Por Daniel Edgar, Resumen Latinoamericano, 27 julio 2018
Uno de los constantes del conflicto armado y social de Colombia desde mediados del siglo XX ha sido la participación de militares y contratistas gringos, incluso en las instalaciones y los puestos de mando y control más altos y sensibles, actuando con una cobertura oficial que les otorga todos los ‘inmunidades y privilegios diplomáticos’. Otros actores directos e indirectos en el conflicto armado y social que han disfrutado una impunidad y privilegios legales, políticos y económicos casi tan contundentes, aunque no reconocidos tan explícitamente, han sido las multinacionales. Durante el proceso de ‘Justicia y Paz’ relacionado con el acuerdo de 2005 entre el Estado colombiano y los grupos paramilitares, aumentaron cada vez más los testimonios de los comandantes de los grupos paramilitares con respecto al involucramiento de algunas multinacionales en sus actividades – hasta que fueron extradito a los Estados Unidos, terminando así sus testimonios contra las élites políticas y económicas tanto colombianas como extranjeras y en efecto poniéndolos fuera del alcance del sistema judicial colombiano.
Uno por uno los pocos procesos judiciales que los fiscales iniciaron para investigar el involucramiento de estas multinacionales en los crimines cometidos por los grupos paramilitares terminaron sin resultado. De la misma manera, las maniobras de los altos poderes del Ejecutivo y el Congreso alrededor de lo que queda del ‘proceso de paz’ más reciente (entre el Estado colombiano y las FARC-EP) hacen todo lo posible para garantizar que la impunidad de las multinacionales (y otros ‘terceros partidos’ políticos y económicos) queda intacto y resistente a cualquier intento de realizar la justicia, la verdad y la no repetición.
Sin embargo, es necesario enfatizar al principio que las multinacionales son creaciones ficticias que sirven tanto para blindar sus propietarios y beneficiarios contra responsabilidad legal y fiscal como para ocultar su identidad. Un ejemplo es la mina Cerro Matoso, la cual ha sido en el epicentro de una secuencia de desplazamientos forzados, asesinatos selectivos y otros desastres sociales y ambientales afectando las comunidades en sus alrededores desde los años 80. La mina fue vendida de BHP Billiton a South 32 recientemente, supuestamente rompiendo la cadena de responsabilidad y contabilidad: sin embargo, se encuentran entre las accionistas principales de ambas multinacionales representantes del mismo puñado de gigantes financieros (tales como JP Morgan, HSBC, Citibank, BlackRock, Vanguard Group, State Street Corporation, Capital Research & Management Co., etc.) que se han apoderado de una cantidad de acciones justo suficiente para garantizar control sobre muchas de las empresas más importantes y lucrativos de la bolsa de valores australiana (donde tienen domicilio legal ambas empresas, South 32 y BHP Billiton), así como de otras multinacionales que cuentan con una presencia significante en Colombia (Edgar, 2015). En este contexto las tantas campañas sociales y ambientales exigiendo contabilidad de fachadas corporativas individuales están esgrimiendo con cortinas de humo efímeras, mientras los propietarios y beneficiarios permanecen ocultados en las sombras.
Continúan los asesinatos selectivos de los trabajadores de Nestlé en Colombia
Durante el mes de mayo de este año, tres trabajadores empleados por una filial de la multinacional suiza Nestlé en Colombia fueron asesinados en circunstancias que sugieren que fueron blancos de asesinatos selectivos (SINALTRAINAL, 2018). En uno de los casos, la víctima (Gilberto Espinosa Victoria) había sido advertida (junto con varios otros trabajadores de Nestlé en la región de Bugalagrande) de que se le consideraría un objetivo militar si no renunciaba a su afiliación con el sindicato SINALTRAINAL (Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario). Los autores de la carta enviada a la sede de SINALTRAINAL en Bugalagrande a través de un servicio de entrega comercial afirmaron, entre otras cosas, que eran “Amigos Bieja Guardia Nestlé” y “M.A.R. – Muerte a Ratas de Nestlé”.
SINALTRAINAL ha sido la víctima de una campaña constante de persecución y terror oficial y extraoficial desde su fundación en 1.982, incluyendo amenazas y asesinatos selectivos, hostigamiento, allanamientos y vigilancia por parte de las ‘fuerzas de seguridad’ estatales, y procesos de judicialización basados en acusaciones y pretextos falsos. Al menos 28 de sus miembros han sido asesinados, entre ellos 17 miembros que estaban empleados por la multinacional Nestlé y siete empleados por Coca Cola. Los esfuerzos para destruir el sindicato han tomado muchas formas a lo largo de los años y demuestran un alto grado de continuidad, coordinación y cooperación entre algunos funcionarios del Estado tanto en Colombia como en los Estados Unidos (incluyendo políticos, burócratas, jueces, fiscales, policías y personal de inteligencia en momentos particulares), ejecutivos corporativos de las dos empresas gigantes de ‘junk food’, y grupos paramilitares (u otros asesinos a sueldo).
Las relaciones estrechas y los intereses mutuos entre los funcionarios estatales y los ejecutivos corporativos se ven reforzados por las puertas giratorias de empleo que existen entre ambas empresas (y otras multinacionales) y funcionarios del Estado de alto y medio rango. Un libro publicado por SINALTRAINAL en 2015 describe los esfuerzos del sindicato para realizar justicia con respecto al asesinato en 2005 de uno de sus líderes claves en aquel momento (Luciano Romero). En el prólogo del libro los autores comentan:
“La estructura del aparato represivo de control prevé la violencia antisindical como elemento fundamental para la consolidación del poder financiero trasnacional, desconociendo los límites impuestos por los Derechos Humanos y de los pueblos, los derechos laborales, y por supuesto el derecho ambiental. Así esta práctica se ejecuta en Colombia como un ataque generalizado y sistemático contra el movimiento sindical ejecutado por una estructura organizada de poder que garantiza impunidad para sus más altas esferas.
La dinámica represiva frente al movimiento sindical se da de manera diversa. Desde la institucionalidad del Estado a través de la estigmatización y judicialización de la actividad sindical, el desconocimiento de la progresividad de los derechos laborales, la precarización del trabajo y en síntesis la puesta del Derecho en favor de los intereses de las grandes corporaciones, en su mayoría extranjeras. Pasando también por actividades propias de la persecución y violencia anti-sindical que son delegadas a ejércitos paramilitares para ocultar la responsabilidad directa de empresas y por supuesto del Estado. Esto dentro del planteamiento de una nueva ejecución criminal, en donde la fuerza pública delega la represión extralegal a agentes paraestatales. Históricamente los ejecutores de los crímenes contra el movimiento sindical se han desplazado desde las centrales de inteligencia militar hacia los grupos paramilitares, lo que no es óbice para restarle responsabilidad al Estado en estos graves crímenes, y por el contrario nos obliga a realizar el análisis de las estructuras criminales de poder organizado como una misma unidad, es decir entendiendo el para-militarismo como una política de Estado que sirvió como principal ejecutor de violencia antisindical.
