“La sabiduría de la vida consiste en la eliminación de lo no esencial. En reducir los problemas de la filosofía a unos pocos solamente: el goce del hogar, de la vida, de la naturaleza, de la cultura”.
Lin Yutang
Cervantes
Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho; los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones; nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos; la cosa más fácil, equivocarnos; la más destructiva, la mentira y el egoísmo; la peor derrota, el desaliento; los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor; las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos, y sobretodo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia dondequiera que esté.
MIGUEL DE CERVANTES Don Quijote de la Mancha.
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Por Giorgio Trucchi | 16/05/2026 | América Latina y Caribe
El refuerzo de la presencia militar estadounidense, entre bases aéreas y puestos avanzados marítimos, marca una nueva fase de injerencia política encubierta bajo la lucha transnacional contra el crimen organizado.
Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial del año pasado alcanzó la cifra récord de 2,88 billones de dólares, con un aumento del 2,9% y una incidencia del 2,5% sobre el PIB mundial. Estados Unidos sigue siendo el país con mayor presupuesto militar (954.000 millones de dólares), seguido de China y Rusia. Juntos representan el 51% del gasto militar mundial, que en 2024 creció un 9%. Mientras tanto, el índice S&P Aerospace & Defense Select Industry ha crecido un 43% en el último año. Cinco de los seis primeros puestos entre las 100 empresas armamentísticas más importantes del mundo están ocupados por capital estadounidense, y las 40 empresas estadounidenses que forman parte de esta clasificación representan el 49% de las ventas globales, generando ingresos por valor de 334.000 millones de dólares.
En un contexto de gran expansión del gasto militar y de los beneficios vinculados a la producción y venta de armas, Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos por recuperar el control de lo que sigue considerando su «patio trasero», con una reedición trumpiana 2.0 de la Doctrina Monroe, ya rebautizada como Donroe. Iniciativas como el Escudo de las Américas, la militarización del Caribe, el endurecimiento del bloqueo y las amenazas de invasión contra Cuba, la incursión en Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores, así como las amenazas y represalias contra aquellos gobiernos que reivindican el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a la defensa de la soberanía, son un ejemplo de la estrategia puesta en marcha por Washington, con el apoyo de Israel y del ultraconservadurismo estadounidense y latinoamericano. También las maniobras para posicionar a Honduras y a su expresidente Juan Orlando Hernández como cabezas de puente del proyecto hegemónico estadounidense forman parte integrante de esa misma estrategia.
Frenar la expansión de China (tierras raras, minerales críticos, infraestructuras, tecnologías, extractivismo), garantizar los intereses del capital multinacional estadounidense e israelí, así como el control de los recursos estratégicos y los corredores logísticos, frenando al mismo tiempo los procesos de integración e independencia latinoamericana y el surgimiento de nuevos proyectos progresistas y de resistencia al modelo neoliberal extractivista, son los principales objetivos de la ofensiva estadounidense. Para ello no basta con el apoyo político y la sumisión de gobiernos vasallos y de oligarquías nacionales complacientes y cómplices, sino que es necesaria la remilitarización del continente, astutamente enmascarada como lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Un proyecto que sufrió una violenta aceleración durante el segundo mandato de Donald Trump y que se plasmó en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional aprobada por Estados Unidos el año pasado.
Según el Centro Mexicano de Relaciones Internacionales (Cemeri), actualmente (2023) Estados Unidos mantiene en América Latina y el Caribe unas 76 entre bases de operaciones o bases principales (con instalaciones permanentes en extensiones territoriales superiores a 4 hectáreas y con al menos 200 militares), cuasi-bases o «lily-pad bases» (más pequeñas, de perfil bajo para operaciones específicas y reacción rápida) e instalaciones de seguridad o bases financiadas (propiedad de los países anfitriones y que sirven como centros de operaciones periódicas, almacenamiento de equipo militar y entrenamiento). Todas ellas bajo el control operativo y la vigilancia del Comando Sur (Southcom). A estas se suman las llamadas bases operativas no confirmadas, es decir, instalaciones que nunca se han declarado oficialmente y que ni siquiera aparecen en los registros oficiales del Departamento de Defensa, con presencia de militares estadounidenses y para las que no se han firmado acuerdos, ni convenios entre Estados. No es casualidad que sean las más extendidas y que escapen a los recuentos oficiales cuando se intenta trazar un mapa de la presencia militar estadounidense en América Latina.
Honduras, Guatemala, Belice y Panamá son los países con mayor número de bases, principalmente instalaciones de seguridad. Las dos bases principales en América Latina se encuentran en Honduras (Palmerola/Soto Cano) y en Cuba (Guantánamo), mientras que hay puestos avanzados estratégicos repartidos por toda la región, siendo de especial importancia los de El Salvador (Comalapa), Aruba, Curazao, Panamá y Perú. Colombia es el país con el mayor número de bases «no confirmadas».
