Por Marco Teruggi. Resumen Latinoamericano, 26 de junio de 2020.
La figura de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela ha resultado un fracaso político. Sin embargo, visto como mecanismo para justificar robos de bienes de la Nación, el saldo es diferente. En ese plan de despojo se articulan gobiernos, transnacionales, jueces y abogados.
Juan Guaidó está en un punto político muerto. No logra recuperar iniciativa, convencer, deshacerse de los expedientes de mal manejo de fondos que lo rodean. El paso de las semanas y meses lo reduce, y ya queda poco o nada del recuerdo de su paso por el Congreso estadounidense y la Casa Blanca a principios de este 2020.
Visto en esos términos, el ensayo del «presidente encargado» es un fracaso. La institucionalidad paralela y virtual no logra sus cometidos políticos. Así pasó también con el «Tribunal Supremo de Justicia en el exilio», del cual no ya casi no se tiene memoria, o la «fiscal general en el exilio», sin trascendencia.
Resulta entonces plausible la afirmación de John Bolton, exconsejero de Seguridad, que en su libro La habitación donde ocurrió escribió que el presidente Donald Trump presentó dudas sobre las capacidades y aptitudes de Guaidó.
También resulta lógico que el mismo Trump haya dejado ver en una entrevista reciente, publicada en el portal Axios, sus dudas sobre Guaidó. ¿Por qué no las tendría acerca de quien no ha logrado una sola victoria interna desde que fue reconocido/nombrado por su administración el 23 de enero del 2019?
Visto así resulta claro que Guaidó es en ocasiones un problema antes que otra cosa. A esto deben agregarse sus apariciones y fracasos golpistas, como el 30 de abril del 2019, o su vinculación con los mercenarios de la Operación Gedeón que llegaron a Venezuela el pasado mes de mayo.
Pero Guaidó puede ser analizado de otra manera: no por su resultado político inmediato e interno, sino como engranaje de un mecanismo de despojo. Guaidó, al ser nombrado presidente encargado de Venezuela por EEUU ha permitido que, en su nombre, sean puestos en marcha robos a los bienes de la Nación. Y ahí no se trata de un fracaso para EEUU.
El despojo
«En lo interno Guaidó está disminuido, creo que Trump nunca creyó en él, lo que sí ha servido es para la estrategia de despojo, en lo internacional siguen avanzando y nos siguen cercando», explica a Sputnik María Alejandra Díaz, abogada, diputada de la Asamblea Nacional Constituyente.¿Qué dice realmente el libro de John Bolton sobre Trump y Venezuela?Ese robo se hizo evidente desde el inicio del reconocimiento de Guaidó como «presidente encargado». El 25 de enero, dos días después de su autoproclamación, el secretario de Estado, Mike Pompeo, le dio la autoridad a Guaidó «para recibir y controlar ciertas propiedades en cuentas del Gobierno de Venezuela o del Banco Central de Venezuela (BCV) en poder del Banco de la Reserva de Federal de Nueva York o cualquier otro banco asegurado en EEUU».
El 28 de enero de 2019 la Casa Blanca emitió la orden ejecutiva 13.850, centrada sobre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el BCV, que bloqueó «todos los bienes e intereses en propiedad de PDVSA sujetos a la jurisdicción de los EEUU». El 5 de agosto del 2019, emitió la orden ejecutiva 13.884 que embargó todos los activos venezolanos en su territorio.
Estas cuentas y activos quedaron bajo manejo estadounidense, lo cual quedó de manifiesto con el escándalo suscitado pocas semanas atrás cuando fue difundida la noticia de que Donald Trump utilizó 601 millones de dólares de esos fondos para construir el muro en la frontera con México.
El plan del despojo se planteó varios objetivos centrales con el fin de robarse y repartirse riquezas del Estado venezolano. Uno de esos objetivos es la empresa refinadora CITGO, filial de PDVSA en EEUU, el oro perteneciente al BCV que se encuentra en el Banco de Inglaterra, y, aprovechando este momento de asedio, el territorio de la Guayana Esequiba, en reclamación.
CITGO
La empresa filial de PDVSA en EEUU está bajo embargo del Departamento del Tesoro desde agosto del 2019, y la posibilidad de que sea despedazada y entregada a empresas extranjeras estuvo presente desde el inicio de su apropiación por parte del Gobierno estadounidense.
Se trata de uno de los mayores activos venezolanos en el extranjero, valorado en alrededor de 8.000 millones de dólares, con una estructura de tres refinerías con capacidad cercana a los 749.000 barriles diarios, y unas 6.000 estaciones de servicio distribuidas en franquicias en el país.
Dos empresas buscan apropiarse de CITGO para cobrar, lo que afirman, les debe el Estado venezolano: la minera canadiense Crystallex, y la petrolera estadounidense, ConocoPhillips.
Guaidó puso al frente de la «Procuraduría General» de su «Gobierno», es decir a quien debe representar y defender judicialmente los intereses de la Republica sobre cuestiones internacionales, a José Ignacio Hernández, quien había sido abogado de Cristallex.
Así, mientras por un lado Guaidó afirmaba defender CITGO, por el otro, fue parte de una estrategia de fallo a favor de las empresas extranjeras. María Alejandra Díaz señala que se trata de la estrategia de «bufetes que están aliados con Guaidó, EEUU y las corporaciones, para despojar a Venezuela«.