La práctica anteriormente descrita, entendida como un ataque generalizado y sistemático contra el movimiento sindical, es decir la violencia antisindical como crimen de lesa humanidad, responde a pulsiones propias de la necesidad de acumulación irracional de capital por empresas transnacionales en esta fase superior del colonialismo, que ya no necesitan de una ocupación territorial, sino de una sumisión de las políticas económicas y de producción al poder financiero trasnacional. En otras palabras la violencia antisindical es un elemento estructural que garantiza grandes utilidades a los conglomerados económicos, arrasando con todo lo que se contraponga a sus intereses.
Esta situación si bien se desarrolla en medio del conflicto armado, no hace parte del mismo, no obedece a sus dinámicas ni tensiones, sino que responde a intereses, generalmente transnacionales, que únicamente se benefician de él. Ligar los miles de asesinatos de que es víctima el movimiento sindical colombiano al conflicto ha sido más bien una estrategia de los victimarios que justifica su accionar, señalando y estigmatizando a líderes sindicales como insurgentes, y atenuando su responsabilidad. Vincular la violencia antisindical al conflicto desconoce que nos encontramos frente a un tipo de violencia en donde el conflicto funciona como marco que facilita la ejecución e impunidad de estos crímenes. Por tanto cualquiera que sea la alternativa de reparación dirigida a las víctimas de la violencia antisindical debe ser responsable frente al papel de las más altas jerarquías de las estructuras de poder que ejecutaron estos crímenes, teniendo como elemento fundamental la concreción de los derechos de verdad, justicia, y memoria de las víctimas…”
En el caso del asesinato de Luciano Romero, después de varios éxitos preliminares en los tribunales colombianos (incluyendo la condena judicial de los autores materiales del asesinato, y una orden judicial exigiendo la investigación de hechos que sugirieron la posible colaboración de algunos ejecutivos de Nestlé), posteriormente los fiscales no han investigado las evidencias de la posible colaboración entre los grupos paramilitares, agentes de las ‘fuerzas de seguridad’ estatales, y ejecutivos de Nestlé (y en otros casos similares los de Coca Cola).
Una noticia en El Espectador (publicado el 2 de febrero de 2008, “Un juez de Colombia ordena investigar a Nestlé por su presunta participación en el asesinato de un dirigente sindical”) comentó sobre el caso:
“A finales de noviembre pasado, mientras el país observaba atónito y desconcertado las desgarradoras pruebas de supervivencia de los secuestrados por las Farc, y cuando no se hablaba de otro asunto más allá de una consigna común por el acuerdo humanitario, una trascendental decisión judicial pasó de agache: la condena que impuso un juez especializado a dos desmovilizados de las autodefensas por el asesinato del líder sindical Luciano Romero Molina, ocurrido el 10 de septiembre de 2005.
El fallo no tendría una relevancia mayúscula y sería apenas una condena más por el sistemático exterminio de sindicalistas en Colombia (asunto que preocupa en demasía a los congresistas demócratas de Estados Unidos y que, de cualquier manera, tiene en el limbo el futuro del TLC con ese país), de no ser porque, en criterio del juez José Nirio Sánchez, quien ordenó el crimen fue el desmovilizado jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, y porque, peor aún, existen indicios que comprometen a la multinacional Nestlé con el homicidio.
Por eso, en el fallo de 110 páginas, conocido por El Espectador, el juez ordenó investigar a los directivos de Nestlé-Cicolac para que se indague “su presunta injerencia en el asesinato del líder sindical y en atención a la solicitud que elevó Carlos Alberto Vélez en su condición de gerente de seguridad para América Latina” de la multinacional. Un panorama cenagoso e incómodo para la exitosa compañía, en tiempos en los que imperan verdades siniestras que asoman su cabeza y escandalizan a un país que reclama justicia mientras exorciza los demonios de la guerra paramilitar que silenciosamente se incrustó en los intereses del empresariado colombiano…
[El cadáver de Luciano Romero fue] encontrado … por las autoridades. Torturado. Con un pañuelo en la boca. Y 50 cuchilladas. Huella irrefutable de la sevicia de sus asesinos. El expediente, sin embargo, arrojaría luces más preocupantes aún. Romero Molina tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA debido a su lucha sindical, y el 29 y 30 de octubre de 2005 -mes y medio después del día en que lo asesinaron- iba a ser testigo estelar de la política trasnacional de Nestlé en las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos que se realizaría en Berna (Suiza).
Según el expediente, Romero denunciaría las presuntas violaciones de los derechos laborales de la multinacional en Colombia ante el tribunal internacional de justicia alternativa… La pregunta que plantea el histórico fallo es si la multinacional se valió de las autodefensas para perpetrar estos crímenes…”
Años más tarde, una noticia publicada por Otramérica (“Justicia para Luciano Romero”, el 30 de abril de 2015) notó que:
“El Juez Segundo Penal del Circuito Especializado O.I.T., José Nirio Sánchez, condenó a un informante del D.A.S (antiguo servicio de inteligencia del Estado colombiano) y a un paramilitar como autores materiales del asesinato de Romero. Asimismo, señaló que “otros sindicalistas y ex trabajadores de Nestlé, como Víctor Mieles, Alejandro Martínez Toribío y Harry Laguna, corrieron la misma suerte de Romero por cuenta de su férrea batalla sindical: todos perecieron a manos de los paramilitares”, y ordenó abrir una investigación contra los directivos de la Empresa Cicolac – Nestlé, con el fin de “profundizar en la posible participación de la multinacional en la sistemática persecución contra los dirigentes sindicales”.
El juez Sánchez recibió amenazas y tuvo que exiliarse en Estados Unidos. Allí, en 2009, ante la Comisión de Educación y Trabajo de la Cámara, declaró que quienes ordenan y financian las ejecuciones, los autores intelectuales, son más culpables (que los autores materiales) de la persistencia de la violencia. Por tanto, la violencia no se detendrá mientras los verdaderos perpetradores no sean enjuiciados…”
Al no haber obtenido una investigación concluyente en Colombia, SINALTRAINAL y la familia de Luciano Romero asistieron a los tribunales de la Suiza con el fin de buscar la justicia en la jurisdicción de la casa matriz de la empresa, con el apoyo de algunas ONG en Europa (en particular Multiwatch, una coalición suiza de organizaciones de la sociedad civil, y el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos).
