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Por: Fabriz’zio Txavarría Velázquez
Bogotá-Colombia-AGPROG(01-09-2015).-
Varios medios informativos y de comunicación internacionales, han
difundido y hecho eco la decisión tomada por el Centro Americano CENIC
Internacional en su División de estudios geopolíticos, políticos y
sociales, de ingresar a : Álvaro Uribe Vélez, un personaje de la vida
pública y política colombiana a la lista de corruptos y criminales de
lesa humanidad, para ser presentado ante la C.P.I. – Corte Penal
Internacional de La Haya, esto en base a la existencia de suficientes
indicios y pruebas que soportan la decisión, a raíz de los datos o
revelaciones expuestas en investigaciones ejecutadas y realizadas, en el
que se detallan minuciosamente decenas de cargos criminales que pesan
sobre el sindicado.
ALVARO URIBE VELEZ EN LISTA DE CORRUPTOS Y CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD ( Bogotá-Colombia)
Entre los varios cargos que se le imputan y se lo juzgan están:
- Autor intelectual de miles de crímenes realizados.
- Promocionar y alentar el lavado de dinero producto de actividades ilícitas.
- Encubrimiento de miles de asesinatos.
- Recibir sobornos y financiamiento de grupos delictivos.
- Creación y financiación de los escuadrones de la muerte.
- Autorizar y ordenar ejecuciones extrajudiciales masivas.
- Asociación delictuosa.
- Narcotráfico.
- Asesinatos selectivos.
- Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.
- Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable.
- Financiación y promoción de actividades paramilitares.
- Traición a la patria (Colombia).
- Conspiración política y atentar contra la soberanía de los pueblos.
- Injerencia criminal y en hechos conspirativos en asuntos internos de naciones vecinas.
- Promover la desestabilización de naciones vecinas.
Corte Penal Internacional únicamente es
competente para conocer denuncias penales contra personas
individualizadas – no contra Estados o gobiernos – y con carácter
complementario con las jurisdicciones penales de los países donde hayan
ocurrido los hechos.
Así se establece en el artículo 1 del Estatuto de la CPI.:
La Corte estará facultada para ejercer su
jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de
trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y
tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.
Los “crímenes más graves de trascendencia
internacional” sobre los cuales tendría competencia la Corte, se
indican en el artículo 5 del Estatuto y son:
- a) El crimen de genocidio.
- b) Los crímenes de lesa humanidad.
- c) Los crímenes de guerra.
A continuación un detalle completo del
prontuario criminal y un resumen de la investigación sobre los cargos de
los que es acusado.
PRONTUARIO CRIMINAL
Álvaro Uribe Vélez nació en Medellín el 4
de julio de 1952, político de ultraderecha liberal desde sus inicios,
logro ser Presidente de la República de Colombia en 2002 en base a
maniobras políticas y aportes económicos de las mafias colombianas, fue
reelegido en el año 2006, nuevamente bajo el auspicio de las fuerzas
paramilitares asentadas en Colombia, las denominadas AUC – Autodefensas
Unidas de Colombia quienes según las investigaciones realizadas y
denuncias ante tribunales, aportaron grandes sumas de dinero a su
campaña y a su gobierno como una forma más de ejecutar el lavado de
dinero de actividades ilícitas, algo prohibido por las leyes y la
legislación colombiana, ante lo cual la justicia colombiana negó
investigar.
Militó en el Partido Liberal Colombiano
de tendencia neoliberal de ultraderecha. Sus aliados procedieron a
unirse con el directorio liberal de Antioquia, que era presidido por
Bernardo Guerra, y Uribe entró con ellos al directorio, aunque eso duró
poco ya que luego se volvió disidente sin romper con la esencia del
partido. Hacia 1985 funda en Antioquia el movimiento regional conocido
como Sector Democrático junto a su primo y aliado político Mario Uribe
Escobar, movimiento que con el tiempo se transformaría en el Partido
Colombia Democrática también de ideología de ultraderecha fascista
aliado fuerte también de grupos paramilitares y mafias del narcotráfico.
Como asesor ha desempeñado diferentes
cargos en las Empresas Públicas de Medellín, en el Ministerio de Trabajo
y la Aeronáutica Civil, gestiones en las que tuvo graves denuncias de
corrupción y favores al narcotráfico, los mismos que fueron tapados por
la justicia, sin seguir las investigaciones. También sirvió como Alcalde
de la ciudad de Medellín durante (1982), ejerciendo de senador de la
República (1986-1994) y, más tarde, de gobernador de Antioquia
(1995-1997), oportunidad que aprovecho para llevarse de la mano con las
mafias del narcotráfico. Posteriormente fue elegido presidente de la
República de Colombia en 2002 y reelegido en 2006, apoyado por los
sectores corporativos empresariales y trasnacionales norteamericanas y
la elite de ultraderecha judío. En 2014 fue elegido como Senador de la
República de Colombia, siempre auspiciado y bajo la sombras de las UAC.
Uribe contaba 28 años cuando fue nombrado
Director de la Aeronáutica Civil por el presidente Julio César Turbay,
cargo que ocupó entre enero de 1980 y el 7 de agosto de 1982. Su función
como director consistió en otorgar licencias para la construcción de
aeropuertos en los municipios de Frontino, Amalfi, Urrao, y Caucasia.
Esta situación fue aprovechada por Uribe para realizar favores y
proceder a la asignación licencias de pistas a la mafia y redes del
narcotráfico.
El mandato presidencial de Uribe se
caracterizó por la lucha frontal contra los grupos y organizaciones de
izquierda en Colombia y una simulada lucha contra el narcotráfico con la
ayuda de EUA, cuya supuesta meta era eliminar el narcotráfico y las
plantaciones de coca bajo un programa de gobierno denominado política de
seguridad democrática que fue amparada en parte por el Plan Colombia y
que fue criticada por sectores de la oposición y disidentes de
izquierda, lo que incremento en gran manera la tasa de muertes en
Colombia. Los resultados de este plan fueron desastrosos en los años de
su gobierno, aumentando las tasas de asesinatos, criminalidad, bandas
paramilitares, un aumento exponencial en las mafias de narcotráfico, en
los cultivos de coca y producción de cocaína , aun con el apoyo de EUA
junto a la DEA.
Se lo acusa de promover la impunidad en
torno a materias como los crímenes de lesa humanidad o el narcotráfico
de los paramilitares de Colombia. Sobre el proceso de desmovilización de
paramilitares en Colombia iniciado por Uribe, algunos informes de
prensa han revelado que algunos de los desmovilizados siguen
presuntamente delinquiendo desde la cárcel y existen varios grupos
emergentes que continúan con las prácticas paramilitares y de
narcotráfico algo que socapó durante su administración inundada de
denuncias.
Debido al proceso de desmovilización con
las Autodefensas Unidas de Colombia se abrió el proceso que se denominó
la parapolítica en Colombia, en las que el mismo gobierno de Uribe
estaba involucrado.
En la segunda campaña presidencial de
Uribe, su jefe de campaña fue nada más y nada menos que Juan Manuel
Santos Calderon, que llego a ser su ministro de defensa, miembro de la
millonaria familia Santos, que es propietaria del grupo CET, a la cual
pertenece el diario El Tiempo de Bogotá, en el cual su propio hermano
Enrique Santos Calderón es el Director y editor en Jefe de los medios,
esta relación le permitió a Uribe tener el control mediático de los
medios en Bogotá y toda Colombia.
ELOGIOS DE LOS GRUPOS DE PODER CORPORATIVOS Y DEL COMPLEJO MILITAR DE EUA
Durante su periodo de gobierno acepto
someter al pueblo colombiano a los mandatos y dictámenes de la
administración norteamericana y su Complejo Militar Industrial y
Financiero-Tecnológico y obedecer a la letra la estrategia
geopolítica-militar de EUA para Latinoamérica, en función a ello es que
acepto albergar en territorio colombiano más de 9 bases militares y
adicionales para varios proyectos de defensa, habilitación de corredores
de narcotráfico operadas por la DEA y para fortalecer el dominio de EUA
en su patio trasero. En premio y agradecimiento a varios de estos
favores fue condecorado varias veces por sus servicios al gobierno
americano, corporaciones, fundaciones y ONGs corporativas, con premios
tales como:
La condecoración por el presidente de
Estados Unidos George W. Bush con la Medalla de la Libertad, por sus
grandes servicios a EUA.
Doctor Honoris Causa de la Universidad San Ignacio de Loyola.
Recibió el Premio ‘Revel Líderes del 2020’, otorgado por la Fundación Revel.
