“La sabiduría de la vida consiste en la eliminación de lo no esencial. En reducir los problemas de la filosofía a unos pocos solamente: el goce del hogar, de la vida, de la naturaleza, de la cultura”.
Lin Yutang
Cervantes
Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho; los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones; nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos; la cosa más fácil, equivocarnos; la más destructiva, la mentira y el egoísmo; la peor derrota, el desaliento; los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor; las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos, y sobretodo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia dondequiera que esté.
MIGUEL DE CERVANTES Don Quijote de la Mancha.
La Colmena no se hace responsable ni se solidariza con las opiniones o conceptos emitidos por los autores de los artículos.
Durante meses se nos dijo que el Estado estaba quebrado. No era una opinión. No era una metáfora. No era una interpretación. Era el relato fundacional de un gobierno. Hasta que apareció el inadvertido dictamen
Debería haber ocupado portadas desde el primer día. No las hubo. Quizás, porque el problema ya no es siquiera, una afirmación falsa. Sino la creciente capacidad de la política para sobrevivir; incluso cuando los hechos la contradicen.
Hay noticias que hacen ruido. Y hay noticias que deberían hacerlo. El Dictamen D254/2026 de la Contraloría General de la República pertenece a la segunda categoría. No produjo escándalo. No abrió noticieros. No generó cadenas de paneles coléricos. No provocó debates nacionales.
No estamos hablando de una declaración desafortunada. No estamos hablando de un error administrativo. Estamos hablando de la historia de origen. Del mito fundacional. Del argumento sobre el cual se construyó una parte sustantiva de la legitimidad política de esta administración.
El Estado quebrado. Durante meses se repitió: Chile había sido recibido en ruinas. Las cuentas estaban devastadas. Las arcas vacías.
La irresponsabilidad del gobierno anterior habría dejado un aparato estatal prácticamente colapsado. La imagen era clara. Brutal. Y políticamente eficaz. Porque todo gobierno necesita una herencia. Toda administración necesita una explicación. Toda reforma necesita una justificación. Y pocas justificaciones son más útiles que una catástrofe. La catástrofe permite explicar. Permite excusar.
Permite postergar. Permite reasignar prioridades. Permite pedir paciencia. Permite gobernar. Por eso la idea del Estado quebrado era tan importante. No era una frase. Era una arquitectura política. Era el cimiento narrativo sobre el cual descansaban muchas otras decisiones posteriores. Y entonces apareció la respuesta de la Contraloría, a las diversas peticiones formuladas, desde distintos sectores. Y ocurrió algo esperable, pero sorpresivo, a la vez.
La institución encargada de fiscalizar la legalidad de la administración pública señaló que no se habían acompañado antecedentes suficientes para sustentar fáctica y técnicamente los términos utilizados por la autoridad.
No es una observación menor. Es una demolición. Porque la discusión ya no pasa por si el país estaba mejor o peor. La discusión pasa por algo mucho más elemental. Si existían antecedentes suficientes para afirmar lo que se afirmó. Y la respuesta institucional fue más que incómoda.
Lo suficientemente incómoda como para que esa campaña espuria; que en su momento, fue eliminada -por las criticas transversales, y el daño a la imagen país, que causaba- finalmente fuese ratificada como inexacta, por la CGR.
Lo suficientemente incómoda como para que la propia repartición fiscalizadora, dijera sin ambages, que la expresión utilizada no se ajustaba al estándar de moderación y mesura exigido a las autoridades públicas.
Lo suficientemente incómoda como para que se instruyera un procedimiento disciplinario.
Pero…Detengámonos un segundo. Imaginemos el escenario inverso.
Imaginemos que un gobierno de izquierda hubiese construido buena parte de su relato político sobre una afirmación de semejante magnitud.
Imaginemos que posteriormente Contraloría hubiese concluido que no existían antecedentes suficientes para respaldarla. Imaginemos además, que la institución ordenara un procedimiento disciplinario. ¿Cuántas portadas habríamos visto? ¿Cuántos editoriales? ¿Cuántas horas de televisión? ¿Cuántos llamados a la responsabilidad pública?
La pregunta no es retórica.
Porque el silencio posterior resulta tan interesante como el propio dictamen.
Y ese silencio conduce al verdadero tema. No el Estado quebrado. No Kast. No la Contraloría. No siquiera la veracidad de una afirmación específica. El verdadero tema, es otro.