La Oficina del Fiscal en Suiza recibió el expediente y luego no inició las investigaciones durante más de un año, hasta que pudo afirmar que el estatuto de prescripción suizo impedía una investigación formal. Luego, el ‘Tribunal Europeo de Derechos Humanos’ se negó a considerar si el sistema judicial suizo había cumplido la obligación de llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial, sin ofrecer ninguna razón justificando o por lo menos explicando esta decisión (el libro de SINALTRAINAL recuenta la historia de la búsqueda para la justicia en este caso).
Los tres asesinatos más recientes indican que la doctrina contrainsurgente continúa, la cual define a todos los oponentes sociales, políticos y económicos del statu quo como ‘enemigos internos’ y es manifestada en una campaña de persecución y terror tanto estatal como paraestatal y empresarial. Esta campaña de persecución y terror es facilitada y ampliada por el rechazo de todos los componentes del sistema judicial de investigar y enjuiciar a los autores intelectuales y los beneficiarios de los crímenes (no obstante algunos intentos individuales por abrir brechas en los muros de impunidad como el fallo descrito arriba).
Otras multinacionales Intocables
La capacidad de Nestlé y Coca Cola para evitar las investigaciones y procesamientos judiciales son solo dos ejemplos de la amplia impunidad que cubre y encubre las actividades de las multinacionales en Colombia, a pesar de una gran cantidad de evidencia que indica diversos grados de colaboración con grupos paramilitares o la comisión de otros crímenes (inclusive en algunas ocasiones crímenes de lesa humanidad). Muchas otras multinacionales se han visto beneficiadas por la reticencia de los fiscales y los tribunales de meterse con Los Intocables (sean de Colombia, los Estados Unidos, Suiza o algún otro lugar); otras multinacionales que han eludido todo intento de investigarlas y enjuiciarlas por posible colaboración en crimines de lesa humanidad incluyen Coca Cola, Drummond y Chiquita Brands (todas con casa matriz en los Estados Unidos), BP (relacionados con la explotación del petróleo en Casanare – véase por ejemplo Vega Vargas & Loingsigh, 2010), BHP Billiton (en particular, ellos relacionados con la lucrativa mina de ferro níquel Cerro Matoso – Irrael Manuel Aguilar Solano, 2014: Daniel Macmillen Voskoboynik, 2016) y Dyncorp (TPP, 2006).
Aparte de tales casos tan graves, persistentes y preocupantes, otras corporaciones transnacionales e ‘inversionistas extranjeras’ de todo índole se han aprovechado de la corrupción y debilidad de las instituciones estatales e internacionales para cometer otros crímenes, desde el desplazamiento forzado de comunidades y contaminación ambiental (por ejemplo, BHP Billiton, Glencore-Xstrata y Anglo American, propietarios de la mina de carbón el Cerrejón – Edgar, 2016) hasta el no pago de impuestos y regalías y un amplio rango de otros fraudes legales y fiscales. Otro ejemplo es Cargill; entre 2010 y 2012 la empresa compró 52.576 hectáreas de tierra a través de 36 empresas de fachada establecidas con el único propósito de evitar restricciones impuestas por las leyes colombianos relacionadas con la concentración de la tierra (Oxfam Research Reports, 2014). El Tribunal Permanente del Pueblo ofrece más testimonios sobre el amplio rango de sectores y fachadas corporativas que se han aprovechado del conflicto armado y social para enriquecerse al costo del pueblo colombiano (TPP, 2008).
Las multinacionales cuentan tanto con la protección del sistema judicial y las demás autoridades responsables en ambos países (los Estados Unidos y Colombia, la Suiza e incluso la Unión Europea en el caso de Nestlé) como con una amplia gama de políticos y burócratas (incluyendo los de los medios masivos) que hacen todo lo posible para prevenir y obstaculizar los esfuerzos de las víctimas para esclarecer los hechos y realizar la justicia, la verdad y la no repetición. Un caso particularmente excepcional es él de Chiquita Brands. El caso es excepcional porque muchos documentos relacionados con sus relaciones con grupos paramilitares quedaron al abierto después de un acuerdo entre la empresa y los fiscales de los Estados Unidos. Normalmente, tales pormenores nunca saldrían a ver la luz del día.
En cambio por un compromiso por parte de los fiscales federales de que no buscarían conseguir un castigo penal, los ejecutivos admitieron ante el tribunal que su filial en Colombia (Banadex S.A.) pagó aproximadamente US$1.7 millones a los grupos paramilitares entre 1997 y 2004, incluso después de que el gobierno de los Estados Unidos los designó como organizaciones terroristas en 2001, y entregaron miles de documentos relacionados con el caso. Los documentos son contundentes con respecto a la colaboración de la gerencia de Chiquita Brands en la comisión y ejecución de crímenes de lesa humanidad por parte de grupos paramilitares. Los documentos fueron revelados en los procesos que siguieron el fallo del tribunal estadounidense (en procedimientos judiciales posteriores la empresa intentó mantener la confidencialidad de los documentos entregados al Departamento de Justicia). El tribunal impuso una multa de $25 millones de dólares – apenas la mitad de las ganancias de la filial colombiana, la más lucrativa de la empresa en todo el mundo durante esa época (el dinero fue al Departamento de Justicia – ni un centavo fue pagado a las víctimas en Colombia). El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo comentó:
“Estos recursos, que convierten a Chiquita Brands en uno de los más importantes financiadores de las AUC, impulsó la masiva comisión de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos cometidas por organizaciones paramilitares en éstas dos regiones (Uraba y Santa Marta), incluyendo desplazamiento forzado, homicidios, tortura, desapariciones forzadas, entre otros crímenes.
Dentro de este contexto, el 5 de noviembre de 2001 se desembarcaron e se introdujeron al territorio nacional tres mil fusiles AK 47 y cinco millones de cartuchos calibre 7,62 mm, para los mismos, arsenal transportado en el barco Otterloo. Este desembarco se produjo en el puerto de Zungo, específicamente en los patios de la empresa Banadex S.A., lugar de donde partieron las armas en catorce camiones con destino a las organizaciones paramilitares de Córdoba y Urabá. El entonces jefe paramilitar Carlos Castaño admitió públicamente que este hecho se constituía en ‘su mejor gol’. La mayoría de estas armas nunca fueron entregadas como parte del proceso de desmovilización paramilitar realizado entre 2003 y 2006. El 16 de enero de 2008 la continuación del uso de tales armas quedó al descubierto cuando la policía nacional incautó a la organización paramilitar del ‘desmovilizado’ Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, hermano mayor del ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, 47 fusiles AK-47 que al parecer provenían del mismo barco Otterloo.
