Cervantes

Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho; los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones; nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos; la cosa más fácil, equivocarnos; la más destructiva, la mentira y el egoísmo; la peor derrota, el desaliento; los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor; las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos, y sobretodo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia dondequiera que esté.

MIGUEL DE CERVANTES
Don Quijote de la Mancha.
La Colmena no se hace responsable ni se solidariza con las opiniones o conceptos emitidos por los autores de los artículos.

29 de agosto de 2026

Lula denuncia «la mentira más grande montada» en Brasil

 

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De prensabolivariana en agosto 29, 2026

El mandatario brasileño afirmó que el escándalo se orquestó para bloquear su candidatura a la Presidencia en 2018.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves, en una entrevista con medios locales, que no olvida el material acusatorio utilizado en su contra durante ‘Lava Jato‘, la operación anticorrupción que investigó desvíos en Petrobras y que lo llevó a prisión en 2018.

«Fui víctima de la mentira más grande montada en este país», dijo, en referencia al senador y exjuez Sergio Moro, al exprocurador Deltan Dallagnol y a la cobertura mediática de aquel período. Sostuvo que el objetivo era impedirle ser candidato presidencial en 2018.

«La prensa brasileña compró, compró una mentira, vendió la mentira y nunca reconoció que compró una mentira», declaró. Y remató: «Yo no olvido el PowerPoint mentiroso contra mí».

Sobre los 580 días que pasó en prisión en Curitiba dijo que en ese momento decidió: «Voy a la cárcel porque quiero probar que Moro es mentiroso, quiero probar que Dallagnol es mentiroso y quiero probar que la prensa un día va a pedir disculpas». Añadió que esa cobertura «produjo un monstruo mentiroso, llamado Moro, llamado Dallagnol».

En 2019, un medio periodístico reveló chats entre jueces y fiscales de ‘Lava Jato’ que pusieron en duda la investigación que llevó a Lula a la cárcel. Según esa filtración, Dallagnol y Moro habrían coordinado cómo presentarlo como «líder máximo» del esquema de desvíos en Petrobras. En 2016, el entonces procurador exhibió un PowerPoint que colocaba el nombre de Lula en el centro de un organigrama de desvíos en la compañía petrolera. El juez, obligado a ser imparcial, daba consejos al fiscal. El caso se interpretó como una guerra judicial.

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Bolivia: de Estado Plurinacional a protectorado

 

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De prensabolivariana en agosto 29, 2026

América Latina no ha sido inmune al emergente y disruptivo fenómeno neofascista y a sus adherencias en las fuerzas de ultraderecha. Bajo patrocinio trumpista y de herederos europeos nazis, la región experimenta giros políticos y de seguridad que ponen en jaque a las democracias, y que amenazan con sepultar derechos sociales conquistados en las últimas décadas. La guerra en todas sus formas, o la militarización de las sociedades por distintas vías, emerge como la nueva estrategia de recomposición del capitalismo occidental quebrando el orden jurídico internacional, con su correlato genocida, fundado en su aspiración de aniquilar fuerzas contestarias o proyectos alternativos.

La proscripción política como método

Bolivia no es una excepción en la estrategia ultraconservadora. Se inscribe en este cuadro de tensiones y disputa geopolítica, dada su posición geográfica, su vigoroso posicionamiento soberanista y un considerable potencial de riqueza concentrada en su territorio. El proyecto indígena-popular, encarnado en un nuevo Estado Plurinacional, caracterizado por la inclusión social, justicia e igualdad, además de su perspectiva industrialista bajo una égida soberana, nacionalista y anticolonial-antiimperial, incomodó al poder hegemónico norteamericano y a sus aliados regionales, lo que condujo a declararle una implacable guerra política desde el primer día de su llegada al gobierno. Las fuerzas conservadoras nativas, de explícito filo racista y antipopular, ejecutaron durante más de una década prácticas de desestabilización que se agregaron a las persistentes operaciones encubiertas desde el extranjero. El ascenso de la ultraderecha en Bolivia fue un trabajo arduo, paciente y planificado que fue socavando sus pilares fundamentales. La primacía sediciosa en sus extremos, osciló entre el golpe de Estado del 2019 y la proscripción electoral del 2025.