En el canal de televisión de EUA internacional History Channel fue reconocido como «El gran colombiano»
Fue reconocido como el supuesto mejor
dirigente Político Iberoamericano de la década, premio otorgado por el
Comité Editorial del Grupo Intereconomía.
Mejor Senador del año 2014, otorgado por la Fundación de Ultraderecha Centro Democrático.
Recibió en Washington el premio al
Liderazgo Internacional otorgado por el Instituto de Liderazgo Hispano
dependiente de la NED y el NDI.
CARGOS POR NARCOTRAFICO
En 1980, Uribe ocupo el cargo de Director
de la Aviación Civil, en su gestión se cuentan las numerosas licencias
otorgadas y permisos de construcción de pistas de aterrizaje a lo largo y
ancho de Colombia exclusivamente para los carteles del narcotráfico.
Sobre este tema Virginia Vallejo , pareja del capo Pablo Escobar Gaviria
en sus declaraciones publicadas, indica que si no era por Uribe, el
cartel de Medellín, estaría aun transportando los paquetes de cocaína
por los ríos y por tierra, en llantas y por mar nadando hasta Miami,
para llevar la cocaína hasta EUA. También confirma la estrecha relación
entre Pablo Escobar y Álvaro Uribe.
De marzo de 1980 a agosto de 1982 fue
director del departamento de Aeronáutica Civil del Gobierno liberal de
Julio César Turbay Ayala. Sus hagiógrafos destacan una intensidad
actividad en los poco más de dos años que estuvo al frente, pero no se
refieren a la gestión en la concesión de licencias de vuelo y de pistas
de aterrizaje, que experimentaron un llamativo incremento del que se
beneficiaron muchos conocidos narcotraficantes.
Entre varios de los escándalos que
salieron a la luz tras las investigaciones realizadas durante su
desempeño como servidor público, esta la que indica que Uribe Vélez,
utilizo en una ocasión un helicóptero que le habría sido prestado
expresamente por el narcotraficante Pablo Escobar. El helicóptero se
habría utilizado para intentar rescatar a Alberto y a Santiago, padre y
hermano de Álvaro Uribe, heridos en un ataque de las FARC y un
enfrentamiento entre mafias del narcotráfico que no supo explicar, donde
estaban involucrados familiares suyos.
La llegada del conservador Belisario
Betancur a la Presidencia le supuso el relevo al frente de Aeronáutica,
pero se mantuvo en la administración. En 1982, el Presidente lo nombró
alcalde de Medellín; ese mismo año, Pablo Escobar fue elegido
parlamentario en las filas del liberalismo. El Patrón trató de ganarse
apoyo popular a su lucha para prohibir la extradición a Estados Unidos
impulsando numerosos proyectos sociales, que contaron con el respaldo de
la Alcaldía:
“como Medellín sin Tugurios, plan lanzado
públicamente en Bogotá por el Alcalde Álvaro Oribe [sic] Vélez, y que
consistió, según se supo luego, en las mil casas en obra negra que
fueron donadas a los residentes en un basurero de la ciudad, financiadas
por Pablo Escobar [sic] también adelantó el programa Medellín Cívico,
en el que el narcotraficante donó miles de arbustos”.
Uribe ha negado esos apoyos, pero incluso
se ha afirmado que, a finales de 1982, viajó a reunirse con los cuatro
grandes capos (Escobar, Ochoa, Ledher y Rodríguez Gacha) en el
helicóptero que ellos mismos le facilitaron. Algunos investigadores del
pasado de Uribe aseguran que esa fue la razón por la que Betancur lo
relevó en la Alcaldía a los cinco meses, “a Uribe lo sacaron de la
Alcaldía de Medellín por narcotraficante”. Sin embargo, la situación se
manejó de forma reservada y no truncó la carrera del joven político: fue
elegido concejal en dos periodos y senador en otros tantos. En aquellos
años se fraguó la alianza entre terratenientes, ganaderos y
narcotraficantes -tres facetas que en muchas ocasiones desarrollaba la
misma persona-, apoyados por los caciques políticos locales, para
transformar los grupos de autodefensa en verdaderos escuadrones de la
muerte.
En otro escándalo el líder político
liberal Rodrigo Lara Bonilla antes de ser asesinado el 30 de abril de
1984 por las mafias, luego de que la fuerza pública desmantelara el
complejo cocalero en las selvas del Yarí llamado Tranquilandia,
pertenecientes al cartel de Medellín y se encontrara un helicóptero de
propiedad de la sociedad de Uribe y su familia. La hermana de Lara
Bonilla, Cecilia, aseguró en 1984 y bajo juramento que Lara mencionaba a
Uribe y a su padre, como una muestra y ejemplo de la infiltración de
las mafias en las instituciones y la política colombiana. Dijo que lo de
Tranquilandia, la hacienda del cartel de Medellín, era muy grave y
comprometía gente muy importante de la política del país, que el
helicóptero que habían cogido en Tranquilandia era de la familia Uribe
Velez en este caso del papá de Álvaro Uribe Vélez”.
El hijo de Rodrigo Lara Bonilla y miembro
del gobierno de Uribe como Zar Anticorrupcion, declaró que se había
ocultado ese expediente de investigación. Dos días antes renunció a su
cargo aduciendo motivos familiares. Uribe no respondió al testimonio.
Gaviria es primo del extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar quien
era uno de los dueños de Tranquilandia. Dicho lazo familiar entre el
asesor José Obdulio Gaviria y el capo Escobar ha provocado
controversias. En diciembre de 2007 el embajador de Colombia en Londres
renunció a su cargo tras un informe del semanario El Espectador donde se
informaba que el hermano de Obdulio Gaviria había estado relacionado
con el pagador de los sicarios paramilitares que asesinaron a Guillermo
Cano, Pedro Medellín está casado con la hija del asesinado periodista.
En el 2002 Uribe respondió indicando que
su padre fue socio de una empresa que tuvo un helicóptero. Él tenía
varias fincas en el Valle del Cauca, Urabá, Córdoba y en varias regiones
de Antioquia. Él utilizaba ese helicóptero para sus desplazamientos.
Cuando fue asesinado por las mafias ese helicóptero quedó y mi hermano
Jaime finalmente vendió las acciones de esa empresa y esa empresa salió
ese helicóptero.
Uribe es investigado por haber tenido
estrecha relación con el Cartel de Medellín y haber fomentado
agresivamente el paramilitarismo en Colombia. Se presentaron diferentes
controversias y críticas a Uribe, su entorno familiar y de gobierno, su
desempeño en diferentes funciones públicas o políticas junto a una
relación íntima al narco paramilitarismo. Uribe también es investigado
por recibir apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia en actividades
políticas y apoyo financiero en casi todas las zonas de dominio de las
FARC y ELN.
Investigaciones y denuncias realizadas
por senadores, diputados y periodistas, muestran que existieron
relaciones entre Alvaro Uribe y su familia con miembros del cartel de
Medellín, basándose en archivos de periodísticos de la época y en un
informe confidencial del Departamento de Estado de E.U. en el que se
acusaba a Uribe de haber sido colaborador del cartel de Medellín y de
haber sido partícipe de la expansión del paramilitarismo en Colombia.
De otro lado, la revista Newsweek reveló
sus nexos con el cartel de Medellín al constatar que Uribe fue incluido
en una lista de la DIA (Defense Intelligence Agency) en septiembre de
1991 con el número 82 de narcotraficantes, lista en la que Pablo Escobar
también aparece con el 79. Este informe, luego fue reservado por el
gobierno de Estados Unidos para proteger a Uribe y a sus intereses. Pero
aun así aparece en varios Informes de Seguridad Nacional del
Departamento de Defensa de EUA, donde se realiza una investigación de
más de 124 delincuentes, relacionados con el narcotráfico colombiano,
entre los 100 de la lista se destaca su nombre como el número 82,
señalado en la investigación como político colombiano colaborador
estrecho del cartel de Medellín, en los altos niveles de gobierno.
Uribe Vélez, se vinculó también a un
negocio involucrado al negocio de los narcóticos en los EUA, con nexos
con el cartel de Medellín y ha sido íntimo colaborador de Pablo Escobar
Gaviria.
El 20 de febrero del 2007, el Diario
Clarín de Argentina publicó una nota firmada por Pablo Biffi, titulada
“Los vínculos de Uribe”. En ella el periodista citó a medios de
comunicación como fuente para sugerir relaciones eventualmente ilegales o
reprochables del Presidente Uribe con respecto al cartel de Medellín y
al paramilitarismo.