Una situación que está llamada a evolucionar en los próximos años. De hecho, se han firmado acuerdos clave entre el Ecuador del ultraconservador Daniel Noboa y los Estados Unidos, que permiten la presencia temporal de personal, aeronaves y embarcaciones, así como la realización de operaciones militares y de inteligencia conjuntas. A pesar de la derrota en el referéndum del año pasado sobre la posibilidad de abrir bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano —la última base estadounidense (Manta) fue cerrada en 2009 por el presidente Rafael Correa—, Noboa ha intensificado la participación de Ecuador en operaciones militares coordinadas con cuerpos especiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la DEA (Drug Enforcement Administration) y el FBI (Federal Bureau of Investigation). La reciente participación en la operación «Exterminio Total», como parte de la nueva estrategia estadounidense de lucha contra el narcotráfico y los grupos terroristas, ha agudizado aún más las divergencias con la vecina Colombia y con el presidente progresista Gustavo Petro. La crisis entre ambos países inició meses antes, cuando Noboa decidió unilateralmente imponer un aumento sustancial de los aranceles a los productos colombianos, dando así inicio a una serie de represalias económicas y comerciales recíprocas, en una fase políticamente muy delicada y a pocas semanas de las elecciones generales en Colombia.
La estrecha colaboración entre Noboa y el Comando Sur se intensificó también en el mar, con la participación de Ecuador en la ofensiva naval contra embarcaciones pertenecientes a presuntos narcotraficantes, cuya identidad nunca se ha confirmado. A lo largo de 2026, Estados Unidos entregará 12 lanchas rápidas. Desde septiembre de 2025, los ataques contra embarcaciones acusadas de transportar droga han provocado la muerte de al menos 186 personas. Hasta ahora, Estados Unidos no ha podido demostrar la implicación de dichas embarcaciones y de su tripulación en actos delictivos. Los ataques mortales podrían clasificarse como ejecuciones sumarias.
Mientras tanto, en Perú, se ha autorizado la entrada de tropas y armamento estadounidense durante todo el año 2026, así como una financiación millonaria para reacondicionar la base militar de Callao. También la Argentina del turbocapitalista Javier Milei está dando sus propios pasos para garantizar la presencia militar de Washington. Tras el permiso de entrada concedido el año pasado a las tropas estadounidenses, sin consultar por cierto al Congreso, para participar en el ejercicio militar conjunto «Operación Tridente», el presidente argentino ha respondido este año autorizando la entrada de los portaaviones USS Nimitz y USS Gridley para llevar a cabo los ejercicios «Daga Atlántica» y «Passex».
Mientras tanto, el Chile del ultrarreaccionario pinochetista Juan Antonio Kast ha establecido una estrecha y activa alianza estratégica en materia de seguridad y defensa, centrada en el intercambio de inteligencia y el entrenamiento de las tropas. Lo mismo ha hecho Bolivia tras el giro a la derecha de Rodrigo Paz, firmando un protocolo de cooperación militar con Estados Unidos que incluye programas de entrenamiento e intercambio de información estratégica y de inteligencia. En cambio, en Paraguay ha suscitado una fuerte polémica la firma del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA), que permite, siguiendo el modelo ecuatoriano, la entrada de tropas, equipos militares y aeronaves, concediendo al personal las mismas garantías de inmunidad y exenciones fiscales que se conceden al personal diplomático. Aunque se ha librado gracias a una sentencia del Tribunal de Justicia que denegó la construcción de siete bases militares estadounidenses, Colombia mantiene, no obstante, una estrecha relación de cooperación militar y de presencia de personal estadounidense dentro de las instalaciones de las Fuerzas Armadas colombianas.
Aún más marcada es la escalada militar en Centroamérica y el Caribe. La firma el pasado mes de abril de un protocolo de entendimiento entre Estados Unidos y Panamá, por el que se habilita durante tres años la presencia de personal militar estadounidense y contratistas en territorio nacional panameño, especialmente en las zonas limítrofes con el canal, ha desatado la polémica interna. De hecho, el acuerdo firmado por el ministro de Seguridad Pública panameño, Frank Ábrego, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, prevé la presencia de tropas en varios emplazamientos, entre ellos la base aérea «Octavio Rodríguez Garrido» (antigua base Howard), las bases navales «Vasco Núñez de Balboa» (antigua base Rodman) y «Noel Rodríguez», y la base aeronaval «Cristóbal Colón» (antiguo Fuerte Sherman). Las operaciones de entrenamiento de tropas se están llevando a cabo en el interior de las inaccesibles selvas panameñas, recreando el entorno y las condiciones de un conflicto irregular y no convencional. Esto llevaría a suponer que se trata de un entrenamiento con vistas a futuros enfrentamientos armados en la región. El protocolo también menciona posibles ejercicios conjuntos y una «cooperación» no mejor especificada.
