El banco que se tragó a un presidente: la quiebra de Ueno deja en el aire los ahorros de tres millones de paraguayos

 

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De prensabolivariana en noviembre 6, 2026 Por Néstor Prieto Amador* – Público.es La quiebra de Ueno Bank, la entidad con más clientes del país, donde seis de cada diez adultos tenían cuenta, se ha llevado por delante en apenas tres días al presidente Santiago Peña. Paraguay, una de las grandes desconocidas de América Latina, vive un terremoto político cuyo alcance todavía es difícil de medir. La quiebra de Ueno Bank, la entidad con más clientes del país, donde seis de cada diez adultos tenían cuenta, se ha llevado por delante en apenas tres días al presidente Santiago Peña, que renunció este jueves después de que su propio partido anunciase su intención de destituirlo. La crisis, que ha dejado a tres millones de paraguayos sin acceso a sus ahorros, salpica al ya exmandatario y al cuasi partido único del país, el Partido Colorado, que gobierna Paraguay desde 1947, antes, durante y después de la dictadura de Alfredo Stroessner, con el único paréntesis del progresista Fernando Lugo, apartado en 2012 mediante un juicio político exprés que buena parte de la región calificó de golpe parlamentario. Esta vez el omnipresente Partido Colorado ha preferido entregar a su presidente antes que arriesgar un poder que conserva desde hace casi ocho décadas. Todo empezó el lunes 2 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) decidió intervenir Ueno Bank para liquidarlo de forma ordenada. Le faltaba colchón. La ley exige a los bancos una solvencia —dinero en caja— de 12 guaraníes de capital propio por cada 100 que arriesgan en préstamos; a Ueno le quedaban solo 5,56. El anuncio, al día siguiente, bloqueó de golpe las cuentas de todos sus clientes. El crecimiento de Ueno El Grupo Vázquez, un conglomerado familiar nacido como casa de préstamos, lanzó una aplicación móvil de cuentas gratuitas, reintegros y transferencias instantáneas. Ya reconocida como banco, absorbió Visión Banco en 2024 y en marzo colocó 350 millones de dólares en bonos internacionales, algo inédito en el país. Su marca bautizaba los estadios de Olimpia y Cerro Porteño, los dos grandes del fútbol paraguayo. Al cierre de 2025 sumaba 2,9 millones de clientes, más que ningún otro banco, aunque por volumen de depósitos era el quinto. Custodiaba además unos 850 millones de dólares de organismos públicos, de los que entre 355 y 380 millones pertenecían al Instituto de Previsión Social (IPS), la caja de jubilaciones y sanidad de los asalariados. Ese crecimiento no se explica sin el poder político. El ya expresidente Peña fue accionista de Ueno Holding, la sociedad cabecera del grupo, hasta marzo de 2025. Su meteórico ascenso se apoyó en dinero público: el IPS, la eléctrica estatal o la represa de Itaipú depositaron allí cientos de millones. Cuanto más capta un banco, más presta, y parte de lo prestado acabó en empresas del propio Grupo Vázquez. La Superintendencia de Bancos, el brazo del BCP que vigila a las entidades, detectó en junio que esos créditos superaban los límites legales y exigió a Ueno deshacerse de ellos. Según Última Hora, el banco los vendió por 74,4 millones de dólares a Vinanzas, otra sociedad del entorno del grupo, con dinero que el propio Ueno le habría prestado. El riesgo nunca salió del banco: solo cambió de nombre. La Fiscalía ha imputado a 27 personas, entre ellas Federico Miguel Vázquez, el dueño del grupo. Al registrar su casa, los investigadores encontraron un documento que explicaba cómo preparar concursos del Estado por valor de 241 millones de dólares a la medida de la empresa Itti, parte del conglomerado empresarial del que Ueno Banco es parte. Entre esos contratos había equipos para la propia residencia presidencial. Para la oposición, es la prueba de que banco y Gobierno funcionaban como un mismo negocio, con Peña a la cabeza. Él había despachado el caso como un asunto «eminentemente técnico». El martes, las tarjetas y la aplicación dejaron de funcionar. Cerca de 280.000 clientes operaban exclusivamente con Ueno y unos 32.000 jubilados cobraban allí su pensión. Ante las sucursales cerradas y custodiadas por la Policía se agolparon clientes y trabajadores sin poder retirar un solo guaraní, la moneda oficial del país. El Congreso aprobó en tiempo récord una ley que adelanta a cada depositante hasta 40 salarios mínimos, unos 19.800 dólares, del Fondo de Garantía de Depósitos. El guaraní se depreció en torno a un 8% y las protestas se instalaron frente al Congreso al grito de «que se vayan todos». Una voladura política controlada