Bolsonaro vs. Lula: entre el piloto automático y la ‘falta de hambre’

 

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De prensabolivariana en octubre 20, 2026 Ociel Alí López* El debate entre el presidente en ejercicio y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y su contendiente conservador, el senador Flávio Bolsonaro, dejó la sensación de una prueba superada con bastante fricción televisiva, pero sin grandes definiciones. A pocos días de que los brasileños acudan a las urnas para el balotaje del 25 de octubre, el encuentro se situó como una carrera de 100 metros con obstáculos donde ambos competidores tropezaron en tramos puntuales, pero lograron mantener el equilibrio, blindar sus núcleos duros de votantes y evitar fugas decisivas. Ambos llegaron a la meta. En la década de los 40 del siglo pasado, el sociólogo austro-estadounidense Paul Lazarsfeld acuñó una célebre paradoja para la comunicación política: la campaña electoral ha terminado justo cuando estaba por comenzar. El teórico explicaba que la mayoría de los electores toma su decisión basándose en predisposiciones socioeconómicas e ideológicas previas, haciendo que la propaganda formal reactive o refuerce identidades en lugar de provocar conversiones masivas. El encuentro se situó como una carrera de 100 metros con obstáculos donde ambos competidores tropezaron en tramos puntuales, pero lograron mantener el equilibrio, blindar sus núcleos duros de votantes y evitar fugas decisivas. Ambos llegaron a la meta. A la luz del debate, la tesis de Lazarsfeld cobra plena vigencia, aunque peca de ambigüedad. Por un lado acierta en el sentido de que ambos candidatos se replegaron a sus nichos de confort, dirigiendo discursos endogámicos a sus propios convencidos y realizando apenas algunos tímidos gestos hacia los indecisos o independientes; y por otro deja abierta la interrogante sobre si ese repliegue táctico alcanza para alterar el resultado de la primera vuelta, siempre contemplando el tan estrecho margen registrado. El encuentro representaba una prueba de fuego para las dos arquitecturas de campaña. Para Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, acostumbrado a la oratoria beligerante de la bancada conservadora en el Congreso, el reto radicaba en enfrentar a un veterano de la historia política latinoamericana. Existía el riesgo de perder la compostura o salir por completo de los márgenes de la política formal y disparar enunciados «incorrectos»; sin embargo, logró sostener su guión con relativa contención. Por su parte, para Lula, con décadas de recorrido en debates presidenciales y lucha política, el peligro consistía en caer en la incitación de un adversario que apelaría a la grosería. Aunque el mandatario mostró chispas de irritación, tampoco se desbordó del todo. Ambos contendientes lograron encajar duros impactos en el rostro político de su oponente. Bolsonaro abrió el debate poniendo a Lula a la defensiva durante los primeros minutos, mediante la reactivación de acusaciones de corrupción vinculadas a la trayectoria del Partido de los Trabajadores (PT) y cuestionamientos al entorno familiar del presidente. En el área de seguridad, también movió toda la fibra conservadora, no solo para generar irritación en la ciudadanía sino para dibujar su propuesta de gestión. Lula acusó una falta de ‘hambre de gol’ en la cancha contraria. En lugar de desplegar una batería de propuestas audaces dirigidas al votante desencantado o periférico, se volcó a proteger sus conquistas históricas, defender su territorialidad política y reiterar la crítica estructural a la derecha. Lula reaccionó con contundencia al acorralar a Flávio con datos sobre la gestión del coronavirus durante el Gobierno de Jair Bolsonaro y logró arrancarle un mea culpa, algo muy poco asimilable para los conservadores. Asimismo, frente a los reclamos del candidato del Partido Liberal (PL) por la alta votación obtenida por Lula en los centros penitenciarios, el aspirante izquierdista devolvió el golpe ironizando sobre su deseo que hasta el propio Jair Bolsonaro —condenado