Aunque no se trate de una presencia permanente, la llegada de tropas a las antiguas bases estadounidenses abandonadas tras la devolución del canal a principios de siglo (Acuerdo Torrijos-Carter), junto con la militarización del Caribe, las amenazas de Trump contra el presidente Gustavo Petro y las declaraciones del tycoon y de Hegseth sobre la necesidad de que Estados Unidos «recupere el canal», lo sustraiga de la «influencia maligna china» y «ocupe zonas con nuestras tropas que ya no controlábamos», han despertado fuertes temores en la población panameña. De hecho, el recuerdo de la sangrienta invasión de 1989 y la muerte de miles de personas (fuente CODEHUCA), en su mayoría civiles, se transmite de generación en generación y alimenta un sentimiento natural de desconfianza y hostilidad hacia los gobiernos estadounidenses.
A cambio de «los servicios prestados», Estados Unidos recibirá además un trato preferencial en el pago de peajes para sus buques de guerra que atraviesen el canal. Según varios juristas, esta decisión violaría flagrantemente el Tratado de Neutralidad firmado entre ambas naciones. Para el jurista Julio Linares, el memorando de entendimiento presenta al menos dos aspectos de inconstitucionalidad. «Se trata de dos “vicios” de nulidad, que son el dolo mediante el engaño y la coacción mediante las amenazas (de Trump). Invito a los ciudadanos a presentar los recursos correspondientes para que este acuerdo sea declarado nulo». La activista medioambiental Camila Aybar recuerda que Panamá recuperó su soberanía hace poco más de 25 años y que lo que están haciendo los Estados Unidos es muy peligroso. «Es obvio que queremos mantener una buena relación con ellos, pero no puede ser a costa de nuestra soberanía y de la seguridad democrática, ni de nuestra libertad».
También en El Salvador y Guatemala la presencia militar estadounidense ha crecido en los últimos años. La estrategia ya no es crear bases permanentes, sino utilizar instalaciones ya existentes con fines militares. El presidente Nayib Bukele, férreo aliado de Trump, ha firmado acuerdos que permiten el uso durante 10 años del aeropuerto de Comalapa. Durante su gobierno se ha intensificado el envío de armas para el ejército y las fuerzas especiales y se ha multiplicado la presencia y el despegue de aviones de ataque y de reconocimiento estadounidenses. El pasado mes de abril, el territorio salvadoreño fue escenario de las maniobras militares multinacionales CENTAM Guardian, con la presencia de al menos un millar de militares de siete países, entre centroamericanos y caribeños. La misma lógica de uso de instalaciones de propiedad nacional, entrenamiento, envío de armamento, maniobras conjuntas y misiones de «apoyo táctico» la encontramos en Guatemala y Belice.
Particular es, en cambio, el caso de Honduras, donde la reciente publicación y difusión de 37 audios que involucran a políticos y funcionarios públicos ha revelado un plan estratégico del presidente Trump, en alianza con los lobbies israelíes, los gobiernos de Netanyahu y Milei y con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández como cabeza de puente, para recuperar el control de la región. Uno de los instrumentos será precisamente la construcción de una nueva base militar estadounidense en la isla caribeña de Roatán, que se sumaría a la de Palmerola/Soto Cano y a una serie de instalaciones de reacción rápida repartidas por el territorio hondureño.
Entre 2025 y 2026, en el marco de la escalada militar de Estados Unidos en el Caribe y del asedio a Venezuela y Cuba, también Puerto Rico y la República Dominicana han experimentado un proceso de fuerte remilitarización. Se reactivaron antiguas bases militares puertorriqueñas, se concedió el uso temporal de bases aéreas y del aeropuerto nacional de Santo Domingo para la operación «Southern Spear» y se desplegaron en diversas zonas nada menos que diez mil soldados estadounidenses. En Costa Rica, por su parte, el gobierno ultraconservador de Rodrigo Cháves y el de su sucesora, Laura Fernández, han presentado la propuesta de construir tres bases militares estadounidenses. Por el momento no han logrado reunir los votos necesarios en el Parlamento. Mientras tanto, continúan los ejercicios y las operaciones de patrullaje conjuntas.
«Se trata de una estrategia de un imperio en decadencia, que cuenta con el apoyo de la derecha continental subordinada a sus intereses y que se enfrenta a la resistencia y la lucha de los pueblos, cada uno con características diferentes según el país», explica a Pagine Esteri, Giovani Del Prete, coordinador operativo de la secretaría continental de ALBA Movimientos. «La militarización conlleva represión y violencia contra la población organizada, contra los sectores más débiles y marginados. Y es una violencia ejercida por esos cuerpos represivos del Estado, muy a menudo equipados, entrenados y adoctrinados precisamente por personal estadounidense e israelí», explica el activista.
