Cervantes

Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho; los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones; nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos; la cosa más fácil, equivocarnos; la más destructiva, la mentira y el egoísmo; la peor derrota, el desaliento; los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor; las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos, y sobretodo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia dondequiera que esté.

MIGUEL DE CERVANTES
Don Quijote de la Mancha.
La Colmena no se hace responsable ni se solidariza con las opiniones o conceptos emitidos por los autores de los artículos.

19 de septiembre de 2026

La soberanía no se grita, también se negocia

 


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De prensabolivariana en septiembre 19, 2026

Hay artículos (Los intermediarios de Trump… contra Elías Jaua de Carlos Mezones), que invitan al debate y hay otros que, aun cuando parten de una preocupación legítima, terminan mezclando conceptos jurídicos, hechos políticos y apreciaciones personales, hasta presentar como verdades concluyentes cuestiones que todavía están sujetas a discusión. El texto de Carlos Mezones sobre los acuerdos petroleros venezolanos y las declaraciones de Elías Jaua pertenece, a nuestro juicio, a esta segunda categoría. InfórmateSobre Decretos

El problema no está en que Mezones cuestione al Gobierno venezolano. En una República, esto forma parte del debate político. El problema comienza cuando se afirma que un acuerdo es “nulo de pleno derecho” y se pretende fundamentar esa conclusión en normas que no necesariamente resultan aplicables al instrumento cuestionado, o cuando se presenta una encuesta de manera distinta a como realmente fueron publicados sus resultados.

Comencemos por lo más elemental: ¿con quién firmó Venezuela los acuerdos petroleros? Aquí hay una primera confusión importante. Hablar de un supuesto “acuerdo petrolero entre Venezuela y el Pentágono” puede producir una imagen política muy poderosa, pero jurídicamente hay que identificar quiénes son las partes de cada instrumento. Los acuerdos anunciados el 2 de septiembre incluyeron a empresas petroleras como Chevron y Eni, (entre muchas otras), además de otros acuerdos vinculados con infraestructura y energía. No estamos hablando, simplemente, de un contrato bilateral entre la República Bolivariana de Venezuela y el Departamento de Defensa de los EEUU. Y esto importa mucho.

Porque una cosa es analizar la relación política entre Caracas y Washington, otra es analizar la participación del Gobierno estadounidense en determinadas negociaciones y otra, muy diferente, determinar la naturaleza jurídica de cada contrato suscrito con una empresa transnacional. No podemos meter todo en un mismo saco.

Si queremos discutir seriamente sobre soberanía petrolera, entonces discutamos los contratos, sus cláusulas, las empresas participantes, la participación accionaria, los mecanismos de control, los ingresos para el Estado venezolano, la jurisdicción aplicable, las obligaciones de inversión y, sobre todo, su compatibilidad con la Constitución y las leyes venezolanas. Esto es mucho más serio que repetir “Pentágono” cada vez que aparece una empresa estadounidense.

Ahora vayamos al argumento central de Mezones: el famoso artículo 52. Aquí hay una incoherencia. El artículo que Mezones invoca no es el artículo 52 de la Constitución venezolana, es el artículo 52 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.

El artículo 52 de dicha Convención establece una regla muy concreta, un tratado es nulo cuando su celebración haya sido obtenida mediante la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La propia Convención distingue además esta situación de la coacción ejercida sobre el representante de un Estado, contemplada en su artículo 51. Por esto hay que tener cuidado con las palabras. Coacción no significa automáticamente presión política, no significa automáticamente sanciones, no significa automáticamente una negociación desigual, y mucho menos significa que cualquier acuerdo celebrado en un contexto de presión internacional sea, por ese solo hecho, jurídicamente nulo.

Para aplicar el artículo 52 habría que demostrar los elementos que la propia norma exige, que estamos ante un tratado comprendido por la Convención y que su celebración fue obtenida mediante amenaza o uso de la fuerza, en los términos específicos de esa disposición.

Además, Mezones reconoce que Venezuela no es parte de la Convención de Viena de 1969. Esto no permite concluir, sin más, que los principios jurídicos relacionados con la prohibición de la fuerza sean inexistentes o irrelevantes para Venezuela; pero tampoco permite utilizar automáticamente una disposición convencional, como si Venezuela hubiera ratificado el instrumento y estuviera obligada por él en los mismos términos que un Estado parte.

