“Quiroz te cagó el 18”

 

De prensabolivariana en septiembre 17, 2026 Economia… domestica…da Por Mauricio Vargas* El 15 de septiembre, Javier Milei volvió a hablar de trabajo. No para anunciar empleos, sino para explicar por qué no hacen falta: «Si la tasa de nacimiento es igual a la de mortalidad, ¿para qué querés generar trabajo?». La frase podría quedarse en la colección de extravagancias de Milei, pero no conviene. La dijo justo después de dar otra explicación aún más contradictoria en un contexto distinto: atribuir la caída de nacimientos en Argentina al aborto y al feminismo. La natalidad comenzó a caer en 2014, mientras que el aborto se legalizó en 2020. Seis años de diferencia prueban que el aborto no inició el descenso, pero la premisa le servía al relato. Ahora, por arte de magia, surge otra justificación útil: si la población no crece, ¿para qué generar empleo? Ese mismo 15 de septiembre, mientras Milei cuestionaba la necesidad de crear trabajo en Argentina, Giorgio Boccardo —exministro del Trabajo del gobierno chileno anterior— demostraba en Radio Pauta cuánto empleo se está perdiendo en Chile. No recurrió a cifras inventadas, sino a la lectura directa de los datos: más de 17 000 puestos perdidos en el último trimestre y cerca de 170 000 desde marzo (aplicando la correspondiente salvedad metodológica por estacionalidad). Agregó un hecho más grave: por primera vez en 15 años —sin contar la pandemia—, Chile está destruyendo empleo. El INE registra un 9,5% de desempleo, un aumento del 10,4% en desocupados y una caída del 0,2% en ocupados: casi un millón de personas sin trabajo. Mientras Boccardo exponía estos números, en el Gobierno continúa Jorge Quiroz como ministro de Hacienda; el mismo que prometió un crecimiento del 4% para superar el 2% de años anteriores. Hoy, Quiroz también se convirtió en el «hombre del 18». La canción «Quiroz, te cagó el 18» se viralizó en redes sociales tras su negativa a declarar feriado el 17 de septiembre. Lejos de ser una simple anécdota, revela cómo las sociedades expresan que algo empieza a romperse. El ministro más visible de un Gobierno que prometía productividad quedó expuesto en una discusión sobre un día de descanso para un país con el bolsillo apretado. En julio, con el desempleo al alza y el Imacec acumulando cinco meses de contracción, Quiroz afirmó impávido que «no hay visos de recesión». Sin embargo, los números contaban otra historia: Promesa inicial: Crecimiento del 4%. Cierre de 2025: Chile terminó el año creciendo al 2,5%. Proyección de Hacienda: 1,8% para 2026 (elaborada para el primer año completo de Kast). Estimación actualizada del Banco Central: Ajustada a un rango entre 0,25% y 0,75%. Desempleo prometido vs. real: Promesa del 6% frente a un 9,5% real. Frente a la destrucción de empleo, el presidente Kast debió ordenar un plan de emergencia laboral que involucra a cinco ministerios. Paralelamente, durante el Chile Day en España, Quiroz asistió para captar inversiones mientras Louis de Grange afirmaba: «Este es el mejor momento en la historia para invertir en Chile». El relato presentado al exterior choca directamente con la realidad de los indicadores: un Banco Central proyectando un crecimiento inferior al 1%, un millón de desempleados y la advertencia de destrucción de empleo. Las explicaciones de Milei, Quiroz y Kast no resuelven la realidad: El 4% se transforma en un horizonte lejano. El 1,8% pasa a ser una proyección revisada a la baja. El rango 0,25%–0,75% expone que por cada $100 producidos, el mejor escenario suma apenas 75 centavos (frente a los $2,50 de 2025 o los $4,00 prometidos). La caída de natalidad se atribuye al aborto y la falta de empleo se justifica con la demografía. Cuando los errores dejan de modificar la narrativa oficial, las contradicciones se convierten en un ruido que termina saliendo a las calles. La viralización de la canción contra el ministro Quiroz señala que la ciudadanía percibe que la cuenta existe y que alguien tendrá que pagarla. La discusión deja de ser puramente económica para transformarse en un problema político. BLOG DEL AUTOR: Mauricio Vargas Siguenos en X: @PBolivariana Telegram: @bolivarianapress Instagram: @pbolivariana Threads: @pbolivariana Facebook @prensabolivarianainfo Correo pbolivariana@gmail.com País Chile Code FEF69F

El documental ‘NAZA’ y la humanidad como daño colateral

 