a 27 años por la trama golpista de 2023— votara por él, eliminando todo vestigio de complejo político. En el plano geopolítico e ideológico, Lula repitió el encuadre de su campaña anterior, al cuestionar la alineación irrestricta de la familia Bolsonaro con EE.UU. y con el presidente argentino, Javier Milei. Este enfoque hasta ahora ha beneficiado a la derecha en toda la región, así que no hay variables para pensar que esta vez será diferente. A pesar de sus aciertos defensivos, Lula acusó una falta de ‘hambre de gol’ en la cancha contraria. En lugar de desplegar una batería de propuestas audaces dirigidas al votante desencantado o periférico, se volcó a proteger sus conquistas históricas, defender su territorialidad política y reiterar la crítica estructural a la derecha. Reincidió en una narrativa enfocada en los logros de sus mandatos anteriores, ofreciendo pocas claves sobre cómo reconfigurar las dinámicas de desarrollo para las nuevas generaciones. En contraste, el senador Bolsonaro, recurriendo al manual de la derecha internacional contemporánea, articuló un discurso enfocado en el orden, la libertad de mercado y el repliegue del Estado, envolviendo su conservadurismo en una estética de futuro. Para Flávio Bolsonaro, la campaña electoral parece haber concluido la noche del debate: le basta con administrar la renta electoral acumulada y evitar fisuras en su base. Para Lula, por el contrario, la verdadera campaña recomienza tras el evento. De cara a la votación del 25 de octubre, las variables aritméticas y la sociología electoral proyectan dinámicas contrapuestas. En la primera ronda electoral, Flávio lideró el escrutinio con un 47,03 % de los votos válidos frente al 45,16 % de Lula, asegurando un margen favorable de casi dos millones de sufragios. Para la candidatura de derecha, la consigna es mantener encendido el piloto automático, no cometer errores en los días restantes y esperar el cruce de la meta con el apoyo ya fidelizado de su electorado y el de los aliados captados tras la primera vuelta, apoyado siempre por la victoriosa ola conservadora en auge en toda la región. Misil inflable y polémico pedido a Trump en un acto bolsonarista: atacar Brasil con armas nucleares (VIDEOS) Por otro lado, la abstención histórica en Brasil se sitúa en torno al 20 %, lo que equivale a más de 30 millones de electores que no ejercieron su derecho en la primera vuelta sobre un padrón total superior a los 150 millones. Para que Lula revierta el resultado, su campaña no puede dar por terminada la contienda, tiene que desmentir no solo los disparos de Bolsonaro, sino también la tesis de Lazarsfeld. Necesita salir a cazar activamente votos en las periferias urbanas, entre los indecisos y, sobre todo, movilizar a un mínimo de 3 millones de abstencionistas hacia sus urnas, asumiendo que su rival no experimente un crecimiento adicional. En un universo abstencionista tan vasto, la cifra es matemáticamente alcanzable, pero requiere un nivel de reactivación territorial y digital sin precedentes en una recta final brasileña. Para Flávio Bolsonaro, la campaña electoral parece haber concluido la noche del debate: le basta con administrar la renta electoral acumulada y evitar fisuras en su base. Para Lula, por el contrario, la verdadera campaña recomienza tras el evento. El abanderado del PT dispone de pocas horas para transformar el repliegue en una ofensiva de movilización popular que rompa con la inercia analógica e ingrese plenamente en los sectores populares. En las urnas no solo colisionarán dos modelos económicos y geopolíticos antagónicos, sino que se pondrá a prueba la vigencia misma de la hipótesis de Lazarsfeld. Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de PB. *Ociel Alí López. Es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido ganador del premio municipal de Literatura 2015 con su libro Dale más gasolina y del premio Clacso/Asdi para jóvenes investigadores en 2004. Colaborador en diversos medios de Europa, Estados Unidos y América latina.

Colombia. Corrupción: ¿Es eficaz la Auditoria forense?

