeler al pago, pues de lo contrario, se estaría lesionando el derecho de propiedad del dueño de la cosa”. Y consideró que “la decisión de prorrogar las leyes a los efectos que no se configure el abandono de la expropiación” es una solución que puede “configurar una turbación y restricción al derecho de propiedad” y generar un “perjuicio para las arcas provinciales”.
Sin embargo, la decisión del gobierno provincial pone en peligro la continuidad del funcionamiento de la empresa que cuenta con una moderna planta industrial en Ciudadela.
El veto de Vidal se conoce el mismo día en que la ex presidenta y candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner, inició un recorrido de campaña en una cooperativa, Cuero Flex, cuya actividad cayó un 30 por ciento.
No se trata del primer veto de la gobernadora contra las fábricas recuperadas. En enero, Vidal vetó la expropiación de la Cooperativa de Precisión Limitada (CDP), ex Rench, ubicada en Don Torcuato, Tigre. La Ley se había sancionado por unanimidad en el Senado de la Provincia de Buenos Aires en diciembre de 2016. La empresa había sido recuperada en 2013.
En febrero, vetó también la expropiación de la metalúrgica Raimat de Quilmes. Dos meses después, la gobernadora rechazó la expropiación de la fábrica recuperada Petinari y más de cien trabajadores perdieron su fuente de trabajo.  La expropiación  había sido aprobada en 2015 por unanimidad en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense.
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Ex directora del Plan Nacional de Vacunación,Carla Vizzotti: “No resiste el menor análisis”

La ex funcionaria consideró que habilitar a los padres o responsables de los menores de edad para rechazar la aplicación de vacunas es “irresponsable y peligroso”. La diputada del PRO que presentó la iniciativa no pudo justificar su propio proyecto.
Imagen: Juan Roleri/Télam
Crece la polémica alrededor del proyecto presentado por la diputada PRO Paula Urroz, que autoriza a los adultos mayores o responsables de niñas, niños y adolescentes a rechazar la aplicación de una vacuna, después de recibir información sobre los riesgos que “la inoculación en cuestión implica”.
La médica Carla Vizzotti, infectóloga y responsable de la ampliación de un calendario de vacunación gratuita que es modelo en el mundo (incluye 19 vacunas gratuitas y obligatorias), ex directora de Enfermedades Inmunoprevenibles, dijo  que la iniciativa de la diputada oficialista “no resiste el menor análisis”. “Está basado en datos incorrectos, muchos de ellos directamente falsos, es irresponsable y peligroso. Ni siquiera cita alguna sociedad científica que avale los planteos que hace”, indicó.
Durante la gestión de Vizzotti, en la Argentina hubo una disminución de un 80 por ciento de las muertes de bebés por tos convulsa y desde 2007 no se hacen trasplantes de hígado por hepatitis A. “Las vacunas y el acceso al agua potable salvan vidas. Generan inmunidad colectiva, con un impacto masivo en la salud pública”, evaluó. La ex encargada del Plan Nacional de Vacunación, que fue despedida en noviembre del año pasado por el Gobierno de Cambiemos, advirtió que la iniciativa de Urroz desconoce los beneficios de las vacunas (sobre todo el acceso para quienes no tienen el dinero para pagarlas) y sólo “habla de los efectos adversos, que por supuesto que son estudiados y analizados a la hora de autorizar las aplicaciones”.
De prosperar, el proyecto de la legisladora PRO podría afectar la aplicación del Calendario de Vacunación Obligatorio, que establece el cronograma de vacunas para adultos y recién nacidos hasta los 15 años. La iniciativa propone instaurar un “consentimiento informado” y habilita a los padres o responsables de los menores de edad a rechazar la aplicación de vacunas que previenen, entre otras enfermedades, la polio, la meningitis y varios tipos de hepatitis.
Sin embargo, la diputada intentó explicar hoy su propio proyecto y sólo atinó a decir que fue “malinterpretado”. “No es un proyecto en contra de las vacunas, no las prohíbe. Simplemente queremos que exista información adecuada sobre las vacunas para las personas a cargo sobre los efectos colaterales y, si hay una contraindicación la persona tenga la opción de no vacunarse. Y que exista un registro de efectos adversos”, dijo a Radio Caput.
Urroz pidió que el “médico sea el responsable de la prescripción de la vacuna. La vacunación es un acto médico y no es una decisión libre”. “Acentuamos la responsabilidad en los profesionales médicos, no sobre los chicos y los padres para decidir. Que haya más conciencia en los médicos”, insistió.
Sin embargo, ante la pregunta del conductor sobre los “índices de problemas médicos derivados de la aplicación de vacunas”, la diputada dijo que “hay diferentes casos”, pero que no tiene los números. “Los tiene mi asesor”, cerró.
Sin apoyo en el PRO
El proyecto de Urroz fue criticado incluso por funcionarios del ministerio de Salud. El doctor Jorge San Juan, subsecretario de estrategias de atención y salud, calificó la iniciativa de “descabellada”. “No conozco el proyecto, pero me parece descabellado. El Ministerio trabajó muchos años para imponer la vacunación de carácter obligatorio. Gracias a eso y a las que se fueron incorporando en los últimos años, Argentina es uno de los tres países con mayor cobertura de vacunación, con 19 vacunas en el plan nacional”, dijo San Juan.
La iniciativa tampoco cuenta con el respaldo de la mayoría de sus compañeros de bloque ni de la Comisión de Salud de la Cámara baja, aseguró el legislador oficialista Sergio Wisky en medio de un fuerte rechazo a la propuesta por parte de las sociedades científicas referentes de pediatría, inmunología e infectología.
“El proyecto de pedir un consentimiento informado para aplicar vacunas, incluso las del calendario oficial, es una propuesta personal de la diputada Paula Urroz, pero no fue debatido ni en nuestro bloque ni en la comisión de Salud, y en principio la mayoría tenemos una posición contraria”, explicó Wisky, miembro además de la comisión de salud en la Cámara baja.
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Estudiantes marcharon para defender la universidad pública