Peña intentó resistir. El miércoles propuso un nuevo director para Banco Central, pero el Senado le negó el acuerdo. La facción mayoritaria de su propio partido, el omnipresente Partido Colorado, había decidido sacrificarle para que la crisis bancaria no les llevase por delante. Esa misma tarde, la oposición y los disidentes del oficialismo presentaron una iniciativa de juicio político para destituirlo a él y a su vicepresidente, Pedro Alliana. El expresidente Horacio Cartes (2013-2018), máxima autoridad del partido, fue su mentor político. Peña saltó a la primera línea política como ministro de Hacienda de Cartes, por quien abandonó el Partido Liberal para ingresar en el Colorado en 2016. Hasta el miércoles, Cartes solo le exigía por carta que actuara «con urgencia». El jueves por la mañana cambió de pantalla y anunció que el partido apoyaba el juicio político porque no estaría «del lado del latrocinio de los fondos públicos». Le siguieron en cascada los jefes colorados del Senado y del Congreso. A las 10.35, el presidente de la Cámara de Diputados aún aseguraba que Peña se sometería al proceso. A las 13.16, Peña publicó el vídeo, grabado en la residencia presidencial de Mburuvicha Róga. «He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas. Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay», afirmó, antes de pedir «disculpas al pueblo» sin asumir responsabilidad sobre el banco. Mientras la cámara debatía, el vicepresidente Alliana despachaba con Cartes en la sede colorada. Tras la renuncia presidencial, los diputados tumbaron el juicio contra Alliana por 48 votos contra 30 y aprobaron por unanimidad, con 78 votos, el de Peña. La Constitución encomienda a Alliana, cercano al oficialismo, completar el mandato, que expira el 15 de agosto de 2028, y deja en manos del Congreso la elección del nuevo vicepresidente. El Partido Colorado tratará de capear la crisis y evitar elecciones anticipadas con esta voladura controlada que, por el momento, deja a un fiel Alliana al frente del Ejecutivo. Paraguay, un desconocido socio de la internacional ultra El Partido Colorado, fundado en 1887, no es un producto de la transición, sino quien la pilotó. Fue el pilar civil de los 35 años de dictadura de Stroessner y sobrevivió a su caída porque el golpe de 1989 lo dio uno de los suyos: el general Andrés Rodríguez, consuegro del dictador, que ese mismo año ganó las elecciones como candidato colorado. El régimen cambió de cara, no de partido. Desde entonces, la frontera entre partido y Estado sigue difusa, y el carné ha sido durante décadas la llave del empleo público. Esa fusión, unida a la simbiosis con el gran empresariado que encarna el propio Cartes, magnate del tabaco y la banca, explica una estabilidad sin parangón en una vecindad acostumbrada a la alternancia y la inestabilidad. Su única derrota llegó en 2008, cuando Fernando Lugo, un exobispo de izquierdas, ganó al frente de la Alianza Patriótica para el Cambio, una coalición de movimientos sociales y del Partido Liberal. En junio de 2012, colorados y liberales lo destituyeron en menos de 48 horas, el Mercosur suspendió a Paraguay y al año siguiente Cartes devolvió el poder a su partido. Conservadores en lo social, anticomunistas por tradición y alineados con Washington por convicción, los colorados han convertido a Paraguay en el socio más fiel de Estados Unidos en el Cono Sur. Es el único país sudamericano que reconoce a Taiwán y en marzo ratificó un acuerdo que otorga inmunidad al personal militar estadounidense en su territorio. Días antes Peña había acudido a la cumbre Escudo de las Américas convocada por Donald Trump. En octubre de 2025 el Tesoro estadounidense levantó las sanciones que había impuesto al expresidente Cartes en 2023 por presunta corrupción. En junio de ese año, Peña inauguró junto a Santiago Abascal el encuentro regional del Foro Madrid, la red de la extrema derecha iberoamericana impulsada por Vox, en el teatro del mismo Banco Central que debía vigilar a Ueno. Falta por ver si el sacrificio de Peña sirve para frenar la crisis de un país gobernado durante ocho décadas por una fuerza ultraconservadora salpicada ahora por un escándalo que ha dejado a tres millones de paraguayos sin acceso a sus ahorros. *Néstor Prieto Amador. Politólogo y periodista especializado en política internacional y geopolítica. Ha cubierto sobre el terreno procesos políticos y migratorios en México, Venezuela, el Líbano, Argelia y el Sáhara Occidental. Compagina su labor académica con el análisis internacional en medios. Colabora con Público en la sección de Internacional. 𝕎 Néstorprieto / 𝕏 @PBolivaria / pbolivariana@gmail.com

