Cervantes

Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho; los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones; nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos; la cosa más fácil, equivocarnos; la más destructiva, la mentira y el egoísmo; la peor derrota, el desaliento; los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor; las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos, y sobretodo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia dondequiera que esté.

MIGUEL DE CERVANTES
Don Quijote de la Mancha.

6 de agosto de 2020

Bolivia. Único país del mundo sin clases por clausura de año educativo

Por Verónica Zapata, Resumen Latinoamericano 5 de agosto de 2020

El domingo 2 de agosto Jeanine Áñez, presidenta de facto de Bolivia, mediante un decreto arrebató el derecho sagrado a la educación de las y los niños y adolescentes del país, y clausuró el año educativo en los niveles inicial, primario y secundario, tanto de educación pública como privada bajo el argumento de evitar contagios por la pandemia. Sin embargo, el 10 de agosto se tiene previsto la apertura de los gimnasios, según la alcaldesa Angélica Sosa de Santa Cruz, el departamento con más contagios del país.

De esta manera, Bolivia se convierte en el único país del mundo en no tener una planificación alternativa para que los estudiantes puedan proseguir con sus clases en cuarentena, sea por la vía de clases virtuales, radios comunitarias, teleeducación, aplicaciones como Whats App, etc. Se dispuso que no haya aplazos y los estudiantes pasaran al grado siguiente automáticamente. Y solo se garantizará el pago de sueldos de los maestros fiscales.

Esta medida deja en la incertidumbre, además, el pago del bono Juancito Pinto que reciben las niñas y los niños como incentivo escolar con el fin de combatir la deserción escolar. Además, se quedarían sin trabajo miles de maestros y profesores que tienen contrato, pero no tienen ítem y reciben salario de los aportes de los padres de familia. Por otro lado, los colegios particulares no podrán pagar sueldos si los padres no pagan sus cuotas, por lo que han solicitado a Áñez que se haga cargo de ello. Con el cierre del año escolar la incógnita es donde irá a parar la plata del presupuesto establecido para el 2.020 para educación.

El 12 de marzo se suspendieron las clases y no fueron retomadas, tras el fracaso de la negociación del ministro de educación Víctor Hugo Cárdenas con los sindicatos de maestros y profesores de la zona rural y urbana. El ministro anunció el decreto 4.260 sobre educación virtual que establece 4 modalidades para la enseñanza, presencial, semipresencial, virtual y a distancia de forma unilateral. El decreto primero, encubre un plan de privatización de la educación y de exclusión de las comunidades indígenas rurales y la destrucción de la escuela tanto fiscal como rural. El decreto es inconstitucional y contradictorio, sostiene que “la educación es una función suprema del estado” y sin embargo, el decreto establece que “la educación virtual no significara recursos adicionales estatales”. Se exige que las escuelas deban contar con su propia plataforma educativa, cuyos costos deberían ser asumidos por los maestros y padres de familia, así como de las computadoras, celulares e internet. Lo que perjudica en especial a los padres con más de dos hijos. Segundo, el decreto liquida el principio de la educación única, dirigida y financiada por el estado, apunta a la descentralización de los municipios. El estado no se responsabilizaría de una propuesta curricular a nivel nacional y transfiere esta tarea a las unidades educativas, lo que sería un caos. Se liquida, de esta forma, el principio de la educación única, científica, fiscal y gratuita.

Bolivia cuenta con el servicio de internet más caro de Latinoamérica según Urgente.bo, debido a que principalmente no posee salida al mar para conectar directamente a la red interoceánica de fibra óptica, por la cual se trasmite información al mundo y debe contratar empresas intermediarias en otro país que nos conecte a la red mundial. El ministro Cárdenas pretendía dar clases virtuales sin que los costos para implementar ello los asuma el estado, transfiriéndolos a las familias y a los maestros, sin tener en cuenta la crisis económica que atraviesa el país. De esta manera se excluye de la educación a los sectores de escasos recursos y a cierta parte del sector rural que no tiene acceso a internet, sin hacer una propuesta alternativa para solucionar el problema. Tampoco brindo respuesta a las familias que exigían que se rebajen al 50% las cuotas de las escuelas privadas, ni a los estudiantes universitarios que exigen regulación en el sector.

Por estos motivos, en el país se llevaron a cabo múltiples marchas docentes en diferentes puntos del país, el 3 de julio fue la primera masiva en los 4 meses de cuarentena, que fue acompañada por una huelga de hambre que se inicio el 1 de julio por los maestros rurales. Otra el martes 14 de julio, a la cabeza de la central obrera boliviana (C.O.B.) a la que arribaron los maestros rurales, luego de cuatro días de caminata. Se rechazo el decreto 4.260 de educación virtual, 4.272 de reactivación de la economía y la contemplación del dióxido de cloro.