 

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De prensabolivariana en octubre 20, 2026 Por: Horacio Duque /20/10/26 Todo indica que «seguridad», «corrupción», «ajuste fiscal» y «guerra cultural anti woke», son los tres significantes vacíos que dan sustento a la gestión institucional del gobierno de Abelardo y a su anclaje entre la ciudadanía en estos 70 días de la nueva administración. El problema de la corrupción con los recursos del Estado es muy grave pues, al año se pierden más de 60 billones de pesos de los dineros de Regalías, de Invias, del Ministerio del Interior, del Fondo de Adaptación, de la Unidad de Riesgos, del Sistema General de Participación, de Bienestar Familiar, de Prosperidad Social, del Dapre, etc. Son dineros que van a parar a las cuentas y los bolsillos de los grandes capos de los contrataderos y sus redes mafiosas. La corrupción continúa siendo uno de los problemas estructurales más graves del Estado colombiano. Su persistencia compromete recursos públicos, debilita la legitimidad institucional, deteriora la confianza ciudadana y afecta la capacidad estatal para garantizar los derechos de la población. Al día de hoy tenemos una importante infraestructura institucional adoptada y organizada para combatir la corrupción, pero la capacidad de las mafias para adaptarse es asombrosa. Después de los grandes escándalos ocurridos en los últimos 15 años como el de la alcaldía de Samuel Moreno en la construcción del Transmilenio de la Calle 26; del caso de Odebrecht; de Reficar; de Foncolpuertos; del de Centros Poblados (Tapias) y los más recientes (UGRD, Ecopetrol, Alcaldía de Quintero en Medellin), ha cobrado trascendencia la Auditoria forense como herramienta de lucha contra la corrupción de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 1600 del 27 de diciembre que ha tenido muchas dificultades para su implementación porque las Oficinas de Control Interno y de Planeación de todas las entidades estatales se encargan de impedir su implementación con distintas argucias. Sin embargo, más allá de los anuncios gubernamentales en curso, el desafío consiste en identificar, investigar y desarticular las redes políticas, empresariales y criminales que se apropian del patrimonio colectivo. Los escándalos mencionados no son hechos aislados. Revelan mecanismos complejos de intermediación política, contratación fraudulenta y desviación de recursos. Aunque se cuenta con organismos de control fiscal, disciplinario y penal, estas redes han demostrado capacidad para adaptarse a los mecanismos de vigilancia. La Auditoria Forense. En este escenario adquiere relevancia la Auditoría forense como herramienta especializada para investigar la corrupción y proteger el patrimonio público. La Auditoría forense suele definirse como un conjunto de procedimientos orientados a identificar fraudes financieros, documentar operaciones ilícitas y producir evidencia con valor probatorio. Esa definición describe adecuadamente sus métodos, pero resulta insuficiente para comprender su función institucional. En contextos donde la corrupción adquiere formas sistémicas, el problema ya no consiste únicamente en establecer la existencia de un delito, sino en revelar las redes de poder que hicieron posible su ejecución y permanencia. Esta diferencia es fundamental. Mientras la auditoría convencional verifica el cumplimiento de normas y procedimientos, la Auditoría forense reconstruye relaciones ocultas entre decisiones administrativas, estructuras societarias, flujos financieros y beneficiarios finales. Su finalidad no es únicamente establecer qué ocurrió, sino explicar cómo se articuló un sistema de apropiación del patrimonio público y quiénes obtuvieron ventajas de él. En ese sentido, la Auditoría forense produce un tipo de conocimiento indispensable para la democracia. Allí donde la captura del Estado fragmenta la información, dispersa responsabilidades y oculta los verdaderos centros de decisión, la investigación forense integra las evidencias hasta reconstruir la lógica completa del fenómeno. Su aporte consiste en transformar hechos aparentemente aislados en una explicación coherente sobre el funcionamiento del poder. La auditoría forense frente a la captura del Estado. La auditoría forense combina técnicas contables, financieras, documentales y de investigación para detectar posibles fraudes, reconstruir operaciones irregulares y obtener evidencias útiles para las autoridades competentes. A diferencia de una auditoría ordinaria, centrada en verificar procedimientos y controles, puede seguir la trazabilidad de los recursos, identificar beneficiarios finales y examinar relaciones entre funcionarios, contratistas e intermediarios. No se trata únicamente de establecer cuánto dinero fue desviado. También interesa explicar cómo funcionó el mecanismo de apropiación, quiénes participaron y qué condiciones institucionales lo hicieron posible. Los estudios sobre captura y reconfiguración cooptada del Estado permiten comprender que la corrupción puede ir más allá de las conductas individuales: determinados intereses particulares pueden influir sobre las decisiones públicas y desviar las instituciones de sus fines constitucionales. La Auditoría