El ciclo político inaugurado por el Movimiento al Socialismo–Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) en 2006 fue sin duda excepcional por su duración, su filiación ideológica y política, el sujeto histórico que lo sostuvo, los cambios profundos que produjo y su proverbial resistencia frente al asedio constante. Su derrumbe relativo, en tanto poder político, pone de relieve y explica la puesta en marcha de una vigorosa estrategia de cambio de régimen en el hemisferio, más allá de sus propias debilidades políticas específicas o internas. Dicho de otro modo, Washington se propuso poner fin a gobiernos de la región que directa o indirectamente contribuían a incrementar la velocidad de su declive o que hacía incompatible su proyecto de restauración hegemónica global. Por lo mismo, la crisis existencial hegemónica exigía radicalizar la contrasubversión, lo que condujo a escalar la guerra híbrida, en sus múltiples variantes, para poner límites al desafío emergente. Dicha estrategia evolucionó desde los nuevos golpes de Estado, con apoyo explícito a fuerzas políticas de derecha, pasando por el lawfare, e incluso optando por intentos de magnicidio contra los principales líderes políticos no alineados de la región.

En el caso específico de Bolivia, no queda duda que la potente capacidad del movimiento social de recuperar el poder político a sólo un año del golpe de Estado, mediante su entramado territorial, su memoria histórica y el liderazgo político, generó pánico entre las fuerzas conservadoras obligándolas a radicalizar su estrategia de captura estatal. En consecuencia, decidieron hegemonizar el escenario político y el proceso electoral del 2025 clausurando sus opciones electorales, vetando a su líder histórico, a sus núcleos ideológicos y políticos mejor organizados y más combativos, por la vía de la proscripción. Paradójicamente, el gobierno de Luis Arce, que nunca comprendió su condición transitoria, convertido en enemigo público de Evo Morales junto a la derecha criolla y sus aliados extranjeros —marginados durante casi dos décadas del poder— convergió en la misma estrategia de aniquilamiento de su principal adversario.

La estrategia de la proscripción puso en escena a tres actores clave: poder judicial, poder electoral y medios de comunicación. El poder judicial llevó a cabo una tenebrosa campaña de persecución judicial contra Morales, impulsada por el gobierno de Arce, pero al mismo tiempo digitada desde otros centros de decisión no estatales. Se lo acusó sin pruebas suficientes de trata y tráfico de personas y al mismo tiempo se tramó una interpretación tramposa de la propia constitución para impedir una aparente reelección, basada en juicios de valor de organismos internacionales no vinculantes. Por su parte, el poder electoral, revestido de árbitro político, manipuló hasta la saciedad normas electorales, aplastando derechos de representación constitucional también por encargo de poderes fácticos. La Corte Electoral, actuando como juez de oficio, violando la Constitución, desconoció la genuina representación y titularidad del instrumento político en favor de un tercero, al que le reconoció derechos sin mérito alguno, producto de una decisión política deliberada, dejando por fuera a millones de electores sin representación partidaria. La persecución judicial y el veto electoral, procesos explícitamente manipulados, sirvieron de insumo a los medios hegemónicos de comunicación para criminalizar y lapidar mediáticamente a quienes intentaban competir democráticamente en las urnas.

Las elecciones nacionales de la primera vuelta en agosto del 2025 transcurrieron en medio de la vacancia de la mayor fuerza política de la historia del país, dejando expedito el camino a las fuerzas de derecha que disputaron los primeros lugares. El movimiento indígena-popular, que optó por un masivo voto nulo en la primera vuelta, no tuvo más alternativa que votar en la segunda vuelta por el mal menor, entre una derecha maquillada de democracia y otra explícitamente racista que ofrecía demoler todo vestigio “indígena-campesino masista”, cuyo cordón umbilical llegaba a los pasillos del Departamento de Estado y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). Rodrigo Paz, fue beneficiado con el voto indígena-popular con arreglo a sus propuestas populistas apoyadas por el candidato a vicepresidente, un atípico expolicía que cumplía el papel de justiciero de comarca.