En otras palabras, reconocer que existe un principio internacional sobre la prohibición de obtener tratados mediante la fuerza no equivale a demostrar que determinado contrato petrolero venezolano sea nulo conforme al artículo 52. Son dos discusiones distintas.

Y hay otra equivocación que resulta todavía más llamativa. Mezones habla del “artículo 52 de la Constitución” como parte de los fundamentos de su argumentación. Pues bien, el artículo 52 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no trata sobre contratos petroleros ni sobre nulidad de acuerdos internacionales; este artículo reconoce el derecho de asociación con fines lícitos. ConsultaMapas Interactivos

Para discutir constitucionalmente contratos de interés nacional, hay que mirar otras disposiciones. Entre ellas, el artículo 150, que establece el régimen de los contratos de interés nacional y contempla la autorización correspondiente en determinados casos. El artículo 187, numeral 9, también atribuye a la Asamblea Nacional competencias relacionadas con la autorización de contratos de interés nacional y de contratos de interés público con Estados o entidades oficiales extranjeros o sociedades no domiciliadas en Venezuela.

Por tanto, si alguien quiere demostrar que un acuerdo petrolero es inconstitucional, bienvenido sea el debate. Pero que cite el artículo correcto, identifique la naturaleza jurídica del instrumento y explique exactamente cuál disposición constitucional fue violada y de qué manera. Decir “esto es nulo de toda nulidad” es una conclusión, no es una demostración.

Y aquí aparece otro elemento interesante: la palabra “coacción”. En el lenguaje político podemos hablar de presión, amenaza, chantaje, imposición, asimetría de poder o condicionamiento. Pero el lenguaje jurídico exige algo más preciso.

Si se sostiene que Venezuela celebró un acuerdo bajo coacción, hay que responder preguntas concretas: ¿quién amenazó a quién?, ¿cuál fue exactamente la amenaza?, ¿en qué momento ocurrió?, ¿qué acto estatal fue consecuencia directa de esa amenaza?, ¿qué representante fue coaccionado?, ¿qué documento demuestra esa circunstancia?, ¿qué cláusula del acuerdo fue impuesta por esa vía?, porque de lo contrario corremos el riesgo de convertir una categoría jurídica en una consigna política. Y una izquierda seria debería desconfiar precisamente de esto, de las consignas cuando sustituyen al análisis concreto.

Aquí es donde la cita de Lenin utilizada por Mezones resulta particularmente interesante. Mezones comienza recordándonos que hay que analizar “la situación concreta” y las circunstancias concretas. De acuerdo, pero esa misma regla obliga a no sustituir los hechos por una interpretación previamente escogida. Si vamos a utilizar a Lenin como referencia metodológica, entonces hagámoslo hasta el final.

Analicemos concretamente quién firmó, qué firmó, qué obligaciones asumió Venezuela, qué recibe el Estado, qué reciben las empresas, cuáles son los controles públicos, qué dice la legislación venezolana y cuáles son las condiciones internacionales en las que se produjo la negociación. No basta con decir: “como existe presión estadounidense, todo lo firmado bajo esas circunstancias es nulo”. Esto no es análisis concreto de una situación concreta, esto es convertir una conclusión política en una conclusión jurídica.

Y tampoco resulta correcto presentar la encuesta mencionada por Mezones como si hubiera demostrado que “90 de cada 100 venezolanos” respaldan el acuerdo petrolero. Los resultados publicados de la encuesta de Hinterlaces a la que se ha hecho referencia señalaron un 82% de respaldo a la alianza petrolera, mientras que otras preguntas del estudio registraron porcentajes cercanos al 90% en relación con las relaciones diplomáticas y económicas y el diálogo y la negociación. El estudio reportado contempló 700 entrevistas y señaló un margen de error de ±3,5%.

Esto no significa que una encuesta sea una prueba de que un acuerdo es bueno. Tampoco significa que una encuesta sea una prueba de que un acuerdo es malo. Una encuesta mide opinión pública, nada más y nada menos.

Por esto tampoco es serio descartarla simplemente porque sus resultados incomodan a quienes critican al Gobierno. Si alguien considera que la encuesta es metodológicamente deficiente, que explique por qué, muestra, cuestionario, fechas, procedimiento, ponderación, ficha técnica y posibles sesgos, esto sí sería un debate. Lo que no corresponde es sustituir el análisis metodológico por el “yo no me lo creo”. Porque si vamos a pedir transparencia al Gobierno, también debemos exigir rigor a quienes lo cuestionan.