Existen serias acusaciones que involucran
al padre de Uribe, Alberto Uribe Sierra con la Familia Ochoa, quienes
hacían parte del cartel de Medellín, él cual había sido pedido en
extradición por el gobierno norteamericano, como se afirma en el libro
Los Jinetes de la Cocaína, de Fabio Castillo. Uribe en una entrevista
reconoció e indico que lo que unía a la familia Uribe y la familia de
Fabio Ochoa Vasco, era una amistad, negocios y los caballos. Sin
precisar qué tipo de negocios. Esto se confirma cuando Uribe recibe
financiamiento para su campaña por parte de Fabio Ochoa Vasco, uno de
los extraditables más buscados del mundo, el mismo capo luego lo
confirma ante los medios en Junio del 2007, indicando inclusive que
fondos destinados a los paramilitares del narcotráfico fueron destinados
a la campaña de Uribe.
El 18 de septiembre del 2014, Uribe,
actual senador ultraderechista, fue acusado de supuestos nexos con
paramilitares y narcotraficantes, en un intenso y largo debate en el
Congreso. La discusión fue promovida por el senador Iván Cepeda, quien
presentó pruebas de sus afirmaciones desde el inicio de la vida pública
de Uribe en los años 80 hasta su llegada a la presidencia, que ocupó
entre 2002 y 2010. “Como parte de las conductas de Uribe que se deben
investigar hay decisiones que claramente han beneficiado al narcotráfico
y al paramilitarismo”, dijo Cepeda, legislador en la Comisión Segunda
del Senado.
Mencionó como ejemplos la concesión de
licencias de aviación a personas relacionadas con el tráfico de drogas,
la legalización de empresas de seguridad dirigidas por jefes de milicias
ilegales de extrema derecha y la defensa del referendo contra la
extradición durante el auge de los cárteles del narcotráfico en los años
90. Entre las pruebas contra Uribe, Cepeda señaló que el ex mandatario
fue miembro principal de la Junta Directiva de la empresa del banquero
del Cártel de Medellín Luis Carlos Molina Yepes, condenado por el
homicidio en 1986 del director del diario El Espectador, Guillermo Cano.
Mostró vínculos del ex gobernante, o de
familiares cercanos, con narcotraficantes como Pablo Escobar, capo del
Cártel de Medellín, la familia Ochoa y el clan de los Cifuentes Villa.
Cepeda indicó que presentará todos los documentos a la Corte Suprema y a
la Fiscalía.
Cepeda, del izquierdista Polo Democrático
Alternativo, afirmó durante un debate de control político celebrado en
el Senado que Uribe colaboró con el narcotraficante Pablo Escobar y
contribuyó a la expansión de la violencia paramilitar en Colombia.
Le acusó de haber otorgado licencias para
aterrizar en Medellín a avionetas del cartel de Escobar cuando era
director de la Aeronáutica Civil (1981-1982), y de haber sido miembro
“de la Junta Directiva de una empresa de Luis Carlos Molina”, condenado
por el homicidio en 1986 de Guillermo Cano, el director del periódico
‘El Espectador’.
Además, según el parlamentario, el
hermano del expresidente, Jaime, mantuvo una relación sentimental con
Dolly Cifuentes, del clan Cifuentes Villa, que “en la actualidad sería
proveedor de cocaína y desempeñaría las tareas de lavado de activos para
el cartel de Sinaloa”.
Cepeda presentó al Senado documentos, grabaciones y vídeos con pruebas y testimonios de exjefes paramilitares.
Uribe no puede ser investigado al haber
sido presidente durante dos legislaturas, pero sí puede serlo, en su rol
de senador, por la Corte Suprema del país.
Además de la disputa con Cepeda, Uribe
acusó al presidente de la Comisión Segunda, el senador Jimmy Chamorro,
de haber recibido dinero de narcotraficantes y aseguró que entregará las
pruebas que lo demuestran. Chamorro está seguro de que el material
probatorio no existe. “Rechazo igualmente, por absolutamente mentirosas y
calumniosas, las alusiones del senador Uribe a la existencia de una
relación de cheques que supuestamente yo habría recibido del
narcotráfico”, indicó Chamorro, citado por Radio Caracol.
Uribe también la emprendió con el
exsenador y actual vicepresidente Germán Vargas Lleras, que acusó a su
hermano Santiago Uribe de urdir un complot paramilitar. Además, Uribe
arremetió contra el actual ministro del Interior, Juan Fernando Cristo,
por “tramitar” cheques del cartel del Valle.
Otro escándalo que compromete a Uribe con
pruebas documentadas es el referido a quien fuera su Jefe de campaña y
también íntimo colaborador, Pedro Juan Moreno Villa, es el dueño de GMP
productos químicos considerado por el Servicio Aduanero de los EUA, como
mayor importador en Colombia del permanganato potásico, precursor que
se emplea en la producción de cocaína.
Álvaro Uribe Vélez, el “precursor del
Narco-Estado”, como ha sido denominado por uno de las más importantes
centros de investigación en materia de narcotráfico internacional, “The
Narco News” desde que en 1997 y 1998, los agentes de aduanas de Estados
Unidos en California detuvieron tres sospechosas naves con destino a
Colombia que, descubrirían luego los agentes, portaban un total 50
toneladas de permanganato de potasio, un precursor químico clave,
necesario en la manufactura de cocaína (ver “Álvaro Uribe, el
Narcotráfico y el Cartel de Medellín”.
De acuerdo a un documento firmado por el
jefe de la DEA Donnie R. Marshall el 3 de agosto de 2001, las naves se
dirigían a Medellín, Colombia, a nombre de una empresa llamada GMP
Productos Químicos.
Las 50 toneladas del precursor químico
destinadas a GMP eran suficientes para fabricar 500 toneladas de
hidroclorato de cocaína, con un valor en la calle de 15 mil millones de
dólares. El dueño de GMP Productos Químicos, de acuerdo al reporte de
2001 de la DEA, era Pedro Juan Moreno Villa, el jefe de campaña y ex
secretario de gobierno durante el periodo de Uribe como Gobernador de
Antioquia y, por mucho tiempo, mano derecha del todavía Presidente de
Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
Moreno fue el alter ego político de Uribe
durante y después de esos nerviosos meses de 1997 y 1998, cuando
esperaba esos envíos de contrabando.
Cuando Uribe fue gobernador del estado de
Antioquia – cuya capital es Medellín – de 1995 a 1997, Moreno era el
secretario de gobierno. Durante esos años, según el entonces jefe de la
DEA Marshall,
“entre 1994 y 1998, GMP fue el más grande importador de permanganato de potasio en Colombia”.
Recordemos que el primer cargo público
del entonces joven licenciado en derecho Álvaro Uribe, fue el de
Director de la agencia de Aeronáutica Civil de Colombia entre 1980 y
1982.
En enero 2014 , la cuñada de Álvaro Uribe
fue extraditada a EE.UU. fue operaria del ‘Chapo’ Guzmán según las
investigaciones. Dolly Cifuentes, integrante del clan Cifuentes Villa,
permaneció casada 15 años y tuvo dos hijos con Jaime Alberto Uribe
Vélez, hermano del ex presidente. Fue extraditada por narcotráfico a
EE.UU., donde se declaró culpable.
Dolly Cifuentes Villa de Uribe se declaró
culpable en uno de cinco cargos de narcotráfico que le hizo una Corte
Federal del sur de la Florida (Estados Unidos). Esta colombiana fue
señalada de ser socia directa del narcotraficante más buscado del mundo,
el mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, jefe del Cartel de Sinaloa.
Tras ser extraditada de Colombia a
Estados Unidos, Cifuentes Villa se declaró culpable de “asociación
ilícita para fabricar y distribuir cocaína consciente de que la droga
iba a ser importada a los Estados Unidos”. Sin embargo, no aceptó otros
cuatro cargos sobre fabricación e importación de drogas desde Colombia y
Guatemala.
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El caso fue abierto en 2006, cuando las
autoridades norteamericanas comenzaron a investigar a la familia
colombiana Cifuentes Villa. Encontraron que los hermanos Francisco
Cifuentes Villa, alias ‘Pacho’ Cifuentes, Jorge Cifuentes Villa, alias
‘Jota’, y Dolly Cifuentes Villa de Uribe, alias ‘La Meno’ habían creado
rutas para distribuir toneladas de cocaína desde Colombia hasta México y
Estados Unidos. De acuerdo con la Fiscalía Federal, la familia
Cifuentes Villa se asoció con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, líder del
cartel de Sinaloa. Mientras tanto, para las autoridades colombianas
Dolly Cifuentes era la encargada de ‘blanquear’ el dinero de la venta de
cocaína a través de empresas ficticias y de bienes raíces, tanto en
Colombia como en Panamá y México.