Responsabilidad de la cancelación año escolar es transferida a Evo Morales
El 2 de agosto Yerko Núñez, ministro de la presidencia transfirió la responsabilidad de la clausura escolar a Morales: “En vista del retraso tecnológico de las últimas décadas, este periodo será dedicado a la ampliación de las fibras ópticas, señal de satelital e internet, dotación de equipos tecnológicos (…) Durante estos 14 años no se invirtió en mejorar el sistema de internet, lamentamos que en provincias y muchos sectores del país, no hay internet y por eso se decidió clausurar el año electoral (…) se fortalecerá el servicio actual de educación radial y televisiva de instituciones públicas y privadas.”.
Las afirmaciones del ministro no corresponden a los enormes logros de la política en comunicaciones del gobierno de Evo Morales, ni se condice con el accionar de de su propio gobierno de facto que cerró 53 radios comunitarias en todo el país, ni con el desfalco que sus múltiples funcionarios que pasaron por ENTEL.

La política de comunicaciones del gobierno de Evo Morales estuvo marcado por tres hitos importantes, el lanzamiento del satélite Tupak Katari el 2013 que permitió la universalización del servicio de televisión, la introducción de la TV digital el 2018 y la nacionalización de la empresa de telecomunicaciones ENTEL el 2008 que desarrolla servicio 4G-LTE, lo que cambio rotundamente el alcance y calidad del servicios de telefonía fija y móvil, de la televisión abierta como por cable, de radios, y aumentó la cantidad de conexiones a internet.

En el 2005 la brecha digital, es decir, la desigualdad en acceso a los servicios de comunicación, evidenciados en la penetración de servicios telefónicos en el área rural era de 0,63% y en el área urbano de 60%, lo que repercutía en el acceso a la información y la comunicación en las comunidades. Al 2019 se extiende la cobertura de telefonía móvil a 13.421 localidades alcanzando al 97% de la población. El 3% restante corresponde a poblaciones alejadas.
Los avances en comunicación durante el gobierno anterior implicaron la ampliación de la red nacional de fibra óptica (canal transmisión de datos), que antes de la nacionalización de la empresa de telecomunicaciones ENTEL, contaba con 3.644 kilómetros de fibra óptica, y al 2019 se incremento a 18.138 kilómetros. El país registraba hasta el 2008 (radio base) 343 antenas y se incremento a 8.481 hasta el 2019. En Bolivia existen 16.476 localidades con población mayor o igual a 50 habitantes, hasta el 2008 solo 1.800 localidades tenían servicios de telecomunicaciones terrestres, al 2019 se incrementaron a 13.691, es decir, el 83% de estas localidades tienen servicios de telecomunicaciones terrestres. Por otro lado, a partir del 2013 todas las capitales de municipios rurales y urbanos cuentan con telefonía móvil e internet.

El 2016 mediante un acuerdo con Perú, se llevó a cabo un mega Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (PRONTIS) que incluye el tendido de fibra óptica propio para el país desde la frontera hasta el Pacífico en territorio peruano con el fin de comunicarse de manera directa a la red mundial. Lo que permitiría negociar directamente con los operadores internacionales, mejorar la velocidad, llegar a cada rincón del país y reducir los costos de internet. El programa incluyó la construcción de telecentros satelitales, radio bases y ampliación de la red de fibra óptica con una inversión de 300 millones de dólares, según el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas. Por otro lado, ENTEL había instalado su filiar en Perú el 2018 y obtuvo el 2019 licencia para prestar servicio en telefonía móvil e internet en el mercado peruano.

Los principales indicadores en comunicación fueron record, según la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (A.T.T), el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (M.O.P.S.V.) y el Viceministerio de Telecomunicaciones: el número de líneas móviles en el 2005 fue de 2.421.402 y el 2019 trepó a 11.583.000, un incremento del 478%, con una penetración de casi el 100% en líneas celulares en el país. Las conexiones a internet el 2005 eran de 169.482, al 2019 aumentó a 10.117.177, 5.969 % más. El número de telefonía fija el 2005 era de 645.384, al 2019 se incremento a 683.835, 5,9 % más. El número de conexiones de televisión por cable al 2005 era de 82.529 y al 2019 aumentó a 599.064, un 725 % más. La cantidad de canales de T.V. al 2005 era de 169, al 2019 se incrementó a 641, 379 % más. La cantidad de radioemisoras FM al 2005 eran de 475 y al 2019 aumentaron a 1352, 284% más y las de AM eran 184 al 2005, al 2109 se incrementaron a 297, 161% más. El país quedo en una mejor posición que el promedio regional, según Pedro Roa, secretario en el regulador Subtel de Chile hasta el 2016.

Posterior al golpe, el 26 de enero del 2020 en una entrevista al diario Opinión, Elio Montes ex gerente de facto de ENTEL antes de fugarse a EU por corrupción, aprobó el programa PRONTIS del gobierno de Morales que estaba avanzado en un 90%, y se comprometió a concluirlo en 60 días, pero hasta la fecha no hay noticias al respecto. Por otro lado, Evo Morales el 2013 creó la empresa Quipus que ensamblaba computadoras y se distribuyeron estas a los estudiantes. El 4 de marzo del 2020, la fiscalía allanó la empresa, a solicitud de Áñez y secuestraron 10 mil celulares y 33 mil computadoras. La acusación es que la empresa generaba pérdidas y no utilidades.

