“La sabiduría de la vida consiste en la eliminación de lo no esencial. En reducir los problemas de la filosofía a unos pocos solamente: el goce del hogar, de la vida, de la naturaleza, de la cultura”.
Lin Yutang
Cervantes
Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho; los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones; nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos; la cosa más fácil, equivocarnos; la más destructiva, la mentira y el egoísmo; la peor derrota, el desaliento; los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor; las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos, y sobretodo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia dondequiera que esté.
MIGUEL DE CERVANTES Don Quijote de la Mancha.
La Colmena no se hace responsable ni se solidariza con las opiniones o conceptos emitidos por los autores de los artículos.
Con celeridad pasmosa en medio de tantas urgencias postergadas se aprueba el Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos sancionada en 2006 por el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Enmendarle la plana a figura de esa talla requiere prudencia y mesura. Examinemos el resultado.
De entrada llama la atención el inconstitucional intento de derogar el artículo 151 de la Constitución de la República Bolivariana mediante el artículo 8 de una simple ley, el cual propone:
Artículo 8. Las dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse con motivo de la realización de actividades objeto de esta Ley y que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes, podrán ser decididas por los Tribunales competentes de la República, o mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes independientes.
Este artículo contradice frontalmente lo que estatuye nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 151:
Artículo 151. En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.
No cabe duda de que la Constitución de la República es la Suprema Ley de la Nación, por lo que no puede ser derogada por una norma inferior de rango legal. Contratos sobre hidrocarburos son de interés público, pues el artículo 12 de nuestra Constitución los considera «bienes del dominio público»:
Artículo 12. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público.
Igual calificación de interés público y de dominio público le asignan a minas e hidrocarburos los artículos 103, 126, numeral 12, y 136, numerales 8 y 10, así como el artículo 156, numerales 12 y 16 de la Constitución.
Ello es desarrollo armonioso de lo que el artículo 1 de nuestra Constitución considera «Principios Fundamentales»: la inmunidad, la soberana potestad de no ser sometida a tribunales ni órganos jurisdiccionales extranjeros para decidir controversias de interés público interno:«La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional».
No son meros principios abstractos. La soberanía es la potestad absoluta y perpetua de un cuerpo político de darse sus propias leyes, aplicarlas y resolver por si mismo las controversias que pudiere suscitar dicha aplicación. Un Estado que pierda cualquiera de dichas potestades deja de ser soberano e independiente. Es lo que ocurre cuando se admite resolver controversias sobre interés público interno, no con nuestros tribunales y leyes, sino «mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes independientes«. Justamente, por entregar la resolución de la controversia de nuestra soberanía sobre la Guayana Esequiba a un «arbitraje independiente», nos arrebataron dicho territorio.
Venezuela ha perdido sistemáticamente casi todas las contenciones sobre materias de interés público sometidas a a organismos extranjeros, por lo cual nos retiramos de los tristemente célebres CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones, del Banco Mundial) o CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA).
En fin, si admitimos que órganos jurisdiccionales externos decidan nuestras materias de interés público ¿Cómo oponernos a que tribunales extranjeros asimismo juzguen según leyes foráneas a nuestro legítimo Presidente Nicolás Maduro Moros y a su señora esposa, diputada Cilia Flores?
La ley que examinamos incluye numerosas otras propuestas objetables. Entre ellas, su artículo 34 sujeta la constitución de empresas mixtas y las condiciones de operación de éstas a la mera «notificación» a la Asamblea Nacional, a la cual no se atribuyen competencias decisorias en materia tan fundamental para los intereses de la Nación.
Los artículos 35, 36, 37, 38, 38 y 40 confieren progresivamente a empresas mixtas y socios minoritarios competencias para la extracción, gestión, y comercialización de hidrocarburos, que nuestra Constitución en su artículo 302 reserva a la República:
Artículo 302. El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. El Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo.
El artículo 41 de la Ley referida autoriza a empresas privadas para realizar la «gestión integral» de la explotación recibiendo petróleo crudo como pago, lo cual desplaza a PDVSA y al Estado de sus funciones decisivas en la industria, pautadas en el antes citado artículo 302 de nuestra Constitución.
