AN aprueba reforma de la Ley del TSJ que aumenta a 32 el número de magistrados

 

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De prensabolivariana en mayo 13, 2026

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este 12 de mayo, en segunda discusión, la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual aumenta el número de magistrados de 20 a 32. La normativa, que ahora será enviada al Ejecutivo para su ejecútese, introduce cambios estructurales profundos en el Poder Judicial, destacando la ampliación del número de magistrados para optimizar la respuesta procesal. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que el artículo 8 fue aprobado tal como se estableció en el informe de la Comisión de Política Interior. Esta modificación eleva la conformación de la Sala Plena de 20 a 32 magistrados, una medida que busca atender los retrasos en las decisiones judiciales y fortalecer la eficiencia operativa del máximo tribunal del país. De acuerdo con la reforma del artículo 8, las cinco salas ordinarias del TSJ pasarán de tres a cinco integrantes cada una. Asimismo, la Sala Constitucional incrementará su número de magistrados de cinco a siete. Según la exposición de motivos de la norma, este aumento permitirá procesar de manera más ágil las demandas de justicia de la población ante la acumulación de causas pendientes de resolución. Por otra parte, la reforma del artículo 80 establece que la Inspectoría General de Tribunales, la Inspectoría General de la Defensa Pública y la Escuela Nacional de la Magistratura pasan a ser órganos dependientes jerárquica y funcionalmente de la Sala Plena. La ley también fija un periodo de siete años para los suplentes de estos órganos auxiliares, cuyo nombramiento seguirá un procedimiento similar al de los magistrados principales. La normativa incluye disposiciones finales que obligan al Tribunal Supremo de Justicia a iniciar un proceso inmediato de reorganización interna conforme a los nuevos parámetros legales. Esta reestructuración es considerada por el Legislativo como un paso fundamental para la modernización del sistema judicial venezolano. La versión oficial sostiene que esta reforma integral garantiza un mejor funcionamiento de las instituciones y asegura el debido proceso para los ciudadanos. Una vez cumplida la sanción legislativa, el TSJ deberá adecuar su estructura organizativa para incorporar a los nuevos magistrados y operativizar las salas ampliadas bajo la nueva jerarquía de la Sala Plena. La primera discusión de la norma se dio el pasado 5 de mayo. La propuesta modificó la composición del alto juzgado, con el objetivo de «fortalecer» el sistema de administración de justicia y garantizar una respuesta jurisdiccional más eficiente a los ciudadanos. El texto aprobado estableció un incremento significativo en la cantidad de magistrados que integran las diversas instancias del tribunal. Según el documento, que fundamentó la reforma, cada una de las salas del TSJ contará con cinco magistrados principales, a excepción de la Sala Constitucional. Esta última, en su condición de garante final de la norma fundamental, estará integrada por siete magistrados principales. Con esta nueva arquitectura, el número total de integrantes del máximo tribunal ascendió a 32 funcionarios. AN aprueba acuerdo por el Esequibo La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, un acuerdo en respaldo a la defensa integral del territorio de la Guayana Esequiba y a la estrategia jurídica del Estado venezolano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El instrumento parlamentario busca cerrar filas en torno a la integridad territorial y fortalecer la posición del Ejecutivo nacional tras la reciente comparecencia de la delegación venezolana en La Haya. El diputado oficialista José Gregorio Vielma Mora, encargado de presentar el proyecto, calificó el momento como «definitorio para la historia republicana». Durante su intervención, destacó que la defensa de los 159.542 km al cuadrado en disputa es un mandato sagrado que trasciende intereses partidistas, fundamentando la postura nacional en la legitimidad del Acuerdo de Ginebra de 1966 como único instrumento válido para resolver la controversia. El acuerdo parlamentario ratifica tres pilares fundamentales expuestos por la vicepresidenta Delcy Rodríguez ante la CIJ: la nulidad del Laudo Arbitral de París de 1899, la vigencia del Acuerdo de Ginebra y la unidad nacional frente a desafíos externos. Vielma Mora enfatizó que el país no reconoce la jurisdicción del tribunal de la ONU para esta causa, basándose en la tradición histórica de no consentimiento para someter asuntos de soberanía a terceros. Por su parte, representantes de la bancada opositora como Antonio Ecarri y José Gregorio Correa (Acción Democrática) se sumaron al rechazo del laudo de 1899. Ecarri denunció que el Gobierno de Guyana explota recursos en territorio en disputa, incluso en la proyección marítima venezolana, mientras que Correa ratificó que la actual generación y las venideras mantendrán la reclamación histórica sobre el territorio heredado de la Capitanía General de 1777. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, propuso formalmente que este acuerdo sea debatido y aprobado por todos los consejos legislativos y cámaras municipales del país durante esta misma semana. Infante alertó que detrás de la judicialización del conflicto por parte de Georgetown se encuentran los intereses de corporaciones energéticas transnacionales. «Detrás de la postura de Guyana está la mano de transnacionales como la ExxonMobil. Los intereses energéticos globales buscan apoderarse de los recursos que pertenecen a Venezuela», sentenció Infante. El parlamentario insistió en que ningún fallo judicial resolverá el conflicto y que la única solución posible reside en el diálogo bilateral directo para alcanzar un arreglo satisfactorio para ambas naciones. AEB: Venezuela  Siguenos en X: @PBolivariana Telegram: @bolivarianapress Instagram: @pbolivariana Threads: @pbolivariana Facebook:  @prensabolivarianainfo Correo: pbolivariana@gmail.com ||FEF69F

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De prensabolivariana en mayo 12, 2026

Luis Britto García* Desde la invasión se libran dos batallas: una por la aniquilación de nuestro país, y otra por la plena recuperación de la soberanía, los recursos, y la autodeterminación del pueblo venezolano Sufrimos un golpe atroz. Si queremos superarlo, debemos admitirlo, investigar causas, corregir efectos. Reiteramos que según encuesta de Hinterlaces de octubre de 2025, el 83% de los consultados estaría dispuesto a enfrentar una invasión militar extranjera, sólo 6% no lo haría, y 89% consideró que el verdadero objetivo de una eventual intervención sería derrocar al presidente Nicolás Maduro para apoderarse del petróleo. (https://extranewsmundo.com/encuesta-hinterlaces-83-de-los-venezolanos-afirma-que-estaria-dispuesto-a-enfrentar-una-invasion-militar-extranjera/I. Seis meses más tarde, no he encontrado un solo compatriota que no reitere esas respuestas, pero acompañadas de nuevas preguntas. En primer lugar, se ha de averiguar de manera clara, precisa y detallada qué ocurrió o dejó de ocurrir la madrugada del 3 de enero de 2026. Venezuela disponía y dispone de armamentos modernos, eficaces y costosos que no se emplearon. Cuarenta y siete soldados venezolanos y 32 escoltas cubamos murieron repeliendo valientemente la descomunal agresión con armas elementales. Es preciso conocer con exactitud los hechos y corregir fallas para futuros y previsibles enfrentamientos. La investigación debe reformular la Doctrina Estratégica y Táctica de Seguridad y Defensa. Parecería que ante una rápida escaramuza que demostró la superioridad aérea del enemigo se decidió una rendición incondicional, con armas, contingentes y parques casi intactos y sin que el adversario hubiera dominado de manera efectiva y duradera ni un centímetro del territorio nacional. Una nueva doctrina ha de excluir categóricamente que el secuestro de funcionarios o la mera coerción se traduzcan en concesiones lesivas a la soberanía. Desde siempre se ha sabido que EEUU goza de superioridad en armamento convencional. Ello no es argumento para que se le rindan a discreción todos los pueblos de la tierra. Muchos de ellos lo han derrotado rotundamente (y lo están derrotando ahora mismo) con armas inferiores. Para resistirlo cabe adoptar las tácticas de guerra no convencional que han hecho sistemáticamente inútil dicha superioridad en casi todos los conflictos asimétricos del pasado y el presente siglo. Urge saber por qué en este caso no se aplicaron dichas tácticas, formular doctrinas que corrijan errores, incorporar a la defensa activa a toda la ciudadanía. El pueblo venezolano desconoce el alcance de las concesiones que se hicieron al enemigo en los minutos siguientes a la agresión, o por cual mecanismo o en qué forma varían o se amplían dichas concesiones hasta el presente y el futuro previsible. Por la indefinición que reina sobre la materia, presumimos que el agresor aspira a un poder discrecional absolutamente totalitario que implique la desaparición de la soberanía de Venezuela y la rebatiña incondicional de sus recursos. Han sido sancionadas leyes que pretenden posibilitar la inconstitucional privatización de nuestras industrias de hidrocarburos y minas, rebajar abruptamente la participación del Estado en