Según Del Prete, detrás del despliegue de fuerzas y de las políticas que violan el derecho internacional y cualquier lógica de convivencia y respeto a la soberanía nacional, se esconden motivos estrechamente vinculados a las enormes dificultades que atraviesan los Estados Unidos. «Deben contener su decadencia económica y política ligada a la vieja agenda ultraneoliberal y, por lo tanto, recurren a la militarización, la injerencia, las amenazas y las represalias para asegurarse recursos estratégicos para su desarrollo industrial, militar y tecnológico». En este sentido —continúa—, las tierras raras de Brasil, el petróleo de Venezuela, el litio de Bolivia, la posición geoestratégica de las naciones centro y sudamericanas, pero también el ataque visceral a todos aquellos gobiernos y movimientos que no se pliegan a sus intereses, son esenciales para mantener la hegemonía.
«El imperialismo, la militarización y la agenda neoliberal son caras de la misma moneda y, hoy más que nunca, es necesaria la resistencia y la lucha de los pueblos contra este monstruo. El Hondurasgate ha demostrado que no se trata de teorías conspirativas, sino de algo real con lo que debemos lidiar y contra lo que hay que luchar», concluye Del Prete.
En 2025 el número de empresas registradas en este sector aumentó un 78,74 %, un dinamismo que se ha mantenido este año con otras 488 compañías.
La industria del reciclaje de oro de China está experimentando su mayor expansión en una década, impulsada por el fervor sostenido del mercado de lingotes y la fuerte demanda de inversión, factores que han atraído a numerosos nuevos participantes al mercado, informa South China Morning Post.
El número de empresas registradas en este sector, que se dedica a la compra y reventa de lingotes y joyas de oro, aumentó en 2025 un 78,74 % con respecto al año anterior, alcanzando las 740, reza un informe difundido esta semana por Qichacha, empresa china de análisis de datos corporativos. Este crecimiento representa la mayor expansión anual en 10 años, por lo que los analistas lo califican de «explosivo».
El dinamismo se ha mantenido en 2026. En menos de cinco meses, se registraron otras 488 empresas relacionadas con el reciclaje de oro, superando ya la mitad del total del año anterior.
Este auge se produce en medio de un aumento sin precedentes en los precios del oro desde el año pasado, impulsado por las crecientes tensiones geopolíticas y una tendencia general de desdolarización. El precio del oro al contado alcanzó brevemente un máximo histórico de casi 5.600 dólares por onza a finales de enero, antes de retroceder debido a la reciente volatilidad.
Más de la mitad de las empresas chinas existentes relacionadas con el reciclaje de oro se establecieron en los últimos tres años, y las empresas con menos de un año de antigüedad representan la mayor parte, casi el 30 %, reza el informe. Por regiones, estas empresas se concentran principalmente en el sur y el este del gigante asiático. El sur representa la mayor parte, con un 35,39 %, seguido del este con un 29,43 %, lo que los expertos atribuyen a «mercados locales de consumo de oro dinámicos y redes de comercio y distribución bien desarrolladas».
Un máximo histórico del consumo de oro
Al mismo tiempo, la demanda total de oro en China –incluyendo joyería, lingotes, ETF y uso industrial– alcanzó en el primer trimestre las 362 toneladas, un 24 % más que en 2025, marcando un récord para el mismo período. Así, el consumo total de metal precioso alcanzó los 394.900 millones de yuanes (57.200 millones de dólares), señala un reciente informe del Consejo Mundial del Oro citado por Global Times.
El crecimiento explosivo de la inversión en oro ha compensado con creces la debilidad en el consumo de joyería. En el primer trimestre, la demanda de joyería de oro en el país asiático cayó un 32 % interanual a 85 toneladas, aunque aumentó un 4% con respecto al trimestre anterior, lastrada por la volatilidad de los precios y la débil confianza.
Si bien la demanda de joyería de oro ha disminuido, el consumo total de oro alcanzó un máximo histórico, impulsado por un aumento en la demanda de inversión, indicó Zhou Yinghao, analista sénior de inversiones en oro, «El mercado considera cada vez más al oro no solo como un bien de lujo, sino como una moneda fuerte frente a la incertidumbre», afirmó, añadiendo que su papel como activo refugio se ve reforzado por una mayor aversión al riesgo y la necesidad de preservar el patrimonio en medio de la volatilidad de los precios y las tensiones geopolíticas.
