No es alarmismo ecologista ni profecía apocalíptica: los datos son tercos. La superficie de tierras cultivables en Estados Unidos se ha contraído de manera sostenida durante las últimas cuatro décadas. Cada año, cientos de miles de hectáreas que antes producían maíz, soja o trigo se transforman en suburbios, centros logísticos o polígonos industriales. La pregunta obligada, casi existencial para la potencia hegemónica, adquiere ribetes de paradoja: ¿puede el país que revolucionó la agricultura industrial estar cavando, sin saberlo, la tumba de su propia supremacía alimentaria?
Para comprender este fenómeno, el materialismo histórico ofrece herramientas insustituibles. No se trata de invocar mecánicamente a Marx, sino de recuperar su núcleo analítico: las fuerzas productivas, las relaciones de producción y la lucha de clases como motores de la transformación social. La tierra, recordémoslo, no es un simple factor productivo; es un campo de contradicciones donde el capital intenta someter las leyes biológicas y geológicas a su lógica de valorización acelerada. El suelo que desaparece no se esfuma por capricho de la naturaleza, sino por decisiones inmanentes al modo de producción dominante.
El primer acto de este drama histórico se escribió con sangre y hierro. La expansión hacia el Oeste, la Homestead Act de 1862, el despojo sistemático a naciones originarias: todo ello conformó la base territorial para lo que sería el granero del mundo. Pero ya entonces operaba una contradicción: el capitalismo agrario necesitaba tierra barata y abundante, pero su propia dinámica competitiva presionaba hacia la concentración, la mecanización y el monocultivo intensivo. Prácticas que, con el tiempo, degradan la base material de la que dependen.
La Revolución Verde posterior a 1945 representó un salto fenomenal en las fuerzas productivas agrícolas estadounidenses. Fertilizantes sintéticos, pesticidas, semillas híbridas y maquinaria cada vez más pesada multiplicaron los rendimientos por hectárea. Parecía que la humanidad había roto las cadenas malthusianas. Pero cada solución contenía su propia negación: la agroquímica agotaba los microorganismos del suelo, la irrigación sobreexplotaba acuíferos fósiles, los tractores de veinte toneladas compactaban la tierra hasta volverla impermeable.
He aquí la paradoja central que el materialismo histórico ilumina con crudeza: el capital, en su incesante búsqueda de rentabilidad, tiende a tratar el suelo como capital fijo depreciable, no como un ecosistema vivo. Un agricultor corporativo no ve la tierra como sus ancestros campesinos; ve un balance de insumos y productos a fin de temporada. La lógica del balance trimestral choca frontalmente con los ritmos geológicos de formación de humus, que requieren siglos. No hay síntesis dialéctica posible cuando una de las fuerzas opera en escala temporal de tres meses y la otra de tres mil años.
Ahora bien, ¿esta reducción de tierras cultivables constituye un grave problema para Estados Unidos? En el corto plazo —digamos, una década— Estados Unidos mantiene un enorme margen de maniobra. Su productividad por hectárea sigue siendo asombrosa. La tecnología de edición genética CRISPR (revolucionaria tecnología de edición genética que funciona como unas "tijeras moleculares") aplicada a cultivos, la agricultura de precisión con drones y sensores, los sistemas hidropónicos a gran escala: todas ellas son fuerzas productivas en desarrollo que pueden compensar, e incluso sobrecompensar, la pérdida de superficie. Desde la pura lógica inmanente del capital, la contracción de tierras no es aún una crisis sistémica, sino un estímulo para la innovación tecnológica. Un símil: como un paciente que pierde masa pulmonar, pero gana eficiencia respiratoria mediante oxígeno suplementario; puede mantenerse activo, pero su fragilidad basal ha aumentado.
Sin embargo, el diagnóstico cambia radicalmente al considerar el mediano y largo plazo (30 a 50 años). Allí emerge la verdadera contradicción antagónica. Los suelos agrícolas estadounidenses no solo se reducen en extensión, sino que se degradan en calidad. La erosión hídrica y eólica arrastra entre 1.500 y 2.000 millones de toneladas anuales de suelo fértil. El contenido de materia orgánica, ese indicador crucial de salud edáfica, ha caído entre un 30% y 50% en las principales regiones productoras del Medio Oeste desde 1950. El capital puede, mediante fertilizantes sintéticos, suplir temporalmente nutrientes, pero no puede fabricar suelo. Esta es una contradicción ontológica, no meramente económica.