La defensa de Dolly Cifuentes Villa
estuvo a cargo de Bonnie Klapper, una ex fiscal federal conocida por
haber encarcelado a grandes narcotraficantes del mundo de la última
década. La contratación de esta abogada, que pasó de acusar delincuentes
a defenderlos, le significó a Cifuentes Villa un éxito judicial que
causó asombro en Estados Unidos: la jueza de la causa, Joan Lenard, la
condenó a escasos cuatro años de cárcel. Para la prensa norteamericana
resultó bastante particular que la jueza accediera a muchas de las
peticiones de la ex fiscal. Una de ellas fue la de sacar de la sala de
audiencias a todos los periodistas que acudieron a cubrir el juicio,
alegando razones de seguridad de la familia Cifuentes Villa. Además, de
los cinco cargos que estaban preparados contra ella apenas se le
imputaron dos que en la justicia norteamericana suelen castigarse hasta
con prisión perpetua.
Durante los ocho años del gobierno de
Alvaro Uribe Vélez (2002-2010) no hubo ninguna clase de acción policial
ni judicial contra el clan de la cuñada del presidente.
Dolly Cifuentes y Alberto Uribe Vélez
Dolly Cifuentes Villa, apodada ‘La Meno’,
es la mamá de Daniel Alberto Uribe Cifuentes y Ana María Uribe
Cifuentes, quien también fue buscada por los mismos delitos de
Narcotráfico de la madre. El papá de Ana María y Daniel Alberto es el
hermano menor del ex presidente Uribe Vélez, el difunto agrónomo Jaime
Alberto Uribe Vélez, quien fue conocido en Medellín con los alias
‘Arepa’ ó ‘El Pecoso’, con cédula de ciudadanía colombiana número
15367461. Jaime Alberto, murió de cáncer en la garganta en Medellín el
24 de septiembre de 2001 y sus restos mortales reposan en un osario en
la cripta de la parroquia de Santa Teresita, en Medellín.
En la Registraduría Nacional del Estado
Civil de Colombia hubo revuelo cuando este periodista intentó
reconfirmar los nombres de los padres de Ana María Uribe Cifuentes:
Dolly Cifuentes Villa y Jaime Uribe Vélez. Inicialmente, se informó de
manera extraoficial que la tarjeta decadactilar correspondiente había
desaparecido de los archivos de registro civil. Posteriormente, se
informó que existía una copia auténtica microfilmada en uso de buen
recaudo. La cédula de ciudadanía de la sobrina de Álvaro Uribe Vélez, de
acuerdo con la Fiscalía Federal de Estados Unidos, es la 43162647,
expedida en Medellín.
El registro civil de nacimiento de Ana
María Uribe Cifuentes está radicado en la notaría 15 de Medellín bajo el
número 5953052, según copia que posee este periodista. Allí consta que
nació el 1 de febrero de 1980, en la clínica San Pedro Claver, de
Medellín. Su madre, Dolly Cifuentes Villa, fue inscrita para la época
como “estudiante” y el padre, Jaime Alberto Uribe Vélez, como
“agrónomo”. La pareja matrimonial registró como lugar de residencia la
calle 52 número 40 -156, de Medellín.
Hijos y sociedad conyugal
Jaime Alberto Uribe Vélez, dio fe por
escritura pública el 22 febrero de 1994, ante el notario 17 de Medellín,
que en esa fecha tenía “sociedad conyugal vigente” con la colombiana
Dolly de Jesús Cifuentes Villa.
Dolly de Jesús Cifuentes y Jaime Alberto
Uribe Vélez confirmaron su “sociedad conyugal vigente” al firmar la
escritura pública número 310 por medio de la cual adquirieron por valor
de 52 millones 915 mil pesos colombianos el apartamento 701 del edificio
Altobelo, situado en la carrera 36ª No. 12 A – 21, de Medellín,
fracción El Poblado (ver facsímil abajo).
El apartamento, de 295 metros cuadrados y
tres parqueaderos, fue adquirido por la pareja para el segundo hijo del
matrimonio, Daniel Alberto Uribe Cifuentes (ver http://bit.ly/LBlRY9), quien para entonces tenía cuatro años de edad, 10 menos que su hermana Ana María Uribe.
El apartamento fue vendido a la pareja
Uribe Vélez- Cifuentes Villa por Benjamín Harold Cadavid Elejalde, con
cédula de ciudadanía colombiana número 3.311.120, expedida en Medellín.
La relación Uribe Vélez-Cifuentes Villa
se inició antes del nacimiento de Ana María Uribe en febrero de 1980 y
en febrero de 1994 continuaba, para entonces con dos hijos y “sociedad
conyugal vigente”, dice la escritura mencionada.
Jaime Alberto Uribe Vélez, difunto
hermano del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, no tuvo solamente un hijo
sino dos hijos (Ana María y Daniel Alberto) con Dolly de Jesús Cifuentes
Villa. El segundo hijo del matrimonio Uribe Vélez con Cifuentes Villa
es Daniel Alberto Uribe Cifuentes. Contra él no hay requerimientos de la
justicia de Estados Unidos ni de la colombiana. Nació en Medellín el 5
de octubre de 1990 a las 8 de la mañana, en la Clínica Soma.
Fue registrado en la notaría Octava de
Medellín el 19 de diciembre de 1991. De acuerdo con el documento de
inscripción en el Registro Civil, el padre, Jaime Alberto Uribe Vélez,
aparece como comerciante de profesión y la madre como analista de
sistemas.
No obstante que la unión de su hermano
Jaime Alberto con Dolly de Jesús Cifuentes duró por lo menos 15 años, de
acuerdo con la escritura mencionada, el expresidente Uribe optó por
desconocer a su cuñada y a su sobrina mayor, hoy con 32 años de edad.
La extradición
La extradición de Dolly Cifuentes Villa
fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia el 8 de
febrero de 2012 pero curiosamente fue suspendida en mayo del mismo año
por medio de una resolución del ministro de Justicia, Juan Carlos
Esguerra. No obstante, el jueves 7 de junio de 2012 Presidencia de la
República reinició su proceso de extradición.
Mientras tanto, por el lado de Ana María
Uribe Cifuentes, una fuente autorizada del alto gobierno en Colombia que
pidió no ser identificada sostuvo que el paradero de la sobrina del
expresidente Álvaro Uribe Vélez era desconocido, a pesar de que se
suponía la mujer debía estar presa en la cárcel de Mujeres El Buen
Pastor, de Bogotá.
El expediente de extradición de Ana María
Uribe Cifuentes, nacida en Medellín el 1 febrero de 1980, no aparece en
la Corte Suprema de Justicia de Colombia, donde debería estar radicado.
Nadie tiene allí una explicación, pese a que fue arrestada
correctamente en Medellín por la Fiscalía General de la Nación con fines
de extradición y a instancias expresas del Gobierno de Estados Unidos.
Según las investigaciones Dolly Cifuentes
Villa y Ana María Uribe Cifuentes pertenecen al clan familiar
Cifuentes-Villa que, de acuerdo con la DEA, introdujo a Estados Unidos
al menos 30 toneladas de cocaína entre los años 2009 y 2011. Pero que,
además, lavó dinero del narcotráfico en Colombia, Ecuador, Uruguay,
Panamá y México.
La Presidencia de Colombia ha expresado
desde junio de 2012 desconocer el paradero de Ana María Uribe y tampoco
ha tenido una explicación al hecho de que no aparezca su expediente de
extradición.
El Instituto Penitenciario de Colombia,
INPEC, no respondió a este periodista un pedido de información de Ana
María Cifuentes. Tampoco indicó en qué cárcel se podría encontrar.
Dolly Cifuentes Villa y su hija Ana María
Uribe aparecen en la “Lista Clinton” del gobierno de Estados Unidos. En
ella, Washington recoge los nombres de empresas y personas vinculadas
al narcotráfico y el terrorismo alrededor del mundo con las cuales los
ciudadanos estadounidenses tienen prohibido hacer negocios.
La extradición a Estados Unidos de Dolly
Cifuentes Villa fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia de
Colombia el 8 de febrero de 2012. Juan Manuel Santos, Presidente de la
República, autorizó la extradición de la colombiana el 6 de agosto de
2012. Algunas fuentes se atreven a decir que esta determinación, aumentó
del todo la distancia entre Álvaro Uribe y Santos. Sin embargo, en el
acuerdo sellado entre Colombia y Estados Unidos quedó estipulado que
Cifuentes no puede enfrentar una condena a cadena perpetua ni a muerte.
Por su parte, la embajada de Estados
Unidos en Ciudad de México indicó que Ana María Uribe operaba con “los
colombianos Mauricio Bárcenas Rivera, Omar Mejía Zuloaga y el
ecuatoriano-uruguayo Jesús María Castro”.