El juicio contra el presidente Maduro se encuentra en una compleja encrucijada. Sabemos que la próxima audiencia será para el 30 de junio y las acusaciones que enfrentan tanto Nicolás Maduro como su esposa, Cilia Flores, es por narcoterrorismo, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Los cargos ya de por sí no se sostienen, tomando en cuenta que lo principal, lo del narcotráfico hubo de ser desestimado, tomando en cuenta que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció que el «Cártel de los Soles» no existe como una organización criminal estructurada o un cártel tradicional. Y fue durante varias décadas los del Cartel de los Soles lo que más prosperó para decir que Venezuela era un narco-estado. El mismo Chávez sostuvo que contra él se estaba cocinando la prueba de que era narcotraficante, para ponerlo preso o asesinarlo. En documentos judiciales, se aclaró que «El Cártel de los Soles» era un término coloquial para describir una red de corrupción y clientelismo militar dentro del Estado venezolano, más que una estructura jerárquica de narcotráfico. Vean, además, que quien se lleva a Alex Saab es la DEA……
Tras el secuestro del presidente Maduro el pasado 3 enero, se han celebrado algunas audiencias en las que el juego parece trancado. La fiscalía necesita pruebas más contundentes ante el juez que lleva el caso, por cuanto que lo de terrorismo y narcotráfico y lo de llevar cocaína a EE UU aparece como argumentos para nada sustentables ni creíbles, elementos que la defensa, de hecho, ha estado demoliendo uno por uno. Tómese en cuenta que la próxima audiencia está programada para el 30 de junio, lo cual con Alex Saab se puede preparar otro cocido para engrosar las acusaciones. De momento, los cargos contra la pareja son conspiración para el narcoterrorismo, importación de cocaína hacia Estados Unidos y uso de armas de fuego y artefactos destructivos.
Por su parte, a Álex Saab Moran lo acusan ahora, luego de haber sido liberado por Biden, de ser uno de los principales testaferros del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Los gringos lo acusan de pertenecer a un entramado multimillonario de corrupción y lavado de dinero que involucra a varios funcionarios del gobierno venezolano, principalmente al presidente Nicolás Maduro, y por ende a su esposa Cilia Flores. Recordemos que Saab estuvo preso en Estados Unidos desde 2021 hasta diciembre de 2023, cuando fue liberado como parte de un acuerdo entre el gobierno norteamericano y Maduro a cambio de la libertad de 10 estadounidenses presos en Venezuela y de varios presos políticos venezolanos. Fíjense cómo nos trampearon con ese canje. Nunca se puede creer en los gringos. Ahora se han salido con las suyas.
Los gringos que son los grandes distribuidores de la droga en EE UU, pero que jamás aceptan tener un cartel en su territorio, los cuales manejan y controlan la DEA van por el mundo señalando ladrones, corruptos y asesinos por el mundo. Nadie ha podido extraditar de EE UU a un grandísimo delincuente y terrorista, siendo el caso más emblemático el de Luis Posadas Carriles quien asesino a 73 ciudadanos cubanos, colocando una bomba en el avión Douglas DC-8 de Cubana de Aviación, y se dio la gran vida en Miami hasta su muerte.
El gobierno de Estados Unidos acusó a Saab de participar en un esquema de corrupción que incluyó coimas a funcionarios del gobierno venezolano, que sin duda será uno de los elementos que usará el Departamento de Justicia estadounidense para reforzar los cargos contra el Presidente Maduro y su esposa Cilia. Los gringos acusan a Saab, supuesto socio del Presidente Maduro de haber desviado más de US$350 millones a cuentas en el exterior.
En todo este entramado judicial, bien la pena preguntarse: ¿quién se está prestando para servir de testigo en la actual condena que los gringos están urdiendo contra el Presidente Maduro y a costa, claro, de una gruesa coima gringa? ¿Por qué vienen ahora a llevarse a Alex Saab?
La verdad es que estamos llegando a un punto que ya como que no somos capaces de creer en nadie. ¿Acaso hay supuestos “chavistas” comprometidos en esta trama? ¿Hace estos ahora más difícil que liberen al Presidente Maduro? ¿Qué papel está jugando el propio Alex Saab en todo este tinglado, lo ha hecho a mutuo propio o ha sido obligado, o es considerado una pieza clave y esencial en este juicio? Todo está por desvelarse, pero aseguro que pronto tendremos espantosas sorpresas para todos los venezolanos. ¡Terrible!
Le peuple autochtone Warao du Venezuela vit principalement le long des bayous et des cours d’eau de l’Orénoque. Selon leur légende fondatrice, c’est dans le ciel qu’ils vivaient à l’origine. Un jour, alors qu’un chasseur tirait une flèche, celle-ci resta coincée dans les nuages. En tirant sur la flèche, ils découvrirent la magnifique terre en contrebas, avec ses nombreuses rivières, ses fruits colorés et ses oiseaux. La plupart des gens sont descendus pour vivre en bas, mais quelques-uns sont restés prisonniers là-haut. De là-haut, envieux de ceux qui vivent sur terre, ils envoient la maladie et la douleur.