El artículo 52 de la recién aprobada Ley faculta al Ejecutivo para rebajar a voluntad el monto de la regalía, cuando se demuestre «a su satisfacción» que el proyecto presenta resultados económicos moderados. Procede señalar que la Ley anterior posibilitaba para la Nación participaciones fiscales entre el 60% y el 65% por concepto de regalía, mientras que las disposiciones de la Ley recién reformada permiten a las multinacionales reducir dicho aporte incluso por debajo de 15%, según la categoría de los activos y la actividad. Una significativa reducción de los ingresos públicos por tal concepto hasta de 50%, a favor de las operadoras privadas, en su casi totalidad extranjeras.
El artículo 56 de la Ley recién reformada fija el Impuesto de Extracción en un tercio del valor de los hidrocarburos líquidos extraídos, pero permite al contribuyente deducir de este monto lo pagado por regalías. Su artículo 65 otorga poder discrecional al Ejecutivo para reducir dichas regalías por menos del 15%, y la participación fiscal nacional de un 65% a un 25%.
Sobre el delicado tema de las Regalías, señaló Andrés Giuseppe, en estudio del 28-01-2026 (Poli-data.com): «Este informe analiza exhaustivamente la premisa de que la regalía, como contraprestación por el agotamiento de un activo no renovable, debe ser inalienable y no negociable, y argumenta que cualquier incentivo para la industria debe limitarse al ámbito de los impuestos sobre las utilidades y no a la participación bruta del propietario.(…) La transición del marco legal actual hacia la propuesta de 2026 representa un cambio significativo en la protección de la renta petrolera. Mientras que la ley vigente limita estrictamente las condiciones bajo las cuales se puede reducir el pago al Estado, la reforma amplía la discrecionalidad del Ejecutivo Nacional. La reforma de 2026 introduce una mayor flexibilidad que, en la práctica, debilita el concepto de la regalía como «piso» de la participación estatal. En la ley vigente, la rebaja al 20% estaba restringida a yacimientos específicos con dificultades geológicas probadas; en contraste, el nuevo Artículo 52 permite que el Ejecutivo Nacional disminuya la regalía a discreción para cualquier proyecto, siempre que se demuestre «a su satisfacción» la falta de economicidad(,,,) La regalía petrolera, históricamente vinculada al jus regale, representa la compensación que el explotador de un recurso natural no renovable adeuda al Estado por el derecho a extraer y apropiarse de un bien que pertenece al dominio público. En la doctrina venezolana, este concepto se fundamenta en el Artículo 12 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que los yacimientos de hidrocarburos son bienes del dominio público, inalienables e imprescriptibles».
La regalía, por tanto, es no negociable, y no se la podría desviar de su espíritu, propósito y razón para satisfacer otras obligaciones jurídicas de causas y motivaciones diferentes. Por otra parte, la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional establece: «Artículo 5. En ningún caso es admisible la compensación contra el Fisco, cualesquiera que sean el origen y la naturaleza de los créditos que pretendan compensarse». La compensación es una institución del Derecho privado mediante la cual un particular puede extinguir una deuda con otro particular oponiéndole una acreencia que a la vez tenga con él. Como vemos, la propia Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, de específica competencia en materia fiscal, la prohíbe categóricamente, por lo cual un ciudadano no puede cancelar el pago de regalías aduciendo que dedicó dicho débito a satisfacer otra obligación distinta.
En resumen, numerosas disposiciones de la recién reformada Ley Orgánica de Hidrocarburos tienden a disminuir la exclusiva competencia de la República para la explotación de los hidrocarburos, posibilitando una progresiva privatización de la industria. Otras de sus normas hacen depender del arbitrio de los funcionarios significativas disminuciones del ingreso público, que no atienden al valor real de los hidrocarburos extraídos sino a la alegada situación económica de la empresa, y que en general disminuyen significativamente los ingresos generados por dichos recursos, poniendo en peligro la gestión financiera de PDVSA y la de la misma República.