De prensabolivariana en septiembre 17, 2026 Oleg Yasinsky* El 10 de septiembre de este año, se presentó en el Festival de Cine de Venecia el documental ‘NAZA’, de los directores israelíes Yuval Avraham y Rachel Shor. En el filme, Avraham y Shor conversan con militares israelíes para entender cómo ven ellos la guerra en Gaza, la que en realidad no es ninguna guerra, sino la peor masacre de civiles en los últimos años. ‘NAZA’ es la transcripción de la abreviatura militar israelí נזק אגבי, ‘nezek agavi’, que literalmente significa daños colaterales. Las redes sociales están que revientan por las discusiones que generó el documental, después de su primera proyección pública en Venecia, donde fue aplaudido durante 25 minutos. La reacción de una gran parte de la sociedad israelí fue, como de costumbre, atroz. Alguien escribió en redes sociales: «Los documentalistas israelíes trataron de demostrar que no todos en Israel eran fascistas, pero sus compatriotas se esforzaron en sus comentarios por demostrar lo contrario«. La deshumanización avanza en todo el planeta, y en las primeras filas destaca «la única democracia del Medio Oriente», con una marcha a paso prusiano. Es un gran proyecto mundial y no es difícil encontrar las pruebas de su gran éxito. Si alguien hace un experimento y lee, con ayuda de traductores, obviamente, los comentarios de israelíes y ucranianos a los hechos políticos y noticiosos recientes, seguramente se llevará una gran sorpresa. Una enorme parte de ellos parecen estar escritos por una pandilla de seres sanguinarios, ignorantes y agresivos, que convierten cualquier desgracia de sus adversarios o vecinos en una gran fiesta popular, donde lo que menos importa son los ‘daños colaterales’. Es obvio que en todo el mundo existen idiotas y patanes. Pero aquí me refiero solo a las proporciones y a los niveles de su grosería. OPINIÓN Ese peculiar ‘amor’ israelí por los cristianos El actual proyecto de ‘Ucrania’, que poco o nada tiene que ver con la maravillosa república que lleva este nombre, la que dejó de existir al mismo tiempo que nació su ‘independencia’ de la Unión Soviética, tiene los mismos autores y la misma metodología de autonegación que el proyecto ‘Israel’, un proyecto de Estado que lleva varias décadas y no tiene ninguna relación con la rica y sabia cultura del pueblo judío; por lo contrario, la destruye. El sionismo israelí y el nacionalismo ucraniano son herramientas idénticas para la deshumanización de los pueblos. Gente que es transformada y convertida por la propaganda en eternas víctimas que se adjudican el derecho a ser verdugos y victimarios, ya que las víctimas nunca son responsables por sus actos. Justamente para eso existe esa gran lucha contra la memoria histórica y se realizan tantos esfuerzos para crear una nueva narrativa sobre el pasado, que sea básica, colorida y divertida, como un cómic para retardados mentales. Tal vez, el peor de los genocidios sea ese. Afortunadamente, existen también muchos ucranianos e israelíes que no piensan y no sienten lo que la maquinaria propagandística les ordena sentir y pensar. Mi sincera admiración a los justos del pueblo judío: los directores de la película, Yuval Avraham y Rachel Shor, quienes defienden el honor de sus antepasados de la infamia que ofrece a su memoria el Gobierno israelí. Todo esto es más o menos evidente y ya se ha dicho bastantes veces y mejor que yo. Pero mi pregunta central aquí es otra. El principal pilar del proyecto del documental ‘NAZA’ fue el periódico británico The Guardian. Durante todos estos años, este medio ha defendido activamente el apoyo militar a Kiev. Ganadora de premio Oscar expone cómo Hollywood castiga su apoyo a Palestina Los autores del periódico llaman regularmente a Reino Unido, a la Unión Europea y a Estados Unidos a no reducir el ritmo de la remilitarización en Europa. No se cansan de asustar al lector con la «amenaza rusa» y exhortan a la OTAN a tomar medidas más decisivas y/o a intervenir directamente para «defender a Ucrania». En la política editorial de The Guardian, hasta ahora, a diferencia de lo que sucede con las víctimas de Palestina, nunca se ha observado compasión alguna por las víctimas del Donbass. No es un reclamo a los autores del documental, que aprovecharon las posibilidades que el famoso periódico británico les dio para realizar su importante y necesario trabajo. Pero nunca creeré en la preocupación sincera de la llamada «izquierda liberal» europea por el pueblo palestino ni por ningún otro pueblo del mundo. Es una postura conveniente para su gobierno, destinada a desviar la atención y a obtener, por supuesto, beneficios políticos. Netanyahu amenaza con revocar la ciudadanía y multar a cualquiera que «difame» a las FDI El Imperio británico siempre ha sido uno de los principales actores en el Medio Oriente. En 1917, el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Arthur Balfour, envió a Lord Rothschild una carta en la que expresaba el apoyo del Gobierno británico a la creación de un «hogar nacional para el pueblo judío» en Palestina. Esta declaración se convirtió en uno de los antecedentes fundamentales del Mandato Británico sobre Palestina. Fue Gran Bretaña la que se comprometió a promover la inmigración judía y su asentamiento en las tierras palestinas. Al mismo tiempo, en la década 1940, hubo grupos clandestinos judíos que llevaron a cabo una guerra de guerrillas para liberarse del dominio inglés, como dirían hoy los hipócritas, «mediante métodos terroristas». La historia de las contradicciones entre el Reino Unido y Estados Unidos en el Medio Oriente es el conflicto de intereses entre un imperio colonial en decadencia y una nueva superpotencia que reestructuró la región según sus propias necesidades. Como es sabido, Israel se ha convertido desde hace tiempo en el principal bastión de EE.UU. en la región, mientras que el Reino Unido sigue teniendo un gran interés en fortalecer sus alianzas económicas y diplomáticas con las ricas monarquías árabes. En medio de los crímenes de Israel y la locura de Washington, las declaraciones de las autoridades británicas en defensa de Palestina son la forma más sencilla de estabilizar los índices de popularidad de su gobierno, que están en caída libre. La defensa de la Carta de las Naciones Unidas y de las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia es un intento de posicionar a Londres como un ‘árbitro moral’ independiente y ‘defensor del derecho internacional’, lo cual, ante las declaraciones y acciones de Washington y Tel Aviv, no resulta muy difícil. Todo esto no le resta importancia en absoluto a la película ‘NAZA’, tan necesaria, sobre todo para el propio Israel. Simplemente es importante recordar que, en esta feria mundial de hipocresías, si a las corporaciones que pretenden gobernar el mundo les resulta más rentable y conveniente cambiar el anuncio publicitario oficial de Hollywood de «genocidio de los judíos por los alemanes» por el de «genocidio de los árabes por los judíos», no tendrán dudas de hacerlo. Las grandes corporaciones desconocen los dolores de los pueblos y siempre hay suficiente verdad incómoda para todos. Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de PB. *Oleg Yasinsky, periodista ucraniano chileno, colaborador de los medios independientes latinoamericanos como Pressenza.com, Desinformemonos.org y otros, investigador de los movimientos indígenas y sociales en America Latina, productor de documentales políticos en Colombia, Bolivia, Mexico y Chile, autor de varias publicaciones y traductor de textos de Eduardo Galeano, Luis Sepúlveda, José Saramago, subcomandante Marcos y otros al ruso.Ha realizado un trabajo de difusión e intercambio cultural traduciendo al ruso obras de destacados autores y referentes latinoamericanos, entre ellos Eduardo Galeano, Luis Sepúlveda, José Saramago y el Subcomandante Marcos. BLOG DEL AUTOR Oleg Yasinsky Siguenos en X @PBolivariana Telegram @bolivarianapress Instagram @pbolivariana Threads @pbolivariana Facebook @prensabolivarianainfo Correo pbolivariana@gmail.com País Ucrania Fuente https://actualidad.rt.com ABB8C43D -FEF69F