Cette histoire rend compte avec une précision remarquable de la réalité contradictoire dans laquelle vivent aujourd’hui de nombreuses communautés warao : entre le paradis d’une vie organisée autour de la poursuite du bonheur selon leurs propres termes et l’enfer qui leur est imposé sans cesse par le monde extérieur des colonisateurs. Nous avons récemment passé une semaine dans le delta, à étudier l’organisation communautaire et la résistance au blocus des États-Unis [1]. Nous avons constaté que la géographie de cette région a quelque chose de profondément déconcertant. Le paysage semble souvent intact, d’une beauté presque excessive. Les cours d’eau s’étendent à l’infini entre des murs de végétation verte. Les oiseaux fendent l’air humide. Les maisons se dressent sur les rives des bayous et parfois sur pilotis juste au-dessus de l’eau. Les enfants plongent dans la rivière depuis des plates-formes en bois, menant une vie presque amphibie dès leur plus jeune âge. Le monde du delta semble obéir à une autre temporalité : le rythme lent des marées, la lune qui rythme les saisons des semailles, la pluie et le bruit occasionnel d’un moteur hors-bord.
Et pourtant, sous cette beauté, on constate rapidement que tout ne va pas pour le mieux. Les poissons se font plus rares qu’auparavant. À certains endroits, l’eau n’est plus potable. Certaines communautés ont été partiellement ou totalement dépeuplées par la migration. Les gens parlent de maladies, de trajets difficiles pour trouver des médicaments ou du carburant, de cours d’eau qui ne coulent plus comme avant.
Plus on passe de temps, plus on se rend compte que la situation difficile et complexe qui règne dans le delta n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’un processus historique. Depuis des siècles, le peuple Warao a été contraint de faire face aux pressions et aux intrusions imposées de l’extérieur, ainsi qu’à l’abandon de l’État. Même les cours d’eau qui semblent isolés sur une carte sont étroitement liés à l’histoire du colonialisme, du développement capitaliste et, aujourd’hui, des sanctions.
Un blocus de longue date
À plus d’un titre, le sort du peuple Warao ressemble étonnamment à celui d’un pays socialiste soumis à un blocus. Cette similitude s’explique par le fait que toute nation qui tente de vivre selon ses propres rythmes et priorités finira tôt ou tard par être prise pour cible par l’impérialisme états-unien. Les formes varient – agression militaire, sanctions, dépendance forcée, destruction écologique, isolement économique – mais les résultats sont les mêmes que ceux subis par les peuples autochtones du monde entier : l’espérance de vie diminue, la consommation est restreinte, les migrations s’intensifient et la pénurie devient chronique.
Dans le même temps, ces blocus – qu’ils soient déclarés ou de facto – inspirent également des formes de créativité et de résistance. Sous la pression, les gens apprennent à survivre au sein de systèmes hostiles sans s’y soumettre complètement. En fait, certains concepts utilisés aujourd’hui pour décrire la réponse globale du Venezuela à la récente attaque américaine — « retraite calculée », « complicité subversive », « alignement sectoriel pour la survie » — décrivent également des stratégies autochtones de longue date pour endurer la domination coloniale. Depuis des siècles, les Warao évoluent dans un monde où de puissantes forces extérieures sont déterminées à réorganiser leur territoire et leur mode de vie selon leurs propres intérêts – ceux des « hotarao » (à savoir les « non-autochtones »).
En tant que peuple autochtone soumis depuis des générations à un blocus de facto imposé par la société dominante des « hotarao », le peuple Warao se trouve dans une situation qui possède un double aspect. D’une part, certains effets des sanctions actuellement imposées par les États-Unis semblent moins perturbateurs dans des communautés qui s’appuient depuis longtemps sur le travail communautaire, la pêche et les pratiques de subsistance, et qui jouissent d’une relative autonomie par rapport à l’économie de marché. D’autre part, la précarité des conditions de vie peut amplifier l’impact de toute perturbation. L’absence d’essence, de moteurs ou de soins de santé peut rapidement mettre des vies en danger dans le delta.
Géographie et histoire
Depuis notre base à Tucupita, la capitale du Delta Amacuro, nous avons rendu visite à des communautés situées dans les zones périurbaines et avons également remonté les caños (cours d’eau) pour dialoguer avec les habitants des communautés vivant plus en profondeur dans le delta. Ces trajets en eux-mêmes en ont révélé long sur la vie locale. Des distances qui semblent courtes sur une carte peuvent prendre des heures à parcourir en bateau. Le carburant est cher et difficile à obtenir.