¿Qué ocurre cuando los hechos dejan de ser un límite?
Porque eso es precisamente lo que comienza a aparecer cuando se observa el cuadro completo.
No un episodio. Muchos.
Se prometió la expulsión masiva de cientos de miles de migrantes irregulares.
Después llegaron las precisiones. Las restricciones jurídicas. Las limitaciones operativas. Las reinterpretaciones. Pero el efecto político inicial ya estaba conseguido. Se anunciaron planes transformadores. Después aparecieron los obstáculos. Las complejidades. Las modificaciones. Las reformulaciones. Pero el efecto político inicial ya estaba conseguido. Se formularon centenares de compromisos (440 en total, según el programa).
Posteriormente comenzaron los ajustes. Las explicaciones. Los cambios de énfasis. Las redefiniciones. Pero el efecto político inicial ya estaba conseguido. Siempre la misma secuencia. Primero la certeza. Después la realidad. Primero el impacto. Después la explicación. Primero el relato. Después los hechos.
Y aquí aparece una constatación, que debería preocupar a cualquiera, independientemente de su posición política.
Porque una democracia sana funciona exactamente al revés.
Primero aparecen los hechos. Después las conclusiones. Primero la evidencia. Después el relato. Primero la realidad. Después la política. Cuando ese orden se invierte, la política deja de describir el mundo. Comienza a administrarlo narrativamente. Y esa transformación tiene consecuencias profundas. Porque la verdad no es una virtud decorativa. No es un lujo filosófico. No es una exigencia moral reservada para los seminarios universitarios. La verdad es infraestructura democrática. Es tan importante como las carreteras. Tan importante como los tribunales. Tan importante como el Congreso. Porque constituye el mecanismo mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos pueden distinguir entre la descripción de la realidad y la propaganda sobre la realidad. Y cuando esa frontera comienza a borrarse, algo se rompe.
No inmediatamente. No de forma espectacular.
No mediante una crisis visible. Se rompe lentamente. Primero se deteriora la credibilidad. Después la confianza. Después la legitimidad. Y finalmente, las propias instituciones que dicen defenderse mediante esos relatos.
Por eso el Dictamen D254/2026 importa mucho más de lo que parece.
No porque contradiga una frase. No porque incomode al gobierno. No porque abra un sumario. Importa porque rasga el telón.
Porque por un instante deja ver el mecanismo.
Ese mecanismo inquietante, donde primero se instala una idea. Después se transforma en certeza. Después se transforma en sentido común. Y recién después, aparece la obligación de demostrarla.
Pero para entonces ya es tarde.
La idea ya cumplió su función. Ya moldeó percepciones. Ya organizó emociones. Ya distribuyó responsabilidades. Ya construyó culpables. Ya construyó inocentes. Ya justificó decisiones. Ya alteró la conversación pública.
Ese es el verdadero poder del relato. No necesita ser verdadero. Sólo necesita llegar primero. Y quizás por eso el dictamen no tuvo titulares ni primeras planas. Y pasará, rápidamente al olvido.
Porque apareció cuando el trabajo ya estaba hecho. Cuando la herencia ya había sido construida.
Cuando la explicación ya había sido aceptada. Cuando la narrativa ya había echado raíces.
La realidad llegó tarde a discutir con una historia que ya había sido políticamente rentabilizada.
Y esa debería ser una noticia infinitamente más importante que cualquier caricatura. Como la del Presidente Kast con nariz de Pinocho, que tanta indignación provocó en sus adherentes; por “la falta de respeto a la institución presidencial”
.Pero las caricaturas son apenas síntomas. Lo en realidad importante es aquello que las hace posibles.
Lo verdaderamente importante es preguntarse cómo una democracia llega al punto en que la institución fiscalizadora esencial del Estado concluye que no existen antecedentes suficientes para sostener una afirmación oficial de semejante magnitud y, aun así, la discusión pública continúa como si nada esencial hubiese ocurrido.