¿Se estará gestando a otro BETANCOURT para esta democracia? Cáiganse de Q, y vean esto…

José Sant Roz

• Para pava nuestra, aparece otro Betancourt en el horizonte político, que también (barrunta la cosa) resulta que es EXPERTO PETROLERO. ¿Estará emparentado con aquel Rómulo que escribió la magna obra “Venezuela, política y petróleo”? Por las señas que se muestran de este nuevo espécimen es muy probable que lo sea: tracalero, amañador de cuentas en varios lugares del mundo occidental y con poderoso apoyo de los gringos. El susodicho se llama Alejandro Betancourt.
• No acabamos por ver nada claro el panorama energético de nuestro país. Los titulares del mundo hablan del negocio del siglo, y que cientos de compañías quieren venir a invertir. Contratos, un acuerdo nada menos que por 65.000 millones de barriles de petróleo, van y vienen empresarios gringos para finiquitar alianzas y convenios, al tiempo que aparece una nueva Ley de Hidrocarburos sancionada por la Asamblea Nacional. En medio de esta espléndida como especiosa madeja de transacciones y entendimientos, Venezuela vive apagones de entre cinco y diez horas cada día, y según las vagas informaciones que se tienen es debido a que se ha incrementado en varios millones la fulana producción petrolera con el gobierno bajo el mando de doña Delcy. Es decir, aumenta el negocio para los gringos pero el pueblo se hunde, como ha sido siempre.
• Mejor entonces estábamos con Maduro: los cortes eléctricos no eran tan agobiantes, el bolívar no se detienen en su caída libre, palo abajo y los productos de primera necesidad se encarecen al tiempo que los servicios públicos continúan en franco deterioro y ruina. Y ahora nos desayunamos con súbita aparición de un fantasma magnate que sacaron como se dice vulgarmente de una caja de ACE. Lo tenían bien resguardado en la Casa Blanca. Porque nos informamos ahora que hasta en Europa comienzan a destapar procesos judiciales que enfrenta el tal Alejandro Betancourt. Esta vez en España. Encontramos este dato: “el artífice del acuerdo que dará a Donald Trumpel control de una quinta parte del petróleo venezolano, lleva más de un año investigado por la Audiencia Nacional española por blanqueo de capitales y evasión fiscal”. Pero resulta que esta causa ha sido paralizada desde hace meses por órdenes de Trump. Lo mismíto que hizo el cerdo naranja con el narcotraficante Orlando Hernández, ex presidente de Honduras a quien Trump sobreseyó su causa.
• Es así como relata la información llegada de España que el juez Santiago Pedraz “está a la espera de una comisión rogatoria dirigida a la justicia estadounidense que nunca llega y, tras haber archivado la causa una primera vez, ha lanzado una nueva advertencia: si en diciembre no hay respuesta de Estados Unidos, volverá a dar carpetazo al caso”. El caso que el señor Alejandro Betancourt es el nuevo magnate-ladrón (todos los son) del cual ha echado mano Washington para forrarse de millones de dólares con la cuarta parte de las reservas de petróleo venezolano. AGREGA LA NOTA INTERNACIONAL: “El entorno de Trump conoce de sobra sus causas en Venezuela, Estados Unidos, Suiza y España —las dos últimas, aún activas—, pero lo ha usado para lograr su objetivode reactivar el negocio petrolero en Venezuela, tras el secuestro de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero”.
• En cuanto a Venezuela y la fulana firma por el multimillonario acuerdo nuestra presidenta Delcy lo ha defendido. No puede hacer otra cosa la pobre, con la bendita pistola en la nuca. “El procedimiento judicial español, que investiga el origen y destino de más de 4.000 millones de dólares que supuestamente se habrían desviado de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, está a la espera de que Washington conteste a una petición que consiste en poder tomar declaración a una serie de testigos claves porque ya fueron condenados en Estados Unidos. Su testimonio puede afianzar el delito en Madrid, pero a punto de cumplirse un año de aquella solicitud, nadie ha respondido”.
• Según filtraciones de última hora el delito de blanqueo que se investiga en España exige un delito previo que acredite el origen ilícito del dinero. “Fuentes judiciales explican que, si los testigos confirman la corrupción en la petrolera, se acreditaría que el dinero que ha llegado a territorio español tiene una raíz ilícita y la causa española podría seguir adelante para ver cómo se ha lavado ese dinero ingresándolo en un circuito legal. Betancourt, conocido en España por haberse convertido en el dueño de la marca de gafas Hawkers, invirtió millones en multitud de empresas españolas y hasta compró un castillo en Toledo”. ¡MIERDA!