Y aquí llegamos a Elías Jaua e Iris Varela. Que ambos hayan expresado reparos respecto de los acuerdos petroleros demuestra que existe una discusión política real dentro del campo chavista y dentro de sectores, que se identifican con el proceso bolivariano. Jaua ha sostenido la tesis de la nulidad por coacción y Varela también ha cuestionado la validez futura del acuerdo por esa misma razón.

Pero que dos dirigentes de una misma corriente política cuestionen una decisión gubernamental, no convierte automáticamente su interpretación en la verdad jurídica definitiva. El debate debe resolverse con documentos, leyes, contratos y hechos. Esto también vale para quienes ocupan responsabilidades en el Estado.

El Gobierno venezolano tiene una obligación política que nadie debería discutir, explicar con claridad qué se firmó, con quién se firmó, cuáles son las condiciones y qué obtiene Venezuela. Una política de soberanía no debería tenerle miedo a la transparencia; por el contrario, mientras más estratégica sea una negociación petrolera, más importante resulta explicar sus términos al pueblo. Pero exigir transparencia al Gobierno no significa aceptar que cualquier interpretación sobre los acuerdos sea jurídicamente correcta. ConsultaMapas Interactivos

Y aquí hay algo que Mezones parece pasar por alto, recuperar producción petrolera, atraer capital extranjero y permitir la participación de compañías transnacionales no equivale automáticamente a entregar la soberanía nacional. La cuestión real es bajo qué condiciones se produce esa participación.

Venezuela puede negociar con empresas estadounidenses, italianas, indias, europeas o de cualquier otro país y, al mismo tiempo, defender la propiedad de la Nación sobre sus recursos naturales. La participación de capital extranjero no determina por sí sola, quién posee constitucionalmente los recursos ni quién ejerce la soberanía sobre ellos. Lo decisivo son las condiciones concretas.

De hecho, en septiembre se han conocido nuevos movimientos de empresas internacionales en el sector venezolano, incluida la firma de un memorando entre PDVSA y Continental Resources para desarrollar un bloque de la Faja del Orinoco. Entonces la discusión real no es “extranjeros sí o extranjeros no”.

La discusión seria es, ¿qué porcentaje obtiene Venezuela?, ¿qué control conserva PDVSA?, ¿qué inversiones debe realizar el socio?, ¿qué tecnología aporta?, ¿qué impuestos y regalías se generan?, ¿qué mecanismos de fiscalización existen?, ¿qué ocurre ante un incumplimiento?, ¿qué jurisdicción resuelve una controversia?, ¿qué protección tiene el interés nacional? Esto es soberanía económica en serio.

Y hay algo más que tampoco debemos perder de vista. El mundo petrolero no funciona en un vacío. Venezuela negocia desde una posición internacional determinada por años de sanciones, aislamiento, deterioro productivo, necesidad de inversión y disputa geopolítica. Pretender que esas condiciones no existen sería tan ingenuo, como afirmar que, porque existen, cualquier contrato que Venezuela suscriba queda automáticamente invalidado.

La política exterior consiste precisamente en negociar dentro de circunstancias que muchas veces no son ideales. Esto no significa renunciar a los principios. Significa utilizarlos para obtener el mayor margen posible de beneficio nacional.

Por eso tampoco compartimos la idea de que todo aquel que defiende los acuerdos sea necesariamente un “intermediario del Pentágono”, como tampoco aceptaría que todo aquel que los critique, sea automáticamente un “traidor”.

Este lenguaje termina destruyendo la posibilidad de discutir. Y Venezuela necesita exactamente lo contrario, discutir. Discutir sin complejos la relación con Washington, la participación de Chevron, Eni y las demás empresas, el papel de PDVSA, las condiciones de los contratos, discutir la constitucionalidad de cada instrumento, y discutir también las posiciones de Jaua, Varela y cualquier otro dirigente que formule objeciones. Pero hagámoslo con documentos sobre la mesa. ConsultaMapas Interactivos

Si Mezones considera que el acuerdo es nulo, que presente el contrato, identifique la obligación específica que contradice la Constitución, y explique jurídicamente por qué la causal de nulidad resulta aplicable. Si sostiene que hubo coacción, que aporte los elementos que permitan demostrarla jurídicamente. Si considera que la encuesta es falsa, que ataque su metodología y no simplemente su resultado. Y si invoca a Lenin para hablar del análisis concreto, entonces que acepte también la otra parte de la lección, los hechos concretos tienen que ser examinados antes de sacar conclusiones.