El gobierno de facto no puede justificar la clausura del año escolar alegando una supuesta “falta de internet” en “toda” la zona rural, que es falaz, enfocar en ello solo devela su incapacidad, su mala fe, y la continuidad de avasallar los D.D.H.H., en este caso, el derecho a la educación garantizado en el país gratuitamente mediante la ley 070 “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” y la ley 077. A nivel internacional por el art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el art. 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

La principal barrera para acceder a educación virtual es económica, producto de querer delegar el financiamiento de la infraestructura para implementarla a las familias y a los maestros en un contexto de crisis económica, producto de las políticas neoliberales del gobierno de Áñez. Hay condiciones para continuar con el ciclo lectivo y es obligación del estado asegurarlo. Por otro lado, la responsabilidad de no implementar con el programa PRONTIS que hubiera solucionado estas barreras económicas y tecnológicas, es exclusivamente del gobierno de facto que se comprometió a ello en enero del 2020, a través de Elio Montes, ex gerente de facto de ENTEL. De todos modos, la población rural en el país es del 30%, si hubiera voluntad de trabajo, se podría utilizar estrategias alternativas como radio, teleeducación, diferentes aplicaciones como Whats App, envío de material, etc., para dicha zona como se lleva a cabo en los demás países.

El 4 de agosto el ministro de educación, ante una lluvia de condenas internacionales de UNICEF, O.N.U., etc., sostuvo que no se interrumpirá la educación virtual y a distancia, sin embargo en la resolución ministerial 0050/2020 no menciona la continuidad de estas modalidades de educación, solo la clausura. En este gobierno, los papeles y las acciones van por un lado, y los discurso por el otro. El dirigente de maestros rurales Andrés Huayta lamento las contradicciones de Cárdenas, Áñes y Yerko Núñez.
Verónica Zapata, periodista y psicóloga boliviana.

Bolivia. Camisas negras en el Palacio Quemado

Por Camilo Katari, Resumen Latinoamericano 5 de agosto de 2020

El nombramiento como Ministro de Estado de Branko Marinkovic, es todo un desafió a la memoria histórica del pueblo boliviano. No podemos aceptar que un hombre que trató de dividir al país y que aún debe rendir cuentas al pueblo, se ponga nada menos que a planificar el destino de Bolivia.

Branko Marinkovic es cruceño pero de padre croata y madre montenegrina. Empresario ligado a las logias más radicales y racistas del oriente. Además de ser accionista y director del Banco Económico, tiene inversiones en ganadería.

En 2008 Branko Marinkovic, asumió la presidencia del Comité Pro Santa Cruz, dos años después que Evo Morales asumiera la primera magistratura del Estado en 2006, con él como dirigente cívico se impusieron duramente los estatutos autonómicos para declarar junto a otros como Rubén Costas, Mario Cossío, Leopoldo Fernández, Ernesto Suárez y Sabina Cuéllar, y otros líderes cívicos la llamada ‘media luna’ en el país.


El grupo de poder del oriente boliviano que enarbola la supremacía blanca como ideología, poco a poco se hizo del gobierno. Está claro que no pretenden llamar devolver al país la estabilidad y democracia, para superar la crisis de salud pública.

La mentalidad fascista de varios miembros del gabinete, no garantizan el respeto a la Constitución, a los derechos humanos y lo más importante la vigencia de un Estado.

Ya no quedan las medias tintas para calificar al gobierno: el fascismo gobierna Bolivia.

*Camilo Katari, es escritor e historiador potosino

Marinkovic abrazado a dos terratenientes ultraderechistas

Bolivia. Segundo momento del neogolpismo: reducir la Asamblea Legislativa

Por Jorge Richter Ramírez, Resumen Latinoamericano, 5 de agosto de 2020.