TRUMP NO ES INVENCIBLE

 

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De prensabolivariana en noviembre 6, 2026 José A. Amesty Rivera* Las elecciones de medio periodo en EEUU acaban de darle un buen golpe político a Donald Trump. El hombre que llegó a la Casa Blanca hablando fuerte, amenazando al mundo y prometiendo hacer grande otra vez a Estados Unidos, acaba de recibir un mensaje claro de los votantes, no todo se puede imponer y no todo el mundo está dispuesto a seguirle el juego. La derrota de los republicanos, que perdieron el control de las dos cámaras del Congreso, deja una lección importante, Trump no es invencible. Por más poder que tenga, por más discursos que pronuncie y por más amenazas que lance, también tiene que rendir cuentas ante la gente. Y es que una cosa es hablar de grandeza nacional y otra muy distinta es llegar a fin de mes con el dinero que gana una familia trabajadora. Los estadounidenses también sienten el peso de los precios altos, de la vivienda cara, de los problemas de empleo y de la incertidumbre económica. La gente quiere vivir mejor, llenar la nevera, pagar sus cuentas y tener tranquilidad. No basta con discursos patrióticos, ni con señalar enemigos por todas partes. Trump prometió resolver muchos de estos problemas, pero la realidad le está pasando factura. A esto se suman sus conflictos internacionales, las amenazas comerciales, los aranceles y la guerra con Irán, asuntos que han alimentado el descontento de una parte importante de la población. En particular, el aumento del costo de los combustibles y la preocupación por las consecuencias de la guerra terminaron convirtiéndose, en problemas que afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos/as. En otras palabras, la política exterior también se paga en casa. Cuando un Gobierno se involucra en conflictos internacionales, impone sanciones, aumenta las tensiones comerciales o participa en guerras, las consecuencias no se quedan únicamente en los escritorios de la Casa Blanca. También llegan a las gasolineras, los supermercados, los empleos y los hogares. Desde América Latina, estos resultados tienen un significado especial. Durante muchos años hemos conocido las presiones de Washington, sus amenazas, sus sanciones económicas y sus intentos de decirnos, cómo debemos gobernar nuestros países. Con Trump, ese lenguaje de prepotencia y de imposición volvió a ocupar un lugar central. Su política hacia nuestra región ha estado marcada por amenazas comerciales, endurecimiento de las medidas migratorias, presiones contra gobiernos que no se someten a sus intereses y una visión de América Latina como un territorio donde EEUU debe conservar su influencia y capacidad de decisión. Por esto, lo ocurrido en las urnas estadounidenses merece nuestra atención. Demuestra que incluso un presidente que se presenta como un hombre fuerte, puede encontrar resistencia dentro de su propio país. También demuestra que la ciudadanía no siempre está dispuesta a aceptar las decisiones de sus gobernantes sin protestar ni pasarles la cuenta. Pero, ¿qué significa realmente esta derrota para América Latina? En primer lugar, significa que Trump tendrá mayores dificultades para imponer su agenda política y económica. Al perder el control del Congreso, se encontrará con una oposición que podrá frenar proyectos, revisar presupuestos, investigar decisiones del Gobierno y exigir explicaciones sobre sus actuaciones. Esto puede tener consecuencias importantes para nuestra región. Las políticas migratorias, los acuerdos comerciales, las sanciones económicas y los recursos destinados a determinados programas de cooperación estarán bajo una vigilancia política mucho mayor. Sin embargo, tampoco debemos pensar que los demócratas podrán detener todas las decisiones de Trump. El presidente conserva importantes atribuciones en política exterior, comercio y seguridad nacional. Además, tiene capacidad de veto sobre las leyes que apruebe el Congreso. Lo que cambia es el terreno político; ahora tendrá que enfrentar más obstáculos, negociaciones y controles. Segundo, esta derrota puede tener consecuencias económicas para América Latina. Y aquí debemos prestar mucha atención. Nuestros países mantienen una relación económica muy fuerte con EEUU. Muchos dependen de sus mercados para vender productos agrícolas, industriales y manufacturados. Otros dependen de las remesas que envían millones de latinoamericanos que trabajan en territorio estadounidense. También existen inversiones, préstamos, acuerdos comerciales y relaciones financieras que conectan nuestras economías. Cuando Washington amenaza con imponer aranceles, restringir importaciones o utilizar el comercio como instrumento de presión política, nuestros productores, trabajadores y pequeñas empresas pueden terminar pagando las consecuencias. Una política comercial agresiva de EEUU no perjudica solamente a los gobiernos latinoamericanos. También puede golpear al campesino que exporta sus productos, al pequeño empresario que depende de sus compradores y a las