• Agregan cinco testigos “esenciales” ya han sido condenados en Estados Unidos por el mismo esquema de corrupción en PDVSA, conocido como Money Flight, que “se trata de Abraham Ortega Morales, exdirector de Planificación Financiera de la petrolera; Carmelo Urdaneta, alto funcionario del área petrolera venezolana; Álvaro Ledo Nass, exasesor legal de PDVSA; Luis Fernando Vuteff, empresario argentino y yerno del opositor Antonio Ledezma; y Luis Carlos de León, exdirector financiero de la Electricidad de Caracas, filial de PDVSA. En la Audiencia Nacional explican que no hay un plazo legal límite por el que el país deba contestar. ¿Pero cuándo suele hacerlo? “Cuando le interesa”, apunta un juez que pide anonimato. España y EE UU tienen sistemas de colaboración judicial bien engrasados y arropados por tratados de colaboración. De hecho, el Ministerio de Justicia mantiene en Washington a un juez de enlace español para poder dinamizar toda la cooperación. Hasta hace unas semanas ese puesto lo ocupaba María de las Heras, si bien acaba de ser relevada por el magistrado Íñigo Herrero”.
• Tener poderosos mafiosos y delincuentes a su mando es el mejor negocio del mundo para los gringos, porque ahora, por ejemplo, Alejandro Betancourt junto con toda su pandilla de bandidos tendrá que seguir a pie puntillas todo lo que le ordene Washington. “Fuentes fiscales que han trabajado en la cooperación internacional explican que la colaboración con Estados Unidos no es sencilla en algunos casos por la dimensión del territorio y los 51 Estados que cuentan con sistemas judiciales distintos. La cooperación se dificulta, cuentan, si lo que se pide es, por ejemplo, una medida limitativa de derechos como puede ser una entrada y registro o un pinchazo telefónico, pero explican que una toma de declaración por videoconferencia, como es este caso, “debería ser ágil”” En este impasse, Betancourt se está blindando judicialmente con documentos del ministerio público venezolano que certifican que, a pesar de todas las tramas y sospechas en las que el empresario ha acabado involucrado, la causa en su país se sobreseyó sin que se pudiese demostrar su implicación”.
• Pero la trama es más extensa de lo que nosotros imaginamos: “Las diligencias en España son una derivada de la investigación abierta en Suiza hace casi una década. La Fiscalía de Zúrich mantenía sobre Betancourt una orden de extradición desde el Reino Unido, donde permanecía confinado entre sus dos mansiones porque tenía prohibido salir del país. Pero en mayo, LOS ESFUERZOS DE ESTADOS UNIDOS POR AYUDARLE dieron sus frutos. Según reveló The Washington Post, altos cargos de la Administración Trump —la entonces fiscal general Pam Bondi, su número dos Todd Blanche, y el subsecretario de Estado Christopher Landau— presionaron directamente a los fiscales suizos en busca de información y de un trato favorable para su aliado. Gracias a esa retirada, cesaron las restricciones de viaje que el Reino Unido le había impuesto mientras examinaba la extradición, y Betancourt pudo retomar sus vuelos en aviones privados a Venezuela y Estados Unidos para ultimar los detalles del histórico acuerdo petrolero anunciado por Trump hace casi dos semanas”.
• El entramado legal es profundo, escabroso y bien criminal por ser Betancourt un protegido de los gringos. La causa en Suiza sigue abierta, pero otro detalle revelado por The Post mostró que Estados Unidos NO TIENE NINGÚN INTERÉS EN COLABORAR. La Fiscalía pidió al Departamento de Justicia estadounidense que arrestara a Betancourt si entraba en territorio de EE UU y no solo no lo hizo, SINO QUE LO BLINDÓ COMO SU SOCIO COMERCIAL Y LO DEFENDIÓ PÚBLICAMENTE”.
• En España, la Fiscalía Anticorrupción —de quien partió la querella en junio de 2025 no solo es contra Betancourt, sino también contra su primo Pedro Trebbau, su socio Francisco Convit y otras tres personas— sigue empeñada en demostrar un fraude multimillonario. “Según la investigación, en 2012, la petrolera venezolana realizó un préstamo a la empresa privada Administrador Atlantic por valor de 4.350 millones de dólares (3.778 millones de euros) que, en realidad, solo buscaba sacar el dinero del país para terminar siendo blanqueado, presuntamente, en cuentas de empresarios y exdirigentes venezolanos. Anticorrupción cree que se han invertido “importantes cantidades de dinero” en territorio español en bienes “muebles e inmuebles” tras traer el dinero de Venezuela “pagando sobornos a funcionarios” por un total de 42 millones de dólares. Esta macrored de blanqueo tiene ramificaciones internacionales. Fuentes de la investigación explican que entre marzo y abril de 2025 hubo una reunión en Eurojust —la agencia de la Unión Europea para la cooperación judicial— en la que funcionarios de distintos países, entre los que estaba España, compartieron información sobre cómo abordar esta compleja trama de lavado de dinero, que buscaba ocultarse, a través de empresas superpuestas y países distintos, la enorme cantidad de dinero bajo investigación”.