El caso de Bolivia señala que la proscripción política no es sólo un mero dispositivo táctico o una artimaña electoral de las derechas nativas con la que procuran llegar al poder por la vía de la depredación de sus adversarios. Es más que eso, constituye una poderosa estrategia de captura estatal que responde a intereses supranacionales, que opera sometiendo estructuras estratégicas del poder público nacional. Bolivia constituye sin duda un complejo laboratorio para estas nuevas guerras de amplio espectro político en las que los sujetos históricos rebeldes, insurrectos o antisistema constituyen las nuevas víctimas de un poder hegemónico en declive. Por lo tanto, la proscripción no sólo se reduce a un dispositivo episódico de veto electoral, es más que eso, es la mutilación o inviabilidad de un proyecto histórico que disputa la centralidad estatal frente a la antítesis neoliberal salvaje, sostenida en el despojo de los recursos naturales, el vaciamiento de la soberanía nacional y la ocupación extranjera. Proscribir no es una mera decisión administrativa ni una simple jugada política sujeta a presiones, prebendas o corrupción, forma parte indisoluble de una estrategia geopolítica, que implica la fragmentación o debilitamiento estructural de fuerzas políticas o su balcanización, que impide ofrecer resistencia política frente a proyectos neoliberales privatizadores o al despojo y desmantelamiento de procesos de nacionalización.

Del simulacro populista al proyecto protectoral

La nueva administración asumió el 8 de noviembre de 2025 y una vez en el poder, anuló a su Vicepresidente, mientras que éste se declaró opositor al gobierno. Inició una alianza con uno de sus adversarios en primera vuelta, Doria Medina, de cuyo partido tomó a los ministros que ocuparon carteras nodales dentro el Estado (presidencia, economía y defensa), lo que reflejó la ausencia de una estructura política y de gestión propia. De igual manera, pactó con su rival de la segunda vuelta, Jorge “Tuto” Quiroga, y logró una alianza con las élites empresariales de Santa Cruz.

La rearticulación de la “vieja derecha” no sólo se refleja en los actores que la conforman, sino también en su discurso y la simbología que exterioriza. Frases como “capitalismo para todos”, discursos sobre Dios y la familia, la constante mención de los 20 Años del “Estado tranca”, refuerzan el regreso de la Biblia y el crucifijo en el acto de posesión de la Asamblea Legislativa y la desaparición de la Wiphala de la banda presidencial y del emblema del Ejército.

Tras ganar las elecciones, Paz viajó inmediatamente a Estados Unidos a reunirse con el Secretario de Estado, Marco Rubio, y representantes de organismos financieros internacionales. Seguidamente, anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos e Israel y eliminó el requisito de visa que se exigía a los ciudadanos de ambos países. En marzo de este año, su participación en la conformación del “Escudo de las Américas” liderado por Trump, junto con otros gobiernos de derecha de la región, fue el epítome de su vasallaje y el declive de la soberanía que tanto había defendido el Estado Plurinacional a la cabeza de Evo Morales.

El regreso al neoliberalismo puro y simple se expresa en las medidas económicas tomadas desde los primeros días de gestión. El anuncio de la reducción del gasto público en 30% para el año 2026, junto con la eliminación de varios impuestos, entre ellos a las grandes fortunas, fueron el punto de partida para dar paso a una serie de decretos y propuestas de leyes de amplio espectro liberal. El fin de la subvención a los hidrocarburos, con el objetivo de reducir el déficit fiscal, originaría un proceso inflacionario que trató de ser balanceado con el incremento del salario mínimo en un 20%, lo que se vio opacado con la venta de una gasolina de mala calidad que afectó a gran parte del parque automotor del país. A estas medidas se sumaron la emisión de decretos que provocaron la reacción popular y su posterior anulación. Tal es el caso del decreto Nº 5503, que incluía un paquete de medidas de liberalización de la economía, y la Ley 1720 de Reconversión de Tierras, que permitía que las pequeñas propiedades se convirtieran en medianas, con el peligro que conllevaba su acaparamiento por latifundistas. La ley fue anulada, debido a la fuerza que tuvo la marcha de 48 días que emprendieron las comunidades campesinas e indígenas afectadas, a la sede de gobierno.

