El
presidente Uribe se jacta de que nadie y nada lo puede asociar con el
paramilitarismo y ha encontrado tapones a todas y cada una de sus
posibles conexiones con ellos. Los presidentes generalmente dicen lo que
quieren que la gente piense, pero los hechos son el termómetro de la
historia.
Todos
los hechos apuntan no solo a la realidad de que existen conexiones entre
el presidente Uribe y el paramilitarismo, sino peor aún a que él los ha
promocionado, defendido y les ha dado todo el poder necesario que causó
la existencia de la parapolítica, el legado histórico más importante de
los dos gobiernos de Uribe.
El
presidente Uribe no ha negado todavía que promovió el armamento de
civiles como autodefensas contra las FARC. La prueba de estas acciones
se compila gráficamente en sus gestiones alrededor de las Convivir. Al
permitir y promover el armamento de civiles, el presidente Uribe
justificó y oficializó la existencia de sicarios y mercenarios como
agentes de terror contra la población civil. La creación e impulso de
milicias ciudadanas es el cimiento de cualquier guerra civil. Solo
después de los Convivir se desarrolló esta abierta guerra civil en el
campo entre ciudadanos armados contra campesinos que simpatizaran o
apoyaran a las FARC. La estrategia detrás del apoyo del hoy presidente
Uribe a estas milicias era desconectar a las FARC de su apoyo logístico y
aterrorizar a la población que intentara simpatizar con las FARC. Esto
se hizo combinándolo con una guerra psicológica que creara un odio
intransigente contra las FARC. La idea en su conjunto era aislar a las
FARC de los campesinos, romperles su base social bajo la teoría de que
sin el apoyo del pueblo a las FARC les quedaba imposible tomarse el
poder.
El
presidente Uribe tampoco ha negado públicamente todavía su lucha para
que a los paramilitares se les llame autodefensas y no
narco-terroristas. El presidente Uribe reserva el término
narco-terroristas única y exclusivamente para las FARC, a pesar de que
legalmente los paramilitares fueron declarados organizaciones
terroristas vinculadas al narcotráfico, al igual que las FARC, por buena
parte del mundo occidental.
El
presidente Uribe se ha dedicado a atacar el narcotráfico manejado por
las FARC, en un proceso que va desde el envenenamiento de la siembra de
coca hasta la frustración del envío clandestino de droga a los mercados
de consumo. Este énfasis inevitablemente ha favorecido fundamentalmente
al narcotráfico de los paramilitares y al de la delincuencia común.
El
presidente Uribe tampoco ha negado que sus llamadas autodefensas han
servido a su gobierno para desplazar a las FARC de áreas de control
territorial y en mantenerlas aisladas de su apoyo logístico. El
presidente se ha referido familiarmente a sus llamadas autodefensas como
los “muchachos” y ha insinuado que Colombia les debe un servicio
invalorable.
El
presidente Uribe ha divulgado sus principios a través de sus consejos
comunitarios, la prensa y la televisión colombianas. Lo que ha hecho eco
en un 90% de la población colombiana.
El
presidente Uribe se ha aprovechado del hecho que los colombianos
adolecen de una identidad formada alrededor de la legalidad y que en su
ausencia usan las armas y la violencia para asegurarse de que sus ideas y
su poder se mantengan.
El
surgimiento del narcotráfico floreció en Colombia por la mentalidad
generalizada de que no importan los medio sino los fines, y si hay
alguna forma rápida de hacerse rico o mitigar la pobreza no hay ninguna
razón para desecharla.
De
esta manera la corrupción no atrapa la atención de los colombianos y
menos aún de la política colombiana, por lo que la impunidad es la regla
de la violencia y el crimen en Colombia, especialmente para toda la
criminalidad a alto nivel. Y esa es la explicación fundamental del
teflón del Dr. Alvaro Uribe y del que él se jacta con arrogancia.
El
paramilitarismo fue creado por el gobierno colombiano, se estableció
durante el gobierno del presidente Cesar Gaviria y recibió el impulso y
el desarrollo inmediato del hoy presidente Uribe. El paramilitarismo
recibió el entrenamiento militar del mismo ejército colombiano al tiempo
que de peritos israelíes y estadounidenses y la amplia y generosa
financiación de la empresa privada agro-pecuaria e industrial colombiana
y de algunas multinacionales, principalmente estadounidenses. También
recibió el apoyo de la Iglesia Católica que promulga el dogma de la
extinción del comunismo aún contra la violación del quinto mandamiento,
el cual no es aplicable a quienes descuarticen o desaparezcan a miembros
de las FARC a quienes los apoyen e incluso a quienes simpaticen con
ellos. El ampliamente conocido jesuita Alfonso Llano Escobar ha sido un
vocero incansable de este objetivo de la Iglesia. No sorprende a nadie
que muchos clérigos bendijeran las motosierras, los puñales, las
ametralladoras y a los mismos paramilitares para que Dios los iluminara y
les diera valor en sus acciones de exterminio humano.