No estamos hablando de una polémica comunicacional. No estamos hablando de un error de redacción. No estamos hablando de una diferencia de interpretación. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Estamos hablando de la progresiva emancipación del poder respecto de los hechos. Y cuando eso ocurre, la política deja de competir por quién comprende mejor la realidad. Empieza a competir por quién logra imponerla. Esa es una frontera peligrosa. Porque una vez cruzada, la verdad deja de ser un requisito y se transforma en una molestia. La evidencia deja de ser un punto de partida y se transforma en un obstáculo. La rectificación deja de ser una corrección y se transforma en un trámite. Y las instituciones dejan de existir para verificar los relatos y comienzan a ser presionadas para acomodarse a ellos. La historia está llena de sociedades que recorrieron ese camino. Ninguna terminó mejor. Porque las naciones pueden sobrevivir a gobiernos malos. Pueden sobrevivir a presidentes mediocres. Pueden sobrevivir a errores monumentales. Rara vez sobreviven a la destrucción sistemática del vínculo entre las palabras y las cosas.
Porque cuando los hechos dejan de importar, todo termina importando menos. La política importa menos. Las instituciones importan menos. Las promesas importan menos. Las mentiras importan menos. La verdad importa menos. Y cuando la verdad importa menos, lo único que queda es la fuerza del relato. ¿Entonces, qué ocurre cuando la realidad empieza a contradecir la historia que el poder necesita contar? Se corrige la historia. Se matiza. Se reformula. Se reinterpreta. Se explica. Se redefine. Todo cambia. Excepto el relato. Y ese quizás sea el rasgo más inquietante de nuestro tiempo. No que existan mentiras. Las mentiras han acompañado a la política desde que existe la política. Lo verdaderamente nuevo es otra cosa. La creciente capacidad de algunos relatos para sobrevivir incluso después de haber sido alcanzados por los hechos. Y cuando eso ocurre, cuando los hechos ya no corrigen el relato sino que el relato corrige los hechos, la democracia entra en una zona de riesgo vital. Porque desde ese instante la verdad deja de funcionar como límite del poder. Y pasa a convertirse en una de sus herramientas. Es exactamente esa frontera la que el dictamen de Contraloría nos obliga a mirar. Y es precisamente esa frontera la que deberíamos temer cruzar.
Miles de personas están grabando sus actividades cotidianas en la India con el propósito de entrenar robots con inteligencia artificial (IA) en un esfuerzo por desarrollar máquinas capaces de replicar movimientos humanos y operar en el mundo real, informa AP.
«Quizás en el futuro me compre un robot», aseveró Nagireddy Sriramyachandra, ama de casa de 25 años en Chennai, al sur del país, quien se graba a sí misma realizando tareas domésticas cotidianas, como pelar y cortar mangos, utilizando un teléfono montado en su cabeza.
Por estas grabaciones, que son esenciales para enseñar a la IA a navegar por entornos físicos, la mujer percibe el equivalente a poco más de 2 dólares por hora. «¿Quién más te va a pagar 250 rupias la hora solo por hacer las tareas del hogar?», enfatizó Nagireddy. Otros entrenadores de IA trabajan desde fábricas o estudios especializados, utilizando gafas de video y sensores de movimiento.
Entre la optimización y la preocupación
Empresas como Objectways, con oficinas tanto en la India como en EE.UU. y clientes multinacionales, gestionan la recolección de este tipo de información. Las solicitudes de su cartera abarcan desde robots que doblen ropa y preparen café hasta la elaboración de sándwiches.
Ravi Shankar, director ejecutivo de Objectways, explicó que la idea es que algunos trabajos «sean asumidos» por las máquinas para que los humanos puedan «dedicarse a cosas mejores».
«Es probable que estos servicios de recopilación de datos aumenten», afirmó Aditi Surie, experta en trabajo digital del Instituto Indio de Asentamientos Humanos. En este contexto, algunos especialistas han advertido que la aplicación de la IA podría perjudicar a zapateros, limpiadores de alcantarillas, agricultores, entre otros.
Photo : en mai 2026, la présidente par intérim Delcy Rodríguez inaugure le Centre de gestion des technologies et des données des hydrocarbures, conçu pour consolider la souveraineté sur le traitement des données de l’industrie pétrolière, gazière et pétrochimique nationale. La Banque de données y protègera plus de 800 téraoctets d’informations géoscientifiques critiques.