El 15 de julio que pasó, desde el ministerio de Defensa se le dijo al país que “frenar el ascenso de los generales significaba dejar indefensa a nuestra patria, atentar contra la seguridad externa e interna y castigar” a militares que “están haciendo todo el esfuerzo para combatir esta pandemia”. Argumento vacío y desprovisto de sustancia para acometer la ilegalidad. El hecho puntual es que, tanto la CPE, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y el Reglamento del Senado Nacional, no estipulan plazos específicos, entiéndase cantidad de días, para la aprobación obligada de los ascensos militares. Por el contrario, sí señala la mecánica que reglamenta las situaciones en las que se encontrasen irregularidades que impiden el proceso de ascensos y las formas en las que éstas deben subsanarse. La decisión del Poder Ejecutivo (comportamiento uno) fue avanzar por fuera de la CPE y la ley a través de un decreto, buscando encontrar un mecanismo teñido de legalidad y que le permitiese prescindir de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El 12 de abril, el ministro de Finanzas y el presidente del Banco Central de Bolivia, le envían una carta a la señora Kristalina Georgieva, Directora General del FMI, en ella, además de señalar la voluntad para cumplir con varios objetivos que son exigencias habituales en las políticas del FMI (reducción del déficit fiscal y colaboración con los personeros del FMI para que accedan a los estados financieros del Estado e informes de auditoría de las cuentas nacionales) expresan el ánimo de (texto traducido): “Dado que la financiación del FMI se prestará al gobierno, se establecerá un acuerdo marco entre el gobierno y el Banco Central sobre la responsabilidad respectiva de cumplir con las obligaciones de financiación del FMI”. Importante observar que la CPE también norma los empréstitos que contrae el Estado boliviano. El artículo 158, que refiere a las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el numeral 10 nos dice: Aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado”. Todo el proceso de compromisos crediticios que gestiona el gobierno nacional, requiere también, en virtud de lo que señala el artículo 12 de la CPE (“La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos”), una comunicación y combinación entre los órganos de poder. Alejado del mandato constitucional de la debida coordinación, la Presidencia del Estado, conmina a aprobar unos créditos que bajo la noble presión de “Bono Salud” tiene como trasfondo regularizar el hecho administrativo unilateral. Hoy tenemos un crédito ya desembolsado y comprometido desde el Poder Ejecutivo (comportamiento dos) que, como en el evento de las FF.AA., prescinde de las incómodas funciones que la CPE le otorga a la Asamblea Legislativa Plurinacional de ser la instancia de control y fiscalización de los órganos del Estado y las instituciones públicas (Art. 158, numeral 17).

Jueves 23 de julio. El TSE anuncia que la fecha para elegir a nuestras autoridades ha sido modificada una vez más. El detalle que preocupa no está en el argumento que lleva a esta decisión, sino en un abandono de la breve jurisprudencia de un actuar claro y repetido desde el mes de noviembre de 2019. Bolivia vive un proceso -interrumpido por la pandemia- electoral de excepción. Este tipo de elecciones está normado en la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, que señala expresamente, sin espacio a interpretaciones, que estos procesos requieren de una normatividad “excepcional” (Art. 24, numeral 7) mediante Ley expresa. La Ley 1266, que da inicio al proceso electoral boliviano de “excepción” -y que mantiene plena vigencia- señala en su artículo 3ro (que no interfiere con la Ley 1304): que el TSE y los TED quedan encargados de la organización, administración y ejecución del proceso electoral. Claramente, la convocatoria se realiza a partir de un rango de tiempo que se define en la Ley de “excepción”. Por encima de la normativa excepcional señalada en las leyes 1266, 1269, 1270, 1297 y 1304, impensadamente el TSE (comportamiento 3) asume una decisión (con votación de vocales en disidencia) por fuera de la arquitectura jurídica que regula el proceso electoral de “excepción” para situarse con un poder que prescinde, como en los anteriores casos anotados, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dejándola inerme en las facultades que la CPE y las Leyes Orgánicas (018 y 026) le confieren.

Indisimulado trabajo de los sectores duros del conservadurismo en Bolivia para cercar y extinguir el poder constitucional de la ALP. El “Nuevo Golpismo” en América Latina, de fuerte presencia civil y disimulada complicidad militar, busca envolver bajo una semblanza institucional mínima al órgano Legislativo, manteniendo su funcionamiento, pero reduciéndolo a un valor nominal. Acciones menos sangrientas, pero no por ello, menos antidemocráticas.

Jorge Richter Ramírez es politólogo

Fuente: Rebelión.

Bolivia. Recrudecen los bloqueos en el tercer día de protestas / Solidaridad desde Argentina

Resumen Latinoamericano, 5 de agosto de 2020.

En el tercer día de bloqueo, miles de campesinos y campesinas, mineros, indígenas y pobladores y pobladoras de numerosas localidades, han reafirmado la necesidad de seguir enfrentando a la dictadura y exigir que se realicen elecciones el próximo 6 de septiembre.

#NORTE_POTOSÍ
Amenazan con #cercar la sede de #gobierno si el TSE no convoca a elecciones generales del 6 de septiembre.

Dia 3 de BLOQUEO pueblos originarios del #NORTE_POTOSÍ

Huaraschi, de la COB: «No nos amenaces Murillo: un punto de bloque que toques será tu responsabilidad lo que hagamos después»

DESDE JUJUY, EL APOYO DE CARLOS «PERRO» SANTILLÁN A LA LUCHA DEL PUEBLO BOLIVIANO.