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TEXTO/FOTOS: LUIS BRITTO GARCÍA
*Luis Britto García (Caracas, 1940) es uno de los intelectuales más prolíficos y polifacéticos de la Venezuela contemporánea. Narrador, ensayista, dramaturgo y doctor en Derecho, su obra destaca por una aguda crítica social y un manejo magistral del lenguaje. Alcanzó el reconocimiento internacional tras ganar en dos ocasiones el prestigioso Premio Casa de las Américas: primero en narrativa con su libro de relatos Rajatabla (1970) y luego en ensayo con La máscara del poder (1988). Su estilo se caracteriza por el uso de la ironía, el humor negro y la experimentación formal, explorando la identidad latinoamericana y las estructuras del poder. Además de su labor literaria, es un influyente analista político y profesor universitario. Entre sus novelas más emblemáticas destaca Abrapalabra, una pieza clave de la literatura venezolana moderna. En 2002, recibió el Premio Nacional de Literatura en reconocimiento a su trayectoria. Su legado abarca desde el guion cinematográfico hasta el dibujo, consolidándose como una voz imprescindible del pensamiento crítico. http://luisbrittogarcia.blogspot.com – brittoluis@gmail.com
La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca ha traído consigo un viejo conocido de la economía internacional, el uso amenazante y agresivo de los aranceles como herramienta política y comercial. En su segundo gobierno, la administración neoconservadora de Trump ha retomado e incluso endurecido, una estrategia proteccionista que ya había marcado profundamente el comercio mundial durante su primer mandato.
Esta nueva ola de aranceles, dirigida principalmente contra China, la India, pero también contra socios clave como México y Canadá, no se produce en un vacío. Llega en un momento de fragilidad global, con economías aun ajustándose a choques recientes, cadenas de suministro tensas y una creciente fragmentación geopolítica global. En ese contexto, el impacto potencial va mucho más allá de las fronteras estadounidenses.
Uno de los efectos más inmediatos de los aranceles es el encarecimiento de los insumos importados. Empresas de todo el mundo, especialmente aquellas integradas en cadenas de valor internacionales, se enfrentan a mayores costos de producción. Esto no solo reduce márgenes de ganancia, sino que obliga a trasladar esos costos al consumidor final, presionando al alza los precios.
La consecuencia es una menor eficiencia económica global, pues producir se vuelve más caro, comerciar más lento y planificar inversiones más arriesgado.
De allí que la política arancelaria también introduce un factor clave, una gran incertidumbre. Cuando las reglas del comercio cambian de forma unilateral y poco predecible, las empresas tienden a retrasar decisiones de inversión. Este freno a la inversión privada puede traducirse en menor crecimiento económico, no solo en Estados Unidos, sino en el conjunto de la economía mundial.
Organismos internacionales han advertido en el pasado que el proteccionismo sostenido reduce el crecimiento del PIB global. Un segundo ciclo de tensiones comerciales podría reforzar esa tendencia, especialmente si deriva en represalias.
Como ya ocurrió años atrás, los países afectados por los aranceles estadounidenses no suelen quedarse de brazos cruzados. Las respuestas en forma de tarifas de represalia son una posibilidad muy real. Esto afecta directamente a exportadores, agricultores e industrias que dependen del acceso a mercados externos.
Cuando esta dinámica se generaliza, el comercio internacional deja de ser un motor de crecimiento para convertirse en un campo de batalla económico.
El aumento de precios no es solo un problema macroeconómico. La inflación derivada de los aranceles golpea con más fuerza a los hogares de ingresos medios y bajos, tanto en Estados Unidos como en otros países. Bienes más caros significan menor poder adquisitivo y mayor malestar social, un efecto que rara vez se menciona en el discurso político, incluso de las fuerzas progresistas, pero que se siente con claridad en la vida cotidiana.
Finalmente, la imposición de aranceles de forma unilateral erosiona aún más el sistema multilateral de comercio. La pérdida de relevancia de los mecanismos de arbitraje y negociación internacionales abre la puerta a un mundo más fragmentado, donde las reglas comunes son sustituidas por la ley del más fuerte, que es lo que ha venido imponiendo Donald Trump.
En suma, aunque el segundo gobierno de Trump presenta los aranceles como una defensa de los intereses nacionales, el balance global apunta a riesgos significativos, que generan menor crecimiento, más inflación, más incertidumbre y un comercio internacional menos cooperativo.
La experiencia pasada sugiere que, en una economía profundamente interconectada, las barreras levantadas por un solo país terminan afectando a todos. Y esta vez, el mundo parece aún menos preparado para absorber el impacto.
A medida que el segundo gobierno de Donald Trump ha venido reactivando una política arancelaria agresiva, muchos países afectados están haciendo algo más que protestar, están buscando alternativas estructurales al eje comercial tradicional dominado por Estados Unidos y Europa. En ese proceso, los BRICS+, la ASEAN y el Sudeste Asiático aparecen cada vez más como polos más atractivos. En realidad, no se trata de una reacción ideológica sino más bien pragmática.