Además de estar sustentado tanto en los sistemas judiciales de Colombia y Estado Unidos, esta relación entre Chiquita Brands International y la estructura paramilitar en Colombia –y por ende la responsabilidad de esta empresa en la comisión de múltiples crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos- ha sido corroborado durante el último año por diferentes jefes paramilitares como Salvatore Mancuso Gómez, alias Santander Lozada, Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, Nodier Giraldo Giraldo, alias el Cabezón o Jota, y Éver Veloza García, alias HH.” (CAJAR, 2008a)
En 2003, la Organización de los Estados Americanos realizó una investigación de los comerciantes y transportistas involucrados en la obtención de armas y su transporte a Colombia después de recibir una solicitud por parte de los ministros de relaciones exteriores de Colombia, Panamá y Nicaragua. Determinaron que Shimon Yalin Yelinek, un ciudadano israelí residente en Panamá, había comprado las armas de la policía nicaragüense con documentos fraudulentos que afirmaban que las armas eran para la policía panameña. Shimon Yalin Yelinek actuaba en nombre de una empresa domiciliada en Guatemala (GIR S.A.), cuyo propietario y gerente general (Ori Zoller y Uzi Kissileveich respectivamente) también son ciudadanos israelíes y ex miembros del ejército israelí (se identificó a Ori Zoller como también representante de las Industrias Militares Israelíes en la región). Las armas fueron transportadas en un buque registrado en Panamá (el ‘Otterloo’). La investigación de la OEA no examinó en detalle lo ocurrido en Colombia. Al respecto, el informe afirma que:
“Colombia es la víctima del desvío de las armas. Sin embargo, algunos agentes de aduanas colombianos probablemente fueron cómplices o sobornados por las AUC para que permitieran descargar las armas y municiones del Otterloo en el Puerto de Turbo…
Lo que realmente ocurrió en Turbo sigue siendo un misterio. La firma de un formulario del Departamento Administrativo de Seguridad Seccional Antioquia, Puerto Operativo Turbo por el capitán del Otterloo, Iturrios Maciel, demuestra claramente que el buque llegó a Turbo. Pero, más allá de eso, todo lo que se sabe es que las armas de alguna manera llegaron a manos de las AUC. Ello significaría que alguien en Colombia, asociado a Yelinek, Onattopp Ferriz o, tal vez, incluso el capitán del Otterloo Iturrios Maciel, fue en definitiva el responsable del arribo ilegal de las armas a suelo colombiano.” (OEA, 2003)
El 30 de marzo de 2004, la Corte Suprema de Panamá cerró la investigación de Shimon Yalin Yelinek con el pretexto de que ninguno de los hechos relevantes sucedió en Panamá (Frenadeso Panamá, 2005). El caso nunca ha sido investigado de manera concluyente por las autoridades en Colombia. Otros comerciantes y mercenarios de armas israelíes (invariablemente ‘ex-miembros del ejército israelí’) han sido identificados como involucrados en el entrenamiento y equipamiento de los grupos paramilitares y las alas militares de los cárteles en varias ocasiones y otras actividades posiblemente criminales (véase, por ejemplo, José Luis Bernal, 2015: PGAWC, 2010: Israel Shahak, 1989: Marshall et al, 1987: Privacy International, 2015). Aunque oficialmente no gozan de ‘privilegios e inmunidades diplomáticos’ como en el caso de sus contrapartes estadounidenses (discutido abajo), no ha sido menos difícil investigarlos y responsabilizarlos por su participación en la comisión de crímenes de lesa humanidad y una serie de otros crímenes en Colombia.
Los testimonios proporcionados por los antiguos comandantes paramilitares en la región donde operaba Chiquita Brands sugieren que muchas de las empresas fueron financiadores dispuestos, si no entusiastas y, en algunos casos, colaboradores activos en las actividades de los grupos paramilitares. También revelan los efectos devastadores de estas actividades para los trabajadores y los sindicalistas en la región. Entre las declaraciones de los comandantes paramilitares en procedimientos judiciales y entrevistas:
“En una entrevista el 7 de mayo del 2007, Salvatore Mancuso declaró: ‘Todas las bananeras nos pagaban. Todas… [A] finales de 1997, el padre de Raúl Hasbún, empresario bananero, murió en un accidente aéreo, lo que produjo una reunión de todas las bananeras en la que se nombra a Raúl Hasbún como su representante en las autodefensas. Producto de esa reunión, Raúl se convierte en intermediario y luego, en el comandante del Bloque Bananero… Se pactó este acuerdo con Chiquita Brands Inc, Dole, Banacol, Uniban, Proban y Del Monte. Nos pagaban 1 centavo de dólar por cada caja que salía del país. El resto de empresas del sector hacían un aporte semestral. La empresa Dole se encargaba de recoger el dinero y finalizar la operación, de la que se tenía pleno conocimiento en las compañías y que se calificaba como una contribución a la convivir Papagayo… El producto de esas contribuciones se distribuía proporcionalmente entre la Casa Castaño, el Bloque Bananero, una parte para inversión social y otra para pagar corrupción de instituciones del Estado… Raúl Hasbún le explica el modelo a ‘Jorge 40’, quien se encarga de duplicarlo en el Magdalena… Las masacres les permitieron desmontar los modelos de asistencia social pactados con los sindicatos’…
En el mismo programa noticiero ‘60 Minutes’ del 11 de mayo de 2008, Salvatore Mancuso aseguró que no hubo necesidad de ejercer presiones, chantajes o amenazas a las empresas bananeras para que desembolsaran esos porcentajes. ‘La verdad es que nunca pensamos qué pasaría si no nos pagaban, porque ellos [los representantes de las empresas] lo hicieron con agrado’, aseveró Mancuso…
Un Computador de Jorge 40 supuestamente tiene archivos que constatan envíos de cocaína a Europa en buques cargados con banano. ‘Según nuestros informes de inteligencia, la empresa [usada para estos envíos] se llama Chiquita’, según un informe de la Fiscalía…
En diligencia de versión libre rendida ante la Unidad de Justicia y Paz el 10 de junio de 2008, Éver Veloza García, alias HH, ex jefe paramilitar del Bloque Bananero, ‘reiteró que fueron las empresas bananeras las que propiciaron la llegada de las autodefensas a la región para combatir a la guerrilla’. Además, dijo que las Convivir fueron creadas para legalizar el pago de dineros de las empresas bananeras, para el sostenimiento militar del grupo ilegal. Recordó que las Auc recibían de las empresas bananeras, a cambio de seguridad, ‘tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada’. Y reconoció que obligaron a trabajar, mediante amenazas, a los trabajadores de las bananeras, cuando éstos organizaban paros laborales. También reconoció asesinatos de trabajadores bananeros. ‘Nunca las bananeras nos pagaron para asesinar sindicalistas, pero está claro que con el dinero que pagaban a las Auc se cometieron muchos crímenes de trabajadores’, dijo… El jefe paramilitar reveló que muchos de los buques bananeros eran cargados con droga desde varios puertos. Incluso, buzos al servicio de narcotraficantes ‘pegaban unos tubos con droga a los cascos de los barcos’ en alta mar para evadir los controles de los organismos de seguridad… ‘Al mes, salían solo por nuestra zona 4.000 kilos de droga hacía Panamá y Centroamérica’, aseguró Veloza García…
En diligencia de versión libre rendida ante la Unidad de Justicia y Paz el 10 de julio de 2008, Éver Veloza García, alias HH, ex jefe paramilitar del Bloque Bananero, afirmó que ‘[a] ellos [las empresas bananeras] los perjudicaban mucho los paros de los trabajadores, perdían mucha plata cuando los trabajadores protestaban y cuando llegamos a la zona, en 1995, no hubo un paro más’…
‘Con la guerra que se vivió en Urabá, los únicos ganadores fueron los empresarios del banano’, afirmó ante la Justicia Especializada, el ex jefe paramilitar en esa subregión antioqueña, Ever Veloza García…
EL COLOMBIANO: ‘¿Todas las bananeras pagaron?’.