Pour comprendre l’état actuel de la région, on ne peut ignorer la blessure génocidaire et écocidaire laissée par la fermeture du Caño Mánamo en 1965. Au nom de la modernisation et du développement, la CVG – une entreprise publique alors subordonnée aux intérêts impérialistes – a partiellement obstrué l’un des principaux bras de l’Orénoque afin de faciliter la construction de routes, l’élevage bovin et l’expansion agricole dans la partie occidentale du delta, avec pour objectif caché de permettre la navigation de bateaux de grande taille dans le chenal principal du fleuve.
Cette intervention a radicalement modifié l’équilibre hydrologique régional. L’intrusion d’eau salée s’est accrue. La pêche s’est effondrée dans de nombreuses zones. Les écosystèmes se sont détériorés. Des communautés ont été déplacées. La destruction n’était pas seulement environnementale. Elle a brisé et réorganisé les fondements matériels d’une grande partie de la vie des Waraos.
Raquel Palacios, une dirigeante et artisane warao, nous a raconté cette histoire avec des phrases simples, mais la douleur transparaissait dans sa voix : « Quand ils ont fermé le Caño Mánamo, les poissons sont morts. L’eau est devenue toxique, et beaucoup de gens sont morts : des enfants, des personnes âgées, des adultes en bonne santé. Ils sont morts si vite qu’il est devenu difficile de tous les enterrer. Même les oiseaux et les plantes sont morts. Des milliers de personnes ont dû fuir dans leurs curiaras [canoës en bois], laissant derrière elles leurs maisons et le mode de vie de leurs ancêtres. »
La fermeture de Caño Mánamo a reproduit un ancien schéma colonial sous une forme technocratique moderne : des personnes dont la vie ne dépendait pas du fleuve ont décidé comment celui-ci devait fonctionner. Les conséquences continuent de se faire sentir des décennies plus tard.
Beaucoup de personnes à qui nous avons parlé ont évoqué la migration déclenchée par la fermeture de Caño Mánamo – qui se superpose désormais au phénomène plus large de la migration induite par les sanctions – avec un certain fatalisme. Des membres de leur famille étaient partis pour Tucupita, pour d’autres villes vénézuéliennes, voire pour le Brésil. Certains sont revenus par la suite. D’autres ne sont jamais revenus. La crise migratoire que les médias mainstream présentent souvent de manière isolée a des racines historiques bien plus profondes dans des endroits comme le delta.
La question de la terre
Dans une autre communauté, nous avons discuté avec Dialennis Marcano, la nouvelle présidente d’une commune (autogouvernement populaire). Cette jeune femme a étudié la médecine pendant deux ans à l’École latino-américaine de médecine (ELAM) de Cuba, avant que la crise économique ne la contraigne à rentrer chez elle en 2014. Marcano passe sans peine d’une langue à l’autre, parlant le warao avec sa famille et l’espagnol avec nous, s’interrompant parfois en plein milieu d’une phrase pour répondre à un enfant qui lui tire le bras, avant de reprendre exactement là où elle s’était arrêtée.
Sa principale préoccupation est le contrôle collectif de la terre. Un éleveur nouvellement arrivé laisse entrer ses buffles dans les conucos (parcelles agricoles de subsistance diversifiées) de la communauté, détruisant les récoltes et piétinant le sol tout en prétendant être le propriétaire des terres. Pourtant, la communauté possède des documents datant de 1948, bien plus anciens que la prétendue revendication de l’éleveur. Comme de nombreux conflits fonciers en Amérique latine, dans lesquels les communautés autochtones défendent leur mode de vie collectif contre l’empiétement de la propriété privée des colons, ce litige résume des siècles de logique coloniale.
Marcano défend non seulement le droit des Warao à la terre, mais aussi leurs traditions ancestrales. Beaucoup de personnes que nous avons rencontrées baissaient la voix lorsqu’elles abordaient ces sujets, habituées peut-être à voir arriver dans le delta des étrangers tels que des missionnaires, des travailleurs d’ONG ou des anthropologues. Peut-être fortifiée par son expérience d’étudiante en médecine, Marcano a parlé ouvertement et fièrement des wishiratus, les guérisseurs Warao. Lorsque son fils est tombé gravement malade, semblant proche de la mort, elle l’a emmené chez un guérisseur wisharatu. Après un rituel, le guérisseur lui a assuré qu’il commencerait à se rétablir à minuit. Effectivement, cette nuit-là, elle s’est réveillée pour le trouver en train de téter calmement à son sein.
La révolution, un tournant
Malgré la destruction et l’empiétement, réduire l’expérience des Warao à un simple statut de victimes serait profondément trompeur. Au cours des 500 dernières années, ils ont cherché et trouvé des moyens de survivre, de résister et de forger leur propre avenir. La révolution bolivarienne a cependant marqué un tournant important. Avant la présidence d’Hugo Chávez, les peuples autochtones du Venezuela étaient largement invisibles au sein de l’ordre politique et constitutionnel de la république. La Constitution de 1999 a changé cela, en reconnaissant les langues autochtones, les droits collectifs, les revendications territoriales, la représentation politique et les formes d’organisation communautaire. En conséquence, la plupart des communautés warao s’identifient comme chavistes.