familias que reciben remesas de sus parientes en el extranjero. Por esto, el debilitamiento político de Trump puede abrir espacios para una mayor negociación y para contener algunas de sus medidas más agresivas. Pero no debemos confundir una posibilidad con una garantía. La economía estadounidense seguirá defendiendo sus propios intereses y sus grandes empresas continuarán buscando ventajas en los mercados latinoamericanos. Desde la izquierda, debemos decirlo con claridad, el problema no es solamente Trump. El problema también está en un sistema económico internacional donde las grandes potencias tienen capacidad para imponer condiciones a los países más débiles. Tercero, están las consecuencias políticas y sociales. El endurecimiento de las políticas migratorias, las deportaciones y el trato hacia los latinoamericanos que viven en Estados Unidos han provocado preocupación en nuestras sociedades. Detrás de cada migrante hay una familia, una historia y muchas veces una necesidad económica. Son personas que salieron de sus países buscando trabajo, seguridad y mejores oportunidades. No son delincuentes por el simple hecho de cruzar una frontera en busca de una vida mejor. Las remesas que envían a sus familias representan una ayuda fundamental para miles de hogares y para las economías de varios países de nuestra región. Por esto, cualquier endurecimiento migratorio puede tener consecuencias que van mucho más allá de las fronteras estadounidenses. Una política que persigue, separa familias y convierte al migrante en enemigo, puede producir graves daños humanos y sociales. Y América Latina no puede permanecer indiferente ante esa realidad. Pero tampoco debemos olvidar que varias de las causas de la migración están en nuestros propios países: pobreza, desempleo, desigualdad, violencia, corrupción y falta de oportunidades. No basta con denunciar las políticas migratorias de Washington, si nuestros gobiernos no trabajan para que la gente pueda vivir dignamente en su propia tierra. Aquí aparece otra gran responsabilidad de la izquierda latinoamericana: construir sociedades donde nadie tenga que abandonar su familia y su país porque no encuentra cómo sobrevivir. Ahora bien, tampoco debemos engañarnos. Que Trump haya recibido un golpe electoral no significa que EEUU vaya a cambiar de la noche a la mañana su manera de relacionarse con América Latina. Los demócratas y los republicanos tienen diferencias, pero ambos partidos han defendido históricamente los intereses estratégicos de Washington en nuestra región. La historia está llena de ejemplos de gobiernos estadounidenses de diferentes partidos que han mantenido políticas de presión, intervención y defensa de sus intereses económicos y geopolíticos en América Latina. Por esto, desde la izquierda, debemos mirar este resultado con inteligencia política y no solamente con emoción. Aquí entra lo que en política internacional se conoce como realpolitik, es decir, entender las relaciones entre los países tomando en cuenta los intereses, el poder y las fuerzas que realmente están en juego, más allá de los discursos y las promesas. En términos sencillos, en política internacional no basta con escuchar lo que un presidente dice; hay que observar qué intereses defiende, qué recursos tiene, qué alianzas construye y hasta dónde puede llegar. Desde esta perspectiva, la derrota de Trump significa que su capacidad para actuar sin demasiados obstáculos se ha reducido. Pero EEUU sigue siendo una potencia económica, militar y financiera con enormes recursos e influencia internacional. La pérdida del control del Congreso no elimina sus intereses en América Latina, ni desaparece su capacidad de presión sobre nuestros países. Tampoco significa que Washington dejará de utilizar sus instrumentos económicos, diplomáticos y militares para defender sus posiciones. Lo que sí cambia es el escenario político. Ahora existen mayores posibilidades de cuestionar determinadas decisiones, abrir investigaciones, frenar presupuestos y generar debates sobre la política exterior de la Casa Blanca. Para nuestros gobiernos, esto representa un escenario que exige mayor habilidad diplomática. No se trata de romper relaciones con los gringos, ni de vivir enfrentados permanentemente con Washington. Se trata de negociar con dignidad, defender nuestros intereses nacionales y no aceptar condiciones que comprometan nuestra soberanía. La política exterior de nuestros países debe basarse en el respeto mutuo, la cooperación y la defensa de nuestros pueblos, no en la obediencia a los intereses de una potencia. También hay algo que no debemos perder de vista; los demócratas ganaron terreno, pero eso no significa que toda la sociedad estadounidense esté enamorada de ellos. Mucha gente votó para ponerle un freno a Trump, porque está cansada de sus decisiones y de las peleas permanentes que caracterizan a su Gobierno. El malestar social sigue ahí y los problemas de fondo no han desaparecido. La desigualdad, los bajos salarios, el costo de la vida y la concentración de la riqueza siguen