ellas, someter las controversias atinente a las mismas a tribunales o árbitros extranjeros. Se pretende usurpar todos los derechos que corresponden a nuestro pueblo sin asumir ningún deber hacia él. Tal modelo es insostenible. La propaganda invasora pretende que se abre un lapso de torrenciales inversiones que traerán diluvios de divisas y de prosperidad. En otro lugar hemos reseñado el fracaso de la reunión del 9 de enero de 2026 entre el Presidente de EEUU y unas 17 empresas petroleras de dicho país, para repartirse el botín energético de Venezuela. Ni una sola avanzó un solo dólar de inversión. Consideraban al país «uninvestable», no invertible, por falta de seguridad jurídica, porque extraer la primera gota de petróleo requeriría inversión de mil millones de dólares y plazo de diez años, porque parte de la riqueza está ya comprometida. En efecto, sobre más del 45% de los yacimientos petroleros y gasíferos han sido legalmente otorgadas concesiones por más de 25 años a empresas chinas y a filiales de la petrolera estatal rusa Roznef, las cuales exploraban y extraían hidrocarburos mientras el bloqueo estadounidense impedía el mantenimiento de gran parte de los yacimientos restantes. Entre los vacíos informativos posteriores a la invasión figura el del status actual de esas explotaciones rusas y chinas y el de los hidrocarburos u otros minerales producidos en ellas. Los ingresos provenientes de tales concesiones son inalienablemente venezolanos, y como tales, deben ingresar al Fisco y ser distribuidos mediante el Presupuesto y la Administración nacionales. Por otra parte, el enemigo mantiene inflexiblemente su posición agresiva. Ni una sola del millar de medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra Venezuela ha sido abrogada. No se han liberado los rehenes secuestrados por la fuerza bruta. No se ha reconocido la patente falsedad de los pretextos para la invasión: inexistencia del llamado Cartel de los Soles y del extinto Tren de Aragua, inexistencia de la producción y el contrabando de sustancias ilícitas, inexistencia de una mayoría opositora que habría obtenido supuestas mayorías electorales. Ni una palabra se ha dicho sobre las reparaciones por los daños causados por un atroz acoso de un cuarto de siglo y un bloqueo de más de una década, por un bombardeo ejecutado por centenar y medio de aeronaves, por los bienes de Venezuela ilegítimamente confiscados en el exterior. Contra nuestro país se mantiene todo el rigor y la coacción de un estado de Guerra ilegítima, no autorizada por el Congreso de EEUU. En texto anterior señalamos que el invasor, mediante la ‘Executive Order’ 14.373, pretende que todo ingreso procedente de los hidrocarburos y minerales venezolanos -históricamente, el 80% de la entrada de divisas del país- sea desviado hacia una partida del Tesoro de EEUU o cuentas secretas privadas en Qatar, bajo administración discrecional estadounidense y única y exclusivamente para adquirir bienes producidos en dicho país. Con el anuncio del inaceptable latrocinio casi total de nuestros ingresos viene el de la reanudación de relaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, instituciones especializadas en anular la soberanía de los países mediante la extorsión de Deudas Públicas Impagables. Privada de ingresos, Venezuela deberá costear sus gastos aceptando créditos usurarios garantizados con lo que reste de sus bienes y recursos. Los nuevos fondos serán aplicados de manera preferente para cancelar por la totalidad de su valor nominal deudas adquiridas a precios simbólicos por fondos buitres. Este despojo total del ingreso público implica efectos devastadores. En los últimos tiempos, el Gasto Social del Gobierno venezolano ascendió a más del 70% de los egresos. La brutal disminución de fondos disponibles acarreará un paralelo desmantelamiento de todos los actuales programas de educación, salud, vivienda, asistencia social, alimentación, cultura, investigación científica, desarrollo agrícola y pecuario, industrialización, defensa e infraestructuras, por cierto ya duramente castigados por más de un cuarto de siglo de agresión, una década de bloqueo y más de un millar de medidas coercitivas unilaterales destinadas a estrangular y destruir nuestra economía. Con el desmantelamiento de dichos programas o la reducción drástica del personal de los mismos imponiéndoles salarios apenas simbólicos, vendrá una oleada de desempleo que la limitada inversión privada será incapaz de absorber. Esta situación arrojará efectos políticos. En la medida en que se muestren progresivamente incapaces de paliar las más vitales necesidades de la población, se producirá una merma en el apoyo hacia las organizaciones que colaboren