La imagen puede contener: exterior y naturaleza
#BLOQUEO #internacional #ORURO – #PISIGA que une con el país vecino #Chile, a la altura de Corque

La imagen puede contener: 1 persona, moto y exterior
Se mantiene el #BLOQUEO en el sector de Santa María, provincia Guarayos, carretera a #Santa_Cruz

#HUANUNI

Tercer dia de BLOQUEO

MUNICIPIO DE #CAPINOTA TAPACARI NORTE POTOSÍ se aproximan a #PAROTANI para reforzar el BLOQUEO INDEFINIDO

Ante las amenazas de MURILLO con desbloquear, refuerzan #PAROTANI

#CAPINOTA #SAYARI #COOPERATIVISTAS #MINEROS SE APROXIMAN A #PAROTANI

Municipio #Arque #COCHABAMBA

«Estaremos hasta las últimas consecuencias»

Desde Argentina, como Movimiento de los Pueblos por un Socialismo Feminista Desde Abajo nos solidarizamos con la lucha del pueblo boliviano para que se respete la fecha del 6 de septiembre y se realicen las elecciones generales.

La excusa de la pandemia que esgrime el gobierno de facto de Jeannine Añez, para posponer la fecha al 18 de octubre, no es atendible.

El pueblo boliviano, que tiene una rica experiencia en luchas contra gobiernos dictatoriales está dispuesto a llevar esta adelante, como lo demuestran los numerosos cortes de ruta y la huelga general indefinida.
Sólo un gobierno que sea elegido por la mayoría de los y las bolivianes, estará en condiciones de dirigir al país para superar la crisis de la pandemia de coronavirus y la tierra arrasada que está dejando la facción fascista que está en el poder.

Elecciones libres y democráticas en Bolivia, YA

Fuera Añez, Murillo, Camacho, Tuto Quiroga, Meza y todos los políticos pro imperialistas.

Libertad a los y las presas y presos políticos.

La pollera se respeta carajo

La wiphala se respeta carajo.

Bolivia. Fracasó el intento de modificar la fecha de las elecciones / El titular de la COB ratificó que los bloqueos se incrementarán (videos)

Resumen Latinoamericano, 5 de agosto 2020.

El TSE explicó a la dirigencia de la COB que no es posible modificar el calendario electoral, aunque abrió la posibilidad de una próxima reunión.

Salvador Romero, en declaraciones a los periodistas la noche de este miércoles.

Tras cinco horas de reunión entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las organizaciones sociales que protestan por la postergación de los comicios, no hubo ningún acuerdo para modificar la fecha de la elección.

Al salir de la reunión, dirigentes de las organizaciones expresaron su molestia por que el TSE no haya aceptado cambiar la fecha, 18 de octubre.

De modo que los bloqueos de caminos continuarán exigiendo que se mantenga el 6 de septiembre como el día de los comicios.

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Orlando Gutiérrez, afirmó que los mineros están al apronte para movilizarse en caso de una eventual represión en los puntos de bloqueo.

En tanto, el líder de la COB, Juan Carlos Huarachi, lamentó que no haya posibilidad de acuerdo. “Lamentablemente, no hay voluntad del TSE; hemos estado cinco horas justificando el pedido del pueblo, las reivindicaciones sociales y los argumentos jurídicos”, dijo en medio de vítores y arengas de “elecciones ya” afuera del edificio del TSE, en la plaza Abaroa de La Paz.

Bolivia. Juan Carlos Huarachi, secretario de la COB, llama al pueblo a luchar, al no haber acuerdo para elecciones con la dictadura de Añez.

Renewables now EU's biggest source of electricity: study

by Staff Writers
Paris (AFP) July 22, 2020

Renewable energy sources such as the wind and the sun overtook fossil fuels as the European Union's main generators of electricity in the first half of this year, according to a new report published on Wednesday.

"In the first half of 2020, renewables -- wind, solar, hydro and bioenergy -- generated 40 percent of of the EU-27's electricity, whereas fossil fuels generated 34 percent," the London-based think-tank Ember found in its study.

The amount of electricity generated by renewables in the EU's 27 member states rose by 11 percent in the period from January to June, Ember calculated.

"This was driven by new wind and solar installations and favourable conditions during a mild and windy start to the year."

Wind and solar alone reached a record of 21 percent of Europe's total electricity generation, and reached even higher penetration in Denmark (64 percent), Ireland (49 percent) and Germany (42 percent), the study said.

Fossil fuels, on the other hand, fell by 18 percent, squeezed both by rising renewable generation and a seven-percent fall in electricity demand due to the coronavirus pandemic.

As a result, the EU-27 power sector's emissions of carbon dioxide (CO2) fell by about 23 percent, Ember said.

"This marks a symbolic moment in the transition of Europe's electricity sector," said Ember's electricity analyst, Dave Jones.

"Renewables generated more electricity than fossil fuels, driven by wind and solar replacing coal. That's fast progress from just nine years ago when fossil fuels generated twice as much as renewables."

Nevertheless, the pace of change varied from country to country, the think-tank said.

While the phase-out of coal, for example, gathered pace across the whole bloc, falling by 32 percent in the entire EU, Poland became Europe's biggest coal generator after Germany.