La réalité vénézuélienne née de l’enlèvement du Président Maduro et de la députée Cilia Flores, après un combat inégal qui a fait plus de cent victimes, se refuse à toute interprétation hâtive ou moralisatrice. Il s’agit d’un scénario ouvert de survie étatique où le pouvoir, la coercition et l’adaptation pragmatique redéfinissent les règles du jeu. La théorie politique de Hans Morgenthau offre un cadre d’analyse intéressant qui reconnaît « la portée morale de l’action politique » mais considère que « les principes moraux ne peuvent être pris en compte pour comprendre les relations entre les États. Ils changent dans le temps et dans l’espace: les États agissent toujours en fonction du principe moral suprême de survie nationale. ».
ÉTATS-UNIS : DE LA PRESSION MAXIMALE À LA POSITION TRANSACTIONNELLE
Entre 2014 et 2026, Washington a appliqué au Venezuela un processus structuré d’étranglement économique, d’intensité variable. Cependant, dès 2025, ce modèle d’étranglement a pris une dimension concrète : un blocus naval de facto, un déploiement militaire dans les Caraïbes et une opération sans précédent comprenant l’enlèvement et le transfert du président Nicolás Maduro aux États-Unis.
La menace a pris une dimension bien supérieure à celle de la décennie précédente, qui avait déjà fait des milliers de victimes en raison de l’effondrement des services publics et provoqué une migration économique massive. La matérialisation militaire a radicalement bouleversé les prévisions des années précédentes. La logique de la « pression maximale » s’est traduite par la criminalisation des dirigeants chavistes, affublés d’étiquettes telles que « chef du Cartel de los Soles » ou du « Tren de Aragua ». Depuis le décret d’Obama, la caractérisation du Venezuela comme « menace hémisphérique » construisant un récit qui légitimait, même dans son cadre unipolaire, un siège multidimensionnel. Mais les événements du 3 janvier ont constitué l’intervention militaire la plus brutale dans la région depuis un siècle, tant par son échelle que par la technologie déployées. Le Venezuela a été tactiquement surclassé. Washington a d’abord informé directement le gouvernement vénézuélien du décès du président Maduro et lui a présenté un dilemme simple : négocier ou s’exposer à l’anéantissement institutionnel. Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Vladimir Padrino López et Diosdado Cabello se sont déclarés prêts à subir le même sort, mais la confirmation que Maduro était vivant a ouvert la voie à la négociation.
Depuis, le discours criminalisant le gouvernement vénézuélien s’est estompé. Washington négocie désormais avec les mêmes acteurs qu’il qualifiait de « narcoterroristes » il y a quelques mois. Dans les faits, les États-Unis ont abandonné leur propre rhétorique et reconnaissent le chavisme comme une réalité objective ; ils le présentent même comme un exemple de gestion politique réussie. Le pétrole vénézuélien, auparavant immobilisé dans les zones de mouillage, afflue à nouveau vers les États-Unis et d’autres marchés, contribuant ainsi à stabiliser un contexte mondial bouleversé par la guerre contre l’Iran et le conflit pour le contrôle du détroit d’Ormuz.
Il n’y a pas eu de changement de régime, bien que Washington ait réitéré son « souhait d’un changement de régime », deux concepts qui ne sont pas synonymes. Pour l’administration Trump, le contrôle des hydrocarbures vénézuéliens poursuit un triple objectif : influencer la nouvelle orientation politique à Caracas, obtenir des gains économiques concrets et moduler la réaction des puissances extra-hémisphériques restées dans une position réactive depuis janvier.
Loin de favoriser une transition démocratique classique, un système de contrôle stratégique se met en place, où l’accès au pétrole brut, son exploitation et sa commercialisation constituent le principal instrument de pression politique. Les déclarations triomphalistes de Trump sur le Venezuela (comme sur l’Iran) sont essentiellement de la démagogie : elles visent sa base électorale, qui craignait un « nouvel Irak » dans les Caraïbes, mais pas la population vénézuélienne. Le président instrumentalise ce cas pour faire croire à sa « réussite permanente » en matière de politique étrangère.
La Maison-Blanche estime probablement qu’une intervention directe plus poussée mettrait en péril le statu quo. Une occupation ou une administration directe serait coûteuse et politiquement intenable. Elle préfère donc manœuvrer de manière conjoncturelle et maintenir une forme de pression à travers les « licences temporaires conditionnées » qui, malheureusement pour le Venezuela, subordonnent cette partie du commerce extérieur au Trésor états-unien, qui joue le rôle d’intermédiaire et de superviseur des flux de ressources.
