25 junio, 2017
150 familias campesinas del municipio Obispo Ramos de Lora, en el estado Mérida, rescataron 560 hectáreas del terrateniente Iván Guillermo Rondón Ruiz. Las razones de la acción fueron dos: la improductividad de dos de sus haciendas, El Trébol y El Cristo, que habían sido denunciadas desde hacía dos años al Instituto Nacional de Tierras (Inti), y el financiamiento de Rondón a los hechos de violencia que tuvieron lugar en el municipio durante el mes de mayo.
La medida se tomó así para enfrentar la arremetida de los terratenientes contra el campesinado, su intento de revancha económica y política articulada/impulsora del plan de Golpe de Estado en desarrollo. Rondón, junto a otros terratenientes, financió con bebida, comida y armas a quienes atacaron la alcaldía del municipio el 16 de mayo, un comedor popular, así como a quienes trancaron la carretera durante varios días.
Vamos a por las tierras que Chávez les dio, cuando el Gobierno caiga vamos a quitarles las tierras, fueron algunas de las frases que se les escuchó decir públicamente.
El apoyo de terratenientes ha sido una constante en las acciones violentas que comenzaron desde inicios de abril. Ese mismo esquema se aplicó en Táchira y Barinas -en Socopó llegaron a llevar novillas a las trancas para alimentar los grupos de choques- evidenciando cuál es la trama de actores políticos y económicos que buscan retomar el control directo del poder en Venezuela. Su conformación es una radiografía de clase: terratenientes, grandes empresarios, partidos desplazados. Un bloque que a su vez se encuentra entrelazado y subordinado al entramado internacional, que financia, diseña y opera desde Estados Unidos.
En el financiamiento de la violencia pueden verse los intereses reales del conflicto.
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No es la primera acción que se toma contra un terrateniente involucrado en el apoyo a destrozos, trancas y ataques a instituciones y fuerzas de seguridad del Estado. Hace pocos días fueron rescatadas tierras en el municipio Pedraza, Barinas, de un terrateniente que había puesto a disposición el retroexcavador utilizado en las jornadas de terror en Socopó, donde llegó a ser quemada y derrumbada el 24 de mayo -con ese retroexcavador- la estación de policía.
En ambos casos se trata de acciones impulsadas por consejos campesinos, y, en el caso de Mérida, acompañado por la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. Es una respuesta ante la avanzada que se despliega sobre los territorios donde, desde el inicio de la violencia abierta de este ciclo, la derecha ha ejecutado a través de sus grupos de choques y fuerzas paramilitares, acciones de asedio, trancas, persecución, destrozos a instituciones, casas de dirigentes -como la del alcalde del municipio Obispo Ramos de Loba- instalaciones militares y policiales.
Y es también una respuesta al escenario de estancamiento con indicios de restauración que se vive en el campo. El rescate y regularización de tierras se ha frenado hasta el punto de parecer detenido, y en algunos estados, como Barinas, se habían dado casos de desalojos a campesinos a inicios de este año.
En ese cuadro complejo se desarrolla la acción de Mérida, que necesita que el Inti acompañe a los campesinos. Hasta el momento la delegación regional de la institución ha mostrado un accionar contrario al esperado: se presentó en las tierras rescatadas junto al terrateniente en apoyo a este último. Una situación similar a la vivida en Barinas, donde el ente regional fue cuestionado por ser parte activa de los desalojos.
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Estas acciones no deben pasar desapercibidas ni sobredimensionarse. Son el intento de retomar niveles de iniciativa popular ante el asedio de la derecha que busca sacar al Gobierno y dar rienda suelta al proceso de revancha del cual ya se ven las primeras muestras. Es clave que la institucionalidad se ponga del lado de los campesinos, para permitirles no retroceder y a su vez quitarles poder a los financistas de la violencia.
Hay en estas medidas un acto de resistencia, avance y justicia: ya han sido sembradas 5 mil matas de plátano. Las tierras son para quienes las trabajan.
Marco Teruggi / La Tabla
