Hace 450 años, en 1567, que una expedición española comandada por el conquistador Diego de Losada, luego de masacrar a los tovoro y antes de masacrar a los caribes, fundaba el pueblo de Santiago León de Caracas, lo que luego sería Caracas. Justo para conmemorarlo, la última semana de julio se celebraba en esa ciudad un encuentro al que comparecieron, entre otros, el sociólogo Ociel López, la jurista Soraya Suáres y los arquitectos Carola Herrera, Juan Carlos Rodríguez, Marcos Coronel, Nelson Rodríguez, Newton Rauseo y Fruto Vivas, uno de los grandes referentes de la arquitectura latinoamericana contemporánea. La cita se nombró Caracas Constituyente: El derecho a la ciudad, evocando –acaso invocando– el título del fundamental libro de Henri Lefebvre que hace poco reditaba la Editorial Capitán Swing.
El foro se producía con el telón de fondo de un momento de zozobra política para Venezuela, coincidiendo con días en que la ciudad quedó parcialmente paralizada por una huelga general declarada contra el gobierno de Nicolás Maduro, a unos días de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. Este periodo de trance aparece marcado no solo por el enfrentamiento cada vez más enconado y violento entre gobierno y oposición, sino también por una crisis económica causada por la caída del precio del petróleo de la que la inflación disparada, el aumento de la penuria, los niveles de inseguridad y el desabastecimiento de productos básicos son alguno de los signos. En esas circunstancias, ¿qué explica que no se produzca un estallido de violencia en las zonas populares de la ciudad, parecido al del Caracazo de 1989? De hecho, esa es la gran expectativa que albergaba la coalición opositora, una esperanza que por ahora parece lejos de cumplirse, puesto que los altercados violentos en los distritos con población más vulnerable no pueden compararse a los mucho más duros y numerosos que conocen las urbanizaciones de clase media y alta al este de la ciudad, en Altamira, Santa Fe o Chacao.
En efecto, en aquellos días de febrero y marzo de 1989, en un contexto de aumento de precios y de pobreza creciente, determinado por la devaluación de la moneda luego de otra crisis petrolera –la de los 70– no menos grave que la actual. Como consecuencia de aquella crisis, miles de habitantes de los barrios –que en Venezuela es sinónimo de asentamiento de familias de bajos ingresos– que se encaraman a los cerros, en las áreas de Catia, El Valle, Coche o Antímano, bajaron al centro de la ciudad para protestar y saquearlo. La reacción del gobierno de Carlos Andrés Pérez fue brutal, con un balance final de un número desconocido de muertos –entre 300 y 3.000, según las fuentes– y centenares de desaparecidos.
¿Qué explica que en Caracas el grueso de quienes se levantan contra el empobrecimiento y la escasez sea quienes menos la padecen? Por supuesto que las clases medias y altas han perdido parte de lo que para ellas es lo más importante en la vida, que son el confort y la seguridad, pero parece extraño que los sectores populares no se hayan sublevado, siendo como son los más perjudicados por la crisis. Acaso la respuesta a ese aparente enigma esté, al menos en parte, en las políticas llevadas a cabo desde la Alcaldía de la ciudad mediante su Programa Transformando los barrios, que han mejorado la vida de buena parte del 60% de los tres millones de habitantes del conjunto metropolitano caraqueño, que viven en territorios urbanos durante mucho tiempo abandonados de la ciudad. Y no se trata solo de la promoción masiva de vivienda social, de la rehabilitación de casas y sitios, de la mejora del transporte público y la accesibilidad o de la generación o regeneración de espacios para la sociabilidad, algunos de ellos tan interesantes como los provistos por la fantasía del arquitecto Alejandro Haiek, como los equipamientos culturales o deportivos en las parroquias de El Valle, Petare, Catia y La Pastora. Por no hablar de iniciativas urbanísticas de envergadura, como el plan Barrio Nuevo Barrio Tricolor.
Es eso y otra cosa más importante. Lo que se ha implementado en las barriadas populares de Caracas es sobre todo la autorresponsabilización de los habitantes a la hora de gestionar su propio barrio, organizados por y para ellos mismos, con una institución municipal que brinda capacitación, logística, recursos técnicos y en que la participación no solo consiste en intervención en los proyectos, sino también en su ejecución, mediante la cesión de los recursos a los vecinos para que sean ellos quienes las lleven a cabo. Y, sobre todo, la habilitación desde abajo de instrumentos de deliberación y administración colectiva, que diagnostican, priorizan y programan las iniciativas a tomar.
Esa podría ser la explicación del relativo entusiasmo antichavista de los barrios menos pudientes de Caracas, su poca predisposición a sumarse al movimiento de masas de clase media que se ha desencadenado contra el gobierno venezolano: que para esas zonas modestas de la capital de las que se esperaba una insurrección como la de hace casi tres décadas, sí que han merecido la pena los casi veinte años de proceso revolucionario bolivariano.
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Por cierto, hablando de barrios de Caracas, buena oportunidad para recomendar un documental que explica cosas importantes con calidad: Fuegos bajo el agua, de Nuria Vila Alabao y Lenin Brea (2009). La película narra la historia del 23 de enero, un barrio de bloques diseñado por Carlos Villanueva en los años 50 de acuerdo con el modelo funcionalista y que acabó siendo uno de los epicentros de las luchas sociales en la ciudad, con un protagonismo trágico durante el Caracazo. Lo que vemos en este film es cómo funciona y en qué consiste, en un barrio popular de Caracas, el cultivo cotidiano de la memoria colectiva y la gestión comunal de lo que es o debería ser común, que no es sino la vida misma.