Porque defender la soberanía venezolana no consiste en declarar nulo todo lo que venga de Washington. Pero tampoco consiste en aceptar cualquier condición porque venga acompañada de dólares, inversiones o promesas de recuperación petrolera. La soberanía no se mide por el volumen de los discursos. Se mide por la capacidad de un Estado, para negociar, preservar sus recursos, obtener beneficios para su pueblo, controlar sus decisiones estratégicas y hacer cumplir sus propias leyes. Este debería ser el verdadero centro del debate.

Y precisamente por esto, antes de acusar de traición a quienes negocian, o de traidores a quienes critican, sería mucho más útil exigir que se conozcan los contratos, se examinen sus cláusulas y se compruebe, con la Constitución en la mano, qué ganó Venezuela y qué comprometió. Aquí comienza el debate serio, y aquí, también, empieza el verdadero análisis concreto de la situación concreta.

♦♦♦

*José A. Amesty Rivera es un teólogo, reverendo, escritor y analista político e internacional de origen venezolano, ampliamente reconocido en el ámbito del periodismo de opinión y el análisis geopolítico de izquierda en América Latina. Es un firme defensor de la Teología de la Liberación y de las causas sociales en la región. Es un activo colaborador y administrador de plataformas de comunicación alternativa como La Voz Bolivariana Internacional y la Red en Defensa de la Humanidad (REDH).Enfoca su cobertura crítica de los giros políticos en el Cono Sur y Centroamérica, analizando fenómenos que van desde el ascenso del neoliberalismo hasta las dinámicas de los procesos electorales regionales.

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País y nación no son lo mismo. Por Pedro Grima Gallardo y Dubraska Durango de Grima

 


19 de septiembre de 2026

Un país es una línea en el mapa. Una frontera, un color, un nombre en el atlas. La nación es otra cosa: es la suma de todo lo que vive dentro de esas líneas. Los ríos, sí. El petróleo, el hierro, el oro, la tierra que alimenta. Pero también, y, sobre todo, su gente.

Y aquí viene lo bueno: Venezuela no solo tiene recursos bajo el suelo. Tiene un pueblo que llegó de todas partes. Europeos, africanos, indígenas, árabes, chinos, caribeños, andinos. Olas y olas de migraciones que se mezclaron sin permiso, sin protocolo, sin pedir cita. El resultado es una genética que muchas naciones envidian: rostros que no se parecen a un solo lugar, porque son de todos. Eso también es riqueza. La que no se mide en barriles ni en toneladas. Se mide en cómo un pueblo se levanta después de cada golpe, cómo inventa, cómo comparte, cómo se queda o cómo se va y vuelve. Resiliencia sin límites.

Así que cuando hablemos de Venezuela, no hablemos solo de un país. Hablemos de una nación: sus recursos, su tierra y su gente. Todo junto.

Duele escribirlo, pero hay que decirlo. Venezuela tiene petróleo, oro, hierro, bauxita, coltán, agua dulce, selva, sol y una de las mezclas humanas más ricas del planeta. Tiene costas, montañas, llanos, tepuyes y una tierra que, bien cuidada, alimenta a medio continente. Tiene, además, un pueblo formado por olas migratorias de todos los rincones. Una nación que, en teoría, lo tiene todo.

Y sin embargo, hoy un maestro, una enfermera, un obrero, un médico, un profesor universitario, ganan menos que el precio de un cartón de huevos. No es exageración. Es la realidad de millones. La pregunta no es retórica: ¿Cómo es posible? ¿Cómo un país con semejante dotación natural y humana termina con su gente haciendo colas interminables en los hospitales, emigrando a pie, sobreviviendo con bonos que aparecen y desaparecen según el humor del mes?

No es mala suerte. Es resultado de decisiones. Y esas decisiones tienen nombres, aunque aquí no los mencionemos. Tienen responsables, aunque algunos se escondan detrás del discurso. Tienen consecuencias, y esas consecuencias las paga el pueblo.