con la ocupación. La oposición de derecha, desechada como instrumento político por los invasores por su falta de apoyo popular, se hará progresivamente violenta buscando hacer méritos ante los ocupantes. Procesos electorales administrados por las mismas firmas que cometieron fraudes en Honduras, Perú, Ecuador y otros países legitimarán simulacros inconsistentes que arrebatarán el poder a las organizaciones representativas. Se sancionarán drásticas reformas en las leyes laborales que revertirán o aniquilarán los derechos de los trabajadores, con repercusiones sociales, económicas y políticas iguales a las que medidas de tal índole acarrearon durante el pasado siglo. La colaboración con los invasores reportará ganancias ilegales a una ínfima élite de traficantes de influencias y especuladores transnacionales, y anulará el prestigio de los movimientos políticos y sociales que se entreguen a ella. Del Imperio puede decirse, como de los Borbones, que no ha olvidado ni aprendido nada. Emprenderá sistemática, implacable e integral erradicación de cuantos movimientos tengan o hayan tenido orientación progresista o asomos de ella. Una vez agotada su utilidad, el sector colaboracionista no será la excepción. De los medios, programas educativos y de la Historia misma desaparecerán los hechos e ideas de los Libertadores, o serán grotescamente falsificados para que representen lo opuesto de sus ideales. Siguiendo lineamientos de Rudolf Atkon, la educación será meramente instrumental; de acuerdo con los de Laura Berns, se eliminará la educación superior gratuita. Todos sabemos lo que esconde el ensordecedor silencio que nos oprime. Sin consulta alguna sobre nuestra voluntad, se pretende despojarnos de soberanía, Independencia, recursos naturales autonomía, derechos, pasado, presente y futuro, a favor de una potencia agresora que nos odia y desprecia. Desde la invasión se libran dos batallas: una por la aniquilación de nuestro país, y otra por la plena recuperación de la soberanía, los recursos, la Independencia, la autonomía y la autodeterminación del pueblo venezolano. Ya sabes en cuál bando debes estar. La defensa propia es el más innegable de los DDHH, y nos corresponde ejercerla como Resistencia en la medida de nuestras posibilidades, con pensamientos, palabras y obras. Ideas para comprender la atroz realidad, palabras para denunciarla, obras para modificarla. Las organizaciones existentes han de ser orientadas hacia la resistencia y la victoria; cuando ello no sea posible, cabe crear otras nuevas. Hay tantas formas de resistencia como personas y talentos; cada quien debe asumirla en el ámbito de sus habilidades, capacidades y competencias. La resistencia debe revestir más formas que la opresión que combate, y un pueblo tiene derecho a ejercerlas todas antes que consentir en su servidumbre o su extinción. ¡Resisto, luego existo! portalalba.org *Luis Britto García (Caracas, 1940) es uno de los intelectuales más prolíficos y polifacéticos de la Venezuela contemporánea. Narrador, ensayista, dramaturgo y doctor en Derecho, su obra destaca por una aguda crítica social y un manejo magistral del lenguaje. Alcanzó el reconocimiento internacional tras ganar en dos ocasiones el prestigioso Premio Casa de las Américas: primero en narrativa con su libro de relatos Rajatabla (1970) y luego en ensayo con La máscara del poder (1988). Su estilo se caracteriza por el uso de la ironía, el humor negro y la experimentación formal, explorando la identidad latinoamericana y las estructuras del poder. Además de su labor literaria, es un influyente analista político y profesor universitario. Entre sus novelas más emblemáticas destaca Abrapalabra, una pieza clave de la literatura venezolana moderna. En 2002, recibió el Premio Nacional de Literatura en reconocimiento a su trayectoria. Su legado abarca desde el guion cinematográfico hasta el dibujo, consolidándose como una voz imprescindible del pensamiento crítico. http://luisbrittogarcia.blogspot.com  – brittoluis@gmail.com BLOG DEL AUTOR:  Luis Britto García Siguenos en X: @PBolivariana Telegram: @bolivarianapress Instagram: @pbolivariana Threads: @pbolivariana Facebook:  @prensabolivarianainfo Correo: pbolivariana@gmail.com |FEF69F

La guerra cognitiva es un caballo de Troya cibernético

 

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De prensabolivariana en mayo 12, 2026