ÉVER VELOZA GARCÍA: ‘Cuando conté lo de las bananeras la gente puso el grito en el cielo, que eso era falso y luego Chiquita reconoce el pago y es multada en Estados Unidos. Todas pagaron, esperemos que ahora Hasbún ayude esclarecer el manejo de las Convivir y las bananeras. Las Convivir fueron una figura legal utilizada por las Auc para recibir esa vacuna. Son igual o más responsables esos empresarios y políticos que aportaron plata para la guerra. Ellos se enojaron porque dije que con esa plata matamos gente y sindicalistas, no uno ni dos, muchos. No nos dieron plata para que matáramos a alguien por órdenes suyas, pero con esa plata compramos armas, munición, comida, se les pagó a los muchachos. Ellos deben reconocer y dar la cara, porque quienes más salieron favorecidos de esta guerra en Urabá fueron los empresarios’.” (CAJAR, 2008a)
Hasta ahora los múltiples intentos por acceder al sistema judicial estadounidense no han logrado esclarecer los hechos definitivamente y judicializar los ejecutivos responsables por haber aprobado y encubierto la colaboración de la empresa con los grupos paramilitares. Una noticia de CBS News publicada el 31 de Mayo de 2011 comenta sobre los intentos de las familias de víctimas para obtener justicia en las cortes estadounidenses hasta ese momento:
“Las demandas sostienen que las AUC pudieron continuar su violento ataque principalmente debido al apoyo financiero de Chiquita. Los casos se presentan bajo la Ley de Agravios contra Extranjeros [‘Alien Tort Claims Act’ o ‘Alien Tort Statute’ – ‘ATS’], una ley de 222 años de antigüedad que permite a los extranjeros demandar en los tribunales federales estadounidenses si sus reclamos implican violaciones de los tratados de los EEUU o la ‘ley de naciones’.
El ATS, como se conoce la ley, se ha utilizado anteriormente para presentar demandas por violaciones de derechos humanos en países extranjeros, pero los casos a menudo son difíciles de probar. En 2007, un jurado federal en Alabama falló contra los colombianos que presentaban reclamos similares que involucraban a las AUC y a la compañía de carbón Drummond con sede en Alabama, un veredicto que fue confirmado en la apelación.
No fue solo dinero lo que Chiquita brindó a las AUC, según documentos judiciales. En 2001, Chiquita fue identificada en facturas y otros documentos como el destinatario de un envío desde Nicaragua de 3.000 rifles de asalto AK-47 y 5 millones de cartuchos de munición. De hecho el envío fue destinado a las AUC.
Las armas y la munición fueron descargadas por los empleados de Chiquita, almacenadas en los depósitos de Chiquita y luego entregadas en camiones a las AUC, según documentos judiciales. También afirman que hubo al menos cuatro envíos similares, lo que provocó que el líder de las AUC, Castaño, se jactase de las entregas en un periódico colombiano…
Para los abogados de los colombianos, todo esto se suma a la abrumadora evidencia de que Chiquita debería ser considerada responsable.
“Hay demasiadas evidencias a lo largo de demasiado tiempo”, dijo Collingsworth. “¿Cómo se puede hablar de salir de eso sin reconocer culpabilidad ninguna?”
Chiquita, sin embargo, busca que se desestimen los reclamos y dijo que los casos buscan erróneamente responsabilizar a la empresa ‘por cada asesinato cometido por estos grupos terroristas durante las varias décadas en las cuales dominaron las remotas regiones de Colombia donde la filial de Chiquita operado.’” (Véase también: Business & Human Rights Resource Centre, 2016: CAJAR, 2008b: Verdad Abierta, 2013, “Por tráfico de armas, ordenan investigar a Banadex S.A.”, 4 de septiembre 2013)
Pilar Chato (2017) informa sobre los esfuerzos más recientes por responsabilizar a los ejecutivos de Chiquita Brands, una solicitud buscando la apertura de una investigación ante la Corte Penal Internacional:
“Lo que se pretende es que se investigue el rol de esos ejecutivos en la contribución a crímenes de lesa humanidad…
Sebastián Escobar, integrante del Cajar, resaltó las investigaciones ‘sin resultados’ abiertas en Colombia y la ‘falta de voluntad política’ para extraditar a los posibles responsables. A ello sumó las ‘dificultades e incapacidad’ del Estado para investigar a los 14 sospechosos. Por un lado, porque lograr la extradición desde Estados Unidos -nunca se ha extraditado a Colombia a ningún ciudadano norteamericano- ‘es muy difícil’ y, por otro, por la imposibilidad de obtener declaraciones de los paramilitares colombianos extraditados a EEUU, que además están saliendo de prisión por haber cumplido parte de la pena y obteniendo permisos de residencia allí.