Primera explicación: el modelo económico.

Venezuela se volvió dependiente de un solo recurso: el petróleo. Durante décadas, todo giró alrededor de la renta petrolera. Se abandonó la agricultura. Se descuidó la industria. Se importó casi todo. Cuando el precio del crudo era alto, parecía que el país nadaba en abundancia. Se regalaba dinero, se subsidiaba todo, se construían obras faraónicas. Cuando cayó el precio, se descubrió que no había nada debajo. Un país que siembra un solo cultivo es un país que ayuna cuando ese cultivo falla. Venezuela sembró petróleo durante un siglo y hoy cosecha escasez.

Eso no es destino. Es elección. Otros países con petróleo diversificaron. Noruega creó un fondo soberano para las generaciones futuras. Emiratos Árabes invirtió en turismo, tecnología, finanzas. Venezuela, en cambio, se acostumbró a vivir del cheque que llegaba cada mes. Y cuando el cheque dejó de llegar, no había plan B. Ni siquiera había plan A.

Segunda explicación: la corrupción.

No hace falta detallar casos ni nombres para decir lo evidente: se robaron lo que era de todos. La riqueza que debía convertirse en hospitales, escuelas, carreteras, salarios dignos, se perdió en laberintos de sobreprecios, empresas fantasmas y cuentas en el exterior. La corrupción no es un delito abstracto: es un niño sin medicina, una escuela sin techo, un trabajador sin sueldo. Es una madre haciendo fila para comprar harina mientras alguien en el extranjero disfruta de lo que ella nunca tendrá. La corrupción no distingue ideologías. Ha atravesado gobiernos de distinto signo. Ha enriquecido a militares, a funcionarios, a empresarios, a intermediarios. Ha vaciado PDVSA, la empresa que alguna vez fue orgullo nacional. Ha convertido a Venezuela en sinónimo de saqueo. Y mientras unos pocos se llenaban los bolsillos, millones se vaciaban los suyos para sobrevivir.

Tercera explicación: las sanciones internacionales.

Sí, existen. Sí, afectan. Pero hay que decirlo con honestidad: golpean al pueblo, no a quienes toman decisiones. Bloquean medicinas, repuestos, alimentos. Impiden que entren equipos médicos, que se reparen refinerías, que se compren insumos básicos. Las sanciones no derriban gobiernos: empobrecen a la gente. Y en medio de esa pinza, corrupción interna y presión externa, el que siempre pierde es el mismo: el de abajo. Reconocer esto no es justificar a nadie. Es describir la realidad. La crítica debe ser completa: ni el gobierno es el único culpable, ni las sanciones son la única causa. Pero el pueblo no puede seguir siendo rehén de ninguno de los dos.

Cuarta explicación: la dirigencia.

Una dirigencia que aprendió a administrar la escasez en lugar de resolverla. Que se acostumbró a echarle la culpa a otros, al imperio, a la oposición, al pasado, mientras el presente se deshace. Gobernar no es justificarse. Gobernar es resolver. Y resolver exige reconocer errores, cambiar de rumbo, dejar de aferrarse al poder como si fuera un patrimonio familiar.

La dirigencia opositora tampoco escapa a la crítica. Durante años se dedicó a disputarse el poder mientras el país se hundía. Se dividió, se traicionó, se corrompió. Prometió cambios y entregó lo mismo, o peor. El pueblo no quiere héroes: quiere resultados. Y los resultados no llegan de ningún lado.

Y en el centro de todo esto, el salario.

Ese derecho que nace del trabajo, del esfuerzo, de la jornada cumplida. Ese salario que debería alcanzar para comer, para medicinas, para vivir con dignidad. Ese salario que durante décadas fue referencia en América Latina y hoy es una burla. En su lugar, llegaron los bonos. Bonos aleatorios, que caen cuando quieren, como quieren, a quien quieren. Bonos impersonales, que no reconocen tu profesión, tu antigüedad, tu esfuerzo, tu título, tus años de servicio. Bonos que no son salario. Son una limosna disfrazada de política social. Son ilegítimos, porque sustituyen lo que por derecho te corresponde: un sueldo justo, estable, negociado, que puedas exigir y no mendigar. Un bono se agradece. Un salario se exige. Y la diferencia no es semántica: es la diferencia entre ser ciudadano con derechos o ser beneficiario de un favor. El bono es la negación del trabajo como fuente de dignidad. Es decirle al maestro que su vocación no vale. Es decirle al médico que sus años de estudio no cuentan. Es decirle al obrero que su sudor es prescindible. El bono no reconoce: controla. No dignifica: somete. Y mientras el salario muere, el bono se convierte en instrumento de poder.