• El tal Alejandro Betancourt cuanta con muchos magnates ladrones, empezando por el propio Trump. Poderosos bufetes lo defienden. En 2019 contrató al abogado Rudy Giuliani —entonces abogado personal de Donald Trump— para defenderse ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde había sido señalado como coconspirador no acusado en el caso Money Flight. En España, ha contratado al despacho de José Antonio Choclán, uno de los penalistas más cotizados en las grandes causas de corrupción. El bufete ha defendido, entre otros, al cantante Julio Iglesias, a la examante del rey emérito Corinna Larsen, al comisionista Víctor de Aldama en el caso Koldo, una trama corrupta que salpica al PSOE, y al exjugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo… El empresario ha sido clave para lo que Donald Trump llamó el acuerdo petrolero “más importante de la historia mundial”, un opaco contrato por el que Venezuela entrega a NABEP, la empresa que lidera Betancourt, la concesión para explotar 17 campos petroleros venezolanos con unos 65.000 millones de barriles de crudo, casi una cuarta parte de las reservas del país. A cambio, el Pentágono recibe un 35% de las acciones de la compañía y se asegura buena parte de ese crudo a precio de costo. El acuerdo ha provocado una enorme polémica dentro y fuera de Venezuela, entre otras cosas porque él —que mantiene causas activas en España y Suiza— haya sido el elegido”.
• El caso se presenta bien oscuro para la justicia venezolana, porque mientras Estados Unidos no contesta a la comisión rogatoria, Betancourt ha presentado ante el tribunal español un escrito de la Dirección General de Cooperación Penal Internacional de la Fiscalía de Venezuela, renovada en febrero tras el secuestro de Nicolás Maduro. A diferencia de los términos con los que se refirieron a Betancourt el exfiscal general Tarek William Saab y varios dirigentes chavistas en el pasado, este documento lo exonera ahora de toda responsabilidad. Resulta extraña la velocidad de la justicia venezolana la cual contrasta con la lentitud de la estadounidense. En apenas seis días —tras una petición formal de su propio abogado en Caracas, el 30 de junio—, la directora de ese organismo, Ana Osto Ascanio, firmó una respuesta que detalla punto por punto la investigación realizada. Reafirma que la causa venezolana se archivó en 2023 con “autoridad de cosa juzgada”, por lo que, sostiene la Fiscalía venezolana, no cabría perseguirle en otro país por los mismos hechos”.
• Finalmente, en todo revoltijo alentado artificialmente por los gringos, Betancourt se mueve como pez en el agua. Muerto de la risa. Agrega una nota consultada: “Y, en este caso, no hace falta que Estados Unidos haga grandes movimientos que meses después acaben denunciados en la prensa estadounidense: le basta con no moverse. Alejandro Betancourt, de 46 años, es un hombre muy famoso en Venezuela, aunque no por las razones que le gustarían. En su país le conocen como el más célebre de los bolichicos, un grupo de jóvenes de entornos privilegiados que, sin ninguna experiencia, se hicieron millonarios con contratos de la época de Hugo Chávez. Betancourt, con pasaporte venezolano e italiano, logró su primer negocio multimillonario antes de cumplir los 30 años: la construcción de plantas eléctricas para aliviar la grave crisis energética que atravesaba —y aún atraviesa— el país. Le acusan de haber comprado turbinas de segunda mano y facturarlas como nuevas, embolsándose un sobreprecio de miles de millones de dólares. Hoy, con Betancourt ocupando titulares por haberse convertido en el socio petrolero más importante de Donald Trump, muchos venezolanos se van a las redes para maldecirle cada vez que se quedan sin luz. Esto es, cada día”.
• Ahora se sabe que este nuevo Betancourt “ha pasado su vida invirtiendo en negocios de todo tipo, muchos en España o con socios españoles. Entre otros, metió 50 millones de euros en la marca de gafas de sol Hawkers, de la que hoy es presidente, y se convirtió en accionista mayoritario de Auro, la empresa española de vehículos con conductor de la que Uber compró un 30% en 2025 por 220 millones de euros. También es socio, junto a su amigo Félix Ruiz —cofundador de Tuenti—, de Playtomic, la mayor plataforma del mundo para reservar pistas de pádel. Pero uno de sus negocios más desconocidos y exóticos es su asociación con el español Alberto Cortina para crear un banco en Dakar, la capital de Senegal. Este banco fue creciendo a otros países de África occidental, una región con muy baja bancarización y controles regulatorios más laxos. Hoy en Venezuela, todos se mantienen expectantes —y vigilantes— ante el gran negocio que Betancourt debe liderar ahora. Un acuerdo que, según aseguran sus firmantes, mejorará por fin la vida de los venezolanos. Muchos de esos venezolanos, sin embargo, esperan y vigilan a oscuras”.