Es
importante recordar que las Convivir, justificación del paramilitarismo
legalizado por el gobierno, no fueron creadas para la construcción de
escuelas, puentes, carreteras y hospitales, sino exclusivamente para
combatir al campesinado que apoyara o simpatizara con las FARC. Diezmar
la base social de las FARC y su apoyo logístico fue la misión
gubernamental del paramilitarismo. El Plan Patriota se encargaría de
enfrentar directamente a las FARC, mientras el paramilitarismo
enfrentaba a la población en una guerra civil maquinada desde el
gobierno e impulsada desde sus principios por el hoy presidente Uribe.
La
filosofía del paramilitarismo y la del presidente Uribe se compaginan
perfectamente no por coincidencia, sino por el liderazgo que de estas
ideas ha distinguido al Dr. Álvaro Uribe y que ha guiado a todos los
paramilitares. El odio a las FARC es el elemento primario que une los
corazones del presidente Uribe y de los paramilitares.
Apoyar
la violencia armada ciudadana, como abiertamente lo hizo el dr. Álvaro
Uribe, lo obligaba a hacerse responsable de sus abusos y consecuencias,
no solo de sus éxitos. Impulsar una guerra civil es una gran
responsabilidad frente a los derechos humanos y la paz de una nación.
El
gobierno cuenta con instituciones para enfrentar problemas bélicos
internos de los que se debe alejar completamente a la ciudadanía. Las
Fuerzas Armadas, es una de ellas. Una acción errada produce otras
reacciones erradas como en una línea de dominós. Promover masacres de
campesinos que apoyaran o simpatizaran con las FARC provocó la misma
reacción de las FARC contra la población civil que apoyara al gobierno o
simpatizara con él. Daños colaterales de lado y lado agudizarían la
situación y la empujarían a un grado mucho peor.
Causar
ese escenario es una responsabilidad muy seria por las vidas que
implica no importa de qué bando sean. Los problemas bélicos deben
dejarse en las manos profesionales del ejército y no en ninguna otra.
Era predecible que ciudadanos armados y con objetivos no humanitarios
estuvieran disponibles para asimilarse al crimen de una manera fácil e
inmediata. No pensar en las consecuencias de las decisiones y solo vivir
obsesionados de la desesperación por resultados inmediatos puede
destruir estrategias contra un enemigo y agregar situaciones peores de
las que se tenían originalmente.
Si la
población civil se hubiera sublevado en armas era deber inmediato del
gobierno, y del hoy presidente de la república, impedir una guerra civil
y el escalamiento del conflicto armado. Esos civiles debieron
desarmarse ipso-facto y ser invitados a formar parte del Ejército
Nacional, creado para defender con las armas los derechos de todos los
ciudadanos.
Fue
inconcebiblemente grave que el gobierno colombiano y el dr. Álvaro Uribe
no hubieran actuado de acuerdo a los principios de la democracia y el
sentido común.
Ese
estilo de desdén y desconocimiento de los principios del bien humano y
de la democracia han caracterizado siempre al presidente Uribe. Su
reciente violación de la soberanía del Ecuador, censurada unánimemente
por todos los países latinoamericanos, es otra prueba más de la
convicción del dr. Álvaro Uribe de que el respeto por la vida humana y
la democracia no sirven. Los mismos Estados Unidos y los países europeos
ven con preocupación y desconfianza la conducta criminal, desde el
punto de vista democrático y humano, que el dr. Álvaro Uribe despliega
en Colombia y por la cual ha logrado un 90% del apoyo de la población
que vive en las ciudades principales y que se prestan a las encuestas.
Enderezar el país torcido que ha creado el dr. Álvaro Uribe es una tarea meticulosa, dura, pero necesaria y urgente.
La
Corte Suprema de Justicia está desarrollando una labor heroica y
encomiable en Colombia, que llena el vacío de principios morales y
legal de los colombianos. Gracias a esta excepcional circunstancia y con
las denuncias civiles que han sido oídas por organizaciones de defensa
de los derechos humanos y por miembros del Congreso Colombiano que
buscan la transparencia y el rendimiento de cuentas de las acciones del
gobierno, Colombia tuvo la oportunidad de conocer y ha ido
desenmascarando lentamente la red de relaciones entre el narcotráfico,
el terrorismo paramilitar, la empresa privada y las ramas del poder en
Colombia, principalmente el legislativo y ejecutivo a todos los niveles y
el judicial a niveles municipales.
