La reciente declaración del Presidente Trump,
realizada junto al Secretario de Estado Marco Rubio, sobre la
"transición" en Venezuela, no debe interpretarse como un acto
improvisado, sino como la cristalización de una estrategia de tres fases que
había sido delineada previamente por la administración. Este plan trasciende la
anécdota política para situarse en el ámbito de la reingeniería geopolítica y
económica de un Estado fallido, bajo la tutela directa de Washington.
El contenido estructural de esta transición, tal
como ha sido comunicado por Rubio, descansa sobre un trípode conceptual:
Estabilización, Recuperación y Transición. Sin embargo, es crucial observar que
la secuencia y el énfasis otorgado a cada fase revelan una pragmática jerarquía
de intereses, donde la esfera política queda subordinada a los imperativos
económicos y de seguridad inmediatos. La primera fase, estabilización, se
articula en torno al control de los recursos energéticos. La administración no
busca una reconstrucción institucional ex nihilo, sino una
"cuarentena" operativa que le permita hacerse con el flujo de
petróleo venezolano, estimado en decenas de millones de barriles, para venderlo
en el mercado internacional y controlar la distribución de sus ingresos. Esta
medida, presentada como un mecanismo para "beneficiar al pueblo
venezolano", es, en esencia, un instrumento de presión y administración
directa que garantiza la influencia máxima de EE.UU. sobre el gobierno interino
de Delcy Rodríguez.
En paralelo, la fase de "recuperación"
económica se presenta como el puente necesario hacia la transición, pero su
diseño estructural apunta a una reapertura de los mercados venezolanos para las
empresas estadounidenses y occidentales. Esta etapa implica la creación de un
marco de reconciliación nacional, que incluye la amnistía para figuras de la
oposición y el retorno de exiliados, con el objetivo de reconstruir una
sociedad civil que pueda legitimar el nuevo orden. No obstante, la
condicionalidad es clara: la inversión y la estabilidad jurídica, elementos
clave para la recuperación, exigen el establecimiento del Estado de derecho y
el control de grupos armados, tareas que el gobierno interino deberá ejecutar
bajo la supervisión estadounidense para demostrar su viabilidad.
La tercera fase, la "transición" política
en sí misma, es la más definida en su objetivo, pero la más difusa en su
cronograma. Rubio ha sido explícito al descartar elecciones anticipadas,
argumentando que la inestabilidad y la falta de condiciones las harían
inviables. La estructura de esta transición parece inclinarse hacia un modelo
de gobernanza compartida, donde el reconocimiento por parte de EE.UU. de la
Asamblea Nacional de 2015 como un actor legítimo, junto al parlamento actual,
sugiere una vía institucional para la transición que no pasa necesariamente por
María Corina Machado, a quien Trump ha restado apoyo explícito. La necesidad de
reconstruir el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo apunta a un
proceso largo, donde la democracia representativa se pospone en favor de una
estabilidad gestionada desde el exterior.
La transición anunciada por Trump y Rubio es un
proceso de administración tutelada. No se medirá por la inmediatez de las
elecciones, sino por la capacidad de Washington para reinsertar a Venezuela en
el mercado energético global como un socio dócil y estable, creando las
condiciones para un cambio de régimen que, aunque no se materialice de
inmediato, quedará institucionalmente encauzado. La estructura del plan revela
que la prioridad no es la democracia per se, sino la orquestación de un cambio
que salvaguarde los intereses estratégicos y de seguridad de Estados Unidos en
la región, dejando la decisión final sobre el futuro político del país en manos
de un proceso cuyo ritmo y dirección Washington se ha reservado el derecho de
marcar.