Sin embargo, los acuerdos que se vienen dando con Estados Unidos sobre la explotación del litio y minerales críticos, la negociación con el FMI para la obtención de créditos, junto con el paquete de leyes que el Ejecutivo enviará a la Asamblea para su aprobación (ley de Hidrocarburos, de Minería, de Electricidad, de Inversiones, de Economía Verde, de Emprendedores, Electoral, seguridad nacional y reducción del Estado) amenazan con una estampida neoliberal catastrófica.

En el ámbito de la seguridad, la situación es igual de entreguista. El retorno de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) en tareas de lucha contra las drogas detona las alarmas de la militarización y criminalización social que tanto daño hicieron en el pasado.

Frente a este escenario, la resistencia del movimiento popular e indígena ha estado a la altura de las circunstancias. El último bloqueo de caminos que duró 53 días entre mayo y junio, cuya principal demanda llegó a ser la renuncia del Presidente por no cumplir con sus promesas de campaña, aliarse con la derecha, querer privatizar las empresas del Estado, encubrir hechos de corrupción, etc., hizo tambalear la estructura gubernamental a sólo seis meses de gestión.

En la actualidad, Paz mantiene una frágil gobernabilidad y ha declarado un Estado de excepción, asegurando que fue víctima del “narcoterrorismo”, circunscribiéndose al discurso securitizador de Estados Unidos. Ha iniciado un proceso de persecución judicial de los líderes de los movimientos sociales movilizados —incluyendo a Evo Morales— y ha vuelto a desplegar, como sucedió en el golpe de 2019, un discurso racista y estigmatizante.

El retorno de la vieja derecha neoliberal en Bolivia, junto con lo que sucede en otros países de la región, se encamina a la creación de un “protectorado”. El objetivo a nivel interno, es dejar atrás el Estado Plurinacional; mientras en el ámbito externo busca ceder su soberanía al ensamblaje de una estructura geopolítica imperial en crisis, que tiende a la barbarie.

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La mayor traición petrolera de nuestra historia por Willian Rodríguez