Los estudiantes frente a la explanada del Rectorado.
Estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) se convocaron esta mañana en Rectorado para pronunciarse respecto al conflicto docente y la situación en la educación pública. Más de 500 personas compartieron una consigna clara: “Estudiantes por el Derecho a la Educación Pública”. Durante el acto, se leyó un documento, y hubo intervenciones artísticas, micrófono abierto y una asamblea donde se decidieron los próximos pasos a seguir.
Cerca de las 10.30 los estudiantes leyeron un documento en apoyo a los docentes por el reclamo a las autoridades nacionales. Al respecto, el secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias, Dulio Lacuadra, afirmó: “la llave para destrabar el conflicto no la tienen los y las docentes, la tienen el presidente Macri, el ministro de Educación Esteban Bullrich y el secretario de Políticas Universitarias, Albor Cantard”.
Luego de las declaraciones, se realizó una asamblea donde se decidió instar a la conducción de la Federación Universitaria del Litoral (FUL), actualmente conducida por la Franja Morada, a que convoque a un Congreso Extraordinario para definir la postura del movimiento de estudiantes del litoral.
El Secretario Adjunto del gremio de docentes de la UNL (ADUL), Oscar Vallejos, estuvo presente en el acto. Agradeció la solidaridad de los y las estudiantes por el reclamo de mejores salarios y su compromiso con la educación pública.

La protesta y sus razones

Esta convocatoria se inscribe en el marco de la profundización de las medida de fuerza de los docentes, planteando incluso no tomar exámenes en julio y, posiblemente, no iniciar las clases del segundo cuatrimestre. La discusión paritaria está trabada: tras 45 días sin reuniones entre las partes, el gobierno sostiene su propuesta inicial de 20% de aumento en cuatro cuotas: 4% en marzo, 6% en junio, 6% en septiembre, 4% en diciembre, más 2% de jerarquización también en diciembre.
Actualmente, el cargo testigo de los docentes universitarios –auxiliar de primera categoría, con 20 horas semanales de dedicación– está en $8.170,50 por mes, después de recibir los dos aumentos a cuenta que impuso la Secretaría de Políticas Universitarias (de 4% en marzo y 6% en junio). Contante y sonante, ese cargo tuvo en el año un aumento de $736 en el año.
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Alto Vallo de Río Negro

Una empresa en crisis ofrece pagar los sueldos con manzanas

Son 320 trabajadores. Les proponen que ellos salgan a vender la fruta para hacerse del dinero