La
estructura criminal en las instituciones de Colombia comienza a
vislumbrarse y los defensores del crimen comienzan a culpar su colapso, y
el de un gobierno colombiano impregnado hasta el tuétano de
criminalidad, en la acciones de justicia y orden que ha iniciado la
Corte Suprema de Justicia de Colombia.
La
crisis del la criminalidad en el gobierno ha llegado a tal punto que la
desesperación de los implicados los ha llevado a divulgar la teoría de
que el robo y el asesinato no es culpa de quienes lo cometen, sino de
las cortes que los reconoce y los persigue. Es decir, si no hubiera
cortes que aplicaran la ley, no habría nadie que dijera que hay
parapolítica, robos y asesinatos y en consecuencia el robo y el
asesinato serían impunes y aceptados como la vida diaria de los
colombianos, exactamente como ha sido hasta ahora.
Una
creciente minoría colombiana ve la necesidad de corregir lo más
urgentemente posible esta situación anómala para prevenir futuros
desmanes y parar la cronicidad de esta conducta de aquiescencia con el
crimen en Colombia.
Una cultura sin consciencia de la prevención está condenada a vivir su disfuncionalidad de manera perenne.
Hablar
de la criminalidad del dr. Álvaro Uribe pareciera de primer momento
algo extraño, pero cuando se considera el hecho de que él realmente
promovió el armamento de la población civil, que increíblemente ha
justificado directa e indirectamente sus horrendas consecuencias y que a
los autores de esos genocidios los considera legítimas autodefensas,
que de manera impropia ha defendido a cada parapolítico del gobierno,
que ha propuesto leyes que estimulan la impunidad y demeritan la
justicia y que abiertamente y sin reservas se enfrenta al poder
judicial, no queda la menor duda de que esa no es la conducta de una
persona que respete la vida humana, que se rija estrictamente por los
principios de la democracia, que defienda la justicia y que esté en
capacidad de dar ejemplo de imparcialidad y devoción por lo justo,
cualidades fundamentales para gobernar con responsabilidad un país donde
la violencia no necesita estímulo.
No es
de extrañar tampoco que el dr. Álvaro Uribe nunca haya considerado la
importancia de la liberación de Ingrid Betancourt, la persona que puso
el dedo en la llaga de Colombia, la corrupción.
Solamente
Ingrid Betancourt se percató de la importancia de atacar las raíces de
una mentalidad que arruinaría a Colombia y se lanzó como la única y
principal líder contra la corrupción que haya existido en toda la
historia de Colombia.
Su
lucha fue impopular frente a la hábil producción de sofismas de guerra
del hoy presidente Uribe. Y la carrera de Ingrid terminó cuando el
gobierno le retiró su protección e Ingrid se encontró súbitamente en un
territorio ella estaba convencida era controlado por el ejército. La
débil raigambre de los colombianos en la lucha contra la corrupción hizo
que ésta quedara simbólicamente enterrada con el trágico destino que
sufrió Ingrid Betancourt, cuando terminó secuestrada por las FARC.
Fortalecer
los lazos de colaboración con los países vecinos era una tarea
estratégica desde todos los puntos de vista económico, político y
militar.
Toda
forma de violencia del paramilitarismo y de las FARC debía ser repudiada
por igual en aras de la concordia, la unión y la paz entre los
colombianos.
No se
necesita la ambicion de calentar una silla por más de cuatro años si
todos compartimos el objetivo de enfocar nuestra atención en el estudio,
la ciencia y el adelanto industrial y económico de Colombia y si este
objetivo es implementado por nuestros líderes desde el gobierno.
Gobernar un país es una carrera de relevos con una meta común y un
esfuerzo personal de cada líder para darnos el triunfo a todos.
La
Colombia que tenemos hoy es una incubadora del crimen. Pensemos que ya
al concluir el segundo gobierno del dr. Álvaro Uribe los paramilitares
habrán terminado sus condenas extremas de 8 años y con todo su poder
acumulado y todas sus conexiones intactas pondrán todo el esfuerzo en
garantizar que el narcotráfico y las ganancias de su industria del
crimen queden protegidas y controlen las instituciones del estado para
garantizar su impunidad y el apogeo de sus ganancias.
No se
sabe si la ciega obsesión del dr. Uribe con las FARC ha sido otra de sus
estratagemas para encubrir un hampa que cada vez se afianza más en
Colombia y con la cual la familia del dr. Alvaro Uribe ha tenido íntimos
lazos, tal como son los ya conocidos del padre del Dr. Uribe con Pablo
Escobar o los de su hermano y primos con el narco-paramilitarismo. O
quizá el dr. Uribe ve en el futuro del crimen una recompensa bien
merecida para quienes con su autodefensa han salvado la patria uribista.
José María Rodríguez González