El acuerdo anunciado entre la presidencia encargada y el gobierno de Estados Unidos, que entrega el control de 65 mil millones de barriles de nuestras reservas probadas por cien años, no es solo un mal negocio: es la mayor traición petrolera cometida contra la República desde que Venezuela existe como país. Estamos hablando del 22 % de nuestras reservas, comprometidas sin debate nacional, sin autorización constitucional y sin el más mínimo respeto por la soberanía energética que generaciones enteras defendieron con sangre, inteligencia y dignidad. La cifra que acompaña esta entrega es un insulto: apenas 3,22 dólares por barril en tributos. Con ese monto, Venezuela renuncia a una renta petrolera que supera los 3,9 billones de dólares en un horizonte de explotación conservador. Billones que deberían financiar escuelas, hospitales, infraestructura, ciencia, tecnología, seguridad y bienestar social. Billones que deberían sostener el futuro de nuestros hijos y nietos. Billones que, con este acuerdo, pasarán directamente a manos privadas estadounidenses. Por otra parte comprometer esa magnitud de las reservas , con el actual esquema de manejo imperial de nuestros hidrocarburos, donde EEUU vende nuestro petróleo y deposita los recursos en una cuenta del Departamento de Estado, es legalizar una colonia y renunciar definitivamente a nuestra Soberanía. Es la riqueza que nos ha hecho pobres, como escribió Galeano, pero ahora en su versión más descarada, cínica y contemporánea. Comprometer 65 mil millones de barriles por un siglo significa hipotecar el destino de al menos cinco generaciones de venezolanos. Ningún gobierno, ni legítimo ni encargado, tiene autoridad moral ni constitucional para decidir sobre el siglo XXI, el XXII y el XXIII. Ni Gómez, con toda su ignorancia petrolera, se atrevió a tanto. Lo que se está entregando no es un campo, no es un bloque, no es una empresa mixta: es el futuro de Venezuela. Alí Rodríguez Araque lo advirtió con claridad meridiana: “La pérdida del control sobre el petróleo es la pérdida del control sobre el destino nacional”. Y Hugo Chávez lo dijo sin rodeos: “El petróleo es nuestro, y con él recuperamos la patria”. Este acuerdo hace exactamente lo contrario: entrega la patria y renuncia al destino nacional. No hay forma de maquillarlo. Lo más grave es que todo esto se hace de espaldas al país, sin consulta, sin Parlamento, sin institucionalidad, sin transparencia. Y se hace en un contexto donde es imposible ignorar que este pacto beneficia políticamente a un solo actor: el presidente estadounidense Donald Trump, quien enfrenta una elección el 3 de noviembre. La presidencia encargada actúa como pieza funcional de una estrategia electoral ajena, sacrificando los intereses de Venezuela para fortalecer la campaña de su socio y aliado. Es un acto de subordinación política que ningún venezolano digno puede aceptar. A esto se suma la intención declarada de abandonar la OPEP. Venezuela, país fundador, país histórico, país que dio doctrina y liderazgo, quedaría fuera del único espacio donde nuestra voz energética tiene peso real, plegándose así a la política de EEUU que desde su nacimiento ha querido destruir esta organización. Salirse de la OPEP es renunciar a la defensa colectiva de precios, a la coordinación de cuotas y a la influencia geopolítica que durante décadas nos permitió equilibrar el poder de las grandes potencias. Es entregarle a Estados Unidos la llave de nuestra política petrolera y renunciar a nuestro rol como potencia energética soberana. Estados Unidos gana seguridad energética, acceso a crudo a costo, control sobre un nodo estratégico del mercado mundial y una renta gigantesca. Venezuela pierde soberanía, pierde renta, pierde poder geopolítico y pierde futuro. No hay forma de suavizarlo. Por su alcance, por su duración, por la magnitud de los recursos comprometidos y por la estructura de beneficios que otorga a una potencia extranjera, este acuerdo constituye desde la perspectiva de la seguridad de la Nación el peor acto de traición a la patria de Bolívar y Chávez. Una ruptura con la tradición de soberanía que defendieron, Pérez Alfonso, Rodríguez Araque, Chávez y toda la conciencia latinoamericana que Galeano retrató con dolor y lucidez. 

Firmo estas líneas con plena responsabilidad técnica, histórica y ética.

Willian Rodríguez MSc en Seguridad de la Nación Ingeniero Mecánico Especialista en Geopolítica de la Energía 

25 de agosto de 2026

Venezuela tiene derecho a decidir su propio destino

 

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De prensabolivariana en agosto 25, 2026

Hay momentos en la historia de los pueblos en los que la política deja de ser simplemente una discusión entre dirigentes, partidos o corrientes ideológicas, y se convierte en algo mucho más profundo, una defensa de la soberanía. Venezuela está viviendo uno de estos momentos, y por eso no podemos analizar lo que ocurre solamente desde las diferencias internas del chavismo, desde las redes sociales o desde las posiciones enfrentadas dentro de la izquierda.

Hay que mirar el panorama completo. En Venezuela existe una realidad que algunos sectores de la izquierda parecen olvidar, el país lleva años sometido a una fuerte presión política, económica y geopolítica por parte de EEUU y sus aliados. Y cuando un país que posee las mayores reservas petroleras del mundo, además de oro, gas y una posición estratégica en el continente, es sometido a sanciones, bloqueos, amenazas y operaciones políticas, resulta difícil sostener que todo lo que ocurre dentro de sus fronteras sea simplemente consecuencia de los errores de sus dirigentes.