El bloque BRICS+, que se va ampliando gradualmente, está ganando relevancia como espacio de coordinación económica fuera de la órbita del capitalismo usurero occidental. Para países castigados por aranceles, sanciones o presiones comerciales, los BRICS+ ofrecen tres cosas clave, acceso a mercados grandes y en crecimiento, menor condicionamiento político y alternativas parciales al dólar y al sistema financiero tradicional. Aunque el bloque todavía no funciona como una unión económica integrada, sí actúa como plataforma de diversificación, especialmente para exportadores de materias primas, energía y productos industriales intermedios.
Esto responde a una lógica clara, evitar aranceles, reducir riesgos geopolíticos y mantener acceso a mercados globales. El resultado es un aumento sostenido de la inversión extranjera directa en la región y una mayor sofisticación industrial.
Lo que estamos viendo no es una ruptura abrupta, sino un desacoplamiento gradual. Los países afectados por los aranceles de Trump no abandonan el comercio con Estados Unidos, pero ya no están dispuestos depender de él (Canadá, Reino Unidos y Unión Europea). Paradójicamente, la política proteccionista estadounidense acelera la creación de un mundo comercial más multipolar.
En última instancia, los aranceles del segundo gobierno de Trump están produciendo un efecto contrario al buscado, reducir la influencia económica estadounidense a largo plazo. Al empujar a otros países a construir rutas alternativas de comercio, financiamiento y producción, Estados Unidos deja de ser el centro inevitable del sistema.
A medida que el proteccionismo estadounidense vuelve a ocupar el centro del escenario, varios actores tradicionales del comercio global, Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea, están enfrentando una misma pregunta estratégica: ¿dónde colocar sus productos cuando el mercado estadounidense se vuelve más caro, incierto o políticamente condicionado?
Canadá, históricamente muy dependiente de EE.UU., ha intensificado su búsqueda de acuerdos y canales comerciales alternativos. El Reino Unido, tras el Brexit, necesita aún más ampliar su red de destinos. Y la Unión Europea entiende que un mundo fragmentado exige menos dependencia de un solo socio dominante. Este movimiento no responde a afinidades ideológicas, sino a una lógica de supervivencia económica, quien no diversifica, queda expuesto.
Existe una paradoja evidente, al intentar proteger su economía mediante aranceles, Estados Unidos puede está acelerando un proceso que debilita una de sus mayores fortalezas históricas el dominio del dólar en el comercio global. Cuantos más países buscan vender, comprar y financiarse fuera del sistema tradicional, más se normaliza un mundo menos dolarizado y más multipolar.
Este giro hacia India, China y otros países asiáticos no ocurre con titulares dramáticos ni rupturas abruptas. Es un proceso silencioso, técnico, casi burocrático, nuevos acuerdos, nuevas rutas logísticas, nuevas monedas en contratos.
Pues ya se estima que EE.UU. ya no está siendo indispensable. Asia deja de ser periférica y pasa a ser decisiva. El comercio se fragmenta, pero también se redistribuye en mejores condiciones para los países que comercian de forma bilateral.
Finalmente cabe destacar, que, durante gran parte del siglo XX, el sistema monetario internacional giró en torno a una moneda dominante. Primero fue la libra esterlina, después, el dólar estadounidense. Hoy, sin embargo, ese esquema empieza a resquebrajarse. No porque no exista un heredero claro aún, sino porque el mundo parece encaminarse hacia algo distinto, un orden aún sin moneda única hegemónica. Todo esto es lo que conlleva, una serie de consecuencia para un sistema capitalista mundial que se encuentra en plena fase de decadencia, (Estados Unidos, Alemania, UE), sin que hasta ahora haya surgido una alternativa al capitalismo en su versión industrial y financiera.
*Eduardo Andrade Bone, Analista Político y Comunicador Social. WMP/PP/AIP / 08/02/2026
La lourde menace existentielle qui pèse sur le Venezuela après les attaques du 3 janvier 2026, et la perspective de l’histoire pétrolière de l’Iran comme miroir, nous permettent d’étudier les modèles du nationalisme pétrolier classique et de la résistance pragmatique. Au-delà de l’économie, certains analystes avancent la thèse suivante : le pétrole vénézuélien et iranien ne sont pas seulement une affaire commerciale, mais une arme vitale dans le scénario de guerre envisagé par les États-Unis.
