Documento de políticas públicas
La doble sacudida sísmica del 24 de junio constituye un punto de inflexión para la política pública venezolana en materia de gestión del riesgo. El impacto simultáneo sobre infraestructura, servicios esenciales y dinámicas comunitarias obliga a revisar con rigor técnico la capacidad real del país para anticipar, resistir y recuperarse de eventos de alta magnitud. Como MSc en Seguridad de la Nación, resulta evidente que la seguridad humana y la estabilidad estructural del Estado dependen de un sistema de gestión del riesgo que sea moderno, científicamente fundamentado y socialmente articulado.
La primera constatación es clara: allí donde la institucionalidad tarda en llegar o se ve momentáneamente sobrepasada, emerge la reserva moral y operativa del país. Donde no aparece el gobierno, sobra pueblo para responder y asumir los rescates y la solidaridad. Esta reacción espontánea, organizada y profundamente humana no es un fenómeno aislado; forma parte de la identidad venezolana y constituye un activo estratégico que debe ser reconocido e integrado a la arquitectura institucional.
La historia reciente ofrece una referencia ineludible. La tragedia de Vargas en 1999 demostró que la coordinación entre Estado, Fuerza Armada, cuerpos de seguridad, voluntariado y comunidades organizadas puede generar una respuesta rápida, contundente y eficaz incluso en escenarios de devastación extrema. Aquella experiencia dejó lecciones que no pueden ser ignoradas: la articulación interinstitucional, la disciplina operativa y la participación social son pilares indispensables de cualquier política pública orientada a la protección de la vida.
En el caso del doble terremoto del 24 de junio, la activación inmediata de redes comunitarias redujo tiempos críticos y evitó un mayor número de víctimas. Sin embargo, la magnitud del evento revela la necesidad de consolidar un sistema nacional de gestión integral del riesgo que sea robusto, bien dotado y capaz de operar bajo estándares internacionales. La solidaridad salva vidas, pero la política pública es la que garantiza que esas vidas no dependan exclusivamente del heroísmo ciudadano.
El país agradece la solidaridad internacional recibida. La cooperación técnica, humanitaria y operativa proveniente de gobiernos, organismos multilaterales y organizaciones especializadas ha sido fundamental para la estabilización de zonas afectadas. No obstante, la ayuda externa debe ser entendida como un complemento. La seguridad de la nación exige capacidades propias, sostenibles y permanentes, que permitan enfrentar eventos sísmicos, hidrometeorológicos o tecnológicos sin depender de factores exógenos.
Un aspecto crítico que demanda atención inmediata es la evaluación científica y técnica de las edificaciones que colapsaron, especialmente en el estado La Guaira, donde estructuras relativamente nuevas cedieron de manera abrupta. Este hecho no puede ser tratado como un accidente aislado. Requiere una investigación rigurosa en ingeniería estructural, geotecnia, normativa sísmica, supervisión de obras y control de calidad. La política pública debe garantizar que cada edificio, puente, vialidad y servicio esencial responda a estándares verificables, auditables y transparentes.
Por ello, se hace indispensable reforzar los planes nacionales de evaluación de riesgos. La gestión del riesgo no comienza con la emergencia; comienza con la prevención. Esto implica actualizar mapas de amenaza, identificar vulnerabilidades locales, realizar simulacros periódicos, fortalecer la educación comunitaria, supervisar estrictamente las obras civiles y garantizar que los organismos competentes cuenten con equipamiento moderno, personal capacitado y protocolos interoperables. La prevención es una política de Estado y un componente esencial de la seguridad de la nación.
La tragedia del 24 de junio confirma que Venezuela posee reservas morales, sociales y organizativas extraordinarias. La solidaridad del pueblo, la cooperación internacional y la capacidad técnica del país deben converger en un mismo propósito: construir un sistema nacional de gestión del riesgo que sea moderno, eficiente, científicamente sólido y socialmente articulado. Transformar la energía social en estructura permanente, en política pública y en cultura preventiva es el desafío inmediato. Solo así será posible enfrentar con mayor fortaleza los riesgos propios de un territorio sísmicamente activo y de un entorno global cada vez más complejo.
Caracas, 26 de junio de 2026
William Rodríguez
MSc en Seguridad de la Nación