golpeando a millones de familias. Ningún cambio de partido en el Congreso va a resolver por sí solo esas dificultades. Tampoco podemos olvidar que dentro de EEUU existen trabajadores, sindicatos, organizaciones sociales, movimientos de derechos civiles, comunidades migrantes y sectores populares que cuestionan las políticas de desigualdad y exclusión. Estas fuerzas también forman parte de la realidad política estadounidense y merecen nuestra atención. Desde América Latina debemos distinguir entre el pueblo estadounidense y las decisiones de sus gobernantes. No podemos confundir a millones de trabajadores y ciudadanos comunes, con los intereses de los grandes grupos económicos, las empresas transnacionales y los sectores que históricamente han dirigido la política exterior de Washington. Hay trabajadores estadounidenses que sufren los mismos problemas que los nuestros: salarios que no alcanzan, servicios de salud costosos, dificultades para conseguir vivienda y falta de seguridad económica. Estos problemas pueden convertirse en puntos de encuentro entre los pueblos, más allá de las fronteras y de las diferencias nacionales. Desde la izquierda latinoamericana, la lectura debe ser clara, no se trata de celebrar que un partido estadounidense le gane al otro. Se trata de comprender que el poder tiene límites y que los pueblos, cuando se cansan, pueden expresarlo en las urnas. Pero también debemos preguntarnos qué vamos a hacer nosotros con esta nueva realidad. América Latina necesita más unidad política, más integración económica y mayor capacidad para defender sus intereses comunes. No podemos seguir actuando como países aislados, negociando individualmente con una potencia, que tiene mucha más fuerza económica y política que cualquiera de nuestras naciones por separado. Necesitamos fortalecer los mecanismos de integración regional, ampliar el comercio entre nuestros países, desarrollar nuestras industrias, proteger nuestros recursos naturales y buscar relaciones económicas con otras regiones del mundo. No podemos depender de un solo mercado, de un solo socio comercial, ni de las decisiones de un solo Gobierno extranjero. Nuestra riqueza está en nuestros recursos naturales, nuestra capacidad productiva, nuestros trabajadores, nuestros campesinos, nuestra juventud y nuestra diversidad cultural. Pero esta riqueza debe servir para mejorar la vida de nuestros pueblos y no convertirse únicamente en una fuente de ganancias para las grandes empresas nacionales y extranjeras. La soberanía no consiste solamente en tener una bandera y un territorio. También significa poder decidir qué hacemos con nuestros recursos, cómo organizamos nuestra economía, con quién comerciamos y qué modelo de desarrollo queremos construir. Por esto, la derrota de Trump debe servirnos para reflexionar sobre la necesidad de construir una América Latina menos dependiente, más unida y con mayor capacidad para decidir su propio destino. No debemos esperar que los problemas de nuestra región se resuelvan con las elecciones de EEUU. Nuestra tarea no está en Washington, sino en nuestros propios pueblos, en la organización popular, en la defensa de los derechos sociales y en la construcción de alternativas económicas y políticas que respondan a nuestras necesidades. Trump acaba de recibir una advertencia política que no debería ignorar. La gente no vive de discursos, no come promesas y tampoco está obligada a aplaudir a un gobernante solamente porque se presente como poderoso. Al final, hay una verdad que sirve para Estados Unidos y para cualquier país del mundo, los gobernantes pueden tener mucho dinero, mucho poder y mucha propaganda, pero cuando la gente se cansa, también sabe cómo hacérselo saber. Para América Latina, la enseñanza es todavía mayor, no podemos confundir el debilitamiento de un presidente con el debilitamiento de todo un sistema de poder. Hay que saber aprovechar los cambios, identificar las oportunidades, reconocer los riesgos y fortalecer nuestra propia capacidad de decisión. La historia no está terminada. Las relaciones de poder cambian, los pueblos se movilizan y los gobiernos encuentran límites que muchas veces no esperaban. Trump no es invencible, y ningún poder está por encima de la voluntad de los pueblos. . *José A. Amesty Rivera es un teólogo, reverendo, escritor y analista político e internacional de origen venezolano, ampliamente reconocido en el ámbito del periodismo de opinión y el análisis geopolítico de izquierda en América Latina. Es un firme defensor de la Teología de la Liberación y de las causas sociales en la región. Es un activo colaborador y administrador de plataformas de comunicación alternativa como La Voz Bolivariana Internacional y la Red en Defensa de la Humanidad (REDH).Enfoca su cobertura crítica de los giros políticos en el Cono Sur y Centroamérica, analizando fenómenos que van desde el ascenso del neoliberalismo hasta las dinámicas de los procesos electorales regionales. 𝕎 José A. Amesty albertoamesty13@gmail.com 𝕏 @PBolivariana pbolivariana@gmail.com