Pour comprendre la réforme actuelle des hydrocarbures au Venezuela, il faut d’abord considérer regarder les chiffres rouges du blocus occidental. En 2014, le Venezuela avait des revenus annuels de près de 40 milliards de dollars grâce au pétrole. Après les sanctions des États-Unis, de l’Union Européenne et le blocus financier, ce chiffre est tombé à seulement 740 millions en 2020. L’État, propriétaire des gisements, s’est retrouvé sans capacité d’extraction et sans banques pour en percevoir les revenus.
Photo : la loi constitutionnelle anti-blocus, présentée par Nicolás Maduro en 2020 et ratifiée en 2025, vise à doter l’exécutif d’outils juridiques pour contourner les sanctions internationales, notamment en matière de paiements.
La réponse du président Maduro a été la loi anti-blocus de 2020, qui a donné naissance aux Contrats de Participation Pétrolière (CPP). Les CPP ne sont pas des concessions traditionnelles. Il s’agit d’accords de services dans lesquels le secteur privé investit et exploite, en récupérant son investissement directement avec la production physique (barils), éliminant ainsi la transaction bancaire que les États-Unis pourraient bloquer.
Le gouvernement révolutionnaire défend le succès du modèle : en cinq ans, les recettes ont augmenté pour atteindre le chiffre record de 14 milliards de dollars en 2025, ce qui, bien que loin des recettes historiques, représente une augmentation considérable. Une augmentation vitale pour une révolution qui finance les politiques économiques et sociales à travers l’Etat, qu’il s’agisse des services publics de la santé, de l’éducation, de la modernisation des communication, de la recherche scientifique, de la réindustrialisation nationale, de la souveraineté alimentaire, sans oublier les grandes missions sociales (comme la construction massive de logements sociaux) et les politiques d’appui aux circuits économiques communards qui s’étendent dans tout le pays.
La réforme de janvier 2026 vise désormais à donner un statut juridique à ce mécanisme anti-blocus, en le sortant du régime d’exception qui plaçait souvent l’État vénézuélien dans une situation désavantageuse. Jorge Rodríguez, président de l’Assemblée nationale, résume cela comme un «assouplissement des droits de douane » dans lequel le secteur privé apporte les capitaux et l’État maintient sa souveraineté sur le gisement. Alors qu’à Caracas, on discutait de la nouvelle base juridique pour s’adapter aux nouvelles conditions des relations énergétiques avec les États-Unis, Donald Trump a lancé le 23 janvier dernier un message confirmant son changement de position en matière de géopolitique pétrolière : «Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde… supérieures à celles de l’Arabie saoudite », suggérant que les États-Unis pourraient gagner « beaucoup d’argent » grâce à cette relation pragmatique.
Photo : la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, participe à une mobilisation populaire et montre une copie de la nouvelle loi sur le pétrole que les législateurs ont approuvée pour adapter la Loi anti-blocus de 2020.
Le choc des visions et la critique interne
La réforme a suscité certaines critiques. L’ancien ministre du Pétrole, Rafael Ramírez, qui fait l’objet d’accusations de corruption au Venezuela, a qualifié cette mesure, le 27 janvier dernier, d’« abrogation de la nationalisation de 1976 ». Pour ceux qui ont toujours défendu le nationalisme pétrolier, les CPP, dans le cadre de la réforme de la loi sur les hydrocarbures, cèdent le contrôle opérationnel – qu’ils considèrent comme la valeur réelle – aux multinationales. Le gouvernement de Delcy Rodriguez rétorque en invoquant le « pragmatisme de guerre » : le modèle de 2006 (avec 90 % des revenus pour l’État) était idéal en temps de paix, mais irréalisable en temps de guerre. Le nouveau système garantit entre 65 et 70 % des revenus et, surtout, maintient l’industrie en vie. Il s’agit donc d’un recul imposé par les circonstances afin d’éviter l’asphyxie totale. Le plan élaboré par Nicolas Maduro pour l’économie vénézuélienne vise à développer ses différents moteurs productifs, laissant derrière elle sa dépendance historique aux hydrocarbures. Ce nouveau modèle financier, annoncé par la présidente par interim, s’appuie sur la création de deux fonds souverains : l’un destiné au développement du pouvoir populaire et l’autre axé sur l’amélioration globale des infrastructures nationales.
