Por Vladimir Chapi
La Paz, 28 jun (ABI).- Los nueve bolivianos, siete civiles y dos
militares, detenidos en Chile, en un confuso incidente en frontera
cuando cumplían tareas de lucha contra el contrabando, vivieron un ‘vía
crucis’ durante 101 días, hasta consolidar su libertad y retorno a
territorio boliviano el miércoles, hecho que también tensionó a lo largo
de los tres meses la relación de Bolivia y el país trasandino.
Se trata de los militares Carlos Calle Soliz y Alex Johnny Carvajal
Uchani y los funcionarios aduaneros David Quenallata Laurel, Carl Luis
Guachalla Rada, Juan José Tórrez Gonzales, Ediberto Raúl Flores Mamani,
Arsenio Choque Gonzales, Brian Leandro Quenallata Méndez y Diego Guzmán
Vásquez.
A continuación los hitos más importantes de esa detención y sentencia, calificadas por el Gobierno de “injustas” e “ilegales”.
19 de marzo. Bolivia denunció la incursión de carabineros y el
secuestro de militares y funcionarios de la Aduana Nacional en
territorio boliviano, por parte de Chile, cuando realizaban tareas de
lucha contra el contrabando.
Según imágenes difundidas por las redes sociales y medios de
comunicación, los nueve bolivianos fueron trasladados a un juzgado de
Tarapacá enmanillados y con signos de haber sido golpeados en el momento
de su detención.
Ese hecho se produjo a pocas horas de que el equipo jurídico
boliviano entregó la réplica de la demanda marítima planteada contra el
país trasandino ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La
Haya, y se recuerden 138 años de la pérdida de Litoral.
20 de marzo: La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, afirmó que
los militares y funcionarios aduaneros de Bolivia, que fueron detenidos
por carabineros, pretendían robar la mercadería de nueve camiones.
Además, la mandataria chilena informó que los detenidos comparecerán en una audiencia para fijar su situación jurídica.
22 de marzo. La justicia chilena determinó la detención preventiva de
los dos militares y siete aduaneros bolivianos, acusados por supuesto
robo con intimidación y violencia, porte y tenencia de armas prohibidas y
contrabando.
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, calificó la detención
preventiva de una represalia y venganza del gobierno chileno por la
demanda marítima boliviana interpuesta contra Chile en la Corte
Internacional de Justicia (CIJ).
24 de marzo. La ministra de Comunicación, Gisela López, denunció que
dos periodistas del canal estatal Bolivia TV fueron retenidos en el
aeropuerto de Iquique, en el norte de Chile, cuando intentaban informar
sobre la situación de los nueve bolivianos encarcelados en ese país.
Se trata de la periodista Sandra Mariscal y su camarógrafo Erick
Condorena, que fueron retenidos en oficinas de migración de la terminal
aérea y obligados a comprar el boleto para retornar a Bolivia.
El estatus de Condorena era incierto pues agentes de la Migración
chilena le impedían desplazarse y de acuerdo con versiones de prensa su
caso estaba en tuición de la Interpol de Chile, en cuyas oficinas se
encontraba aún.
25 de marzo. Una misión diplomática boliviana, encabezada por la
viceministra de Gestión Institucional y Consular, Carmen Almendras,
visitó a los siete funcionarios aduaneros y dos militares bolivianos
encarcelados en la prisión chilena de Alto Hospicio y evidenció que tres
presentan lesiones.
Esa misma jornada, el gobierno y las autoridades municipales del país
emitieron un pronunciamiento conjunto que rechazaba las agresiones de
Chile hacia los ciudadanos bolivianos e iniciaron una campaña de
denuncia ante la comunidad internacional.
29 de marzo. Roberto Celedón, abogado chileno que defendió a soldados
bolivianos en 2013, se sumó a la defensa de los connacionales
encarcelados en el penal chileno de Alto Hospicio por un incidente
fronterizo.
31 de marzo. Los familiares de los nueve bolivianos encarcelados
preventivamente en el penal de Alto Hospicio, partieron rumbo a ese
vecino país para visitar a sus allegados y reforzar su defensa ante la
justicia chilena, informó entonces el canciller Fernando Huanacuni.
Los familiares partieron rumbo a ese vecino país por gestiones del
Gobierno boliviano, que buscaba agotar todas las vías para lograr su
liberación.
11 de abril. El equipo jurídico boliviano presentó un amparo
constitucional ante la Corte de Apelaciones de Iquique, para buscar la
liberación de dos militares y siete aduaneros bolivianos.
13 de abril. La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó el amparo
constitucional presentado por autoridades bolivianas para lograr la
liberación de los nueve bolivianos.
26 de abril. El diputado chileno José Manuel Edwards sostuvo que “los
bolivianos detenidos en Chile son una banda de delincuentes, que
ingresaron al país para delinquir, por lo tanto, en un Estado de
derecho, deben ser tratados como corresponde por la justicia. Acá no hay
un conflicto diplomático y no corresponde la aplicación de normas de
reciprocidad”.