Por: Fernando Buen Abad* Eso que se llama “guerra cognitiva” se configura hoy como una de las formas más sofisticadas de intervención sobre la vida social, no ya mediante la ocupación territorial clásica ni exclusivamente a través de la coerción económica directa, sino mediante la colonización sistemática de los procesos de producción de sentido. Su eficacia no radica en la destrucción visible, sino en la infiltración invisible; no en el estruendo de las armas, sino en la modulación silenciosa de las percepciones, los deseos y los marcos interpretativos. En este sentido, opera como un auténtico caballo de Troya cibernético: se introduce en la cotidianeidad bajo la apariencia de neutralidad tecnológica, de entretenimiento o de comunicación ampliada, para reconfigurar desde dentro las condiciones mismas de la conciencia. El desplazamiento de la guerra hacia el terreno cognitivo no implica la desaparición de las formas tradicionales de violencia, sino su reorganización dialéctica. La fuerza material sigue siendo decisiva, pero se articula con una dimensión simbólica que busca garantizar la reproducción del orden dominante no sólo en la infraestructura económica, sino en la superestructura cultural y afectiva. La dominación contemporánea exige sujetos que no sólo obedezcan, sino que deseen obedecer; que no sólo consuman mercancías, sino que internalicen los códigos que las legitiman como horizonte de vida. En esta operación, la guerra cognitiva se convierte en un dispositivo estratégico para la producción de subjetividades funcionales a la acumulación. El carácter cibernético de este caballo de Troya no debe reducirse a lo meramente digital. Aunque las plataformas, los algoritmos y las redes constituyen su infraestructura privilegiada, lo decisivo es la lógica de retroalimentación constante, de captura de datos y de ajuste permanente de los mensajes en función de las respuestas de los sujetos. Se trata de un sistema dinámico que aprende, se adapta y perfecciona sus mecanismos de intervención, no desde una exterioridad, sino desde la inmersión total en la vida social. Cada interacción, cada preferencia, cada gesto aparentemente banal se convierte en insumo para la modelización de conductas futuras. Así, la experiencia cotidiana es simultáneamente vivida y explotada, convertida en materia prima para la ingeniería de la conciencia. En este contexto, la ideología ya no se presenta como un conjunto explícito de doctrinas, sino como una atmósfera difusa que permea todas las dimensiones de la existencia. La guerra cognitiva no busca imponer una verdad única, sino fragmentar la posibilidad misma de la verdad compartida, erosionar los criterios de validación y sustituirlos por una proliferación de narrativas equivalentes en su apariencia, pero profundamente desiguales en su capacidad de incidencia. La saturación informativa, la velocidad de circulación y la lógica de la espectacularización generan un entorno en el que la distinción entre conocimiento y opinión se diluye, y donde la crítica pierde terreno frente a la reacción inmediata. Sin embargo, esta aparente dispersión no implica ausencia de dirección. Por el contrario, la guerra cognitiva opera mediante una racionalidad estratégica que orienta la producción y circulación de contenidos en función de intereses de clase bien definidos. La concentración de los medios de comunicación, la propiedad de las infraestructuras tecnológicas y la capacidad de inversión en investigación y desarrollo configuran un campo profundamente desigual, donde ciertos actores disponen de una ventaja estructural para intervenir en la formación de la conciencia colectiva. La neutralidad tecnológica es, en este sentido, una ficción funcional a la reproducción de esa desigualdad. Con las disputas agudizadas entre clases sociales, lejos de desaparecer en la era digital, se desplaza e intensifica en el terreno de la semiosis social. La producción de sentido se convierte en un campo de batalla donde se disputan las interpretaciones del mundo, las narrativas sobre el pasado y las proyecciones del futuro. La guerra cognitiva busca desarticular la conciencia de clase, fragmentar las experiencias comunes y sustituirlas por identidades aisladas, fácilmente gestionables y orientables. La individualización extrema, presentada como libertad, funciona como un mecanismo de despolitización que impide la articulación de proyectos colectivos emancipadores. En este escenario, la alienación adquiere nuevas formas. No se limita a la separación entre el trabajador y el producto de su trabajo, sino que se extiende a la relación del sujeto con su propia experiencia. La mediación constante de dispositivos tecnológicos introduce una distancia entre la vivencia y su representación, entre el acontecimiento y su inscripción en los circuitos de circulación simbólica. La vida se vuelve, en gran medida, una experiencia mediada por interfaces que organizan la percepción, jerarquizan la información y orientan la atención. La conciencia se configura así en un entorno