"For the first time ever, Germany generated less coal-fired electricity than Poland. Coal also fell in other countries faster than Poland, so that Poland now generates as much coal generation as the remaining 25 EU countries combined," Ember said.

Aussie student in landmark climate change lawsuit against government
Sydney (AFP) July 22, 2020 - An Australian student is suing the government for failing to disclose climate change risks to investors in sovereign bonds, in what lawyers believe is the first case of its kind.

The lawsuit filed in the Federal Court on Wednesday alleges Australia's economy and reputation will be significantly impacted by the government's response to climate change and that investors should be made aware of those risks, Sydney-based firm Equity Generation Lawyers said in a statement.

Kathleen O'Donnell, a 23-year-old student who owns Australian government bonds, is the lead claimant in the class action.

It comes after Australia suffered a devastating summer of bushfires that razed vast tracts of land, killing more than 30 people and an estimated billion animals.

Scientists say climate change is making fire seasons Down Under longer and more severe, while also burning in areas previously untouched by bushfire.

O'Donnell grew up in an area of rural Victoria state that has previously been ravaged by bushfires.

"Australia's reputation is particularly impacted by the government's failure to limit fossil fuel production and failure to have a credible plan to transition Australia to a low carbon economy," her lawyers said.

"The lack of credible policies is expected to ultimately cost the economy when a sudden and disorderly transition occurs."

Renewables accounted for just six percent of Australia's primary energy mix in 2018, according to government figures, while the country is one of the world's largest exporters of fossil fuels.

However the conservative government insists Australia will meet its Paris climate agreement target of reducing emissions by 26-28 percent on 2005 levels by 2030.

The country has just over Aus$600 billion ($429 billion) in sovereign bonds on issue, according to the Reserve Bank of Australia.

O'Donnell's claim is seeking a court injunction to prevent Australia from promoting bonds without informing investors about climate change risks.

Her lawyers said it "is the first case in the world dealing with climate as a material risk to the sovereign bond market".

Australia's Treasury department said it "does not comment on matters concerning current court proceedings".


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5 de agosto de 2020

Venezuela. Cómo José Ignacio Hernández ayudó a estrangular PDVSA mientras era “procurador general” de Guaidó

Resumen Latinoamericano, 4 de agosto de 2020.

Para los enemigos de Venezuela no es suficiente allanar los caminos de la desestabilización, la sedición y la intervención extranjera multifactorial, más bien son los mecanismos que usan motivados por el lucro y la acumulación. Y usan peones locales con hábitos antinacionales con el fin de saquear las finanzas y los activos de la República Bolivariana en el mundo.

Algunas compañías energéticas y mineras han decidido llevar su cruzada por los recursos venezolanos a los tribunales internacionales y estadounidenses. Suelen exigir una indemnización por “malos tratos” durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y además tienen a un abogado venezolano que no tiene problemas en cobrar unos cuantos dólares por testificar y tejer estratagemas jurídicas con el fin de ganar en la carrera por las luchas legales de las transnacionales contra las empresas públicas venezolanas.

Nos referimos a José Ignacio Hernández, quien hasta hace unas pocas semanas era el procurador fake del “proyecto Guaidó”. Participó activamente en los fallos ante la Corte de Delaware (EEUU) a favor de Crystallex contra CITGO (filial de PDVSA, estatal petrolera venezolana) en 2018, asimismo a favor de Owen Illinois en 2019, introduciendo el argumento jurídico del “alter ego”; y fue denunciado bajo pruebas por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez de planificar otro fallo a favor de ConocoPhillips, también contra CITGO.

Luego de que se propagara el escándalo, Hernández fue desvinculado del gobierno ficticio de Juan Guaidó. Esta facción desmanteló ella misma la narrativa de la “protección de activos” que tanto iza ante tribunales extranjeros contra la legítima República Bolivariana, siendo el ex “procurador” fake quien ha impedido que Venezuela tenga una defensa formal y contundente para hacer valer sus intereses en instancias internacionales y judiciales en Estados Unidos.

Los sobornos petroleros

Este individuo sin duda ha sido un factor importante en las sombras en la guerra transnacional contra Venezuela. Hoy es expuesto nuevamente a través de la prensa internacional.

La periodista estadounidense, Anya Parampil, miembro de The Grayzone, publicó recientemente un reportaje: “El escándalo de los sobornos petroleros expone el doble juego corrupto del ‘procurador general’ de Guaidó”, que exhibe los honorarios cobrados por Hernández “como mercenario legal para los saqueadores corporativos de la compañía petrolera venezolana PDVSA”.

La investigación de Parampil demuestra que “el testimonio de Hernández fue comprado y pagado por gigantes petroleros extranjeros con interés en defraudar a la empresa petrolera estatal de Venezuela de miles de millones de dólares”.

Menciona que las mismas compañías que sobornaron al abogado venezolano también hicieron lo mismo con funcionarios corruptos de PDVSA “para amañar contratos a su favor”.