Los antecedentes
Dolly Cifuentes, nacida en Medellín el 14
de junio de 1964, posee la cédula de ciudadanía colombiana número
43020313. Fue arrestada en Medellín el 6 de agosto de 2011 por pedido
diplomático de la justicia estadounidense, mientras su hija Ana María
Uribe cayó en poder de las autoridades, también en Medellín, un mes
después.
La Policía Nacional de Colombia indicó
que Dolly Cifuentes Villa “era la encargada del lavado de dinero
proveniente de las actividades de narcotráfico del cartel de Sinaloa
mediante la constitución de empresas de importación con oficinas en
Colombia, Panamá, México, Brasil y Estados Unidos”
A Dolly Cifuentes las autoridades
estadounidenses le encontraron en Colombia “32 empresas nacionales y 17
con sede en el exterior, de propiedad de su familia”, informó la Policía
de Colombia. Estos bienes se encuentran en proceso judicial de
expropiación.
Tales empresas, agregó la misma fuente,
están “avaluadas en más de 200 millones de dólares” y sus utilidades
“permitieron acumular abundantes riquezas representadas en bienes
raíces”.
La Fiscalía General de Colombia explicó
que “entre los bienes afectados hay 255 inmuebles, 11 establecimientos
comerciales, 33 establecimientos de comercio y acciones de un club de
Bogotá”.
La Fiscalía colombiana agregó que la
mayor parte de las propiedades de este clan, “están en cabeza de los
hermanos Jorge Milton e Ildebrando Cifuentes Villa, quienes tienen orden
de captura, y Dolly Cifuentes Villa”. Esos bienes, de acuerdo con la
misma fuente, se encuentran en “Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena,
Pereira y Montería”.
Ana María Uribe lideró presuntamente
actividades criminales, entre otras, a través de la compañía Cifuentes
Uribe y Compañía S:C:S., (hoy en disolución) consagrada al comercio de
finca raíz.
La primera resolución de acusación o
“indictment” hecha por el gobierno de los Estados Unidos contra Dolly
Cifuentes y su hija Ana María Uribe fue la 07-20508-CR LEONARD, dictada
el 4 de noviembre de 2010 por la Corte Federal del Distrito Sur de la
Florida. Otro pedido más de Estados Unidos contra ambas mujeres y su
clan es el 11-CR-101, de febrero 3 de 2011, emanado de la Corte Federal
del Distrito Sur de Nueva York.
El Clan Cifuentes Villa
El Clan Cifuentes Villa (ver http://bit.ly/JRx1bF
), de acuerdo con la agencia estadounidense antidrogas, DEA, introdujo a
Estados Unidos al menos 30 toneladas de cocaína entre 2009 y 2011 y
posee bienes y empresas en Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá y México.
Madre e hija, según la DEA, hacen parte
del clan delincuencial y familiar conocido como el de los Cifuentes
Villa, una familia del departamento de Antioquia, Colombia. Desde su
creación, en los años 80, el líder de este grupo fue Fernando Cifuentes,
quien trabajó como sicario para Pablo Escobar y el también
narcotraficante Hernando Henao alias ‘El Hombre del Overol’.
El 6 de noviembre de 1996, por orden de
Henao, Fernando Cifuentes asesinó en el centro comercial de Bogotá
Hacienda Santa Bárbara al célebre gánster Efraín Hernández, alias ‘Don
Efra’.
Fernando Cifuentes Villa fue asesinado
días más tarde por el propio Henao y su socio criminal Wilmer Varela,
alias “Jabón”, para tratar de borrar el rastro del homicidio de ‘Don
Efra’.
Tras la muerte de Fernando, la jefatura
del clan fue asumida por su hermano menor Francisco ‘Pacho’ Cifuentes
Villa. Este, de acuerdo con la Policía de Colombia, “en los años 80 y 90
se convirtió en piloto personal y hombre de confianza del entonces jefe
del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria”.
El clan de los Cifuentes creció a lo
largo de los ochos años de los dos períodos presidenciales consecutivos
de Uribe Vélez (de agosto de 2002 a agosto de 2010). No obstante,
Francisco “Pacho” Cifuentes Villa fue asesinado en abril de 2007 en su
hacienda Villa Aurora, situada en la localidad de Caucasia, Antioquia,
por orden del narcotraficante de Medellín Diego Fernando Murillo
Bejarano, alias ‘Don Berna’.
El homicidio, de acuerdo con la Policía
Colombiana, fue cometido porque Francisco Cifuentes Villa le negó a ‘Don
Berna’ permiso para utilizar una pista aérea que poseía a orillas del
Océano Pacífico, en Bahía Cupica, departamento de Chocó.
La DEA y la Policía colombiana
descubrieron que Francisco Cifuentes Villa también tenía en Bahía Cupica
una planta contigua procesadora de pescado en la que empacaba cocaína
que desde su pista propia le enviaba al cartel mexicano de Sinaloa, del
que se hizo socio además de proveedor.
Cuando ordenó el asesinato de Francisco
Cifuentes Villa, “Don Berna” usó pistoleros de su organización sicarial,
la multinacional del crimen conocida como ‘Oficina de Envigado’. Un
centro de operaciones criminales creado en los mejores días de Pablo
Escobar y su jefatura suele ejercerla por tradición quien logra ser el
máximo jefe de turno del narcotráfico en el departamento de Antioquia.
Tras asesinar a Cifuentes, ‘Don Berna’
hizo saber que se preparaba para exterminar al clan de los Cifuentes
Villa, incluida la sobrina del expresidente. Aunque “Don Berna” se
encontraba preso y aislado en una cárcel de máxima seguridad, el 13 de
septiembre de 2007 el entonces Presidente Uribe Vélez impartió una orden
sin antecedentes cuyo cumplimiento supervisó él mismo: trasladar a ‘Don
Berna’ a una fragata de la Marina de Guerra para mantenerlo
completamente incomunicado en alta mar, en aguas del Pacífico.
Mediante comunicación de prensa, el 13 de
septiembre de 2007 las Fuerzas Militares de Colombia informaron que
otro narcotraficante llamado Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’ y ‘Don
Berna’ fueron trasladados de la cárcel de Cómbita a buques-prisión de
la Armada”. El comunicado militar especificó: “En el caso de ´Macaco´,
el traslado se hizo porque el Gobierno conoció pruebas de que continuaba
delinquiendo desde la cárcel. En el caso de ´Don Berna´ se adujeron
razones de seguridad”.
Ambos delincuentes en aquella oportunidad
delegaron su vocería en la controvertida congresista y aliada política
del entonces Presidente Uribe, Rocío Arias, quien luego perdió su puesto
en la Cámara de Representantes y fue sentenciada a prisión por la Corte
Suprema de Justicia que la halló culpable de pertenecer a escuadrones
de la muerte del narcotráfico de extrema derecha. La misma suerte corrió
con una treintena de congresistas integrantes de las bancadas de Uribe
en el Senado y la Cámara baja, entre ellos su primo Mario Uribe.
Tiempo después, ‘Don Berna’ y ‘Macaco’
fueron llevados a la penitenciaría de Cómbita (al norte de Bogotá),
reputada como la más segura de Colombia. Allí permanecieron hasta que
fueron extraditados a Estados Unidos por múltiples delitos,
principalmente narcotráfico.
El Departamento de Justicia de Estados
Unidos recientemente ofreció rebajas de penas a los narcotraficantes y
paramilitares colombianos extraditados a ese país a cambio de que
confiesen la totalidad de los crímenes que cometieron en Colombia,
además de narcotráfico, y desenmascaren a quienes fueron sus aliados.
Hermanos Uribe Vélez
Jaime Alberto Uribe Vélez, el padre de
Ana María, fue apresado en 1986 por tropas de la IV Brigada del Ejército
de Colombia porque desde su radio-teléfono la inteligencia militar
registró llamadas a Pablo Escobar pero nunca fue juzgado por este caso.
Otro hermano de Uribe, Santiago Uribe
Vélez, tiene abierto un expediente en la Fiscalía General de Colombia.
Es señalado de haber organizado y liderado el escuadrón de la muerte
conocido como “Los Doce Apóstoles”, responsable de al menos medio
centenar de asesinatos. El principal testigo de cargo en este caso es el
ex mayor de la Policía Nacional Juan Carlos Meneses, quien ha confesado
su participación en varios de los crímenes del grupo paramilitar que
tenía su base de operaciones en la hacienda “La Carolina”, propiedad del
ex presidente Álvaro Uribe Vélez y sus hermanos, los que habrían
formado un clan familiar de la muerte.