Claudio Andrade
 La principal productora de frutas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén atraviesa una profunda crisis y como no puede pagarle los salarios a sus 320 operarios, les ofreció entregarles fruta a cambio, para que ellos mismos salgan a venderla. También los tentaron con canjear el monto de sus liquidaciones por tractores.
La propuesta fue realizada ayer por los propietarios de la empresa San Formerio a los trabajadores que desde hace dos meses permanecen afuera del galpón principal, donde también se encuentran las oficinas centrales.
San Formerio le adeuda a sus empleados dos meses de salarios, más proporcional de aguinaldo, vacaciones y aportes sociales. La masa salarial atrasada superaría los 15 millones de pesos, indican fuentes gremiales. Ayer un grupo de 30 empacadoras cortó por completo la entrada y salida de camiones en la planta ubicada en las afueras de General Roca. La productora todavía se mantiene vendiendo partidas marginales dentro del país, después de haber terminado su contrato en 2016 con su mayor comprador, una multinacional.
“Nos dijeron que ellos nos daban la fruta y que nosotros buscáramos compradores. Nos pareció mal pero lo hicimos porque necesitamos comer. Conseguimos a varios productores del Valle que se mostraron interesados, pero los dueños les pidieron 8 pesos por kilo y es una manzana toda picada, podrida que no sirve para nada. No quieren perder un peso”,  indicó  Natalia Tripailau, una de las voceras del grupo de empacadoras.
En otra propuesta, los dueños les indicaron que podían entregarles tractores como forma de pago. Sin embargo, según Tripailau, las máquinas son chatarra de la década del 40 y 50 y es imposible comercializarla. “Nos deben marzo, abril, vacaciones, aguinaldo y cargas sociales y quieren pagar con fierros que no sirven para nada”, explicó la vocera.
“Nosotros somos trabajadores no podemos salir a vender, somos gente que hace su trabajo no más, ellos tienen que salir a vender”, le indicó, por su lado a la agencia ANR, Elvio Millalén, delegado gremial de los operarios de la fruta.
En total San Formerio tiene 320 empleados. Representantes del gremio estiman que la deuda total ronda los 15 millones de pesos. La empresa inició una grave crisis cuando su principal comprador, Expofrut se retiró del mercado del Alto Valle y dejó absorber grandes volúmenes de fruta local. Curiosamente, según relataron sus dueños a este diario, hace dos años la gerencia de la multinacional les había confirmado que iban a aumentar sus niveles de venta al exterior. Por esto les recomendaron el incremento de su producción. Finalmente ocurrió todo lo contrario. Expofrut exportaba 225 mil toneladas de fruta anuales.San Formerio posee más de 1.000 hectáreas de su propiedad, pero en el valle aseguran que ha llegado a manejar 1.500 hectáreas. Se estima que el 50% de las aproximadamente 20 mil toneladas que produce se las vendía a Expofrut.
Los propietarios alegan que no tienen liquidez y que hace meses que solicitan la ayuda del gobierno provincial y nacional sin respuesta.
En septiembre de 2015, el entonces candidato Mauricio Macri visitó la empresa y les solicitó a sus dueños que “aguanten hasta diciembre”, trascendió en el Valle. El año pasado mantuvieron una reunión con el ministro del interior Rogelio Frigerio, a instancias de la senadora Magdalena Odarda (CC-ARI) quien convenció al ministro de otorgarles una audiencia. En ese marco solicitaron un crédito o un subsidio. No hubo resultados positivos.
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 Festival en defensa del Conservatorio Manuel de Falla. Reclamo en forma de poesía