Pulling the Funding: Trump, Israel and US Military Assistance

 

By Dr. Binoy Kampmark

Global Research, November 05, 2026

Region: Middle East & North Africa, USA

Theme: Militarization and WMD, Politics

In a telephone interview on Fox News on the morning of November 3, President Donald Trump revealed that a deal had been struck with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to cease the annual provision of US$3.8 billion in military assistance after 2026. 

“We already agreed that by the end of this year, we won’t be paying Israel,” he said. “Now we’ll help Israel if they need it.” 

This was a deal that had been reached “months ago”.

The current funding arrangements arose out of a pledge from the Obama administration to supply military assistance to Israel over the period from 2019 to 2028 for a decade, amounting to US$38 billion. Each year, Washington would supply $US3.3 billion in Foreign Military Financing (FMF) and US$500 million in missile defence funding.  The memorandum replaced the previous MOU signed in 2007 that expired in 2018, worth US$30 billion. (Since its founding, Israel has been the largest cumulative recipient of US economic and military assistance, receiving US$300 billion in inflation adjusted terms between 1948 and 2024.)

In a September 2016 fact sheet released by the White House Office of the Press Secretary, the MOU was described as permitting “Israel to update the lion’s share of its fighter aircraft fleet – including through the acquisition of additional F-35s – increase its missile defense, and acquire other defense capabilities needed to meet its threat environment.” But these new arrangements were also intended to eliminate two “anomalies” deemed problematic to US interests, the first being Off Shore Procurement, under which Israel was given the luxury of using up to 26.3% of its annual FMF package on non-US products, and Israel’s use of FMF funds to acquire fuel. The press release, in satisfied tones, noted that Israel would be able to “spend more funding, as much as $1.2 billion per year, on advanced military capabilities that only the United States can provide.” Arms manufacturers had every reason to rejoice.

The Fox News interview lit the fires of speculation. Did Trump’s announcement have anything to do with the midterm elections that the Republicans risked losing by some margin? The memorandum of understanding between the countries did, after all, state that funding would last till 2028. This particular electoral campaign had been marked by the candidatures, and eventual successes, of a number of sharp critics of Israeli policy, with the Democrat’s Abdul El-Sayed in Michigan being foremost among them.

Political memory can be short and, bathed in the shrinking properties of social media, a mere flash. For all that, any partially alert student of politics will be aware that the argument towards greater self-reliance on Israel’s part, and a weaning off the cash supplied by the US military industrial complex, has been a preoccupation for some time. The Hamas-led attacks on October 7, 2023, followed by Israel’s sanguinary retaliation in Gaza, stirred the think tanks and security establishment towards the proposition that such reliance fostered an unnecessary vulnerability that could, at some point, bite.