 

Soberanía Petrolera en Suspenso

              

En respuesta a mi estimado colega y profesor del doctorado, Dip. Juan Romero

Resumen

Este artículo examina el acuerdo petrolero firmado entre Venezuela y Estados Unidos en agosto de 2026 desde la perspectiva de la Seguridad de la Nación. A diferencia de la interpretación de “interdependencia energética” propuesta por Romero, se demuestra que el pacto constituye una transferencia estratégica de reservas probadas y certificadas, flujos y capacidades críticas hacia una empresa creada en 2024, con participación accionaria del 35 % del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Con los 65.000 millones de barriles asignados, dicha empresa se convierte automáticamente en uno de los actores con mayor volumen de reservas del mundo, superando ampliamente a ExxonMobil, cuyas reservas reales rondan los 20–23 mil millones de barriles. Se analiza además la obligación de Venezuela de vender 20 % de su producción a precio de costo para reconstruir la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), cuya capacidad total es de 714 millones de barriles, así como la continuidad del esquema colonial de comercialización impuesto por el Departamento de Estado desde 2019, con comisiones de hasta 10 dólares por barril cobradas por las casas comercializadoras. Finalmente, se desmonta la afirmación de que el costo del barril en la Faja es de 80 dólares, demostrando que dicho valor es metodológicamente incorrecto y utilizado para justificar la cesión de reservas.

1. La naturaleza real del acuerdo y el error conceptual de Romero

  Romero sostiene que el pacto constituye “la arquitectura de una empresa mixta a 25 años”. Esa afirmación es incorrecta. Ninguna autoridad venezolana ha descrito el acuerdo como una empresa mixta. La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez; la ministra del Poder Popular para Hidrocarburos, Paula Henao; y el presidente de PDVSA, Ángel Obregón, han hablado de “alianza estratégica”, “acuerdo operacional”, “nuevo marco de inversión” y “cooperación energética”, pero nunca de empresa mixta.

  La omisión del término evita activar el debate constitucional sobre el artículo 302 de la CRBV y el control parlamentario sobre la participación privada en actividades petroleras primarias.

  La empresa receptora del control operacional posee 35 % de participación del Pentágono. Esto transforma el acuerdo en un mecanismo de subordinación estratégica y en una externalización militar de la política energética venezolana. La empresa, creada en 2024, carece de trayectoria técnica y financiera para las exigencias que implica desarrollar  65.000 millones de barriles de reservas probadas y certificadas, lo que la coloca por encima de cualquier corporación privada en volumen de reservas en el mundo.

Ali Rodríguez Araque advirtió: “La soberanía energética no se pierde de golpe; se pierde cuando otros deciden por nosotros qué producir, cómo producir y a quién vender”. Esa frase adquiere hoy un sentido muy claro y literal.

2. El artículo 60 de la LOH 

  El artículo 302 de la CRBV y la renuncia inconstitucional de la Asamblea Nacional, Romero menciona el artículo 60, debo aclarar que se trata del artículo 60 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH). Antes de la reforma de enero de 2026, dicho artículo establecía que cualquier modificación sustantiva en la estructura de propiedad, operación, extensión territorial o comercialización de proyectos petroleros debía ser aprobada por la Asamblea Nacional.

  La reforma de 2026 eliminó ese control y transfirió al Ejecutivo la facultad de autorizar acuerdos operativos, comerciales y financieros sin aprobación parlamentaria. Esta modificación contradice el artículo 302 de la Constitución, que reserva al Estado las actividades petroleras primarias y exige control legislativo sobre cualquier forma de participación privada.