En un momento histórico en el que la inestabilidad es un signo de los tiempos para Venezuela, ahondado bajo el marco pandémico y la fragilidad de los recursos estatales en el extranjero, José Ignacio Hernández ha fungido de escanciador de las corporaciones energéticas internacionales.

Parampil expone: “Hernández también cosechó un pago de 163 mil dólares del Grupo Europeo OI a cambio de su testimonio contra Caracas”.

Y en el caso del Fondo Fiduciario para Litigio de PDVSA contra las compañías que pagaron los sobornos, desestimado por un tribunal estadounidense con un tecnicismo por argumento en 2019, “se le pagó 350 dólares por hora de un quién es quién de la industria petrolera por su análisis”.

“Por lo tanto, Hernández estaba cobrando fuertes honorarios a los enemigos del mismo estado venezolano al que más tarde afirmaría representar, cuando asumió el cargo de ‘procurador general’ en la administración sombra de Guaidó. Sus lucrativas relaciones con las corporaciones extranjeras que planean explotar la riqueza de Venezuela desenmascaran las fuerzas reales detrás de los esfuerzos de cambio de régimen de Guaidó, y su posterior agenda de ganancias, también plantean serias dudas sobre si violó la ley de los Estados Unidos”, comenta la periodista.

Para el reportaje fue entrevistado Jorge Alejandro Rodríguez, ingeniero venezolano y secretario del partido antichavista Avanzada Progresista, quien presentó una solicitud formal ante el Departamento de Justicia estadounidense para que el ex procurador fake de Guaidó fuese investigado ya que existe la posibilidad de que haya violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. “Tenemos razones para creer que [la conducta de Hernández] es algo que debe ser investigado”, dijo Rodríguez a The Grayzone.

La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero prohíbe a los ciudadanos y entidades estadounidenses sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros para beneficiar sus intereses comerciales.

Pero esto solo es la punta del iceberg. Pronto se espera el fallo de otro caso importante en el que “Hernández estaba trabajando para proteger a algunas de las mayores empresas de energía del mundo del castigo por su exitoso plan para defraudar a su patria en más de 15 mil millones de dólares”.

Helsinge Inc entra en escena

La trama en la que está inmersa PDVSA en tribunales estadounidenses solo demuestra que la reestructuración de la petrolera estatal luego del paro a comienzos en 2002–2003 fue trunca. De la masa de ex funcionarios de PDVSA, Francisco Morillo y Leonardo Baquero se mudaron a Miami, Florida, junto a su empresa de “asesoramiento y comercio energético”: Helsinge Inc.

Diversas compañías petroleras y mineras contrataron a Helsinge Inc para servicios de “consultoría”, cuando en realidad estaban pagando a Morillo y Baquero por su capacidad de obtener información privilegiada sobre los futuros contratos de PDVSA. Ambos “supervisaron un esquema de soborno y manipulación de licitaciones multimillonario, cuyos detalles salieron a la luz en un tribunal de EEUU hace más de dos años”, escribe Parampil.

De esta manera se confirmó que han habido factores destituyentes en la principal empresa pública de Venezuela, aun cuando Rafael Ramírez estaba de presidente la compañía, con la intención de estafar y extraer los activos de PDVSA.

La periodista estadounidense cita el documento emitido por la defensa venezolana en 2018:

“(…) ‘en 2004, Morillo y Baquero aprovecharon sus contactos dentro de’ PDVSA, entrando ‘en un acuerdo ilícito con varios gerentes de negocios… por el cual Morillo y Baquero pagarían sobornos a los empleados de PDVSA a cambio de información anticipada y confidencial sobre las futuras licitaciones de PDVSA para sus compras y ventas de productos de hidrocarburos y las ofertas hechas por los comerciantes de petróleo competidores’”.

Sigue la demanda de PDVSA

“Poco antes o después del pago de estos sobornos, los Conspiradores de la Compañía Petrolera recibirían la información anticipada de la licitación de PDVSA y las ofertas competidoras de sus competidores, de manera que los Conspiradores de la Compañía Petrolera estuvieran seguros de ganar su elección de los contratos de PDVSA”.

Y afirma que “los Empleados de PDVSA sobornados modificaron las licitaciones de PDVSA de tal manera que sólo los Conspiradores de la Compañía Petrolera y Helsinge podían cumplir con los requisitos de las licitaciones” e incluso “rechazaron las ofertas competitivas de los competidores del mercado”.

De esta manera las compañías petroleras “no sólo defraudaron a PDVSA en su intento de vender su petróleo en el mercado, sino que también amañaron las licitaciones relativas a la compra por parte de PDVSA de disolventes de petróleo y productos de crudo ligero necesarios para refinar su crudo pesado”, analiza Parampil, y remata: “El efecto de este esquema fue que a partir de 2004, las compañías petroleras ‘compraron productos de PDVSA a precios artificialmente bajos; y [vendieron] productos y servicios a PDVSA a precios artificialmente altos’, según la denuncia”.