Por María Daniela Yaccar
Ante el estado de total abandono de la centenaria escuela de música y la falta de respuestas satisfactorias por parte del Gobierno de la Ciudad, varios artistas se sumaron a un encuentro callejero que reclamó soluciones urgentes.
El Conservatorio ya no tiene edificio propio, y lo quieren instalar en el C. C. San Martín, con espacio insuficiente.
El Conservatorio ya no tiene edificio propio, y lo quieren instalar en el C. C. San Martín, con espacio insuficiente. 
Imagen: Guadalupe Lombardo
Las puertas del Ministerio de Cultura porteño se convirtieron el miércoles en sede de “un reclamo que tomó forma de poesía”, en palabras de Guillermo Fernández, uno de los artistas que se sumó, como Juan Falú y Bruno Arias. Alumnos y docentes del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla reclamaron al gobierno de la Ciudad un edificio propio para la institución, que está cumpliendo 100 años y que actualmente funciona en instalaciones cedidas por el Conservatorio Astor Piazzolla –ubicado en la esquina de Gallo y Sarmiento– y en cinco espacios más. “Atraviesa una de las peores crisis de su historia”, habían advertido los profesores en un comunicado.
“Es uno de los conservatorios más importantes del país, al que asisten niños, adolescentes y adultos, y no tiene edificio propio”, se quejó una de las oradoras, Victoria Polti, docente de las carreras de Tango y Folklore y Etnomusicología. Además de denunciar un “hacinamiento”, remarcó que no había lugar para cursos, cerraban espacios curriculares y no se desarrollaban “actividades centrales”. “Consideramos que un conservatorio tiene necesidades especiales. Se necesita una técnica específica; por ejemplo, aulas acustizadas. Estamos en aulas sin ventilación. Y este año tuvimos tres inundaciones, que generaron un deterioro del edificio. Los espacios de arte son los primeros en ser golpeados”, sostuvo. El festival fue organizado en conjunto por la Asamblea Docente y el Centro de Estudiantes del Conservatorio Manuel de Falla (CEMFa).
En la sede de Gallo, compartida con el Piazolla, el tercer piso cerró en 2013 para la realización de reformas, acustización de aulas, la apertura de una sala de conciertos y un estudio de grabación. Entonces, prácticamente todo lo que ocurría en ese piso se mudó a otra sede, en la calle Suipacha. Además hay cuatro anexos que son escuelas primarias. Antes de instalarse en la calle Gallo, el Falla funcionaba –en parte– en el Centro Cultural San Martín. Y ahora, en lugar de atender al reclamo del edificio propio y adecuado, el gobierno de la Ciudad pretende devolver al grueso de las actividades del conservatorio allí, según informó a Página/12 Gastón Ceruti, presidente del centro de estudiantes.
“Todo 2013 fue un año de bastante organización”, contó. “Hicimos festivales, cortamos calles, estábamos en asamblea permanente. El Gobierno reaccionó: fue cuando cerró el tercer piso del edificio de Gallo para remodelaciones. Pero nos opusimos porque no respondían a nuestro reclamo principal, que es la falta de espacio. Empezaron a alquilar una propiedad de Suipacha. Las obras en el tercer piso iban a tardar seis meses, pero no se hicieron hasta fines del año pasado. Lo único que hicieron fue tirar paredes abajo; la constructora dejó de trabajar porque el Gobierno no le pagaba. El tercer piso sigue cerrado, prometieron que en septiembre van a terminar las obras. A nosotros no nos soluciona la situación, que es espacial”, detalló Ceruti.
El joven contó que una de las primeras actividades de Angel Mahler como ministro de Cultura fue visitar la institución. “Se escandalizó y prometió que en un año iba a haber un edificio para el Conservatorio. Estamos por cumplirlo ya, pero vinieron con el proyecto de volver a trasladarnos al Centro Cultural San Martín, del que nos fuimos por falta de espacio. Quieren ensamblar espacios que no tienen mucho que ver. Además, en el C. C. San Martín, los alumnos estudiaban en cocinas y en baños”, protestó el estudiante, y puso como ejemplos a seguir los casos de la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA) y la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola. Al panorama narrado por él se suman inundaciones, agujeros en paredes, conexiones eléctricas precarias, aulas superpobladas, instrumentos rotos, contaminación auditiva y falta de personal administrativo y de mantenimiento, según circuló en comunicados de los últimos días.
El perímetro de la jornada de lucha y música estuvo demarcado por una bandera argentina que se arrastraba desde la ventanilla de un auto hasta el acoplado de una camioneta que funcionó como escenario. De allí colgaba otra bandera, con la leyenda “Edificio propio para el Falla, pleno uso para el Piazzolla”. Los manifestantes eran, en su gran mayoría, jóvenes: “El futuro de nuestra Nación y de nuestra música”, expresó Guillermo Fernández. Llegaban con sus instrumentos y sus termos y mates. Pegaban carteles con la consigna del evento en la fachada del Ministerio, en la baranda de la estación del subte, en postes; donde fuera. Quedó cortada la mitad de la Avenida de Mayo. A un costado había un buffet con precios accesibles que ofrecía tortas e infusiones. Las orquestas y los alumnos del Conservatorio dieron comienzo al festival, que contó con el apoyo de numerosos artistas. No sólo de los que estuvieron presentes. Otros hicieron llegar audios, como Lidia Borda y Luis Pescetti. La puesta del escenario y la logística las aportó la Unión de Trabajadores del Estado.
Luego de las 16 –el festival comenzó dos horas más tarde de lo previsto, por cuestiones técnicas–, el tango y el folklore comenzaron a convivir con los sonidos de colectivos, combis y autos. A medida que avanzaba la tarde, más eran los curiosos que se quedaban mirando. “Vengo a solidarizarme en un momento especial de nuestro país. Lo quiero mucho a (Angel) Mahler, soy muy amigo suyo, no vengo a ponerme en su contra”, dijo Guillermo Fernández. “Vengo por un problema que no es de ahora. Necesitan estudiar en condiciones dignas. Los músicos somos el corazón de los pueblos. No podemos permitir que los emergentes estudien en estas condiciones. Estoy podrido de oír, cuando se hace un reclamo, ‘sos kirchnerista’. Estamos con problemas en Salud, Educación, Cultura. ¡A resistir! Me levanto todas las mañanas con mucha tristeza y angustia, aunque laburo más que antes”, manifestó, antes de entonar “El choclo” y tangos de Cátulo Castillo, su maestro, quien, precisamente, fue docente del Manuel de Falla y hacia 1950, director.
En este Conservatorio al que asisten 3400 alumnos, Juan Falú creó la carrera de Tango y Folklore. “La situación es insostenible”, opinó el guitarrista y compositor. “En las venas de Buenos Aires circula música desde hace años. Este es un descuido de la clase política que ya se conoce, el ejemplo más patético de esa insensibilidad. Hay muy buenos edificios en todo el mundo para estudiar música, tal vez con menos pasión y tesón para hacer música”, comparó. Ovacionado en cada uno de los temas que propuso, felicitó a los estudiantes y docentes por la movilización que están encarando. Y le puso un marco histórico al reclamo: “En los largos años que estuve en el Falla no existía esta capacidad de movilización. No se había visto este compromiso en mucho tiempo. Espero que sea un grito de los porteños”. Cerraron el encuentro Bruno Arias y Daniel Mazza y Patricia Zappia.
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La Asamblea de la Comunidad Audiovisual convocó a una movilización