Claro que existen errores, que hay problemas, que hay cosas que deben cambiar y dirigentes que deben ser cuestionados. La izquierda no puede convertirse en una posición donde criticar al gobierno sea considerado un error; pero tampoco podemos caer en el otro extremo y terminar haciendo análisis políticos que, bajo una supuesta pureza revolucionaria, coincidan con los objetivos de quienes históricamente han buscado debilitar la soberanía venezolana.

Una cosa es criticar al gobierno bolivariano y otra muy diferente es contribuir a generar desesperanza en un pueblo que lleva años enfrentando una fuerte presión externa. Hay compañeros y compañeras de izquierda que hoy hablan de traición, de ruptura definitiva y de fracaso absoluto del proceso. Algunos incluso parecen haber olvidado que durante años fueron parte de las estructuras políticas que hoy cuestionan y esto no significa que no tengan derecho a criticar; por supuesto que lo tienen. Lo que debemos preguntarnos es hacia dónde conduce políticamente esa crítica y, sobre todo, a quién termina beneficiando.

Porque cuando un pueblo está bajo presión, repetir constantemente que todo está perdido, no necesariamente es un acto revolucionario; puede convertirse, aunque no sea la intención de quien lo hace, en una herramienta útil para el adversario.

Esto es precisamente lo que debemos entender cuando hablamos de guerra cognitiva, ya no se trata solamente de bombas, invasiones o soldados. También se disputa la percepción de la gente, su esperanza y su confianza. Se intenta convencer al pueblo de que su propia organización no sirve, de que sus dirigentes son todos/as traidores, de que no existe una salida y de que cualquier alternativa es mejor que continuar resistiendo. La desesperanza también puede convertirse en un instrumento político, y Venezuela tiene suficiente experiencia en este terreno como para no reconocerlo.

El chavismo, con todos sus problemas y contradicciones, conserva algo que sus adversarios no han podido destruir: una base popular organizada, una identidad política y una estructura territorial, construida durante décadas. Esto explica buena parte de la resistencia del proceso bolivariano y también ayuda a entender por qué algunos sectores internacionales tienen tanto interés en dividirlo.

Por otro lado, la oposición venezolana sabe que enfrentarse electoralmente con un chavismo organizado no es lo mismo que recibir respaldo político desde el exterior. Durante años hubo sectores opositores que apostaron a la presión internacional, a las sanciones y a la intervención extranjera, en lugar de construir una alternativa política capaz de competir en las urnas. Porque la realidad, muchas veces, es que, tarde o temprano, la política termina regresando al terreno electoral.

Y aquí aparece una de las cuestiones más importantes del momento. El camino constitucional y electoral no es una concesión del chavismo; forma parte de la propia concepción política que defendió Chávez. Si existen mecanismos constitucionales para resolver las diferencias, deben utilizarse. Si existen elecciones, hay que participar. Si la oposición considera que tiene mayoría, debe demostrarla en las urnas, y si el chavismo quiere continuar gobernando, también debe demostrarlo ante el pueblo. Esto es democracia.

Lo que no puede aceptarse es que la voluntad de los venezolanos y venezolanas, sea sustituida por la voluntad de una potencia extranjera. Aquí está uno de los problemas centrales.

EEUU no puede ser quien decida quién gobierna Venezuela, quién administra el petróleo venezolano o quién controla el oro venezolano. No puede decidir qué instituciones son legítimas y cuáles no, y mucho menos puede apropiarse de los activos de un país soberano para después presentarse como defensor de la democracia. La contradicción resulta demasiado evidente.

Por esto, también debemos mirar con atención las negociaciones políticas que se están produciendo. Si sectores de la oposición comienzan a regresar al terreno constitucional, si aceptan dialogar con las instituciones existentes y si participan nuevamente en procesos electorales, esto puede ser una oportunidad para que Venezuela vaya recuperando cierta normalidad política. Algunos pueden verlo como una debilidad; nosotros lo vemos de otra manera.