LA DROITE VÉNÉZUELIENNE : FRAGMENTATION ET PERTE D’INFLUENCE
Depuis des années, le spectre de l’anti-chavisme demeure fragmenté en blocs, plateformes et leaders concurrents. Il n’existe pas d’opposition unifiée, mais plutôt de multiples factions aux agendas et tactiques divergents.
L’oligarque d’extrême droite María Corina Machado, bien qu’en représentant une composante importante, fut l’une des premières figures politiques neutralisées après le 3 janvier, jour même où Delcy Rodríguez accédait à la présidence par intérim. L’administration Trump a marginalisé Machado et sa plateforme ; ni son prix Nobel ni son transfert à la présidence états-unienne n’ont compensé sa perte d’influence opérationnelle. L’incapacité de ce courant à diriger les institutions vénézuéliennes a été mise en évidence, car elle ne correspondait pas au principe washingtonien de garantir la stabilité institutionnelle et la gouvernabilité à un moment critique.
Edmundo González, le président autoproclamé élu, s’est retiré de la vie politique. Il est retombé dans l’oubli après une campagne absente, pilotée par Machado, et a renoncé à toute ambition de « mandat » présidentiel, contredisant ainsi le discours de son camp depuis l’élection de juillet 2024. Le parcours de l’extrême droite a été complexe et contradictoire : Machado a annoncé à plusieurs reprises son retour au Venezuela, mais Washington conditionne sa décision ; des élections présidentielles ont été réclamées à court terme, mais des personnalités comme Marco Rubio ont repoussé cette éventualité en proposant un processus en trois phases, de grande envergure et progressif.
Certains dirigeants de cette droite se sont réunis au Panama, ont déclaré la carrière politique de González terminée et ont réaffirmé leur soutien à Machado. Ils ont annoncé une « négociation » avec le chavisme sous l’égide des États-Unis. Cependant, le gouvernement vénézuélien a officiellement exclu cette voie, et Diosdado Cabello, premier vice-président du PSUV, a indiqué qu’aucun dialogue n’avait été proposé avec ce secteur, à ce stade.
L’horizon politique de la droite est incertain. Aujourd’hui, elle est la grande perdante de ce réalignement stratégique. Avec la consolidation de la relation transactionnelle entre Miraflores et Washington, et l’institutionnalisation du contrôle des revenus pétroliers par le biais de licences et de comptes supervisés sur le territoire états-unien, sa capacité de projection est devenue inexistante.
C’est la conséquence directe de la soumission de son leadership, de ses ressources et de son discours au gouvernement états-unien pendant des années. L’ingérence extérieure, qui aurait dû servir de levier de renforcement, a finalement accéléré son affaiblissement systémique, organique et endogène. Elle est prise au piège d’un vide politique, incapable d’imposer une transition et contrainte d’accepter les règles imposées par des acteurs exerçant un contrôle territorial et financier.
Washington perçoit la transition vénézuélienne comme un phénomène continu visant à regagner de l’influence et à repositionner sa présence dans le pays comme dans le reste du continent (notamment face à la Chine), influence qu’elle avait elle-même érodée par ses sanctions et son auto-exclusion économique. Il n’y a pas de subordination de Caracas ; il existe plutôt une dynamique tendue, à la fois pragmatique et négociée selon les circonstances. La direction du chavisme perçoit cette transition comme un repositionnement stratégique : gérer les pressions, nouer des accords pragmatiques sur de multiples fronts – nationaux et internationaux. En témoignent les nouvelles lois protégeant les producteurs nationaux, ou la récente tournée de Delcy Rodriguez en Inde ou en Turquie et la signature de contrats visant à renforcer la capacité de production énergétique mais aussi à reconstruire les services publics détruits par le blocus occidental. Ainsi que le nouveau chapitre politique qu’incarne l’aministie de prisonniers impliqués dans les déstabilisations, ou les consultations nationales de tous les secteurs politiques et sociaux sur de grandes réformes comme celle de la Justice. Une partie de l’opposition y voit le signe d’un « changement de gouvernement » qui donnerait in fine le pouvoir à María Corina Machado. Mais elle manque d’influence réelle et de la structure nécessaire pour promouvoir cette option.