forense aporta herramientas para documentar esas relaciones de poder, aunque por sí sola no puede desmantelarlas. Defender el erario es defender la democracia. El presupuesto público no representa solamente cifras contables. Expresa decisiones colectivas destinadas a financiar salud, educación, infraestructura, vivienda y otros derechos. Su apropiación indebida produce un daño patrimonial, pero también debilita los compromisos democráticos consagrados en la Constitución nacional. En la democracia la visibilidad del poder es clave. La corrupción organizada opera en sentido contrario: oculta beneficiarios, dispersa responsabilidades y aprovecha procedimientos aparentemente legales para encubrir intereses particulares. La investigación forense ayuda a reducir esa opacidad mediante evidencias verificables. Su eficacia, por tanto, no debe medirse solo por el número de hallazgos o investigaciones. Importan también la prevención de nuevos fraudes, la recuperación de recursos y la capacidad de las instituciones para rendir cuentas. La captura del erario puede terminar convirtiéndose en captura de la democracia. ¿Por qué no se utiliza con suficiente eficacia en Colombia? La distancia entre la abundancia de normas y organismos de vigilancia y los resultados efectivos contra la corrupción exige una explicación. La Auditoría forense enfrenta obstáculos que no se reducen a la disponibilidad de recursos o personal. En primer lugar, persiste una cultura administrativa que a menudo privilegia el cumplimiento formal de planes, indicadores y requisitos documentales. Estos controles son necesarios, pero resultan insuficientes frente a operaciones fraudulentas complejas. La prevención basada en riesgos requiere análisis sustantivo, alertas oportunas y capacidad para escalar irregularidades. En segundo lugar, las investigaciones pueden encontrar resistencias cuando comprometen intereses políticos o económicos. Examinar relaciones entre contratistas, intermediarios y funcionarios exige independencia técnica, respaldo institucional y protección de quienes denuncian. En tercer lugar, la fragmentación de los sistemas de información dificulta reconstruir la ruta del dinero. Datos contractuales, presupuestales, societarios y patrimoniales no siempre son interoperables ni se encuentran disponibles de forma oportuna. A ello se suma la necesidad de equipos interdisciplinarios con conocimientos de contratación pública, análisis financiero, tecnologías de información y técnicas probatorias. Finalmente, los hallazgos pierden valor si no conducen a decisiones. Una investigación técnicamente sólida necesita canales claros para remitir evidencias a las autoridades competentes, corregir fallas de control y promover, cuando corresponda, actuaciones fiscales, disciplinarias o penales. La Auditoría forense complementa esas competencias; no sustituye a la Contraloría, la Procuraduría ni la Fiscalía. Hacia una política de integridad pública más eficaz. Implementar y fortalecer la Auditoría forense exige incorporarla de manera selectiva, con criterios de riesgo, en los procesos de contratación, ejecución presupuestal y manejo de recursos de especial exposición. También requiere mejorar la interoperabilidad de los sistemas, la identificación de beneficiarios finales, la protección de denunciantes y la coordinación entre controles internos y organismos externos. La Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y la Ley 2195 de 2022 ofrecen elementos del marco colombiano de control interno, prevención y lucha contra la corrupción que los decretos 1122 y 1600 del 2024 han profundizado. Sin embargo, no deben presentarse como una obligación general de practicar Auditorías forenses en todas las entidades. Lo decisivo es convertir las capacidades de investigación en resultados institucionales concretos como parece estar ocurriendo en Ecopetrol y el Ministerio de Vivienda. La lucha contra la corrupción exige más que discursos, reformas administrativas o nuevas sanciones. Requiere transformar las condiciones que permiten a determinadas redes apropiarse de recursos y reproducir su influencia sobre el Estado. La Auditoría forense puede contribuir a ese propósito si cuenta con rigor técnico, autonomía y consecuencias efectivas. La corrupción organizada no solo se apropia del presupuesto: también erosiona la confianza ciudadana y puede convertir instituciones públicas en instrumentos de intereses privados. Por eso, fortalecer la Auditoría forense no es únicamente una decisión técnica de modernización administrativa. Es también una decisión política en defensa del patrimonio colectivo, el Estado social de derecho y la democracia colombiana. En esos términos, la AF si es una herramienta eficaz contra la desafiante corrupción. *Horacio Duque Giraldo es un historiador, analista político y académico colombiano. Cuenta con una sólida formación que incluye: Maestría en Relaciones Internacionales,Licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis en Educación Básica. Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos Contemporáneos. 𝕏@horacio_DG /horacioduquegiraldo@gmail.com

Rusia está empezando a conceptualizar Asia Central y Asia Meridional como la macrorregión CASA.