Meneses y otros testigos que dicen haber
pertenecido a “Los doce apóstoles” sostienen que en aquella hacienda
existen fosas comunes con los restos mortales de víctimas de la
organización.
Ficha de delincuencia del Departamento de Estado de EUA de Álvaro Uribe Vélez
Confidencial. Septiembre 1991.
Informe clasificado Confidencial. Departamento de Defensa de EE.UU. (DIA. Defense Intelligence Agency).
Narcotraficante nro 82. Álvaro Uribe
Vélez. Político colombiano y senador dedicado a colaborar con el Cartel
de Medellín a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a
negocios relacionados con drogas en Estados Unidos.
Su padre fue asesinado en Colombia debido
a sus conexiones con los carteles y traficantes de drogas. Uribe ha
trabajado para el Cartel de Medellín y ha sido amigo personal cercano de
Pablo Escobar Gaviria.
Uribe ha participado en la campaña
política de Escobar para ganar el puesto de parlamentario suplente de
Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado ha
atacado todas las formas del Tratado de Extradición (de Colombia con los
Estados Unidos).
CARGOS POR PARAMILITARISMO
Su gobierno ha sido criticado por la
multiplicidad de violaciones recurrentes a los derechos humanos. Estas
críticas han venido de diversas organizaciones sociales. Inclusive la
organización de derechos humanos Human Rights Watch ha conminado al
gobierno de Estados Unidos a expresar su preocupación por ese mismo
tema, ante lo cual nada se ha hecho aun a pesar de la cantidad de
pruebas de múltiples asesinatos que comprometen a Uribe al mejor estilo
de las GAL de España donde se encontraba involucrado Felipe Gonzales.
Durante 2005, se desató en Colombia una
serie de investigaciones que comprometían a varios aliados políticos y a
algunos funcionarios del gobierno de Uribe y ha él mismo con grupos
paramilitares ilegales colombianos como las autodefensas unidas de
Colombia – AUC, en lo que se denominó la “Parapolítica”. A este proceso
se le conoce como el escándalo de la parapolítica. Según las
investigaciones varios dirigentes políticos se habrían beneficiado de
estas alianzas por medio de la intimidación, asesinatos y la acción
armada de los grupos paramilitares contra la población civil, algunos
habrían presuntamente alcanzado inclusive cargos en alcaldías, consejos,
asambleas municipales y gobernaciones así como en el Congreso de la
República y otros órganos estatales superiores. A su vez algunos de los
políticos y funcionarios desde sus cargos habrían desviado dineros para
la financiación y conformación de grupos armados ilegales denominados
paramilitares y habrían filtrado información para facilitar y beneficiar
las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres,
asesinatos selectivos, construcción de fosas comunes como la denominada
Gran Fosa Uribe con más de 10.000 desaparecidos, desplazamientos
forzados y otras acciones criminales también graves y considerables que
tenían por objetivo extender el poder parapolítico de Uribe en el
territorio nacional colombiano.
El 17 de noviembre de 2006, en su
discurso con motivo de la Conmemoración de los 120 años de la Corte
Suprema de Justicia, Uribe llamó falsamente y con hipocresía a los
congresistas y funcionarios públicos a declarar si tenían nexos con los
paramilitares, declarando que la responsabilidad penal es individual y
no puede afectar a las instituciones y reiteró la invitación sarcástica a
los paramilitares para que digan si tuvieron nexos con él.
Entre los funcionarios investigados se
encuentran Jorge Aurelio Noguera Cotes ex director del Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS) y excónsul en Milán; Luis Camilo
Osorio, ex Fiscal General nombrado embajador en México y Salvador Arana,
ex gobernador del departamento de Sucre y ex embajador encargado en
Chile. El congresista Mario Uribe Escobar, primo del presidente y uno de
sus principales aliados políticos, también fue vinculado a una
investigación por sus vínculos con el paramilitarismo. A grupos de
políticos y empresarios relacionados a un entorno paramilitar.
Jorge Noguera, también amigo muy cercano a
Uribe, trabajo activamente en su campaña política, luego ocupo el cargo
de Director del DAS, y salió por ser acusado de favorecer a grupos de
autodefensa paramilitares y a peces gordos del narcotráfico a quienes se
brindaba protección en combinación con la DEA, así lo denuncio el ex
jefe de informática del DAS Rafael García.
Otro escándalo es el relacionado a José
Obdulio Gaviria, miembro del equipo de trabajo del entorno cercano de
Uribe, consejero y hombre de confianza, pero que resultaba ser, primo
hermano de Pablo Escobar Gaviria.
En 2008 estalló uno de los mayores
escándalos del gobierno de Uribe, el de los denominados Falsos
Positivos, o ejecuciones extrajudiciales realizadas por órdenes directas
de su gobierno, ejecuciones que suman a más de 10.000 muertes. En este
caso, se descubrió que miembros del Ejército Nacional asesinaron civiles
inocentes, para hacerlos pasar luego como guerrilleros dados de baja y
mostrar resultados en la lucha contra los grupos insurgentes. Los
detenidos era maniatados, fusilados, descuartizados y luego enterrados
en fosas comunes. Dicha violación de los Derechos Humanos por parte de
las FFMM, implicó la renuncia del comandante del ejército en ese
momento, el general Mario Montoya y la destitución de varios oficiales y
suboficiales bajo las órdenes de Uribe. Alarmantes cifras muestran más
de 10.000 víctimas de tales crímenes, catalogados como de lesa humanidad
y han encendido las alarmas en organismos internacionales y de derechos
humanos. La CPI ha manifestado, de manera reciente, que hay suficiente
base para afirmar que se trató de una política de estado (terrorismo de
estado) del gobierno narco paramilitar de Uribe, quien es investigado
por dicho tribunal, junto con miembros de la fuerza pública y sobre el
que pesan actualmente acusaciones de crímenes de lesa humanidad.
El gobierno de Uribe y su ministro de
defensa Juan Manuel Santos aún están bajo investigación sin prosperar
nada claro debido a las fuertes presiones del poder paramilitar y el
narcotráfico sobre la justicia colombiana. Y se multiplican las
denuncias en contra de Uribe por las acciones criminales realizadas
contra los grupos sociales más pobres y por el número de muertos. La
situación conllevó a algunos militares inescrupulosos asesinaran a
jóvenes inocentes y fueran mostrados luego como terroristas para inflar
sus resultados operacionales de la estrategia Uribe.
Caso Convivir
Uribe fue acusado con apoyo de
documentación, en un debate en el Congreso de Colombia por el senador
del Polo Democrático Alternativo (PDA), Gustavo Petro, donde se lo acusa
a Uribe de ser uno de los principales promotores del paramilitarismo en
Colombia debido a su apoyo decisivo a las fuerzas de seguridad
paralelas CONVIVIR, que al final resultaron ser fuerzas paramilitares al
servicio y para protección del narcotráfico, todos legalizados por
Uribe. Según Petro, en la finca ‘Las Guacharacas’, de propiedad del
Presidente Álvaro Uribe, llegó la CONVIVIR Cóndor dirigida por Juan
Villegas Uribe quien tenía contacto permanente con alias ‘Lucas’, un
reconocido jefe paramilitar de la zona. Petro afirmó que en esa finca se
ejecutaron asesinatos de varios campesinos y se los sepulto en fosas
comunes.
El senador Petro denunció a Santiago
Uribe Vélez, hermano del presidente Uribe de tener nexos con el Cartel
de Medellín, después de mostrar una fotografía de él con Fabio Ochoa
Vásquez, miembro de ese cartel. Petro afirmó que la foto era del año
1985 fecha en que Ochoa ya era perseguido por la justicia internacional.
Luego afirmó que en la finca La Carolina, propiedad de la familia de
Uribe, los paramilitares montaron una base de operaciones para
planificar y ejecutar asesinatos masivos y selectivos. Los paramilitares
tomados de la mano de la mafia asesinaron a centenares de decenas de
miembros de la Unión Patriótica, UP, a dirigentes de izquierda y a
reconocidas figuras de los partidos tradicionales como Luis Carlos
Galán. En esta espiral de violencia, terminaron derribando el avión de
Avianca y colocándole un carro bomba al DAS.
Petro mencionó que en Antioquia operaron
unas ochenta y dos cooperativas de CONVIVIR entre 1995 y 1997
financiadas por Uribe, dando cuenta de que entre dichas cooperativas de
seguridad rural actuaron varios políticos funcionales a Uribe, entre
otros, como responsables de dichas organizaciones, Salvatore Mancuso,
Javier Piedrahita, José María Barrera, Mario Prada Cobos, Rodrigo Peludo
Cadena, Salomón Feris, Jorge Luis Alfonso López alias Monoleche y
varios familiares de Enilce López, conocida con el alias de “la gata”.