Escobar también denunció la impunidad que puede haber sobre estos crímenes con la nueva Justicia Especial de Paz, por la dificultad de probar que la financiación de paramilitares por parte de las bananeras está relacionado con el conflicto armado, porque el acto legislativo de la JEP excluyó de esta instancia a los civiles implicados indirectamente en el conflicto -los terceros- , y porque en Colombia la financiación paramilitar se juzga como un delito agravado de concierto para delinquir, que tampoco está en el ámbito de la JEP.” (Véase también FIDH et al, 2017)
Sin embargo, la Corte Penal Internacional debe esperar hasta que salga algún resultado definitivo de la justicia transicional y la justicia convencional colombianas antes de asumir jurisdicción para procesar la demanda (y posiblemente otras similares, por ejemplo en contra de los ejecutivos de Nestlé). En este momento parece muy poco probable que el Congreso o el Ejecutivo colombianos permitirán las medidas necesarias para investigar y enjuiciar a los ‘terceros partidos’ que establecieron, financiaron y apoyaron los grupos paramilitares y que más han beneficiado de sus actividades.
La persistencia de la doctrina contrainsurgente y del terror estatal/ corporativo
José Honorio Martínez (2016) describe el papel de los grupos paramilitares en la aplicación de la doctrina contrainsurgente impulsada por el gobierno colombiano en plena colaboración con los Estados Unidos en particular:
“El paramilitarismo ha sido desde los años 1960 un pilar del régimen político de dominación; del Estado oligárquico. Como lo expone Giraldo en el Informe de la Comisión histórica del conflicto y sus víctimas: “la estrategia contrainsurgente del Estado ha sido el paramilitarismo. La versión oficial ubica sus orígenes en los años 80 y los relaciona con la reacción de gremios adinerados que frente a la acción de las guerrillas habrían decidido constituir ejércitos privados para defenderse, de donde la denominación de “autodefensas”, corriente hasta cierto momento. Sin embargo, el verdadero origen del Paramilitarismo [como una práctica sistemática], comprobado documentalmente, se encuentra en la Misión Yarborough o visita a Colombia, en febrero de 1962, de oficiales de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg (Carolina del Norte) quienes dejaron un documento secreto, acompañado de un Anexo ultra-secreto en el cual orientaban a conformar grupos mixtos de civiles y militares, entrenados clandestinamente y utilizables en caso de que la seguridad nacional se deteriorara.
La prolongación del paramilitarismo en el tiempo y el papel que ha desempeñado en la era neoliberal, despojando a las comunidades rurales y apropiando el territorio para los megaproyectos agroindustriales, mineros, energéticos, inmobiliarios y de trasporte o engrosando el latifundio, le significaron su constitución en un paraestado, con amplio dominio sobre territorios, poblaciones e instituciones del país.
Si bien hoy los ejércitos paramilitares no reciben órdenes directas del gobierno, ello no niega que sectores considerables del estamento militar y de otras instituciones estatales los sigan considerando como aliados en la lucha contrainsurgente y como tal les sigan prestando apoyo e incluso vínculo de subordinación. En estos términos, el paramilitarismo no es una banda que tiene infiltrados en las instituciones estatales sino la expresión armada del paraestado.
El continuado asesinato de defensores de derechos humanos, campesinos y militantes de la oposición en el país denota la pervivencia del mismo patrón de exterminio practicado durante décadas, en algunos períodos con mayor saña e intensidad, pero al fin y al cabo el mismo modelo de acción enmarcado en la misma doctrina de seguridad nacional: el anticomunismo…
Javier Giraldo describe la esencia de esta doctrina: ‘En el arsenal doctrinario de la Seguridad Nacional de Colombia, compuesto fundamentalmente por libros (Biblioteca del Ejército Nacional), editoriales y artículos aparecidos en la Revista de las Fuerzas Armadas y en la Revista del Ejército, discursos, exposiciones e informes de altos mandos militares y asesores suyos, así como por una colección de Manuales de Contrainsurgencia editados con carácter secreto o ‘de reserva’, allí el perfil del ‘comunista’ se identifica explícitamente con el sindicalista, el campesino que no simpatiza o se muestra renuente ante las tropas militares que penetran en su vereda o en su vivienda, el estudiante que participa en protestas callejeras, el militante de fuerzas políticas no tradicionales y críticas, el defensor de derechos humanos, el teólogo de la liberación y en general el poblador inconforme con el Statu quo. En ese perfil desmesurado del ‘comunista’, la acción militar se articula perfectamente con el modelo de Estado que se fue configurando en Colombia a través de los conflictos sociales y que tanto Paul Oquist como Juan Friede definieron tan acertadamente como excluyente y elitista. El ‘comunista’ tal como lo definen los manuales de estudio y entrenamiento de la Escuela de Las Américas y el arsenal doctrinario del Ejército colombiano, es justamente el que no se ajusta a los intereses elitistas y excluyentes de la clase dirigente colombiana’.”
Hace un par de meses, un informe producido conjuntamente por un grupo de destacadas organizaciones de la sociedad civil (Mesa Nacional de Garantías, 2018) testifica a la continuidad de la doctrina contrainsurgente a pesar del respaldo oficial del Gobierno colombiano al proceso de paz luego de la conclusión del Acuerdo Final con las FARC en 2016:
“[Tanto el Ministro de Defensa como] el Fiscal General de la Nación ha tenido una postura que ha tratado de desconocer la naturaleza sistemática de las agresiones a los defensores de derechos humanos por parte de las estructuras paramilitares. Hasta hace poco el Fiscal General de la Nación sostenía permanentemente ante los medios que “no hay sistematicidad en los asesinatos de defensores de derechos humanos”…
El Estado continúa negando la existencia de grupos paramilitares y desde 2006 los bautiza con nombres que enmascaran su carácter político y los vínculos que estos grupos tienen con la institucionalidad; Bandas Criminales (BACRIM) o Grupos Armados Organizados (GAOs). El Ministro (de Defensa) ha definido reiteradamente que ‘En Colombia no hay paramilitarismo. Decir que en Colombia hay paramilitarismo significaría otorgar un reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común u organizada’, desconociendo que la paternidad que el Estado tiene en la creación y mantenimiento de las estructuras paramilitares, favoreciendo su creación a través de distintos manuales de combate de contraguerrillas y de doctrina contrainsurgente del Estado.