Estado de alerta por el cine argentino

La cita frente a la sede del Incaa, Lima 319. Ayer, diversas entidades que nuclean a los profesionales del sector advirtieron sobre el sombrío panorama que preside hoy la actividad .
Ralph Haiek, presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
Ralph Haiek, presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. 
La Asamblea de la Comunidad Audiovisual convocó a una nueva movilización para hoy a las 15 frente al edificio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), en Lima 319, a un día del vencimiento de 300 contratos de trabajadores del organismo cinematográfico. En un marco de movilizaciones desde que el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto eyectó de la presidencia del Incaa a Alejandro Cacetta, la lucha del sector audiovisual no ha cesado y lejos está de perder intensidad. Algunas de las consignas para la asamblea de esta tarde son: “No al ajuste al cine nacional”, “No a la paralización de la producción por trabas administrativas”, “No a la tercerización de los créditos”, “Cese de la intervención por parte del Ministerio de Cultura”, “Reincorporación de los cuatro trabajadores despedidos del Incaa” y “No al cierre del espacio Cine.Ar Constitución. Por la apertura de nuevos espacios Incaa”. Además, la fecha impone la urgencia de saber si la gestión va a garantizar la renovación de esos 300 contratos de trabajadores del Incaa, a diferencia de lo sucedido con los cuatro despedidos, que no dio marcha atrás a pesar del reclamo de ATE y del paro realizado hace dos semanas.
“La coordinadora de la Asamblea de la Comunidad Audiovisual expresa, nuevamente, su preocupación por el futuro del cine nacional. Nos encontramos ante un escenario en donde la subejecución, admitida livianamente por el mismo presidente del Incaa, Ralph Haiek, en la interpelación en el Congreso, tiene como consecuencia una parálisis que repercute en la producción, en los puestos laborales y en la pérdida de acuerdos de coproducción que ponen en riesgo la concreción de proyectos ya aprobados”, señalaron en un comunicado. Y luego expresaron: “A esto se le suman los despidos en el Incaa, a pesar de que Haiek haya prometido que ‘no será el presidente del ajuste’. Esto es un eslabón más en el plan de vaciamiento al sector, la consecuencia lógica de un proyecto para el cine nacional que implica reducir la cantidad de películas producidas. Porque achicar la planta del Incaa es achicar el cine argentino”.
El Colectivo de Cineastas, conformado por realizadores, productores y técnicos que vienen haciendo cine de manera independiente, muchas veces siendo productores y directores, emitió otro comunicado a horas de la nueva asamblea en el que se declara “en estado de alerta y movilización junto al conjunto de asociaciones que conforman la Asamblea de la comunidad audiovisual”. “Consideramos que todas las medidas implementadas en la actual gestión del Incaa tienen como objetivo disminuir la cantidad de películas a realizarse privilegiando unas pocas grandes producciones y ahogando a todo el resto. Además de coartar la diversidad de miradas en nuestro cine, esto implica una drástica reducción de puestos de trabajo para técnicos y actores”, señala el comunicado.
Sin eludir críticas a Cacetta, se destaca que en 2016 se lanzó un nuevo Régimen de Fomento “que subió los topes a las grandes producciones e implementó trabas para las producciones independientes (la creación de un sistema de puntajes restrictivo y la obligación de constituir una SRL entre otras medidas). De esta manera, el Estado favorece a unas pocas películas de gran presupuesto, que ya cuentan con el enorme apoyo de capitales privados, y desplaza al sector medio y pequeño, que realmente necesita el fomento, y que mantiene todos los años una gran presencia y repercusión en los festivales de todo el mundo”. Asimismo sostiene que el ajuste “se agudizó con la operación mediática que desplazó a Cacetta del Incaa y a Rovito de la Enerc. En los pocos meses que lleva la gestión de Ralph Haiek se está viviendo un recorte de hecho sobre la producción cinematográfica a partir de la paralización administrativa y la subejecución del presupuesto. Paralelamente, la negativa a mostrar el proyecto de la Ley de convergencia digital por parte del oficialismo evidencia los peores augurios para los fondos del régimen de fomento. Además, el anuncio de la tercerización de los créditos en entidades financieras y bancarias privadas expone a los productores y realizadores a mayores condiciones y exigencias, que pocos podrán cumplir, en un nuevo eslabón de esta escalada contra el cine argentino”.