Mais au-delà de ces droits constitutionnels, les peuples autochtones du delta ont vécu le Processus bolivarien comme la première occasion où l’État les a reconnus en tant que vrais sujets politiques. Les missions de santé, les programmes alimentaires, les campagnes d’alphabétisation et la participation communale ont ouvert un champ nouveau d’action, même si les institutions ont par la suite été affaiblies sous le poids combiné des sanctions occidentales, de la crise économique, des freins bureaucratiques et de la détérioration des infrastructures. Cette politique sociale se poursuit aujourd’hui. Même si les ressources de l’État sont plus limitées, la budgétisation participative issue des consultations communales, lancée en 2024, permet un soutien plus efficace et plus significatif [2].
Dans les communautés que nous avons visitées, critique et loyauté coexistent souvent sans contradiction. Les gens se plaignent ouvertement des pénuries, des difficultés de transport, des projets abandonnés, des infrastructures mal entretenues et du caractère « hotarao » des institutions. Pourtant, l’image de Chávez apparaît dans les foyers et les espaces communaux. Le thème d’une révolution ayant généré une situation nouvelle, plus « digne », revient fréquemment dans les conversations. Pour beaucoup, le chavisme n’est pas compris principalement comme une administration gouvernementale, mais comme un processus inachevé d’inclusion plurinationale que seule une révolution socialiste radicale peut offrir.
Cette complexité est souvent réduite à l’extrême tant par les discours « humanitaires » libéraux qui entérinent systématiquement le statu quo que par d’autres lectures simplistes et peu dialectiques du Venezuela. Le delta ne s’inscrit pas facilement dans des cadres conceptuels extérieurs. Ni l’idéalisation ni le cynisme ne permettent de saisir correctement le projet en constante évolution des peuples autochtones qui y vivent.
Un avenir en lutte
Le peuple Warao a été confronté à des campagnes missionnaires brutales, à la destruction écologique, à la pénétration capitaliste, à la négligence de l’État, au racisme, aux maladies, aux migrations forcées et, aujourd’hui, aux effets de l’un des régimes de sanctions les plus agressifs jamais imposés à un pays dans le monde.
Même dans ces conditions, la vie des Warao dans le delta persiste avec une résistance extraordinaire et continue d’évoluer. Ce que les étrangers ont souvent considéré comme un simple territoire inexploité en attente d’un développement impulsé de l’extérieur est, pour le peuple Warao, un monde pleinement habité, le résultat d’une civilisation complexe construite autour de leur connaissance intime des cours d’eau, des marées, des cycles de pêche, des forêts et des modes de vie collectifs. À maintes reprises, le peuple Warao exprime son désir de créer un nouvel avenir, mais selon ses propres conditions et sous sa propre direction.
Au crépuscule, en remontant les caños, le ciel et le fleuve se confondent souvent. L’eau reflète les nuages, les oiseaux, des fragments de maisons et les curiaras qui passent. L’espace d’un instant, on comprend pourquoi le mythe fondateur des Warao commence au-dessus de la terre, dans le ciel même. Le delta possède encore ce genre de beauté.
Mais ces mêmes eaux portent aussi le souvenir d’une rupture : des rivières altérées par des projets de développement, des communautés fragmentées par les déplacements, des vies contraintes par des forces extérieures, ainsi que les possibilités nouvelles mais inachevées ouvertes par le socialisme bolivarien, qui continuent de façonner l’horizon de l’existence dans cette région.
Entre le ciel et l’enfer, le peuple Warao continue de naviguer à travers tout ça.
Notes
[1] Un compte rendu plus détaillé de cette visite dans quatre communes warao du Delta Amacuro paraîtra sur MR Online dans les prochains mois dans le cadre de la série « Résistance communale ».
[2] Les consultations communales ou populaires sont des processus participatifs promus par le gouvernement bolivarien, dans lesquels les communes sélectionnent démocratiquement des projets à financer par des fonds publics, puis les mettent en œuvre grâce à l’auto-organisation communale.
Chris Gilbert est professeur de sciences politiques à l’Universidad Bolivariana de Venezuela, rédacteur collaborateur à Monthly Review et auteur de Commune or Nothing! Venezuela’s Communal Movement and Its Socialist Project (Monthly Review Press), entre autres ouvrages et articles. Avec Cira Pascual Marquina, il est fondateur et coanimateur de Escuela de Cuadros, un programme audiovisuel de formation en philosophie politique.