Llevar al adversario al terreno donde uno tiene organización y fuerza política también puede ser una estrategia. Si la oposición quiere elecciones, que participe en ellas. Si quiere gobernaciones, alcaldías, concejos municipales, consejos legislativos o espacios institucionales, que los dispute con votos. Y si el chavismo tiene la mayoría, tendrá que demostrarlo. Esto es mucho más saludable para Venezuela que seguir dependiendo de sanciones, amenazas, pronunciamientos extranjeros o gobiernos paralelos.

Lo mismo ocurre con los activos venezolanos en el exterior. El oro depositado en Londres, los recursos y activos de Venezuela y toda la discusión alrededor de empresas como Citgo, no son asuntos secundarios. Son parte de la disputa por la soberanía económica del país; un país que no puede disponer de sus propios recursos difícilmente puede considerarse plenamente soberano.

Y aquí nuevamente aparece la pregunta fundamental, ¿quién tiene derecho sobre las riquezas venezolanas? La respuesta, para cualquier latinoamericanista consecuente, debería ser sencilla, el pueblo venezolano.

Lo mismo ocurre con la política internacional. Quien mire Venezuela solamente desde Caracas no está viendo toda la realidad. Venezuela está involucrada en una disputa geopolítica de grandes dimensiones. China tiene intereses estratégicos, Rusia tiene intereses estratégicos, Irán tiene intereses estratégicos, India tiene intereses estratégicos, Europa también los tiene y, por supuesto, EEUU tiene enormes intereses, y el petróleo venezolano forma parte de esta ecuación.

La relación entre la Faja del Orinoco, China, Irán y la tecnología necesaria para procesar ciertos tipos de crudo, muestra que las relaciones internacionales actuales son mucho más complejas de lo que algunos análisis simplificados pretenden hacernos creer. En este caso, no se trata únicamente de ideologías o de alianzas políticas, también están en juego factores muy concretos: el petróleo, la energía, la tecnología, los mercados, las reservas, las rutas comerciales y, en última instancia, el poder mundial.

Por esto resulta importante que Venezuela diversifique sus relaciones internacionales; mirar hacia China, India, Rusia, Irán y otros países no significa necesariamente que esté buscando nuevos tutores. Puede significar exactamente lo contrario: buscar un escenario internacional en el que ningún país pueda imponer unilateralmente sus condiciones al resto. En este sentido, los movimientos diplomáticos recientes tienen importancia.

Mientras algunos discuten en las redes sobre quién es más revolucionario o revolucionaria, el gobierno venezolano busca acuerdos, abre canales, negocia y construye relaciones internacionales. Esto es lo que hace cualquier Estado que intenta mantenerse en pie en medio de una situación difícil. La política internacional no se construye solamente con consignas; se construye negociando, resistiendo y teniendo alternativas y Venezuela necesita todas las alternativas posibles.

También debemos entender que la fragmentación de la izquierda latinoamericana no es un fenómeno menor. Durante décadas, EEUU ha trabajado para debilitar procesos progresistas y revolucionarios de nuestro continente. Las experiencias de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y otros países muestran que la disputa por el poder no se limita a las elecciones; también se libra en los tribunales, en los medios, en las instituciones, en las redes y en los espacios económicos.

La judicialización de la política se ha convertido en una herramienta importante. La división de las fuerzas progresistas también. Y cuando la izquierda termina enfrentándose entre sí, mientras las fuerzas conservadoras reorganizan sus estructuras, el resultado puede ser muy negativo.

Por esto hay que tener cuidado con la trampa de la pureza ideológica. La izquierda latinoamericana no puede convertirse en una suma de pequeños grupos que se consideran moralmente superiores, porque son capaces de cuestionar al compañero de al lado. Una revolución no se construye desde las redes sociales; un país no se defiende solamente desde las plataformas digitales. Y una potencia extranjera no se enfrenta únicamente con consignas, se necesita organización, estrategia, pueblo y, sobre todo, comprender cuáles son las contradicciones principales.