La dissonance entre ces trois visions est abyssale. À court terme, les acteurs capables d’influencer les dynamiques du pouvoir effectif l’emporteront. La droite reste présente, mais reléguée au second plan.
Photos : mai/juin 2026. 1 et 2) Au terme de sa visite de travail en Inde, Delcy Rodríguez s’entretient avec les chercheurs de l’Institut d’études supérieures Sri Sathya Sai, reconnu internationalement pour la qualité et la gratuité de son enseignement technique et scientifique de haut niveau. Au menu : des accords permettant le transfert de connaissances et des programmes bilatéraux de stages professionnels; 3) Réunion de haut niveau en Turquie avec l’équipe du Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles Alparslan Bayraktar.
Photos : 4) Conseil des ministres autour de Delcy Rodriguez pour évaluer et articuler les plans de développement national. 5) Rodriguez lance la Grande Consultation nationale sur la réforme de la Justice, un processus participatif destiné à transformer en profondeur l’administration de la justice pénale. 6) Réunion présidentielle avec 500 invités internationaux de plus de 50 pays au IIe Congrès international des entrepreneurs, à Caracas. 7 et 8) Lors d’une journée de mobilisation nationale contre les sanctions états-uniennes, Rodriguez dialogue avec les habitants de l‘autogouvernement communal « Emperatriz Guzmán » (état d’Anzoategui). Le débat a porté sur la continuité de l’Agenda économique bolivarien à partir des activités socio-productives communales.
LE GOUVERNEMENT BOLIVARIEN : ADAPTATION, PRAGMATISME ET RECONFIGURATION DU CHAVISME
Les dirigeants bolivariens ont adopté une position claire d’adaptation et d’assimilation au contexte. Ils reconnaissent les asymétries économiques, politiques et militaires existantes et négocient avec Washington en position de faiblesse, sans pour autant rester passifs.
Une transition est en cours, certes, mais il s’agit d’une transition du chavisme sur lui-même. Ce scénario s’est déjà produit : en 2006, avec la proclamation du caractère socialiste de la Révolution bolivarienne ; en 2013, après la mort d’Hugo Chávez et l’arrivée au pouvoir de Nicolás Maduro ; et en 2018, lorsque le blocus et les sanctions ont imposé des réformes économiques structurelles, notamment la loi anti-blocus promulguée par Nicolas Maduro et qui annonce la politique actuelle de Delcy Rodriguez. En 2026, le chavisme est à nouveau en pleine transition, avec des objectifs fondamentaux de survie et d’existence.
La structure du pouvoir chaviste demeure quasiment intacte, tant au niveau de sa direction et de ses postes clés que de sa cohésion institutionnelle. Il exerce le pouvoir formel, concentre le poids économique le plus important du pays et constitue un pilier de l’organisation sociale. Celle-ci continue de croître avec la multiplication d’autogouvernements populaires dans l’ensemble du pays. Le chavisme gouverne le Venezuela sur les plans matériel et existentiel.
Certes, il est confronté à une asymétrie de pression financière directe : l’octroi de licences conditionne les flux de revenus, ce qui constitue une violation manifeste et temporaire de sa souveraineté économique. Malgré cela, il surmonte cette situation en négociant des licences plus souples et en exigeant ouvertement, depuis le gouvernement et à travers des mobilisations populaires, la levée des sanctions comme garantie de son autonomie financière. Le gouvernement est convaincu que, par une gestion pragmatique, il peut assurer la survie physique de la République, repousser toute agression directe, maintenir le contrôle de l’État, promouvoir la cohésion nationale, préserver la paix intérieure et éviter un effondrement définitif. Ces conditions sont, en définitive, la protection de la population et la reconstruction de ses droits vitaux.
Cette approche ouvre de nouvelles perspectives : la production pétrolière et les recettes qui en découlent sont en hausse ; l’économie montre des signes de reprise plus vigoureuse, la croissance reste depuis quatre ans la plus forte de tout le continent (CEPAL/ONU) ; de nouveaux investissements affluent et la position internationale du Venezuela devrait s’améliorer. Le gouvernement octroie des concessions pétrolières ciblées qui constituent des incitations et des points de convergence avec Washington. Des secteurs tels que les mines, l’aviation commerciale, les services financiers et l’industrie légère regagnent en importance ou retrouvent leurs niveaux d’avant 2017. Et en 2026, pour la première fois, l’économie non-pétrolière est devenue le principal moteur de la croissance au Venezuela, représentant plus de 65 % du PIB.