Esta crítica no es contra el pueblo venezolano. Es a favor.

Porque un país con tanta riqueza natural y humana no puede resignarse a que su gente sobreviva con migajas. La nación es su gente. Y su gente merece un salario, no un bono. Merece dignidad, no espera. Merece un presente, no un futuro siempre prometido. Venezuela no está condenada. Tiene todo para salir. Tiene petróleo, sí, pero también tiene gente formada, tiene diáspora dispuesta a volver, tiene tierra fértil, tiene agua, tiene sol, tiene cultura, tiene una mezcla humana que es un tesoro. Lo que le falta no son recursos: le falta rumbo. Le falta honestidad. Le falta un pacto social que ponga al trabajo en el centro y a la dignidad como meta. Salir exige reconocer lo que está roto. Exige dejar de romantizar la escasez. Exige que el trabajo vuelva a valer. Exige que la riqueza que está bajo el suelo y en la sangre de su pueblo se convierta, por fin, en vida digna para todos. Exige que el salario deje de ser un recuerdo y vuelva a ser un derecho.

Eso también hay que decirlo. Porque callarlo sería otra forma de complicidad. Y porque el pueblo venezolano, ese pueblo que ha resistido tanto, no merece silencio. Merece verdad. Merece justicia. Merece, por fin, vivir de su propia riqueza.

El Derecho de Venezuela a la Tecnología Nuclear: Soberanía, Legalidad y Desarrollo Pacífico



