No, no es Venezuela. En Colombia, desde hace casi un mes, los maestros están de paro y más de ocho millones de alumnos no van a las aulas.
¿Las razones? El incumplimiento del gobierno de Juan Manuel Santos con las bonificaciones y mejoras prometidas para el sector, la desinversión en la infraestructura escolar y la escasa protección social que gozan los maestros. El Ejecutivo, por su parte, argumenta que esas peticiones no son viables para este año por la caída de los precios del petróleo, refiere Semana.
Este jueves, más de 2.000 profesores mantuvieron por varias horas un plantón en la sede de la Secretaría de Educación que obstaculizó el paso en el centro de la capital colombiana, detalla el portal CM&. El presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Carlos Rivas, dijo que se mantendrían en paro porque sus demandas no son únicamente salariales.
“El Gobierno debe resolver muchos temas. La pelea es porque los niños tengan derecho a la alimentación, a la educación a buenas instalaciones. Si el tema fuera solo económico ya hubiéramos levantado el paro”, sostuvo Rivas, citado por Telesur.
Amenazas o diálogo
La perspectiva de que la situación se resuelva en el corto plazo es escasa. En la víspera, el presidente Santos amenazó con descontar los salarios a los maestros que se mantuvieran en protesta, cuestión que fue rechazada tajantemente por el magisterio: “Así no se puede solucionar el conflicto, si nos van a decir que nos van a hacer descuentos. Así no hay una posibilidad seria de negociación con el Gobierno Nacional”, apuntó Rivas, según RCN.
La conflictividad social no la mantienen únicamente los maestros. A las movilizaciones también se han sumado asociaciones gremiales de la rama judicial, trabajadores del estado y, hasta hace poco, los pobladores de Buenaventura, uno de los puertos principales del Pacífico.
Mientras se atiza la calle, el gobierno de Santos intenta maniobrar para continuar con la implementación de los acuerdos de paz, dilatados por la Corte y atacados por la oposición política, mientras la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alertan las amenazas que se ciernen sobre el proceso con el asesinato de líderes sociales y el posible cambio -por vía del Congreso- de lo pactado entre las partes en La Habana; todo esto a un año de los próximos comicios presidenciales.
Consecuencias económicas
Las presiones al gobierno para aumentos salariales ocurren después que el Ejecutivo declarara un incremento del IVA de 16 a 19% este año, una suba en el combustible y una reducción del gasto público, bajo el argumento de sortear la tendencia a la baja de los precios del petróleo.
Sin embargo, los efectos de ese “ahorro” podrían ser nulos si el país continúa en paro. Este jueves, durante un foro económico, varios analistas destacaron el impacto de esas acciones gremiales en la rebaja de las expectativas de expansión del Producto Interno Bruto (PIB).
Pero, mientras continúe el paro de maestros y el Ejecutivo no encuentre una vía para inyectar más recursos al sector educativo (más allá de las remuneraciones), la promesa de Santos de apuntalar a Colombia como “el país más educado” en 2025 parece alejarse cada vez más
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