Defender a Venezuela no significa decir que todo está bien, justificar todos los errores del gobierno o dejar de cuestionar a sus dirigentes. Significa algo mucho más básico: entender que las diferencias internas deben resolverse entre venezolanos/as y que el destino del país no puede ser decidido desde Washington.

Esto debería ser un punto de coincidencia para toda la izquierda latinoamericana. Podemos discutir sobre Maduro, sobre Delcy Rodríguez, sobre Jorge Rodríguez, sobre el PSUV, sobre la economía, sobre la corrupción, sobre las instituciones, sobre la conducción del proceso y sobre todo aquello que consideremos necesario.

Pero cuando la alternativa que aparece detrás de esas discusiones es la intervención extranjera, el control de los recursos nacionales o la pérdida de la soberanía, entonces debemos saber dónde colocarnos.

La historia latinoamericana nos ha enseñado algo que no debemos olvidar, EEUU nunca ha necesitado que toda la izquierda desaparezca para derrotarla, muchas veces le ha bastado con dividirla: que unos llamen traidores a otros, que otros respondan acusándolos de haber abandonado sus principios, que el debate termine convertido en insultos y que los sectores revolucionarios gasten sus energías enfrentándose entre ellos.  Mientras tanto, los intereses económicos continúan trabajando, esta es la trampa y no debemos caer en ella.

Venezuela necesita crítica, sí, pero necesita una crítica que contribuya a construir y no una que solamente destruya. Necesita debate, pero un debate que fortalezca al pueblo. Necesita elecciones, instituciones y mecanismos constitucionales para resolver sus contradicciones. Necesita recuperar su economía y mejorar las condiciones de vida de su gente. Necesita combatir la corrupción y corregir errores. Pero necesita hacerlo desde su propia soberanía.

Porque Venezuela tiene derecho a equivocarse por cuenta propia, tiene derecho a cambiar, a elegir otro gobierno, si así lo decide su pueblo y a mantener al gobierno que tiene, si así lo decide también su pueblo. Lo que no tiene sentido es pretender que sean otros países quienes decidan por los venezolanos/as. Al final, la discusión es mucho más sencilla de lo que algunos quieren hacer parecer.

¿Queremos una Venezuela sometida a los intereses de una potencia extranjera o una Venezuela dueña de su propio destino?

Desde la izquierda latinoamericana, desde una posición antiimperialista y desde el lado de quienes todavía creemos que nuestros pueblos tienen derecho a construir su propio camino, la respuesta no debería ofrecer demasiadas dudas.

Se puede criticar al gobierno y defender a Venezuela. Se pueden exigir cambios y defender la Revolución Bolivariana. Se puede cuestionar a un dirigente, sin entregar el país a intereses externos. Y se puede ser profundamente crítico sin convertirse en instrumento de quienes quieren recuperar el control sobre las riquezas venezolanas.

Hoy, más que nunca, Venezuela necesita cabeza fría, un pueblo activo y soberanía. Porque cuando una potencia extranjera aumenta la presión, la primera responsabilidad de la izquierda no debería ser destruir al compañero, sino evitar que se debilite al pueblo.

Y en esta lucha, quienes creemos en la independencia de América Latina sabemos dónde debemos estar: del lado de Venezuela, de su pueblo, de su soberanía y de su derecho irrenunciable a decidir su propio destino.

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*José A. Amesty Rivera es un teólogo, reverendo, escritor y analista político e internacional de origen venezolano, ampliamente reconocido en el ámbito del periodismo de opinión y el análisis geopolítico de izquierda en América Latina. Es un firme defensor de la Teología de la Liberación y de las causas sociales en la región. Es un activo colaborador y administrador de plataformas de comunicación alternativa como La Voz Bolivariana Internacional y la Red en Defensa de la Humanidad (REDH).Enfoca su cobertura crítica de los giros políticos en el Cono Sur y Centroamérica, analizando fenómenos que van desde el ascenso del neoliberalismo hasta las dinámicas de los procesos electorales regionales.