 

De prensabolivariana en octubre 20, 2026 Andrew Korybko* La amenaza que representa el ISIS-K para Afganistán (que altos funcionarios rusos han insinuado que está vinculada a Pakistán), la guerra afgano-pakistaní y el conflicto de Cachemira son los tres obstáculos para el Plan Kosygin del siglo XXI impulsado por PAKAFUZ en toda la región de CASA. El embajador ruso en Pakistán, Albert Khorev, confirmó que «Mientras el ministro del Interior ruso visitaba Islamabad, el jefe de la inteligencia rusa se encontraba en Kabul y el subsecretario de nuestro Consejo de Seguridad estaba en Nueva Delhi. Todos ellos también abordaron [la guerra afgano-pakistaní]. Por lo tanto, Rusia está intentando contribuir a la solución de este problema mediante estas iniciativas». Todo esto coincidió con la reciente Conferencia de la OTSC, la CEI y la OCS sobre Seguridad en Asia Central y Afganistán, celebrada en Moscú. La seriedad con la que Rusia intenta resolver la guerra afgano-pakistaní mediante su reciente acercamiento de alto nivel en materia de seguridad con ambos países y con su aliado indio de décadas de antigüedad sugiere firmemente que el Kremlin está empezando a considerar la seguridad de Asia Central y Asia Meridional como interconectadas. Como se explica aquí , Moscú también contempla la conexión del ferrocarril propuesto entre Pakistán, Afganistán y Uzbekistán (PAKAFUZ) con la India, lo que otorgaría a todas las partes intereses económicos compartidos en la seguridad de la región en general. PAKAFUZ representa el medio a través del cual Rusia pretende revivir el » Plan Kosygin » de la era soviética en las circunstancias actuales. Dicho plan fue propuesto por el primer ministro soviético homónimo en 1969 con la intención antes mencionada, que consiste en conceptualizar Asia Central y Asia Meridional como una macrorregión con intereses económicos y de seguridad interconectados; de ahí la propuesta de unirlas mediante un corredor comercial regional. Esta macrorregión puede denominarse CASA por conveniencia. La amenaza que representa el ISIS-K para Afganistán (que altos funcionarios rusos han insinuado que está vinculada a Pakistán, como se documentó aquí ), la guerra afgano-pakistaní y el conflicto de Cachemira son los tres obstáculos para el Plan Kosygin del siglo XXI impulsado por PAKAFUZ en toda la región de Asia Central. El primero se está abordando mediante el posible armamento de los talibanes por parte de Rusia contra el ISIS-K, en paralelo con una cooperación de seguridad más estrecha con las repúblicas de Asia Central , que representan, respectivamente, estrategias ofensivas y defensivas (indirectas). En cuanto al segundo punto, Rusia se ha ofrecido a mediar , pero Pakistán descartó recientemente las conversaciones incondicionales con Afganistán. Sin embargo, como intuyó el ministro de Asuntos Exteriores Serguéi Lavrov al culpar del conflicto al ISIS , un acuerdo de desescalada mediado por Rusia podría llevar a Pakistán a redefinir a los supuestos «talibán pakistaníes» respaldados por Afganistán como ISIS, reforzar su valla fronteriza y poner fin a las hostilidades para reanudar el trabajo conjunto en PAKAFUZ. Incluso si nunca llega a la India, fortalecería la integración integral en la mayor parte de CASA. Finalmente, Rusia también se ofreció a mediar en el conflicto de Cachemira, que contempla una posible solución mediante un compromiso mutuo que convierta la Línea de Control en la frontera internacional para normalizar las relaciones, reducir las tensiones regionales y extender la zona de operaciones de Pakistán (PAKAFUZ) a la India. Los esfuerzos de Rusia por resolver estos tres obstáculos para su Plan Kosygin del siglo XXI contextualizan su intensa actividad diplomática regional de las últimas semanas, caracterizada por un compromiso de alto nivel con Afganistán, Pakistán y la India, impulsado por la seguridad. Rusia comprende la complejidad del conflicto de Cachemira, a pesar de su pleno apoyo a la India en dicho conflicto, por lo que no culpa a ninguno de los dos por el estancamiento actual. Sin embargo, el papel implícito de Pakistán en el problema del ISIS-K en Afganistán y su guerra en curso con ese país podrían ser vistos negativamente por algunos. Si Rusia llega a creer que Pakistán es el principal obstáculo para la implementación, al menos parcial, de su Plan Kosygin del siglo XXI, impulsado por PAKAFUZ, en toda la región de Cachemira, entonces las relaciones podrían enfriarse pronto. Andrew Korybko *Andrew Korybko es analista político, periodista y colaborador habitual de varias revistas en línea, así como miembro del consejo de expertos del Instituto de Estudios y Predicciones Estratégicas de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Ha publicado varios trabajos en el campo de las guerras híbridas, entre ellos “Guerras híbridas: el enfoque adaptativo indirecto para el cambio de régimen” y “La ley de la guerra híbrida: el hemisferio oriental”. @AKorybko / 𝕏 @AKorybko