Otra entidad que emitió un comunicado por estas horas con una serie de cuestionamientos y reclamos a las autoridades del Instituto es Directores Argentinos Cinematográficos (DAC). Dividido en distintos ítems, en el referido a la Transparencia y Cumplimiento de la Ley de Cine, la DAC señala que “es de extrema necesidad que se informe públicamente y a la brevedad posible, qué partidas se encuentran afectadas por efectos de la subejecución presupuestaria –conforme a lo informado por el presidente del Incaa en el Honorable Senado de la Nación– y cuáles son los planes inmediatos para solucionar esta grave anomalía administrativa”. Y solicita para lograr transparencia que se publique en el sitio web del organismo el presupuesto anual del Incaa enviado al Congreso Nacional y el presupuesto finalmente ejecutado.
En cuanto a la normalización administrativa del Incaa, la DAC expresó que para revertir  el “alto nivel de burocracia” resulta imprescindible que el Instituto “asegure la evaluación, aprobación y liquidación de las ayudas económicas otorgadas a cada proyecto, en un modo mucho más rápido y efectivo”. “Deben reducirse drásticamente los injustificables tiempos en los que se incurre en la actualidad desde la Resolución positiva y de Interés en la etapa de preclasificación de un proyecto, normando un límite máximo de 90 días para proceder a la efectiva liquidación de los recursos económicos necesarios para dar inicio a la etapa de preproducción. A tal efecto solicitamos se ponga en práctica en forma urgente la demorada modalidad y utilización online de Expediente Digital para todos aquellos trámites y solicitudes que se gestionan frente al Instituto”.
Sobre el atraso del valor de presupuesto del costo medio y revisión del Plan de Fomento, la entidad señala: “Alertamos nuevamente sobre las graves consecuencias que produce y conlleva la política de retrasar el valor real del Presupuesto de un Largometraje Nacional de Costo Medio –valuado a la fecha en un cincuenta por ciento menos del verdadero costo de mercado–. Este accionar genera incumplimiento a lo que ordena la Ley de Cine (…)”. También explica que el último Plan de Fomento generado por el Incaa “introdujo –contradiciendo la Ley– la anulación de la figura del productor presentante unipersonal, lo que propicia la desaparición del Cine de Autor; siendo ésta solo una de tantas otras situaciones que exigen una exhaustiva revisión de este Plan que, sin dudas, el apuro de su sanción y la falta de consenso con todos los sectores ha dejado sin resolver”.
En relación a la cuota de pantalla, la DAC exige que realmente se cumpla. “En tal sentido y además de las obligaciones que surgen de la Ley de Cine, proponemos que el Organismo viéndose gravemente perjudicado por estos reiterados incumplimientos, presente en forma urgente un Recurso de Amparo ante la Justicia Nacional para solicitar el cumplimiento de todos los artículos vigentes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establecen claras obligaciones para los operadores de señales de televisión en cuanto a exhibición y aportes a la producción de obras audiovisuales nacionales”, entre otras propuestas.
Por otro lado, en cuanto a las novedades casi diarias que hay sobre el Incaa, desde que el ministerio de Cultura de la Nación comenzó y continúa con su plan de demonización del organismo bajo la gestión de Alejandro Cacetta y dos las anteriores, ayer se conoció que la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de las últimas dos presidentas del Instituto en la gestión kirchnerista, Liliana Mazure y María Lucrecia Cardoso, por designaciones irregulares en el Incaa, además de sospechas de malversación de fondos. Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun les confirmaron el embargo por 370 mil pesos y 400 mil pesos, respectivamente.
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE QUILMES