El paramilitarismo hace parte de una política de Estado, anclada en la doctrina de seguridad nacional, la cual establece entre sus estrategias de lucha contrainsurgente, la persecución al movimiento social, opositores, líderes y lideresas sociales, y defensores y defensoras de derechos humanos, a quienes se les denomina enemigo interno y se les equipara con la guerrilla, y con base en ese fundamento se le estigmatiza y agrede. Para la sociedad civil es preocupante que pese al Acuerdo de Paz, esta doctrina esté vigente y no haya sido modificada, máxime que esta continua justificando y naturalizando las agresiones contra el movimiento social y de derechos humanos…
La persistencia del fenómeno del paramilitarismo se puede explicar a partir de cuatro elementos; En primer lugar, no todos los grupos paramilitares se desmovilizaron, en segundo lugar, los efectos de las desmovilizaciones, no fueron efectivos debido a que la desmovilización no fue simultánea. En tercer lugar, muchos mandos medios no se acogieron al acuerdo y siguieron delinquiendo y por último, los financiadores y terceros beneficiados por el paramilitarismo no fueron efectivamente investigados y sus estructuras se mantuvieron intactas en las regiones tras la desmovilización, y siguen sin rendir cuentas, aunque la legislación reciente para superar las atrocidades del conflicto les da la opción de hacerlo de manera “voluntaria”, ya que la justicia ordinaria no lo ha hecho y nada indica que lo hará…
Durante el año 2017 se sindica a los grupos paramilitares de realizar 283 amenazas contra personas defensoras de DDHH lo que equivale al 76% de las amenazas registradas el año pasado. Los principales responsables de las amenazas son las “Águilas Negras” con el 36% de las mismas y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia con el 14%. Esta información resulta llamativa, ya que según diversos informes elaborados por organizaciones de DDHH el grupo de las ‘Águilas Negras’ tiene poca presencia territorial y mas parece obedecer a estrategias de acciones encubiertas de entidades que deberían al contrario ocuparse de la seguridad ciudadana.” (Véase también Salvatore Mancuso, 2018)
Mientras las amenazas y atracos de los grupos armados ilegales contra las organizaciones continúan, oficiales del Estado continúan la persecución burocrática y judicial. Un ejemplo reciente del sur de Colombia, un caso de persecución a través de un proceso de ‘falsos positivos judiciales’, fue reportado en Contagio Radio:
“Tras la detención por parte de la Dijín de 42 personas en el Valle del Cauca y Nariño, por supuestos nexos con la guerrilla del ELN, organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado este acto como un nuevo caso de ‘falsos positivos judiciales’, teniendo en cuenta que entre las capturadas se encuentran líderes/as sociales y comunitarios, y defensores/as y defensoras de derechos humanos.
“Es un proceso de criminalización y es a lo que estamos acostumbrados a ver por parte de la Fiscalía que muestra su posición contra los diálogos con el ELN”, dice Sharo Mina, integrante del Proceso de Comunidades Negras (PCN), quien agrega que lo que buscan las autoridades es “desmovilizar, crear caos y confusión frente al proceso de paz, para confundir políticamente a la sociedad civil, teniendo en cuenta que estamos en periodo previo a elecciones”…
Entre los detenidos del pasado viernes, por supuestamente hacer parte del ELN, se encuentran cuatro ex alcaldes, un ex personero, dos ex concejales y dos lideresas de Tumaco. Por ejemplo, en el caso de Sara Quiñonez y Tulia Marys Valencia, madre e hija, ambas hacen parte del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, en Tumaco. Sara no solo ha participado en los procesos en defensa del territorio, sino que además ha acompañado a mujeres, y educa a niñas y niños de su municipio.
“Son personas que tienen una carga emocional enorme por ser amenazadas y desplazadas y ahora son revictimizadas”, manifiesta la integrante del PCN. De hecho, la líder afro explica que muchas de las personas capturadas son personas protegidas por medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cuentan con esquemas de protección otorgadas por la Unidad Nacional de Protección y la Unidad de Víctimas…” (Contagio Radio, 2018)
Otra cara de la estrategia por debilitar las organizaciones civiles, que ocurrió en la misma región en el mismo mes, fue el allanamiento y cierra de tres emisores de comunidades indígenas en Pasto. Es apenas una prueba más del antagonismo del Establecimiento contra la sociedad civil generalmente y de su determinación de aniquilar el liderazgo y los proyectos de las organizaciones civiles. (Resumen Latinoamericano, 2018)
Privilegios e inmunidades ‘diplomáticos’: otros rasgos constantes del conflicto social y armado en Colombia
En el caso de los funcionarios y contratistas de los Estados Unidos participando en la elaboración y ejecución de la doctrina contrainsurgente y otros programas oficiales de ‘asistencia’ bilateral como el Plan Colombia y el Plan Patriota, la exclusión de cualquier investigación o procesamiento judicial se ve reforzada por la existencia desde al menos 1952 de los acuerdos bilaterales que proporcionan ‘inmunidades y privilegios diplomáticos’ contra las leyes y la jurisdicción colombianas (los cuales fueron extendidos en 2003 para incluir inmunidad del derecho internacional y de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional).
El “Convenio General para Ayuda Económica, Técnica y Afín entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América” de 1962 es citado en los acuerdos bilaterales posteriores que perpetúan el estatus de inmunidad diplomática para todo el personal y demás contratistas del gobierno de los Estados Unidos. El convenio de 1962 fue acordado para facilitar y formalizar el suministro “a los países de la América Latina que participan en la Alianza para el Progreso la ayuda económica, técnica y afín que soliciten ellos y que apruebe el Gobierno de los Estados Unidos de América”, supuestamente con el objetivo de “fomentar el progreso económico y el mejoramiento del bienestar y nivel de vida de todos los pueblos de la América Latina”. El convenio incluye la disposición que:
“El Gobierno de Colombia recibirá una misión especial y su personal para desempeñar los deberes del Gobierno de los Estados Unidos de América conforme al presente Convenio y considerara a dicha misión especial y a su personal como parte de la Misión Diplomática del Gobierno de los Estados Unidos de América en Colombia, con el fin de concederles los privilegios e inmunidades que se conceden a esa Misión y a su personal de igual rango.”
Esta esfera generalizada de ‘privilegios e inmunidades’, extendida ampliamente para incluir a los numerosas contratistas involucrados en la implementación de distintos elementos de los programas bilaterales, ha sido completada por la protección brindada por el gobierno de los Estados Unidos a los oficiales y contratistas acusados de haber cometido crímenes en Colombia. En reiteradas ocasiones el gobierno estadounidense ha llevado estas personas de Colombia repentinamente y luego rechazado colaborar con la justicia colombiana para investigar y judicializar alegaciones de crimines cometidos por sus funcionarios y contratistas (ver por ejemplo Renán Vega, 2015: CAJAR, 2008c).