In September 2025, Netanyahu openly entertained the notion of less-than-splendid isolation in a speech at a conference of the Finance Ministry’s accountant general in Jerusalem. Economically, Israel would “increasingly need to adapt to an economy with autarkic characteristics.” Despite professing to hate the term, calling himself a “believer in the free market”, the PM feared that Israel could find itself “in a situation where our arms industries are blocked. We will need to develop arms industries here – not only research and development, but also the ability to produce what we need.”

An underbaked classical analogy was suggested: Israel would have to become “Athens and super-Sparta.”  There was no choice: “in the coming years, at least, we will have to deal with these attempts to isolate us.” Such attempts were not merely gestational.  Europe, because of decisions made to encourage “limitless migration”, had seen the greater demographic prominence of a “significant minority” of “belligerent” Muslims. Their presence was catalytic for the creation of “limitations” and encouraging “sanctions” against the Jewish state. Economic sanctions would be followed by arms embargoes. In terms of reputation, Israel was also suffering a battering at the hands of Chinese and Qatari efforts to “influence Western media with an anti-Israel agenda, using bots, artificial intelligence, and advertisements”.

In his May interview with CBS, Netanyahu also expressed his wish to “draw down” US military funding “to zero”. 

“Let’s start now and do so over the next decade, over the next ten years, but I want to start now. I don’t want to wait for the next Congress. I want to start now.”

Image: Retired Major General Tamir Hayman (CC BY-SA 3.0)

The subject of Israel wriggling off the sustenance of the US purse (a purse often used with few conditions) was made clear in a paper published last month by retired Major General Tamir Hayman, Director of Israel’s sanctum of strategic doctrine, the Institute for National Security Studies (INSS). The document is unfussed, unsettling and unflinchingly parochial. In searching for what he regards as Israel’s evolving “national security concept” after October 7, 2023, Hayman advances several notions, cohering around the idea of a national identity that cannot be questioned. Ten revealing suggestions prioritising the essence of war as “foundational” and peace as “an expression of weakness” are proposed, the fifth being salient to US-Israeli relations.

“Although important, the relationship with the United States is driven purely by interests. Furthermore, excessive adherence to restrictions imposed on Israel by a US administration is dangerous: The United States is a ‘declining power’ and, given its ongoing social and political shifts, will soon abandon Israel in any event.”

Hayman considers this loss of feeling as reciprocal and axiomatic to an inevitable, even frosty change. US abandonment will take place, largely due to “the influence of a progressive American value system that is incompatible with Israel’s Jewish character”. It follows that Israel will have to take stock.

“Severing ties with the United States is therefore not only inevitable, but essential to Israel’s independence and the resilience of its Jewish national identity.”

The tenth proposal draws on Netanyahu’s concerns about economic risks. A picture of militarised autarky is duly sketched. 

“Israel’s defense economy is highly vulnerable to long supply chains; therefore, domestic production and investment in the defense-tech sector (defense industries, cyber, and artificial intelligence) must be prioritized over other sectors.” 

Scientific research aiding technology was fundamental “but should be advanced independently rather than through international frameworks such as ‘Horizon’.”

Often typical in these sojourns of strategic thought is the occluding of a messier, more pungent reality. Hayman neglects the complex, often troubling role played by American Christian Zionists who, while historically antisemitic, treasure Israel as a glorified guardsman janitor, minding the Holy Lands for the Messiah’s second coming and Armageddon’s fiery terminus. Money and support will hardly diminish, nor will their influence on American politics.

It follows that this latest turn by Trump cannot be seen as astonishing or even intrinsically bound to the electoral activism that led to the midterm Democratic Blue Wash in Congress. Military cooperation between the powers, doctrinally and practically, will continue. Weapons of US-manufacture will still find their way into the arsenal of the Israeli Defense Forces (IDF) for ready use, whatever and whoever the targets turn out to be. And the door on further purchases of American military hardware is, as Trump has affirmed, hardly closed.

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Dr. Binoy Kampmark was a Commonwealth Scholar at Selwyn College, Cambridge. He currently lectures at RMIT University. He is a Research Associate of the Centre for Research on Globalization (CRG). Email: bkampmark@gmail.com.

Featured image: President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speak privately in the Vermeil Room before a dinner, Monday, July 7, 2025, at the White House. (Official White House Photo by Daniel Torok)