La nouvelle guerre froide : le facteur chinois
C’est là qu’intervient la dimension mondiale. Pourquoi Donald Trump et Washington font-ils désormais preuve d’une tolérance tacite envers ce modèle vénézuélien (comme en témoignent les licences accordées à Chevron) tout en maintenant une rhétorique dure ? La réponse pourrait résider dans le fait que l’objectif est de contenir la Chine.
Plusieurs analyses, y compris celles de conservateurs comme Tucker Carlson, ont avancé une thèse qui trouve un écho dans les médias et les centres d’études géopolitiques : les États-Unis se préparent à un conflit cinétique ou commercial à grande échelle avec la Chine. Dans ce scénario, le contrôle des réserves pétrolières vénézuéliennes cesse d’être une question de marché pour devenir une question de sécurité nationale pure et simple.
Carlson avertit que l’administration Trump juge inacceptable que les plus grandes réserves mondiales (Venezuela) et l’un des pays clés du golfe Persique (Iran) approvisionnent la Chine. « Le pétrole va à la Chine… il devrait venir à nous », telle est la lecture qui sous-tend la nouvelle doctrine de Washington.
Dans cette optique :
Couper les ressources à l’ennemi : l’objectif n’est plus seulement de « changer le régime » à Caracas pour des raisons « démocratiques », mais aussi de dissocier le Venezuela de la Chine. Si les CPP et les licences permettent au pétrole vénézuélien d’être acheminé vers le golfe du Mexique (États-Unis) plutôt que vers Shanghai, Washington remporte une bataille stratégique sans tirer une seule balle.
Le cas iranien : avec l’Iran, la situation est plus instable. Carlson suggère que l’hostilité envers Téhéran vise à couper la principale artère énergétique sûre de la Chine au Moyen-Orient. Contrôler ou neutraliser le pétrole iranien revient à exposer l’industrie et l’armée chinoises à un blocus naval. Et à contrôler en même temps les voies d’approvisionnement.
Cette « nouvelle guerre froide » explique le paradoxe actuel : les États-Unis, tout en transformant les Caraïbes en une grande base militaire, permettent au Venezuela de respirer économiquement (grâce à Chevron et, à l’avenir, à la participation d’autres grandes entreprises états-uniennes), car ils préfèrent un Venezuela pragmatique qui vend au Nord plutôt qu’un Venezuela non aligné, qui soit un fournisseur énergétique sûr pour la Chine et qui, sur le plan financier, contribue à enterrer le dollar comme monnaie d’échange mondiale.
Le miroir historique : l’Iran et le Venezuela (le « Petroleumscape »)
Cette dynamique n’est pas nouvelle. Le Venezuela et l’Iran partagent un « paysage pétrolier » historique. Tous deux ont subi des coups d’État orchestrés par l’Occident lorsqu’ils ont tenté de nationaliser leurs ressources (1948 et 1953). Tous deux ont fondé l’OPEP en 1960 pour se défendre.
Ces dernières années, l’alliance Caracas-Téhéran a été existentielle. L’Iran a appris au Venezuela à contourner les sanctions (flottes secrètes, réparation de raffineries, entre autres). Aujourd’hui, les deux pays se trouvent au cœur du conflit entre les États-Unis et la Chine. La réforme juridique au Venezuela est, au fond, une manœuvre pour survivre dans ce contexte : assurer son propre flux de trésorerie afin d’atténuer la menace américaine, même si la gravité géopolitique pousse inévitablement Washington à exercer une pression accrue sur les deux pays.
Cette histoire dure depuis plus de 100 ans
La réforme partielle de la loi sur les hydrocarbures est bien plus qu’un simple ajustement technique ; c’est un acte de survie à l’aube d’un conflit mondial majeur. Le Venezuela sacrifie une partie de ses revenus et de son contrôle opérationnel (ce qu’il faisait déjà via les CPP avec la loi anti-blocus) pour se réinsérer dans le marché occidental et tenter de contourner le blocus.
En fin de compte, dans la guerre pour l’hégémonie mondiale engagée par Washington, qui voit en Beijing son principal concurrent, le pétrole vénézuélien et iranien sont les trophées stratégiques ultimes. Le Venezuela et ses 100 ans d’histoire pétrolière, comme nous avons commencé à l’étudier, constituent l’un des champs de bataille.
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