Todo esto en el marco de otro aspecto fundamental de la participación de los Estados Unidos en el conflicto social y armado en Colombia – la manera clandestina en que se llevan a cabo la mayoría de las actividades relacionadas: “A la hora de analizar las causas del conflicto social y armado, así como las variables que lo han prolongado y el impacto sobre la población civil, Estados Unidos no es una mera influencia externa, sino un actor directo del conflicto, debido a su prolongado involucramiento durante gran parte del siglo XX. La participación de los Estados Unidos ha sido deliberadamente minimizada por su carácter encubierto, puesto que sus actuaciones «son planificadas y ejecutadas de tal manera que se pueda ocultar, o al menos, permitir una negación plausible de quien patrocina estas acciones»”. (Renán Vega, 2015, citando a Dennis Rempe)
Además, esta práctica va en contra de otro artículo de dicho convenio (él de 1.962), el cual asegura que los gobiernos brindarán información precisa sobre su personal y actividades al pueblo colombiano. Precisamente, el convenio estipula que:
“El Estado colombiano autoriza a Estados Unidos a establecer estaciones receptoras por satélite para la difusión de radio y televisión, sin trámite de licencias y sin costo alguno…
El Estado colombiano autorizará a Estados Unidos a utilizar la infraestructura de la red de telecomunicaciones requerida (frecuencias de radio y espectro electromagnético) para el logro de los fines del Acuerdo, sin trámite o concesión de licencias y sin costo alguno…”
Al fin, la Corte Constitucional no se pronunció decisivamente sobre los argumentos relacionados con las múltiples graves violaciones tanto de la soberanía del país como de los principios y términos de la Constitución. No fue necesario dado que el punto clave del fallo es que el acuerdo no fue sometido al trámite especificado por la Constitución para otorgarlo validez en primer lugar (que acuerdos y tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso para tener efecto). No obstante, la Corte enfatizó el derecho, si no la necesidad, de que la Corte tiene la autoridad para revisar tales actos:
“[El acuerdo impondría] obligaciones para el Estado colombiano relacionadas con el ejercicio de su soberanía. Al respecto la jurisprudencia ha reconocido que aún cuando el concepto de soberanía se redefine con el desarrollo de las relaciones internacionales y las necesidades de la comunidad internacional, sus pilares se mantienen inalterados. Por ejemplo, en la Sentencia C-578/02 la Corte sostuvo: ‘A pesar de esa evolución, se mantienen constantes tres elementos de la soberanía: (i) el entendimiento de la soberanía como independencia, en especial frente a Estados con pretensiones hegemónicas; (ii) la aceptación de que adquirir obligaciones internacionales no compromete la soberanía, así como el reconocimiento de que no se puede invocar la soberanía para retractarse de obligaciones válidamente adquiridas; y (iii) la reafirmación del principio de inmediación según el cual el ejercicio de la soberanía del Estado está sometido, sin intermediación del poder de otro Estado, al derecho internacional’…
En un Estado de Derecho no puede haber acto normativo que se sustraiga del control constitucional, pues uno de su axiomas es la sujeción del poder de las autoridades públicas al imperio de la ley. Además, si la Constitución es ley de leyes, no puede concebirse un acto jurídico exento de control constitucional…
La falta de ley aprobatoria de un acto que formalmente es un acuerdo simplificado pero que por su contenido comprende asuntos propios de un tratado solemne, impide a la Corte adelantar el examen de fondo del instrumento, aún cuando no la priva de la competencia para declarar dicho acto como ineficaz en el ordenamiento jurídico interno, precisamente por no haberse sometido aún a las exigencias que la Constitución demanda.
El Acuerdo bajo examen es susceptible de ser demandado mediante acción pública de inconstitucionalidad, por tratarse de un acto que se cuestiona como aprobado sin el cumplimiento de los requisitos que la Constitución exige o que riñen abiertamente con ella. Por lo tanto, la Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre su validez constitucional…”
No obstante la decisión de la Corte, en efecto las actividades incluidas en las provisiones del acuerdo describen las actividades que están haciendo y los derechos que continúan gozando los militares y contratistas de los Estados Unidos en Colombia. Como los casos de las multinacionales que siguen sin investigar mucho menos condenar y castigar, ni las ramas ejecutivas, legislativas ni judiciales de cualquiera de los países involucrados han demostrado el menor interés en desafiar el statu quo. En este respecto el informe de la Mesa Nacional de Garantías comenta:
“[Las iniciativas más recientes del Ejecutivo y del Congreso con respecto a los grupos armados ilegales/ paramilitares] más parece un proyecto para entrabar el sometimiento judicial de estos grupos y perpetuar la pseudo-confrontación que el Estado dice mantener con estas agrupaciones. Pareciera más reflejar el temor de que estos grupos efectivamente se desactivaran y pudieran aportar la verdad sobre quienes han sido sus financiadores, promotores y beneficiarios de sus acciones…
[Otro indicio de tal temor es que la] Fiscalía General de la Nación sigue sin investigar las confesiones de los postulados en la jurisdicción especial de Justicia y Paz que evidenciaron la alianza y la participación de más de 120 empresas con las estructuras paramilitares, entre las que se encuentran: Drummond, Chiquita Brands, Postobón, Ecopetrol, Termotasajero, la Federación Nacional de Ganaderos y comerciantes, bananeros y ganaderos de Urabá, que fueron señaladas de financiar sus crímenes y ayudar a la expansión del proyecto.
Sin embargo Justicia y Paz [relacionado con el acuerdo de 2005] no se ocupó de profundizar en las investigaciones para lograr el esclarecimiento de la responsabilidad de los terceros civiles y de los empresarios esto debido a que a esta jurisdicción solo se le otorgaron facultades para juzgar la responsabilidad de los combatientes y no de los financiadores y colaboradores.
Esta jurisdicción ordenó la compulsa de 15.291 copias para que en la justicia ordinaria se investigara a terceros civiles vinculados con hechos relacionados con el conflicto, muchos de los cuales hacen parte del sector empresarial del país. Según la Fiscalía General de la Nación en respuesta a derecho de petición de la Comisión Colombiana de Juristas, a Agosto de 2017, existía 16.116 compulsas.
Al día de hoy no existen avances importantes en la investigación, judicialización y juzgamiento de estos actores…” (Mesa Nacional de Garantías, 2018)
Así las cosas, como en períodos anteriores, parece que se está haciendo todo lo posible para perpetuar la implementación de la doctrina de contrainsurgencia y del terror estatal/ corporativo bajo el liderazgo y control de los Estados Unidos, y para prevenir que los roles de los financiadores, facilitadores y beneficiarios de estas políticas y actividades sean revelados o que los culpables de complicidad en crímenes de lesa humanidad sean investigados y condenados.
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