Trabajadores de Niñez de Quilmes en estado de alerta por posibles despidos

Trabajadoras y trabajadores del servicio de Niñez, pertenecientes a la Secretaria de Desarrollo Social, están nuevamente en lucha por sus condiciones laborales y los derechos de niñas, niños y adolescentes
Desde la asunción de la gestión de gobierno de Martiniano Molina los contratos del servicio local de Niñez se renuevan cada tres meses. Una de las consecuencias de esta inestabilidad y precariedad permanente es que los trabajadores queden sin obra social durante un periodo de 15 20 días hasta la renovación, sin ART, trabajando en la total ilegalidad.
Los trabajadores municipales de la dependencia de Niñez y Adolescencia vienen denunciando que la política pública de niñez viene siendo desfinanciada y denostada desde las arcas provinciales. Con Pilar Molina a la cabeza, vienen sufriendo persecución todos los trabajadores y trabajadoras que se organizan, generando traslados a modo de represalias, dejando sin recursos a las instituciones encargadas de restituir y promocionar derechos para los pibes y proteger a los mismos.
Los servicios locales son una pata fundamental en la implementación de la política pública de niñez diversificada en el territorio de la provincia de Buenos Aires. La gran característica de las políticas públicas en el marco del neoliberalismo están marcadas por la focalización, la segmentación y descentralización, situación que provoca que hoy en día la política pública de niñez quede en manos de cada municipio, financiados con dinero provincial. Dinero y recursos que no llegan a destino.
Hace mucho tiempo los trabajadores dejaron de contar con recursos para llevar adelante su trabajo en la restitución de derechos. Muchos se fueron y no han sido ocupados sus lugares, dejando los equipos técnicos con cada vez menos profesionales, menos trabajadores.
El viernes se vencen los contratos y los trabajadores saben que la gestión de Martiniano Molina y María Ángel Sotolano en Desarrollo Social siempre aluden “errores administrativos” para concretar los despidos. No solo se trata de vaciar los organismos encargados de restituir derechos, es un plan estratégico, con barrios militarizados, pibes criminalizados, educadores ninguneados y despidos a mansalva que generan un alto grado de vulnerabilidad de los sectores más pobres de la sociedad.
Frente a esto, la “solución” que promueve el gobierno es bajar la edad de imputabilidad de los pibes y las pibas y estigmatizar la lucha, mientras vacía los organismos de atención a la población más vulnerable.

61 despidos en el Ingenio San Isidro

61 despidos en el Ingenio San Isidro

Lo informó la multinacional en un encuentro en el ministerio de trabajo salteño. Se trata de empleados efectivos y eventuales. El gremio respondió con cuatro días de paro.
El avance de las empresas contra los empleados azucareros del noroeste argentino parece ser contundente. A las presiones que se viven por estas horas en el Ingenio Ledesma y la situación crítica del Ingenio El tabacal, se le suma el intento de cesantear personal en el ingenio San Isidro.
IMG-20170628-WA0012Según informaron desde el gremio, en el marco de una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Salta, la multinacional peruana Grupo Gloria, dueña de la firma, anunció que habrá 30 despidos de personal efectivo de San Isidro, más la cesantía de 31 trabajadores eventuales.
El secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros de San Isidro, (SOEASI), Mariano Cuenca, anunció como respuesta, un paro total de actividades para los días 6, 10, 13 y 17 de julio.
Según explicaron desde el gremio continuarán con las protestas en la planta hasta que San Isidro desista de los despidos de los obreros azucareros y sean reincorporados los 61 empleados afectados por la medida.