El materialismo histórico nos obliga a preguntar: ¿Quiénes pierden y quiénes ganan con esta dinámica? La respuesta revela la estructura de clases en el agro estadounidense contemporáneo. Los grandes conglomerados agroindustriales (Cargill, Archer Daniels Midland, Monsanto-Bayer) se benefician de la concentración parcelaria y la dependencia tecnológica. Para ellos, la reducción de tierras cultivables totales no es una amenaza directa: su modelo de negocio se basa en el control de los insumos, el procesamiento y la comercialización, no en la propiedad de la tierra como tal. Quienes sufren en carne propia la contracción y degradación son los agricultores familiares de escala media, que ven cómo su base material se erosiona literal y figuradamente. Entre 1981 y 2021, Estados Unidos perdió más de 300.000 explotaciones agrícolas de tamaño medio. No es casualidad: la lógica concentradora del capital expulsa a los productores menos capitalizados mientras afirma el poder de las corporaciones.
Un elemento central que los análisis convencionales pasan por alto: la reducción de tierras cultivables no es un proceso autónomo, sino el resultado de una particular relación entre campo y ciudad. El crecimiento metropolitano, las infraestructuras logísticas para el comercio electrónico, los parques solares (ironía de las energías verdes) ocupan tierras que antes eran agrícolas. La tasa de conversión de suelo rural a urbano en Estados Unidos es aproximadamente de un millón de hectáreas anuales desde 1992. Pero esta no es una ley natural, sino una expresión espacial de la renta diferencial del suelo: el capital inmobiliario puede ofrecer más por una hectárea periurbana que el capital agrícola, porque aquel captura la plusvalía urbanística generada colectivamente. El Estado, lejos de neutralidad, facilita este proceso mediante políticas de zonificación, financiamiento de autopistas y subsidios implícitos a la expansión suburbana.
Canadá y México —socios del T-MEC (tratado entre Estados Unidos, México y Canadá)— tienen razones contradictorias para preocuparse. Por un lado, la reducción de tierras cultivables en Estados Unidos podría interpretarse como una oportunidad: abriría espacio para que la producción agrícola canadiense (particularmente en las praderas de Saskatchewan y Manitoba) o mexicana (en Sinaloa, Michoacán y el Bajío) expandan sus mercados. Pero esta aparente oportunidad es engañosa. El entramado histórico de dependencia agroalimentaria en Norteamérica no es simétrico: México se ha convertido en importador neto de granos básicos desde la entrada en vigor del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) en 1994, con su base campesina de maíz destruida por las importaciones estadounidenses subsidiadas. Una reducción de la oferta agrícola estadounidense no revertiría automáticamente esta estructura; más bien, podría traducirse en mayores precios de los alimentos para los sectores populares mexicanos, sin que los productores nacionales tengan capacidad real de sustituir los volúmenes perdidos.
La dimensión geopolítica del agua añade otra capa de complejidad. El Acuífero Ogallala, que irriga la mayor parte de las Grandes Llanuras estadounidenses, se agota a un ritmo insostenible. Cuando la reducción de tierras cultivables se combina con el estrés hídrico, la ecuación cambia cualitativamente. Estados Unidos podría, en un escenario de crisis alimentaria interna, reorientar su producción hacia cultivos de primera necesidad para su población, reduciendo las exportaciones de soja y maíz que hoy alimentan ganado en China o Europa. Esta hipotética decisión unilateral —perfectamente dentro de su soberanía— tendría efectos dominó globales. Para sus vecinos inmediatos, significaría presión migratoria: campesinos mexicanos desplazados por las importaciones baratas durante décadas, ahora sin el colchón de esos flujos comerciales, intensificarían la migración hacia el norte. Paradoja de la integración comercial: la reducción de tierras estadounidenses podría reconfigurar los patrones migratorios latinoamericanos.
América Central y el Caribe merecen un párrafo aparte. Estos países, importadores netos de alimentos, son extraordinariamente vulnerables a cualquier contracción de la oferta agrícola estadounidense. Haití, que importa más del 80% de su arroz de Estados Unidos, ejemplifica esta fragilidad. Una reducción significativa de las tierras cultivables estadounidenses no implicaría hambruna inmediata —el mercado ajustaría precios antes que cantidades— pero sí una transferencia regresiva de ingresos: los trabajadores haitianos, salvadoreños u hondureños destinarían una proporción mayor de sus magros salarios a comprar alimentos importados más caros. El materialismo histórico llama a esto: una forma de renta alimentaria que se desplaza desde el Sur global hacia los complejos agroexportadores del Norte, incluso cuando estos producen menos.