Le gouvernement progresse également sur les mesures en suspens, reportées ces dernières années en raison de l’incertitude ou de choix stratégiques, comme le processus complexe de réforme du système judiciaire et certaines décisions économiques.
Caracas ne se contente pas d’exiger la levée des sanctions. Elle autorise l’implantation d’entreprises étrangères, notamment états-uniennes et européennes car, une fois établies, elles contribuent activement à l’amélioration du climat des affaires, malgré les contraintes liées aux licences. Le chavisme sait que le lobbying économique influence de nombreuses décisions à Washington. Les jugements fréquents, hâtifs, sur « le-Venezuela-bradé-aux-multinationales-par-Delcy-Rodriguez » se basent sur une amnésie voire une idéalisation de l’histoire de la Révolution bolivarienne. Les présidents Chavez et Maduro ont toujours signé des accords du type « association stratégique », dans tous les domaines, avec des multinationales du monde entier, et notamment des Etats-Unis. Ce sont ces derniers qui se sont auto-exclus en déclenchant un blocus visant à renverser le gouvernement bolivarien. Aujourd’hui, la souveraineté sur les gisements de pétrole, de gaz ou de minerai reste vénézuélienne. Les accords visent à rétablir les infrastructures abîmées par des années de blocus et à acccroître la production. Pour les Etats-Unis, il s’agit de se repositionner par l’investissement, et de regagner le terrain perdu suite aux mesures coercitives qu’ils ont imposées au pays. Mais pour éviter l’échec et garantir des investissements substantiels et durables, il leur est nécessaire de démanteler progressivement le système de sanctions. Les dirigeants vénézuéliens sont parfaitement conscients de cette dynamique à la Maison Blanche.
Une partie de la stratégie bolivarienne vise à recouvrer une pleine autonomie sur l’acheminement des ressources pétrolières. Les fonds détenus sur des comptes états-uniens, soumis au pouvoir discrétionnaire des États-Unis, représentent un enjeu politique majeur. Ce mécanisme de contrôle, bien qu’auditable – et de fait audité par une entreprise mandatée par le Venezuela –, est intenable à moyen terme : il expose les dirigeants états-uniens à des conséquences politiques internes en cas d’irrégularités, et la dynamique du secteur des hydrocarbures exige des rentrées de trésorerie régulières pour couvrir les frais d’exploitation et assurer le développement des activités. Caracas en est consciente et gère la situation avec une patience stratégique.
Des phrases comme « gagner du temps », « préserver la République » ou « résister », scandées par le chavisme, ont un point commun : la survie. Celle-ci prend un sens concret au sein de l’État-nation en tant qu’entité socioculturelle, dans son intégrité territoriale et au sein de sa population.
Le sort du président Maduro, détenu et jugé, demeure flou. Bien que le gouvernement vénézuélien soit parvenu à convaincre Washington de l’autoriser à financer sa défense avec une équipe d’avocats de premier plan aux États-Unis, l’issue judiciaire et politique reste incertaine et ne semble pas près de se résoudre. La capacité du chavisme à appréhender un contexte intérieur, inédit et complexe est mise à l’épreuve. Au Venezuela, les événements se déroulent plus vite que les cadres d’analyse disponibles. Par conséquent, toute conclusion prématurée sera incomplète et sujette à erreur.
L’avenir est incertain. Le jeu est fait de paris, d’incitations, de risques et de coûts indéniables. Le gouvernement vénézuélien en est conscient et continue de percevoir, au sein des centres de pouvoir de Washington, des facteurs qui menacent sa continuité et aspirent à le remplacer. Rien n’a changé à ce sujet.
L’équilibre actuel, fonctionnel mais fragile, n’est pas permanent. L’architecture qui soutient le statu quo sera modifiée en fonction des aspirations, des erreurs et des réajustements de chaque camp. Elle est exposée à des chocs et à de nouveaux facteurs de complexité. À terme, Washington tentera peut-être une nouvelle agression, ou d’imposer un calendrier électoral et de trouver une solution institutionnelle au chavisme, mais le chemin pour y parvenir est lui aussi incertain. La situation actuelle est un jeu ouvert, où chaque acteur déploie son poids, son pouvoir et sa capacité à gérer la réalité.