Además, la denuncia alega que Helsinge Inc “indujo” a los funcionarios de PDVSA insertos en el esquema de sobornos “a no cobrar la totalidad de las sumas adeudadas a PDVSA por la venta de productos de PDVSA a los Conspiradores de la Compañía Petrolera y a pasar por alto el hecho de que los Conspiradores de la Compañía Petrolera no entregaron la totalidad de los productos comprados y pagados por PDVSA”.

Parampil explica sus efectos:

Esto significa que, a pesar de que las compañías petroleras ya estaban pagando por el petróleo de PDVSA a un precio desinflado y vendiendo sus productos a un precio inflado, rutinariamente no podrían mantener su fin de contratos, agravando el daño financiero infligido a PDVSA.

Las pérdidas, entonces, para PDVSA resultaron en “miles de millones de dólares” a raíz del plan fraudulento. “Una fuente familiarizada con el caso estimó que los daños ascienden a más de 15 mil millones de dólares”, publica The Grayzone.

Las pruebas de fraude y sobornos por información privilegiada en PDVSA se pueden revisar aquí.

A pesar de que parecía probarse “la existencia de una vasta conspiración y demostraba la profundidad a la que recurrieron los conspiradores para llevar a cabo su plan criminal” contra la petrolera venezolana, “sólo un año después de la presentación del caso, en marzo de 2019, la juez Alicia M. Otazo-Reyes desestimó la demanda”.

Adivinen quién estuvo involucrado en la decisión: sí, José Ignacio Hernández.

Entrega en bandeja de plata

“Enterrado dentro de los 721 documentos y miles de páginas que conformaban el expediente judicial de la demanda del Fondo Fiduciario de Litigio de PDVSA contra los individuos y corporaciones involucrados en el esquema de Helsinge, el nombre de Hernández emergió una vez más”.

El ex procurador de Guaidó fue contratado por las compañías energéticas en 2018 ganar posición en el caso, debido a las pruebas contundentes de la trama de sobornos, en la que él mismo estaba incluido. Su misión consistió en anular la demanda.

Para fundamentar el caso de que dicha demanda de PDVSA “no era válida bajo la ley venezolana”, dice Parampil, “Hernández argumentó que el Fondo era irregular debido a que fue creado por varios funcionarios, entre ellos el entonces Ministro de Petróleo Nelson Martínez, quien ‘no tenía autoridad para celebrar un contrato de cesión de reclamos en nombre de PDVSA o de sus filiales’”, cobrando 350 dólares la hora por honorarios a los conspiradores.

Dicho argumento fue suficiente para el juez Otazo-Reyes, quien “consideró que el contrato de fideicomiso era nulo en virtud de la legislación venezolana porque se trataba de una ‘obligación de orden público’ que no podía transferirse a terceros”.

Mientras Hernández abogaba en favor de las corporaciones demandadas por PDVSA, era el principal representante jurídico de Juan Guaidó en Estados Unidos bajo el cargo de “procurador general” fake desde comienzos de 2019.

Él mismo puede haber roto varias cláusulas de las Reglas de Conducta Profesional de los Abogados de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en específico las reglas 1.7 y 1.9.

“La regla 1.7 estipula que ‘un abogado no representará a un cliente si la representación implica un conflicto de intereses concurrente’, incluso si ‘la representación de un cliente’ (en este caso, los conspiradores de la compañía petrolera) ‘será directamente adversa a otro cliente’ (en este caso, PDVSA).

“Además, en la regla 1.9 se establece que ‘el abogado que haya representado anteriormente a un cliente en un asunto no representará posteriormente a otra persona en el mismo asunto o en un asunto sustancialmente relacionado en el que los intereses de esa persona sean materialmente adversos a los intereses del antiguo cliente”.

Una de las empresas extranjeras que resalta en la conspiración de la que Hernández sirve de peón jurídico es Trafigura, como lo expuso el líder de Primero Justicia Jorge Millán antes de la renuncia del ex procurador ficticio, que ha pretendido aumentar “en porcentaje para convertirse en el principal socio comercial de CITGO en el último año”.

En mayo del presente año se apeló a la decisión del juez Otazo-Reyes ante un tribunal de Atlanta, pero el caso no ha avanzado. Los crímenes de cuello blanco contra Venezuela siguen dándose, y tienen a connacionales de facilitadores del saqueo a la República Bolivariana.

Para concluir la periodista estadounidense plantea: “La inacción de Washington plantea la pregunta de si la corrupción que se desarrolla bajo su vigilancia fue simplemente un efecto secundario de su operación de cambio de régimen en Venezuela, o un componente central de su estrategia”.

Debido a que no cambia su estrategia en relación al “proyecto Guaidó”, cundido de escándalos por corrupción y fraude financiero, lo más probable es que sea lo segundo.

* Fuente: Misión Verdad

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