Un giro dialéctico necesario: la reducción de tierras cultivables también podría funcionar como catalizador de cambios progresivos. No todo es catástrofe en este diagnóstico. Las contradicciones, bien lo enseñó Marx, son el motor de la transformación. La creciente insostenibilidad del modelo agroindustrial estadounidense abre fisuras para repensar las relaciones de producción en el campo. Movimientos como la Unión de Agricultores Orgánicos, las cooperativas de semillas autóctonas o la agroecología de base afroamericana e hispana en el suroeste, representan fuerzas productivas alternativas. No son nostálgicos del arado de tracción animal; son innovadores que entienden que la productividad duradera requiere cuidar el suelo como bien común, no explotarlo como recurso expropiable. La contracción de tierras cultivables, paradójicamente, podría forzar una reevaluación del mito de la frontera infinita que ha dominado el imaginario estadounidense desde la Doctrina Monroe.
Mientras la tierra agrícola siga siendo una mercancía sometida a la especulación financiera —hoy los fondos de inversión institucional poseen más de 30 millones de hectáreas de tierras agrícolas estadounidenses— la reducción de superficie cultivable continuará. No por maldad de los gestores de fondos, sino por la lógica inmanente de su posición en la estructura social: ellos buscan rendimientos financieros, no perpetuar la capacidad productiva de la tierra. Un fondo de pensiones que compra tierras agrícolas no piensa en el humus dentro de cincuenta años; piensa en el flujo de renta de los próximos cinco años. Esta disyunción entre el tiempo del capital financiero y el tiempo de los ecosistemas es la contradicción fundamental que ningún mejoramiento tecnológico resolverá por sí solo.
¿Es grave la reducción de tierras cultivables para Estados Unidos? Grave no en el sentido de colapso inmediato, sino en el de contradicción antagónica de mediano plazo. Grave como lo fue la erosión del Dust Bowl en los años 1930: no destruyó al país, pero requirió una respuesta estatal masiva (el Soil Conservation Service) y un cambio en las prácticas productivas. La diferencia histórica es que entonces Estados Unidos tenía un estado keynesiano emergente dispuesto a intervenir; hoy, el estado está capturado por los propios intereses que generan la degradación. Por tanto, la gravedad no es técnica sino política: las condiciones objetivas para una crisis están dadas; que esta se desencadene o no depende de la correlación de fuerzas sociales.
La preocupación productiva sería reconocer que la integración norteamericana bajo hegemonía estadounidense ha generado vulnerabilidades asimétricas. La respuesta no puede ser levantar barreras nacionales —el materialismo histórico muestra que el capitalismo es mundial por naturaleza— sino construir cadenas agroalimentarias regionales más resilientes y equitativas. México y Canadá tienen la oportunidad histórica de impulsar una transformación agraria de sus propios territorios que rompa la dependencia estructural. Una América del Norte con soberanía alimentaria compartida, basada en principios agroecológicos y cooperativos, sería la respuesta dialéctica a la contracción de tierras estadounidenses. Utopía quizás, pero la historia es el reino de las necesidades, no de los destinos.
El suelo que se desvanece no es solo una capa geológica de unos pocos centímetros. Es la acumulación material de milenios de procesos biológicos, pero también el depósito de relaciones sociales, luchas de clases, expropiaciones y resistencias. Cuando ese suelo se reduce, no se reduce un simple factor productivo; se reduce la base material de posibilidades futuras. Estados Unidos enfrenta hoy una elección que el materialismo histórico expone sin concesiones: continuar el camino de la agricultura como extractivismo financiarizado, acelerando la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción; o emprender una transición hacia un régimen agrario que trate la tierra como lo que realmente es: condición permanente de toda vida humana, no mercancía desechable. La paradoja final, quizás la más cruel, es que el país que más contribuyó a crear la crisis de los suelos globales podría tener, por su propio peso sistémico, la responsabilidad indelegable de comenzar a resolverla. Porque cuando el granero del mundo se vuelve estéril, el hambre no respeta fronteras, ni siquiera las más armadas.