Varios de estos acusados residen actualmente en Panamá o Miami o se
campean aun dentro de la misma Colombia apadrinados por el gobierno
norteamericano.
Petro analizó en particular el accionar
de la Convivir El Condor, que actuó en la región de San Roque
(Antioquia), y según su exposición hubo algunas reuniones de
paramilitares que supuestamente se realizaron en la finca “Guacharacas”,
de propiedad Uribe y su familia. Así mismo insistió en la creación del
grupo armado “los doce apóstoles” que lideraba Santiago, hermano del
presidente Uribe. Petro concluyó que la ‘Creación de CONVIVIR por Uribe
fue el premio a paras’ en 1994, en alianza con el cartel de Cali y el
Estado colombiano que estuvo tras el asesinato de Pablo Escobar.
Para Uribe, la participación significaba
esencialmente la implicación de la población civil en tareas de
seguridad de tipo paramilitar, por lo que se convirtió en el más firme
impulsor de las Cooperativas de Seguridad aprobadas por el Gobierno con
el supuesto objetivo de establecer distintas modalidades de colaboración
de civiles armados con la Fuerza Pública, para supuestamente colaborar a
la seguridad ciudadana. Unas 70 entidades de este tipo, conocidas como
Convivir, fueron creadas en Antioquia durante su mandato, muchas de las
cuales:
“fueron utilizadas por los terratenientes
y narcotraficantes para aplicar la política contrainsurgente de `tierra
arrasada´ en numerosas zonas campesinas y en la misma capital
antioqueña. Fue con las Convivir que los paramilitares lograron su
despliegue nacional, se consolidaron en Antioquia (…),asesinando y
desplazando a miles de campesinos”.
El periodista Ricardo Ferrer investigó la
trayectoria de Uribe en esos años y concluyó que él y su secretario de
Gobierno, Pedro Juan Moreno Villa , construyeron una “red paramilitar”
dentro de la Gobernación de Antioquia:
“`Mientras el secretario de gobierno,
Pedro Juan Moreno Villa, promovía las compañías de vigilancia privada,
bautizadas como CONVIVIR, la Secretaría de Desarrollo Comunitario
identificaba las comunidades reacias o favorables al proyecto
paramilitar´. Tal afirmación era unánime entre los funcionarios que se
entrevistó. La Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Gobernación de
Antioquia de Uribe, elaboraba listas de todos los líderes de la
comunidad y los clasificaba entre amigos y enemigos. Los `enemigos´
quedaban en listas negras. Personas que tenían que matar. La otra lista
era de gente que les podía ayudar en la expansión paramilitar. Esas
personas afines ingresaban en el grupo de las cooperativas de vigilancia
privada, CONVIVIR. Se comprobó luego la relación directa de las
CONVIVIR con los escuadrones de la muerte”.
Ferrer interpuso una denuncia ante la
Fiscalía; la investigación judicial no prosperó, pero el periodista tuvo
que exiliarse. Las revelaciones efectuadas años después por los
antiguos jefes paramilitares, acogidos a la ley de Justicia y Paz,
confirmarían la relación entre estas cooperativas y los paramilitares, y
el papel que jugó la Gobernación. Raúl Hasbún, miembro de la cúpula de
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), reconoció que las Convivir
que formaron con el apoyo de la Gobernación fueron el medio “para
legalizar los pagos” que hacían las empresas a los paramilitares: unos
7.200 millones de pesos al año; el ex paramilitar entregó unos listados a
la Fiscalía donde señala a 270 bananeros, 400 ganaderos y “unos miles
de comerciantes” de ser financiadores de los paramilitares y dijo:
“¿Cómo explico yo que el doctor Pedro Juan Moreno, mi general Rito Alejo
del Río… todos sabían los nexos o las relaciones del paramilitarismo”.
Salvatore Mancuso, mano derecha del máximo comandante de las AUC, Carlos
Castaño, reveló desde la cárcel de Estados Unidos, donde fue recluido
tras ser extraditado, que a través de Moreno se coordinaron “acciones de
seguridad” en las que las Autodefensas apoyaron a la Fuerza Pública;
Mancuso añadió que se reunió con el entonces gobernador Álvaro Uribe en
su finca de El Ubérimo.
En aquellos años, el gobernador fue
recabando apoyos entre líderes políticos de distinto signo, ex
guerrilleros reinsertados y latifundistas ultraconservadores, que le
resultaron muy útiles en su futuro político. Así, tras su paso por la
Gobernación, se desligó del Partido Liberal y lanzó su propia
candidatura para las elecciones presidenciales de 2002. Su férrea
oposición a un proceso de paz que parecía no conducir a ninguna parte
mientras la guerra continuaba, su supuesta independencia de los partidos
tradicionales y la psicosis antiterrorista desatada tras el 11-S y el
gran apoyo de EUA, lo catapultaban a la Presidencia. Pero, además, hubo
otros importantes respaldos: el proselitismo armado de las AUC y el
dinero del narcotráfico. Hasta cuatro altos mandos de los paramilitares
han admitido en los tribunales que la “Casa Castaño” ordenó que todos
colaboraran activamente en la campaña de Uribe porque lo consideraban
“un amigo de la organización” con quien tenían afinidad “desde que se
desempeñaba como Gobernador de Antioquia”. No reconocieron haber usado
la fuerza, pero los precedentes de sus brutales reacciones cuando sus
órdenes eran desobedecidas bastaban para que los campesinos supieran por
quien votar.
Con el fusil en el hombro, los
paramilitares repartieron propaganda con las caras de Uribe y su
candidato a la Vicepresidencia, Francisco Santos; entregaron camisetas y
el día de la votación “usaron buses y camiones para llevar a los
campesinos y pobladores de dichas regiones a los puntos de votación, no
sin antes manifestarles la necesidad de votar por Uribe”. Sólo en el
departamento del Norte de Santander invirtieron unos 100 millones de
pesos en la campaña, pero todos los registros contables fueron quemados
semanas antes de iniciar el proceso de desmovilización. Mancuso aseguró
que estas acciones se coordinaron en las reuniones que tuvo con algunos
asesores de la campaña y que Uribe “sí tenía conocimiento, es imposible
negar que no tuviera conocimiento [sic] cuando tenga las condiciones les
voy a contar cómo y cuándo se presentaron todos estos hechos”, dijo al
tribunal; el ex paramilitar teme por la seguridad de su familia en
Colombia y por las amenazas de Uribe. Uribe lo denunció por injuria y
calumnia.
En aquellos días, la alianza entre
narcotráfico y paramilitarismo ya estaba consolidada gracias a Uribe.
Fabio Enrique Ochoa, uno de los capos de los narcotraficantes, aseguró
que tuvo negocios conjuntos con Mancuso para introducir armas y exportar
cocaína y que fue testigo de la colaboración económica de las AUC a la
campaña de Uribe; confiesa que, además de aportar él mismo 150.000
dólares, se comprometió “a movilizar en Antioquia a unas 5.000 personas y
la orden era que tenían que votar por Uribe. Después de que ganó Uribe,
Mancuso nos decía que ahora sí eran los cuatro años de nosotros y vamos
a manejar esto como queramos”.
El 26 de mayo de 2002, Álvaro Uribe Vélez
obtuvo la Presidencia de Colombia aunque la mayoría de la población se
abstuvo (53,53%). La puesta en práctica de su Política de Seguridad
Democrática hizo resurgir con fuerza la doctrina de Seguridad Nacional:
todos los ciudadanos son combatientes y quienes no colaboren con la
Fuerza Pública son sospechosos de terrorismo, porque en Colombia, según
Uribe, no hay un conflicto armado interno sino una lucha contra
terroristas financiados por el narcotráfico. Al final de su primer
mandato (2002-2006), el país estaba inmerso en una grave crisis
humanitaria en la que no sólo se intensificó la crudeza de la guerra
-hubo 8.000 combates, un 149% más que en el Gobierno anterior sino que
se promovió una abundante legislación de carácter autoritario –Estado de
conmoción interior, estatuto antiterrorista, límites a la Corte
Constitucional- que dio carta blanca a la Fuerza Pública y,
consecuentemente, aumentaron las violaciones a los derechos humanos
cometidas por agentes estatales y paramilitares; estos últimos, además,
se beneficiaron del proceso de desmovilización.
En Marzo del 2007 la senadora del Partido
Liberal Colombiano, Piedad Córdoba en un seminario internacional
llamado “Solidaridad con las luchas del pueblo colombiano” en Ciudad de
México, Córdoba aprovechó la ocasión para denunciar a Uribe por sus
vínculos con la mafia el paramilitarismo y ordenar asesinatos masivos.