Eduardo Galeano escribió que “las venas abiertas de América Latina siguen abiertas porque otros deciden cómo deben sangrar”. La renuncia del Parlamento venezolano a su mandato constitucional es una forma contemporánea de esa sangría.

 3. La Reserva Estratégica de EE.UU (SPR). y el subsidio venezolano

  La capacidad  total de la SPR es de 714 millones de barriles. El nivel actual (agosto 2026) es de 290 millones de barriles, es decir faltan 424 millones de barriles  para reponer el nivel máximo de sus reservas operativas. El acuerdo obliga a vender 20 % de la producción venezolana a precio de costo para reponer la SPR. Si Venezuela produce 1,2 millones de barriles diarios, el subsidio correspondiente equivale alrededor de unos 240.000 barriles diarios. A precio actual del petróleo venezolano que ronda por los 71$b y con un costo operativo colocando el más alto de 28$b estaríamos hablando de alrededor  20.000 millones de dólares que Venezuela le estaría subsidiando a USA para reponer sus reservas operativas y garantizar su seguridad energética durante un periodo aproximado de 5 años.

Hugo Chávez decía: “El petróleo es un instrumento de liberación, no de dependencia”. La cláusula de suministro a costo invierte completamente ese principio.

4. La comercialización colonial y las comisiones de 10 dólares por barril

  Desde el 2019, el Departamento de Estado impuso a Venezuela un esquema de comercialización con vendedores designados, control de rutas, compradores y cuentas bancarias. Tras la intervención armada del 3 de enero de 2026, ese esquema se consolidó mediante licencias exclusivas otorgadas a las dos  empresas más grandes casas comercializadoras como Vitol y Trafigura.

  Investigaciones de prensa económica estadounidense documentan que estas firmas compraban crudo venezolano con descuentos cercanos a 15 dólares por debajo del Brent y lo revendían con márgenes de alrededor de 10 dólares por barril (DiscoveryAlert, 2026; Factually, 2026). En la práctica, las empresas comercializadoras capturaban comisiones implícitas de hasta 10 dólares por barril sobre volúmenes superiores a 100 millones de barriles.
Ali Rodríguez Araque advertía: “La renta petrolera es poder político; quien controla la renta controla el Estado”. Bajo el esquema actual, ese poder se desplaza indiscutiblemente y sin lugar a dudas  fuera del territorio nacional.

5. Las reservas reales de ExxonMobil, una aclaratoria necesaria

  Las reservas probadas de ExxonMobil se sitúan en el orden de 20–23 mil millones de barriles, según sus informes anuales ante la SEC. No alcanzan los 40–48 mil millones insinuados en el texto de Romero.
Con 65.000 millones de barriles probados y certificados asignados, la nueva empresa vinculada al Pentágono triplica el volumen de reservas de ExxonMobil y se coloca por encima de cualquier corporación privada en términos de reservas controladas.

6. El costo del barril en la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frisa

  Romero sostiene que el costo del barril en la Faja Petrolífera del Orinoco es de 80 dólares. Esa cifra es metodológicamente incorrecta. Confunde costo operativo con breakeven contable. Los costos operativos reales se sitúan entre 18 y 28 dólares por barril, esa cifra es el histórico del cual se tienen registros en las empresas Mixtas y coinciden con las de Chevron.

El valor de 80 dólares solo es aplicable a proyectos greenfield con infraestructura nueva y mejoradores de gran escala. En el caso de los 17 campos comprometidos en el acuerdo, no todos son nuevos: una parte importante corresponde a campos ya perforados, con facilidades existentes y en producción y trayectorias operativas previas.

7. Implicaciones para la Seguridad de la Nación de este acuerdo

  La presencia operativa en territorio venezolano de una empresa cuyo accionariado incluye al Departamento de Defensa de los Estados Unidos introduce una alteración profunda en la arquitectura de seguridad del Estado. No se trata únicamente de un actor económico, sino de un brazo empresarial con vínculos militares que, al asumir la operación de campos petroleros, accede a infraestructura crítica, flujos de información técnica, logística interna y dinámicas territoriales que tradicionalmente han sido resguardadas por el Estado venezolano.

   El control del 21,5 % de las reservas probadas y certificadas otorga a ese actor una capacidad de influencia estructural sobre la economía nacional, la balanza de pagos y la estabilidad política, pues  desde la aparición del petróleo la renta petrolera sigue siendo el principal sostén fiscal del país.

  La operación petrolera implica movilidad de personal, acceso a instalaciones, interacción con cadenas de suministro, manejo de datos sensibles y presencia continua en zonas estratégicas. En ese contexto, la capacidad de disuasión del Estado se ve comprometida, porque un actor extranjero con poder militar asociado puede condicionar ritmos de producción, disponibilidad de combustibles y flujos de caja, afectando la gobernabilidad interna en momentos de tensión.

  La subordinación comercial y financiera, reforzada por la supervisión y control  operacional estadounidense de las ventas y por la dependencia de traders designados, reduce la autonomía estratégica del país en escenarios muy complejos de crisis regional o globales desde el punto de vista geopolítico.