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Suspenden a delegados cordobeses que encabezaron el paro de transporte

Suspenden a delegados cordobeses que encabezaron el paro de transporte

Autobuses Córdoba suspendió a seis delegados que encabezaron la protesta que paralizó el transporte en la Provincia por 10 días. Además les prohíben el ingreso a las instalaciones. Persecución gremial.
La concesionaria del transporte Aucor notificó a seis choferes de la empresa que además se desempeñan como delegados, entre ellos Marcelo Marín, que fueron “liberados de prestar servicios”, impidiéndoles de esta manera manejar colectivos.
La medida fue tomada por las autoridades de Aucor debido a “hechos que son de público conocimiento” ocurridos durante el paro de 10 días en el transporte y porque su presencia es un “peligro” tanto para los intimados como para los usuarios del transporte y para los bienes materiales de la firma.
Así lo expresaron en la notificación que enviaron a los trabajadores y que constituye un nuevo ataque a los delegados cordobeses que enfrentaron a la UTA Nacional.
En la intimación ante escribano público, que fue difundida por los propios choferes, el apoderado de Aucor Lucas Albano López, comunica a los seis delegados de la suspensión. También se les negó el ingreso a las plantas de la empresa.
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Cierra Canteras Quilpo y peligra la continuidad de todo un pueblo

Cierra Canteras Quilpo y peligra la continuidad de todo un pueblo

La firma CEFAS despidió a 70 empleados y ordenó el cierre de la planta de cal de Canteras Quilpo, mina que le daba nombre al asentamiento cordobés donde llegaron a vivir 2 mil personas.
La empresa minera CEFAS cesanteó a todos los trabajadores de la planta productora de cal ubicada en Canteras Quilpo y ordenó el cierre de la mina. La situación sorprendió a los 70 trabajadores que no sólo dependían de los salarios de la empresa, sino que también vivían en casas que pertenecían a ella.
Con esta última resolución, informada por el portal La Tinta, culminó un proceso de achicamiento que comenzó a fines del año 2016 cuando se produjeron otros 80 despidos.
Canteras Quilpo es un asentamiento ubicado a 20 kilómetros de la ciudad de Cruz del Eje, dentro del ejido de San Marcos Sierras. El “pueblo blanco” se formó a partir de la llegada de la firma Canteras El Sauce, la propietaria original del emprendimiento minero que quebró en 1994 y luego fue adquirida por CEFAS.
En su auge, Canteras Quilpo alojó a cerca de 2 mil personas, entre obreros, sus familias y trabajadores de las escuelas (un jardín, dos primarias y una secundaria con orientación en Minería) la enfermería y otros comercios.
Allí Cefas era el Estado. Todo, salvo la educación, era brindado por la empresa que explota la cantera. Por ello, la incertidumbre de las veinte familias que aún dependían de la firma es total: no saben de qué vivirán ni dónde lo harán.
“Es triste. Yo trabajé 37 años aquí y mi hijo trabaja aquí. No hay otro lugar para trabajar. Y todavía no sabemos qué sucederá con las casas”, indicó Rafael Luna, un jubilado de la firma.
“Desde la empresa fueron claros. En agosto pasado hubo una primera tanda de despidos y pensaban que ahora en agosto ya podrían cerrar Quilpo. Nos dijeron que como estaba la situación del país, con la planta que CEFAS tiene en San Juan ya daba abasto porque no se está vendiendo mucho”, expuso otro de los trabajadores a Canal 12 de Cruz del Eje.
“Estamos desconcertados. Los que hemos vivido desde pequeños aquí nos ha golpeado bastante fuerte la noticia. Quilpo es un lugar donde la fuerza y la unidad ha estado siempre ante todo (…) Mi suegro, mi marido, mi hijo, todos trabajaron en la cantera. Pedimos que luchen para que la fuente de trabajo vuelva a toda la zona, porque esto también afectará a San Marcos Sierra y Cruz del Eje”, señaló una de las mujeres quilpeñas, quien agregó que ahora se enfrentan a amenazas de desalojo y cortes de los servicios de luz y agua que brindaba la empresa.

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