El acceso a la tecnología nuclear con fines pacíficos no es un capricho geopolítico ni una ambición armamentista: es una necesidad sanitaria, alimentaria y ambiental para Venezuela. La imagen de una madre esperando en un hospital público de Caracas mientras su hijo con cáncer aguarda una dosis de Tecnecio-99m —isótopo cuya vida útil se mide en horas y que depende enteramente de importaciones sujetas a sanciones y retrasos— sintetiza el problema central que motiva esta exposición. La tecnología nuclear, lejos de ser un "monstruo", constituye una herramienta legítima y legalmente amparada para curar, alimentar, limpiar el agua y progresar.
La tesis que se sostiene aquí es triple:
Primera, Venezuela posee un historial nuclear limpio y verificable;
Segunda, el ordenamiento jurídico internacional y nacional la faculta expresamente para desarrollar tecnología nuclear pacífica;
Tercera, existe una población que sufre y merece soluciones concretas. El hilo conductor de esta presentación será el análisis de las leyes y tratados que configuran ese derecho inalienable.
I. Marco jurídico internacional: el derecho inalienable a lo pacífico
El fundamento normativo del derecho venezolano a la tecnología nuclear se articula en cuatro instrumentos internacionales principales, todos ellos ratificados por el país:
1. Tratado de Tlatelolco (firmado en 1967, ratificado en 1970). Este instrumento convirtió a América Latina y el Caribe en la primera zona densamente poblada del planeta en declarar su renuncia a las armas nucleares. Venezuela fue parte de ese acto de valentía colectiva que estableció un precedente global de desnuclearización regional.
2. Tratado de No Proliferación (NPT, ratificado en 1975). Su artículo IV constituye la piedra angular del derecho aquí reivindicado. El texto es inequívoco: "Nada de lo dispuesto... se interpretará en menoscabo del derecho inalienable de todas las Partes a desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos". La palabra "inalienable" no es retórica: significa que ningún país, por pequeño que sea o por gobierno que tenga, puede ser privado de ese derecho si cumple con las obligaciones de no proliferación. Más aún, el mismo artículo obliga a los Estados poseedores de tecnología a "facilitar" el intercambio de equipos, materiales e información científica. No se trata de un favor discrecional, sino de una obligación legal vinculante.
3. Acuerdo de Salvaguardias Integrales con el OIEA (firmado en 1982). Este tratado permite que inspectores internacionales verifiquen en cualquier momento que ningún gramo de material nuclear se desvíe hacia fines no pacíficos. Venezuela lleva más de cuarenta años abriendo sus puertas a la verificación internacional.
4. Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW, ratificado en 2018). El instrumento más reciente y exigente del régimen de desarme: declara ilegal la existencia misma de las bombas atómicas e incluso prohíbe su tránsito por territorio de los Estados parte. Venezuela lo incorporó a su legislación interna, lo que significa que, en su ordenamiento jurídico, las armas nucleares son ilegales. Difícilmente puede acusarse de esconder un programa armamentista a un país que prohíbe las bombas en sus propias leyes.
5. Junta de Gobernadores del OIEA (2024-2026). En septiembre de 2024, durante la 68ª Conferencia General del OIEA en Viena, Venezuela fue elegida para integrar la Junta de Gobernadores, representando a América Latina y el Caribe junto con Argentina y Colombia. Venezuela no solo tiene derecho a usar tecnología nuclear pacífica: participa en el órgano donde se decide cómo se distribuye esa tecnología en el mundo. Es difícil acusar de trampa a quien ayuda a escribir las reglas.
Implicación jurídica directa: cuando a Venezuela se le bloquea la compra de un equipo médico por contener componentes radiactivos, o se le niega la transferencia de un reactor modular para zonas aisladas, se viola el NPT. El derecho internacional no puede depender del color político del gobierno de turno.
II. Evidencia empírica: un historial de coherencia y transparencia
El marco legal no es una construcción teórica: se corresponde con una conducta verificable a lo largo de décadas.
El reactor RV-1. Venezuela operó durante más de treinta años un reactor de investigación en Altos de Pipe, estado Miranda. Era pequeño, pacífico y funcionó sin accidentes graves ni fugas que pusieran en riesgo a la población. Utilizaba uranio altamente enriquecido (HEU), material sensible que en malas manos podría emplearse para fines armamentistas. Venezuela jamás lo usó con ese propósito. En abril de 2026, con asistencia del OIEA, Estados Unidos y el Reino Unido, el país retiró voluntariamente 13 kilogramos de HEU de su territorio y los envió a Estados Unidos. El director general del OIEA, Rafael Grossi, calificó la operación como ejemplo de "voluntad, coordinación, dedicación y profesionalismo". Un país señalado como "sospechoso" hizo exactamente lo contrario: deshacerse voluntariamente del material más peligroso, en medio de sanciones económicas y dificultades logísticas enormes.
Pegamma. Donde estuvo el RV-1 funciona hoy una planta de irradiación gamma que esteriliza equipos médicos, mejora semillas y salva vidas. Es la prueba material de que la infraestructura nuclear venezolana puede reorientarse hacia aplicaciones benéficas.
Ausencia total de evidencia armamentista. No existe una sola prueba de que Venezuela haya intentado fabricar una bomba nuclear. Nunca la ha necesitado, nunca la ha querido. El historial recogido por GlobalSecurity (2025) confirma décadas de coherencia en esta materia.