  La instalación de un operador extranjero con vínculos militares en la infraestructura petrolera abre vulnerabilidades en materia de contrainteligencia, protección de instalaciones y seguridad territorial. La energía es un instrumento de poder nacional; cuando su operación se transfiere a un actor externo, ese poder se desplaza. Hugo Chávez lo expresó con claridad: “Si entregamos la operación, entregamos la soberanía. Y si entregamos la soberanía, entregamos la República”. Esa advertencia define con precisión el momento actual.

Conclusión

  La reforma de la LOH contradice el artículo 302 de la Constitución y representa una renuncia inconstitucional del Parlamento a su mandato de control sobre la política petrolera. La presencia operativa de un actor militar extranjero en infraestructura crítica compromete la Seguridad de la Nación.

El acuerdo firmado en agosto de 2026 se presenta como un mecanismo de cooperación energética, pero su arquitectura revela una cesión profunda de capacidades estratégicas. La transferencia operativa y comercial de 65.000 millones de barriles de reservas probadas y certificadas a una empresa con participación militar del Pentágono no solo redefine la estructura de propiedad de la industria, sino que altera la posición de Venezuela en la geopolítica de la energía.

  La opacidad sobre los términos del acuerdo, la ausencia de bases de cálculo verificables y la falta de divulgación de los modelos económicos utilizados para estimar ingresos, costos y regalías impiden evaluar con rigor los beneficios reales para el país. La información disponible es fragmentaria, insuficiente y, en algunos casos, contradictoria, lo que dificulta cualquier análisis técnico independiente y abre un espacio de incertidumbre que afecta la gobernabilidad y la planificación estratégica.

  En este contexto, la pérdida de autonomía energética adquiere una dimensión crítica. Venezuela queda subordinada comercialmente a traders designados por el Departamento de Estado, dependiente de licencias externas para vender su propio crudo y obligada a suministrar 20 % de su producción a precio de costo para reconstruir la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos. Esta obligación, que representa un subsidio cercano a veinte mil millones de dólares, se convierte en un mecanismo de transferencia de riqueza desde un país con severas restricciones fiscales hacia la principal potencia militar del planeta. La energía, que debería ser un instrumento de soberanía, se transforma en un instrumento de dependencia.

  La situación se agrava por el contexto internacional. La guerra entre Estados Unidos e Irán ha reconfigurado las rutas de suministro global y ha elevado la importancia del crudo pesado como insumo estratégico para las refinerías del Golfo de México. En este escenario, Venezuela pierde margen de maniobra y capacidad de negociación. Mientras Estados Unidos asegura un flujo estable, cercano y barato de crudo pesado para sostener su aparato industrial y militar, Venezuela queda atrapada en una estructura contractual que limita su capacidad de decisión, reduce su autonomía y la expone a presiones externas en momentos de crisis. La presencia operativa de una empresa con vínculos militares en infraestructura crítica venezolana añade un riesgo adicional: la posibilidad de que decisiones energéticas internas queden condicionadas por los intereses geopolíticos de Estados Unidos.

  Lo que gana Estados Unidos es evidente: seguridad energética, acceso preferencial a crudo pesado, reconstrucción acelerada de su reserva estratégica, control sobre un volumen significativo de reservas certificadas y capacidad de influencia directa sobre la operación petrolera venezolana. Lo que pierde Venezuela también es claro: soberanía operativa, autonomía comercial, capacidad de disuasión, control sobre su principal fuente de renta y margen de maniobra en la geopolítica regional. La energía deja de ser un instrumento de poder nacional y se convierte en un vector de subordinación y colonialismo.

 
  La defensa de la soberanía energética no es un acto retórico, sino una condición indispensable para preservar la autonomía del Estado, su capacidad de decisión y su estabilidad futura. En un mundo marcado por conflictos, transiciones energéticas y disputas geopolíticas, Venezuela no puede permitirse quedar subordinada a los intereses de una potencia militar extranjera en el corazón de su infraestructura crítica. La energía es poder; cuando ese poder se entrega, la soberanía se suspende.

 

Referencias

Chávez, H. (2007). Discurso sobre soberanía energética. Caracas: Presidencia de la República.
Department of Energy. (2026). Strategic Petroleum Reserve Inventory Report. Washington, D.C.
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Galeano, E. (1971). Las venas abiertas de América Latina. Montevideo: Siglo XXI Editores.
OPEP. (2026). Monthly Oil Market Report. Vienna.
PDVSA. (2013–2016). Memorias y Cuentas. Caracas.
Rodríguez Araque, A. (2001). Reflexiones sobre la soberanía petrolera. Ministerio de Energía y Minas.
Ryder Scott Company. (2015). Audit of Venezuelan Reserves. Houston.
Reuters. (2026). U.S. SPR Falls to 290 Million Barrels, Lowest Level in 44 Years.
Romero, J. E. (2026). Petróleo venezolano, soberanía y geopolítica en la relación con Estados Unidos. Caracas.

Willian Rodríguez Gamboa

MSC en Seguridad de la Nación

Especialista en Geopolítica de la Energía

Ingeniero Mecánico UDO