Eso mismo fue denunciado por el Gobierno de Venezuela, quien señaló cómo Hernández —que renunció a su cargo días después— trabajó junto con el director del Banco Mundial (BM), David Malpass, para que el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dependiente del Banco, reconociera al «Gobierno de Guaidó» para tramitar los arbitrajes.
Ese proceso de robo de CITGO y entrega a empresas extranjeras se encuentra en etapa avanzada: el 22 de mayo un juez de la Corte Federal de EEUU avanzó en autorizar la liquidación de CITGO para que Crystallex cobre lo que afirma que se le debe.
Sin embargo, existe una resolución del Departamento del Tesoro que prohíbe la venta de CITGO. La posibilidad de que la filial de PDVSA sea rematada y perdida depende entonces centralmente de la decisión del gobierno estadounidense.
El oro
El BCV tiene, como varios bancos centrales, oro resguardado en el Banco de Inglaterra. A finales del 2018 efectuó el reclamo para recuperar 30 toneladas de ese oro. El Gobierno británico, en vista de su reconocimiento al «Gobierno interino de Guaidó» negó la solicitud y se quedó, de manera ilegal, con el oro.
La posición diplomática del Reino Unido fue sin embargo ambigua: reconocieron a Guaidó, pero recibieron a su «embajadora», Vanessa Neumann, sin las credenciales formales. Es decir que se construyó una zona gris, de reconocimiento incompleto —como en numerosos países, a diferencia de EEUU—, que, en caso de un conflicto como el de la tenencia del oro, no permite avanzar en una resolución.
Ante esa situación, y en vista de que el BCV hizo el reclamo legal ante un tribunal de Londres en mayo de este año, la justicia británica inició el lunes 22 de junio un debate para determinar si se reconocerá al BCV del Gobierno venezolano o a una junta ad hoc nombrada por Guaidó. La tenencia del oro dependerá de ese resultado.
El Gobierno venezolano propuso que el monto del oro reclamado —cerca de 1.000 millones de dólares— sea directamente transferido al Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para atender la situación de pandemia y la emergencia humanitaria dentro el país.
La resolución de la Justicia británica afectará no solamente al oro en el Banco de Inglaterra, sino que será un punto de referencia para demás casos en disputa, como los 120 millones de dólares pertenecientes al BCV que mantiene el Deutsche Bank, o numerosas cuentas congeladas en diferentes bancos.
«El oro en Inglaterra se lo van a robar abiertamente, se quedaron con las cuentas, como hicieron con Libia, lo que no han podido quebrar internamente lo están haciendo internacionalmente, nos quieren secar de todos los bienes propiedad de la República para repartírselo entre las trasnacionales, que es el verdadero poder detrás del poder en EEUU y en Inglaterra», explica María Alejandra Díaz.
Guayana Esequiba
La constituyente señala otro frente de intento de despojo: la Guayana Esequiba, territorio en reclamación por Venezuela. «El próximo 30 de junio a petición de Guyana y Gran Bretaña, la Corte Internacional de Justicia(CIJ) decidirá si procede o no la reclamación venezolana de 159.542 km2 despojados por la Corona Británica en 1899».
El canciller, Jorge Arreaza, informó que Venezuela «conforme a su posición histórica y en estricto apego al Acuerdo de Ginebra de 1966, no asistirá a la insólita e irregular audiencia convocada por la CIJ sobre la demanda unilateral de Guyana».
«Quieren despojarnos definitivamente de la Guayana Esequiba, ese es el plan, cercenarnos la salida al mar por allí», explica María Alejandra Díaz. Detrás del intento de quedarse con el territorio en disputa se encuentran las transnacionales: «detrás de Guayana hay más de 12 transnacionales visibles, y ya han entregado concesiones de manera ilegítima».
Una de esas trasnacionales es la petrolera Exxon Mobile, con la cual se desató un incidente en diciembre del 2018 cuando la Marina Bolivariana interceptó dos de sus buques, enviados por el gobierno de Guayana, que se encontraban de manera ilegal en aguas venezolanas.
Los tiempos
¿Cómo se miden entonces los logros de la estrategia estadounidense? El saldo es negativo puesto en la figura política de Guaidó y la permanencia de Nicolás Maduro en el gobierno. Pero Guaidó es una pieza temporal, un accidente político: su designación como «presidente encargado» fue por una serie de coincidencias, no por sus cualidades ni su proyección a futuro.
En cambio, los intentos de despojo de oro, activos y territorios no son diseñados para ser temporales. Y es allí donde la estrategia avanza en su plan de intentar usurpar bienes del Estado.
Se trata de una articulación de actores visibles e invisibles: gobiernos, jueces, abogados, transnacionales, operadores políticos, que, de conjunto, se mueven entre las aguas del bloqueo económico y el asalto al poder, para repartir los bienes del país, rediseñarlo hoy y para el plan futuro.
Guaidó cumple aún un rol en ese esquema como engranaje para justificar legalmente, por ejemplo, el posible secuestro definitivo del oro en el Banco de Inglaterra. El Gobierno fantasma que dice encabezar es en realidad una legitimación de robo que tiene piezas por concretar.
¿Trump piensa en cambiar de estrategia hacia Venezuela como se especuló? Resulta difícil asegurarlo, en particular porque sus declaraciones están hoy, más que nunca, marcadas por la campaña electoral. Lo que es seguro es el mecanismo de despoje está dando frutos y que, a menos de cinco de meses de la contienda presidencial no hará un cambio público de política que le ponga votos en riesgo.
* Fuente: Sputnik
