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“La sabiduría de la vida consiste en la eliminación de lo no esencial. En reducir los problemas de la filosofía a unos pocos solamente: el goce del hogar, de la vida, de la naturaleza, de la cultura”. Lin Yutang

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¿De un plumazo?
En la política venezolana, donde la memoria suele ser más terca que cualquier expediente, pretender que un articulado borre de un plumazo décadas de fracturas suena a buena voluntad, pero choca de frente con la realidad cotidiana.
El debate sobre la reforma de la Ley Constitucional contra el Odio en la Asamblea Nacional, con periodistas, comunicadores comunitarios y académicos sobre la mesa, vuelve a poner el dedo en una llaga vieja: cómo legislar la convivencia cuando la historia reciente todavía duele.
Memoria que no cabe en un decreto
Pedirle a una ley que produzca amnesia es como pedirle a una aspirina que resuelva una fractura del fémur. En Venezuela se han acumulado demasiados episodios pesados como para despacharlos con una fórmula jurídica o con un exhorto a la concordia, al "consenso", sobre todo cuando quienes han promovido el odio descarnado, andan impecables y sonriendo, como si estuviéramos de fiesta.
Rastros
Está el rastro de los golpes de Estado, la crudeza de ver arder seres humanos y plantas físicas en jornadas de violencia política, y nombres que pesan como losas en la memoria militante y pública: Robert Serra, Danilo Anderson, Eliezer Otaiza y muchos. A esa cronología áspera se suman los llamados reiterados de María Corina Machado a una intervención militar contra el país y el secuestro de Nicolás Maduro, el golpe del 2002: hechos que atraviesan la discusión política con una carga dramática difícil de domesticar con simples buenas maneras.
Cuando se habla de "país sin miedo y sin odio", el sarcasmo de la calle aparece casi por reflejo: contra ese repertorio de traumas no alcanzan las leyes ni los medicamentos de farmacia. La memoria colectiva funciona a su propio ritmo, selectiva a veces, implacable casi siempre, y no obedece exclusivamente a la Gaceta Oficial.
Algoritmos, calle y corresponsabilidad
El debate legislativo también apunta hacia el terreno resbaladizo de las redes sociales y el peso de los algoritmos, esa maquinaria invisible que convierte cualquier matiz en munición y cualquier discrepancia en guarimba. Es cierto que el ecosistema digital recompensa el grito antes que el argumento, pero sería un chiste de mal gusto culpar únicamente al algoritmo de lo que ocurre en la calle o en los micrófonos.
La corresponsabilidad que se invoca durante las consultas toca tanto a quienes informan como a quienes ejercen alguna autoridad, y abarca desde los grandes medios hasta los espacios comunitarios que han sufrido agresiones directas, como el caso de Radio Venceremos en Carora.
Regular discursos violentos o prevenir abusos policiales exige precisión y piso firme, no un catálogo de frases bonitas que luego se interpretan según sople el viento. Hay que avanzar en algo mejor y responsable.
Entre el ajuste legal y el peso de lo vivido
Reformar una ley de este tipo puede servir para ordenar procedimientos, fijar límites y evitar que la norma se use como garrote o quede como letra muerta; lo que no puede hacer es reescribir el pasado ni anestesiar las heridas. La convivencia no se decreta por unanimidad ni se canta al compás de un bandoneón.
Al final, la prueba real de cualquier reforma estará en si logra bajarle volumen a la violencia sin pedirle a la gente que finja demencia. Porque en este país, olvidar no es cuestión de voluntad ni de buena redacción legislativa: para eso, insisto, no hay leyes ni medicamentos.