La negativa del Gobierno de Estados Unidos de auditar
la deuda de Puerto Rico previo a cualquier transacción al respecto con
Wall Street ahora se enfrenta con el obstáculo formidable de que la
cifra de 72.000 millones de dólares surge de una lectura incorrecta del
registro histórico de emisiones y no de la deuda vigente.
De hecho, una revisión detallada del documento,
revela que se está haciendo pasar como si fuera deuda no pagada hasta
los bonos emitidos a principios del siglo veinte para construir puentes,
carreteras y vías de ferrocarril que ni siquiera existen ya.
La situación resulta muy compleja para corregirla y
viene a sumarse a toda una serie de maniobras tácticas y cálculos sobre
cómo estabilizar la colonia y recuperar credibilidad que, lejos de
lograr objetivos, hasta ahora han provocado más quejas internas y más
asuntos delicados a nivel internacional. El ambiente es de encono
creciente entre los bandos y no de evaluación de las ideas que cada
quien tiene ya como verdades.
Sin embargo, el problema del cómputo de cuánto es lo
que de verdad adeuda Puerto Rico es fundamental, en particular porque
eso se está usando para destruir instituciones y recursos que se habían
estado acumulando durante más de un siglo.
Cada año, se hace público un informe sobre la deuda
emitida por el Estado, que suma los bonos regulares emitidos por el
gobierno central, los municipios y las corporaciones públicas, que en
2015 llegó a los ya referidos 72.000 millones de dólares. Ese informe no
incluye los bonos especiales que no tienen servicio anual de deuda, que
pasan de 35.000 millones de dólares, ni los compromisos de los sistemas
de retiro que se convirtieron en deuda por la descapitalización de los
fondos, con lo cual la deuda real sobrepasaría ya los 150.000 millones
de dólares.
El nuevo hallazgo es referente a esa base de 72.000 millones de dólares.
En el informe anual se indica la deuda regular de
bonos emitida ese año y se le suma a la deuda emitida en años
anteriores, pero no se indica lo que se ha pagado, sencillamente se
añade. Así, por ejemplo, la deuda de la primera emisión de bonos
autorizada para todo el territorio en 1906, de un millón de dólares y
con la que se construyeron nueve puentes y los túneles del tren, todavía
estaría incluida en el cálculo de los 72.000 millones.
Previo a esa emisión, ya para 1902, algunos
municipios con suficientes recursos habían sido autorizados a emitir
bonos individualmente, con los que se hicieron obras públicas menores y
se pagó a los acreedores de otras deudas cuando las alcaldías no
contaban con suficientes recursos provenientes de los impuestos. Todo
eso formaría parte de lo que se tiene por deuda actual, como si Puerto
Rico hubiese logrado mantener sus bonos en el aprecio máximo de Wall
Street a pesar de nunca haber pagado un centavo.
También está incluido la emisión de dos millones de
dólares autorizada en 1916, como preparación para la entrada de EEUU a
la Primera Guerra Mundial. Para aquella, una denominada “Comisión
Económica” fue la encargada de escoger los proyectos prioritarios.
El caso es que año por año fueron apareciendo en el
registro las emisiones, que para 1952 pasaban de 160 millones de
dólares, de 1953 a 1968 más de 1.166 millones, de 1969 a 1984 casi 7.400
millones y en el 2005, la cifra acumulada se asomaba a los 40.000
millones. Con la crisis desatada en 2006, de ese momento al 2015, se
sumaron 32.000 millones más a la deuda histórica emitida.
El único momento en el que quedó la huella de una
reducción significativa de la deuda fue durante el período de la Gran
Depresión y el inicio de la Segunda Guerra Mundial –de 1931 a 1943-
cuando año tras año se emitía menos deuda y sólo se acumularon cinco
millones de deuda nueva.
Así las cosas, el registro, magnífico como fuente
para estudiar la historia de cómo EEUU financió la administración de la
colonia, no dice nada sobre los miles y miles de millones de dólares que
Puerto Rico fue pagando durante todo ese tiempo.
Los reclamos para que se ordene una auditoría de la
deuda no son atendidos por EEUU y, mientras tanto, la situación general
se sigue deteriorando con rapidez.
En el frente interno, se multiplican los reclamos por
la libertad para la estudiante Nina Droz, sobre quien se denuncia que
lleva dos meses sin sus medicamentos en la cárcel federal y se le ha
enviado con fiebre al calabozo. Otro caso complicado es que ahora se
sabe que dos de los arrestados durante los disturbios del Primero de
Mayo –Valeria Herrera y Carlos Farmer- estaban en el lugar como
periodistas grabando un documental.
Es un ambiente en el que se hacen comunes las
movilizaciones de las fuerzas antimotines sin haber confrontaciones,
como el caso de la toma por parte de la Policía nacional de las oficinas
de los periodistas en el propio Palacio de Santa Catalina, sede de la
gobernación, el pasado 30 de junio.
En el ámbito internacional, tampoco ayuda mucho las
intensas entradas y salidas de aviones de la Base Aérea Muñiz,
observadas desde que se incrementó la tensión en Venezuela, o la
publicidad que se le dio a la reunión en Washington del Gobernador,
Ricardo Rosselló, con la esposa del líder opositor venezolano Leopoldo
López, justo el día en que un helicóptero atacaba dos ministerios en
Caracas.
En todo ese marco, la estrategia pública de EEUU
sobre Puerto Rico busca restablecer la confianza en los mercados
financieros y estabilizar la situación interna mediante el régimen de
una junta de control, que suplantó ya la Legislatura y el Ejecutivo y
decretó por su cuenta el nuevo presupuesto gubernamental.
Se trata de un camino difícil, que ahora se enturbia
más con el nuevo problema del registro de la deuda emitida durante más
de un siglo.