preformateado, donde las posibilidades de pensamiento están condicionadas por arquitecturas invisibles. No obstante, reconocer la profundidad de esta ofensiva no implica asumir una posición fatalista. La misma infraestructura que posibilita la guerra cognitiva abre también espacios para la resistencia y la reconfiguración crítica. La conciencia de clase, lejos de ser un residuo del pasado, se revela como una necesidad urgente en un contexto donde la explotación adopta formas cada vez más sofisticadas. Comprender los mecanismos de la guerra cognitiva es el primer paso para desarticularlos, para interrumpir su funcionamiento y para construir alternativas que restituyan la capacidad colectiva de producir sentido. La tarea no es sencilla, pues implica disputar no sólo contenidos, sino formas de percepción y de relación. Requiere una praxis que articule conocimiento riguroso, sensibilidad ética y compromiso político, capaz de intervenir en los circuitos de la comunicación sin reproducir sus lógicas dominantes. Se trata de construir espacios de enunciación que no estén subordinados a la lógica del mercado, que no reduzcan la complejidad a simplificaciones rentables, y que apuesten por una inteligibilidad crítica del mundo. La dimensión humanista de esta tarea no puede entenderse como una apelación abstracta a valores universales desvinculados de las condiciones materiales. Por el contrario, se funda en la afirmación concreta de la dignidad humana frente a su reducción a dato, a perfil o a mercancía. La guerra cognitiva, en su forma actual, tiende a cosificar la conciencia, a tratarla como un objeto manipulable en función de objetivos externos. Frente a ello, el humanismo crítico reivindica la capacidad de los sujetos para pensar, para decidir y para transformar su realidad, no como individuos aislados, sino como parte de procesos colectivos. La superación de la guerra cognitiva como dispositivo de dominación no pasa por un retorno nostálgico a formas anteriores de comunicación, sino por la construcción de nuevas mediaciones que reorganicen la relación entre tecnología, conocimiento y sociedad. Esto implica democratizar el acceso a las infraestructuras, transparentar los mecanismos de funcionamiento y, sobre todo, desarrollar una pedagogía crítica que permita a los sujetos reconocer las operaciones a las que están siendo sometidos. La alfabetización mediática, en este sentido, no es un complemento educativo, sino una condición para la emancipación. En última instancia, el caballo de Troya cibernético sólo puede cumplir su función en la medida en la que permanece invisible, en que sus mecanismos son naturalizados y aceptados como parte del orden de las cosas. Hacerlo visible, descomponer sus engranajes y exponer sus finalidades es ya una forma de resistencia. Por el contrario, no basta con la denuncia; es necesario articular prácticas que construyan otros modos de producir y compartir sentido, que restituyan la centralidad de lo común y que fortalezcan la conciencia de clase como horizonte de transformación. Y la guerra cognitiva no es un destino que elegimos, sino una imposición imperial histórica que puede y debe ser superada. En la medida en la que los sujetos recuperen la capacidad de pensar críticamente su propia situación, de reconocerse en las experiencias de otros y de organizarse colectivamente, el caballo de Troya perderá su eficacia. La conciencia, lejos de ser un territorio conquistado de una vez y para siempre, es un campo en disputa permanente. En esa disputa se juega no sólo la interpretación del mundo, sino la posibilidad misma de transformarlo. Fernando Buen Abad Domínguez es un prestigioso intelectual mexicano, filósofo y escritor mexicano, nacido en 1956. Especialista en Filosofía de la Comunicación y la Imagen, es doctor en Filosofía y director de cine egresado de la Universidad de Nueva York. Su obra destaca por el análisis crítico de la semiótica, la estética y la comunicación para la emancipación de los pueblos. Es miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad y del consejo consultivo de TeleSur. Ha publicado numerosos libros, entre los que destacan Filosofía de la comunicación y La guerra simbólica. Actualmente, ejerce la docencia e investigación en universidades de Argentina y México, promoviendo un pensamiento transformador. Su labor busca combatir la hegemonía mediática mediante el desarrollo de una conciencia crítica en la sociedad. LOG DEL AUTOR:  Fernando Buen Abad Domínguez BLOG DE LA AUTORA:Fernando Buen Abad X: @FBuenAbad Siguenos en X: @PBolivariana Telegram: @bolivarianapress Instagram: @pbolivariana Threads: @pbolivariana Facebook:  @prensabolivarianainfo Correo: pbolivariana@gmail.com ||FEF69F