A contrapelo, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sonia
Brito, consideró que esas declaraciones fueron un “exabrupto”.
2 de mayo. Constancio Quenallata, padre de Bryan, uno de los nueve
bolivianos detenidos en Chile, denunció que fue discriminado y sufrió
malos tratos de los carabineros de la cárcel de Alto Hospicio, de
Iquique, y reveló que antes de ingresar para ver a su hijo le observaron
hasta el color de pantalón por lo que ingresó en “calzoncillos”.
Quenallata indicó que los actos de discriminación comenzaron desde la
región fronteriza de Pisiga, con preguntas dirigidas y
“malintencionadas” que aseguró le “hicieron sentir muy mal” porque le
“hicieron ver como un delincuente”.
5 de mayo. Los familiares de los bolivianos detenidos en la cárcel de
Alto Hospicio de Iquique, Chile, buscan una reunión con la presidenta
de ese país, Michelle Bachelet, para pedirle la liberación de los
compatriotas.
Envían una carta para llegar al corazón de madre de la mandataria.
6 de mayo. La justicia de Chile acepta el recurso de liberación de bolivianos y fija audiencia para el 25 de mayo.
Esa fecha, el presidente Evo Morales denunció que una de las madres
de los siete civiles y dos militares bolivianos detenidos en la cárcel
chilena de Alto Hospicio, Iquique, fue discriminada por usar pollera.
10 de mayo. El presidente Evo Morales pidió al papa Francisco interceder por los bolivianos detenidos.
17 de mayo. Chile niega la visa de ingreso al ministro de Justicia,
Héctor Arce, para asistir a la audiencia de los bolivianos detenidos en
Iquique, prevista para el 25 de mayo.
18 de mayo. El embajador chileno ante la Corte Internacional de
Justicia (CIJ), Gabriel Gaspar, explicó que su país negó la visa al
ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Arce, porque en una anterior
visita se dedicó a “denostar” a las autoridades e instituciones de ese
país.
23 de mayo. La justicia chilena suspende audiencia de bolivianos detenidos hasta el 20 de junio, sin explicar los motivos.
24 de mayo. El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, anunció un
principio de acuerdo, que se convirtió en una alternativa de solución a
la detención de los bolivianos, que hizo que la audiencia prevista para
el 25 de mayo sea suspendida hasta el 20 de junio, para revisar los
términos.
Para el vicepresidente Álvaro García Linera, ese anuncio de un
principio de acuerdo entre la Fiscalía de Chile y la defensa de los
nueve bolivianos sobre un proceso abreviado, demostraba un procedimiento
político y no judicial en contra de los compatriotas.
El gobierno boliviano lamentó el Ejecutivo chileno manipule a la
justicia para realizar ese tipo de acciones, y aseguró que Chile no es
un Estado que colabore, más bien abusó de los funcionarios bolivianos
que cumplían una labor estatal, además que la decisión de encarcelarnos
fue política.
18 de junio. Los bolivianos detenidos en Chile anuncian que defenderán su inocencia en un juicio abreviado.
20 de junio. La jueza Isabel Peña de Pozo Almonte, en Iquique, Chile,
dictó cuarto intermedio en la audiencia de juicio abreviado de los
nueve bolivianos detenidos.
21 de junio. La jueza Isabel Peña de Pozo Almonte, Iquique, Chile,
encontró culpables a los nueve bolivianos detenidos por la comisión de
los delitos de contrabando, robo con intimidación y porte ilegal de
arma, y determinó su expulsión en un plazo de 30 días, además impuso una
multa pecuniaria.
El Gobierno boliviano aseguró que ese fallo es una represalia por la
demanda marítima que Bolivia instauró ante la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) contra el país trasandino.
El 22 de junio. La defensa de los nueve bolivianos renunció a la
apelación de la sentencia y anunció que gestionará la expulsión de los
agentes anticontrabando.
23 de junio. El Ejecutivo boliviano aprueba un decreto para pagar la
multa impuesta a 9 bolivianos sentenciados en Chile de casi 50.000
dólares.
25 de junio. El candidato presidencial chileno y ex presidente de
Chile, Sebastián Piñera, criticó mediante su cuenta en Twitter al
presidente de Bolivia que calificó de “mártires de la reivindicación
marítima” a sus nueve compatriotas detenidos y sentenciados en Chile
tras un confuso incidente fronterizo ocurrido en marzo último, cuando
dos militares y siete aduaneros combatían a contrabandistas.
“Presidente Morales: los 9 funcionarios bolivianos fueron detenidos
por violar la ley chilena. Mejor que se calle, deje de mentir y cumpla
Tratado de 1904”, escribió Piñera en la red social.
27 de junio. Bolivia hace efectivo el pago de la multa impuesta a los 9 bolivianos sentenciados en Chile.
28 de junio. Los nueve bolivianos que fueron detenidos y sentenciados
en Chile llegaron a Pisiga, punto fronterizo, e ingresaron a territorio
boliviano, luego de 101 días de permanecer en el vecino país y sufrir
la vulneración de sus derechos.
vic/ma ABI