Contraste regional. Uruguay, Chile, Perú, Argentina y Brasil poseen programas nucleares pacíficos —Argentina incluso exporta reactores— y ninguno es calificado de "sospechoso". La sospecha sobre Venezuela no es técnica, es política. El derecho internacional no puede fundarse en percepciones ideológicas.
III. Aplicaciones concretas: salud, agricultura, agua y energía
El derecho reconocido en los tratados se traduce en necesidades apremiantes y soluciones técnicamente viables.
Salud. El cáncer y las enfermedades cardiovasculares no esperan. El Tecnecio-99m, el isótopo más usado en diagnóstico, se descompone en seis horas. Si el vuelo desde el exterior se retrasa un día, el producto ya no sirve. Venezuela depende al cien por ciento de importaciones, con sanciones y problemas cambiarios: a veces los isótopos llegan vencidos o no llegan, y los pacientes mueren esperando. Un ciclotrón mediano construido en el país produciría isótopos cada mañana, el hospital los usaría al mediodía y el paciente estaría diagnosticado por la tarde. Venezuela cuenta con científicos formados en la Universidad Central de Venezuela, el IVIC y la Universidad de Los Andes.
Agricultura. Las plagas destruyen cosechas enteras y los plaguicidas dañan la tierra, el agua y la salud de los agricultores. La Técnica del Insecto Estéril (TIE), desarrollada por el OIEA y la FAO, crías machos, los esteriliza con radiación gamma y los libera: se aparean, pero no hay descendencia, y la plaga se reduce sola. La planta Pegamma podría ampliarse para producir insectos estériles a gran escala. Se aplica ya en México, Guatemala y España. Piensa en el mango de Oriente, el cacao de Barlovento y el café andino: menos pérdidas, más exportación, menos cáncer por pesticidas.
Agua. La minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco ha llenado los ríos de mercurio, que se acumula en peces y personas. Los trazadores radiactivos permiten estudiar el flujo del agua, el movimiento de sedimentos y la dispersión de contaminantes con una precisión imposible por otros medios; la radiación puede descomponer contaminantes orgánicos persistentes. Venezuela tiene el recurso más valioso del mundo —agua dulce— y lo está envenenando. Usar tecnología nuclear para combatirlo no es un lujo, es una necesidad.
Energía. Las represas hidroeléctricas son vulnerables a El Niño y La Niña. Los pequeños reactores modulares (SMR) son diseños nuevos, más seguros y pasivos —se apagan solos si algo falla—, caben en un campo de fútbol y producen electricidad limpia sin emisiones de carbono. Para una zona minera en Bolívar, un hospital grande o una ciudad mediana, podrían ser la solución. No se propone llenar el país de reactores de inmediato, sino ejercer el derecho a estudiar la posibilidad, formar técnicos y diseñar planes sin que nadie cierre la puerta en la cara.
IV. Riesgos reales y transparencia: una mirada honesta
Negar los miedos sería estúpido; hay que mirarlos a la cara. El RV-1 operó más de treinta años sin accidente grave, sin fuga alguna, con técnicos venezolanos bien entrenados y supervisión permanente del OIEA. El HEU ya no está en el país. Lo que queda son fuentes radiactivas de baja y media intensidad, usadas en medicina y controladas por la Dirección General de Energía Atómica.
¿Existe riesgo de robo de material radiactivo por grupos terroristas? En cualquier país existe. Por eso existen las salvaguardias, las inspecciones y la inversión en seguridad física. Venezuela ha cooperado en todo ello. El verdadero riesgo para la estabilidad regional no es una Venezuela con tecnología nuclear, sino una Venezuela colapsada, sin energía eléctrica estable y sin capacidad de diagnosticar enfermedades.
Una tarea pendiente: Venezuela aún no ha ratificado el Protocolo Adicional de salvaguardias del OIEA. No es obligatorio —ya cuenta con el Acuerdo de Salvaguardias Integrales—, pero ratificarlo sería un gesto político enorme: una forma de decir "no escondemos nada, pueden venir cuando quieran, revisen todo". Este ponente considera que debería ratificarse cuanto antes.
Conclusión: la tecnología al servicio de la vida
Venezuela tiene una historia nuclear limpia, un marco legal que la ampara y una población que sufre y merece soluciones. El artículo IV del NPT consagra un derecho inalienable que ningún país puede arrebatar por razones políticas. La coherencia venezolana —desde Tlatelolco en 1967 hasta la retirada voluntaria del HEU en 2026, pasando por la ratificación del TPNW en 2018 y su elección a la Junta de Gobernadores del OIEA— desmiente cualquier sospecha de ambición armamentista.
Mientras tanto, aquella madre sigue en la silla de plástico. Y su hijo sigue esperando. La diferencia entre la espera y el alivio se mide en isótopos, pero también en voluntad, en empatía y en la decisión de poner la tecnología al servicio de la vida. Eso es, exactamente, lo que Venezuela está exigiendo.
Referencias
- International Atomic Energy Agency (IAEA). (2026, May 7). *IAEA Helps Transport High Enriched Nuclear Fuel from Venezuela to the US*. IAEA Newscenter.
- GlobalSecurity.org. (2025). *Venezuela - Weapons of Mass Destruction*. GlobalSecurity.org WMD Library.
- Nuclear Weapons Ban Monitor. (2025). *Venezuela*. Banmonitor.org.
- Xinhua News Agency. (2024, September 23). *Venezuela joins int'l atomic agency's governing board*. English.nujiang.cn.
- General Directorate of Atomic Energy (Venezuela). (2019). *Application of Safeguards in Venezuela through Protocols with Small Quantities*. IAEA Symposium on International Safeguards.
- Middlebury Institute of International Studies. (2024). *Non-Aligned Movement (NAM) Disarmament Database: Venezuela*.

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