Indico que nadie puede dudar en Colombia y el extranjero que existe un
vínculo claro entre los paramilitares y la cabeza del gobierno. Todos
los caminos del paramilitarismo conducen a Uribe, un presidente
paramilitar.
Los vínculos de Uribe con el
paramilitarismo se hacen más evidentes al aparecer en un video del 31 de
octubre del 2001, entregado al Departamento de Estado de EUA, en el
video se ve a Uribe junto a líderes de la ultraderecha, cuando aún Uribe
era candidato presidencial, se lo ve conversar a gusto y saludar al
líder paramilitar Esteban, acusado de más de 80 homicidios y 10 masacres
de inocentes.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de
Colombia condenó a nueve años de cárcel al expresidente del Congreso
colombiano, Luis Humberto Gómez Gallo, por sus nexos con paramilitares.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de
Colombia condenó a nueve años de cárcel al expresidente del Congreso
colombiano, Luis Humberto Gómez Gallo, por sus nexos con paramilitares.
La Corte Suprema consideró probado el
hecho de que Gómez Gallo se aliara con el llamado Bloque Tolima de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares) para lograr un
escaño en el Congreso.
“La Sala tiene la certeza de que Luis
Humberto Gómez Gallo se concertó con el Bloque Tolima, a través de su
comandante ‘Elías’, y también con el benefactor del grupo armado al
margen de la ley, Eduardo Restrepo Victoria, ‘el Socio’”, cita el fallo.
La CSJ también dispuso, asimismo, inhabilitar a Gómez Gallo de sus derechos y funciones públicas por 108 meses.
Gómez Gallo, de 51 años, del Partido
Conservador y quien fuera presidente del Congreso colombiano entre julio
de 2004 y el julio de 2005, había sido detenido el 10 de diciembre de
2007 pero fue dejado en libertad el 12 de agosto del 2008 por falta de
pruebas.
El primer procesado por los mismos
delitos fue Mario Uribe Escobar, el expresidente del Congreso de
Colombia y primo del exmandatario Álvaro Uribe, quien paga una pena de
siete años y medio de cárcel.
El tercer enjuiciado po la CSJ en abril
pasado por sus presuntos vínculos con jefes paramilitares dentro del
escándalo conocido como “parapolítica” es el expresidente del Congreso y
exsenador Javier Cáceres Leal.
El caso es parte de las investigaciones
iniciadas hace más de dos años y que actualmente involucran a unos 420
políticos colombianos. Unos 70 congresistas y exparlamentarios están
siendo investigados, 30 de ellos están detenidos por órdenes del
Tribunal Supremo y más de 20 han sido condenados, casi todos por sus
vínculos con paramilitares.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal
Superior de Medellín ha iniciado el proceso de investigación contra el
expresidente colombiano Álvaro Uribe por su presunta implicación en la
masacre ocurrida en El Aro en 1997, informa ‘El Espectador’.
La acusación basa sus suposiciones sobre
varios testimonios que indican que el helicóptero del Servicio Aéreo de
Salud de Antioquía, donde Uribe fue gobernador, estuvo en el lugar de la
matanza. El exmandatario refuta las inculpaciones denunciando que son
una persecución política.
Uribe ha sido señalado de participar
habitualmente en el diseño y ejecución de matanzas perpetradas por los
paramilitares colombianos, como el caso de la “matanza de El Aro”
cometida en 1.997.
En esa, según relata el periódico de
Miami, “El Nuevo Herald” en su edición del 6 de agosto de 2009, el
mismísimo Álvaro Uribe, planeo la matanza con los dirigentes de las AUC
(Autodefensa Unidas de Colombia) y posteriormente acudió personalmente a
felicitar a los paramilitares que “brillantemente” habían asesinado,
con motosierras, al menos a 15 campesinos indefensos, matanza por la que
la Corte Interamerica de Derechos Humanos condenó a Colombia.
El grupo paramilitar “Los doce apóstoles”
habría tenido sede en la hacienda “La Carolina”, en el departamento de
Antioquia, cuya propiedad comparten los hermanos Uribe Vélez.
El hermano del Presidente fue interrogado
por la fiscalía en 1997 respecto a delitos de secuestro, extorsión y
asesinato cometidos por “Los doce apóstoles” entre 1993 y 1994.
El grupo paramilitar fue acusado de
asesinar 50 personas, y de haber cometido una masacre de la cual fueron
hallados los cuerpos de cuatro personas y otras dos permanecen
desaparecidas. Por este caso existe una demanda en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
El fiscal colombiano Luís Camilo Osorio
confirmó que el hermano del mandatario sí había sido objeto de una
investigación oficial en 1999, pero la investigación fue forzada a
cerrarse.
Caso Macarena
Colombia es el país del hemisferio
occidental donde mayores violaciones de los derechos humanos se acometen
– cuantitativa y cualitativamente hablando – de forma sistemática y
respondiendo a un plan criminal perfectamente diseñado que tiene como
finalidad el despojo de la tierra a los campesinos y su apropiación por
las oligarquías terratenientes en alianza con narcotraficantes y
organizaciones paramilitares.
De los más de 4 millones de desplazados
internos ocasionados en Colombia por el conflicto armado interno, la
inmensa mayoría han sido provocados para consolidar la apropiación
ilegitima de tierras de los campesinos.
De estos desplazamientos, al menos 2 millones se han producido durante los 8 años de mandato del Presidente Uribe.
En la actualidad las organizaciones de
víctimas y de defensores de los derechos humanos en Colombia intentan
preservar la que sin duda es la mayor fosa común descubierta en América
latina con cadáveres “NN”.
Más de 2.500, según las primeras
estimaciones, en la fosa denominada de “La Macarena”, que escondería
victimas campesinas de ejecuciones extrajudiciales realizadas por
destacamentos del Ejército colombiano y organizaciones paramilitares.
La “industria criminal”, organizada entre
otros por las autoridades colombianas durante el mandato de Uribe,
llegó a utilizar, emulando así la “solución final” del nazismo alemán,
hornos crematorios para hacer desaparecer los cuerpos de los miles de
asesinados por funcionarios del estado y sus aliados paramilitares:
tres hornos al menos descubiertos hasta ahora, uno en Arauca, otro en Antioquia y uno “móvil”, en Bogotá.
En mayo de 2010, el diario The Washington
Post, daba cuenta de la confesión del oficial de la policía nacional
colombiana Juan Carlos Meneses, quien sostuvo haber participado en
complicidad con operaciones paramilitares del grupo denominado “Los 12
apóstoles”, de los que formaba parte Santiago Uribe, hermano del
Presidente.
CARGOS POR INVOLUCRAMIENTO EN NARCOPOLITICA
Yidispolítica es el nombre del escándalo
con el que se conocen las declaraciones de la exRepresentante a la
Cámara Yidis Medina, quien afirmó haber recibido ofrecimientos de
dádivas de parte de Uribe a cambio de su voto favorable al proyecto de
reforma constitucional que permitiese a Álvaro Uribe Vélez aspirar a un
segundo mandato presidencial. Uribe Vélez en ese entonces pidió repetir
las elecciones del 2006. Los funcionarios involucrados en la
controversia fueron Diego Palacio Betancourt y Sabas Pretelt. Diego
Palacio entrego beneficios entregados a la exrepresentante a la Cámara a
cambio de su voto.
En 2002, la campaña presidencial de Uribe
recibió en cheques y depósitos, más de 100 millones de pesos de parte
de la empresa Uniapuestas, identificada como un palo blanco del lavado
de dinero de varias mafias del narcotráfico, en la cual la señora Enilse
López (alias “La Gata”) era la accionista mayoritaria. Posteriormente,
López fue capturada y sindicada de varios cargos criminales por lavado
de activos y desviación de fondos, relacionados con otros procesos
judiciales. En el pasado también se la había criticado y considerado de
estar relacionada con el narcotráfico, específicamente con Gonzalo
Rodríguez Gacha miembro del Cartel de Medellín, motivo por el que se
empezó a sospechar de la honestidad con la que Uribe recibió los dineros
junto a varios aportes del paramilitarismo. Diversos críticos, entre
ellos los precandidatos del Partido Liberal y del Polo Democrático
Alternativo, cuestionaron tanto la moralidad del recibimiento de esos
dineros como el que potencialmente se haya incurrido en alguna conducta
criminal al aceptarlos.
En septiembre de 1994 con base en el
artículo 42 del Decreto ley 356 de 1994, el Gobierno de Ernesto Samper
Pizano ejecutó la creación de las Asociaciones Comunitarias paralelas de
Vigilancia Rural (Convivir), promovidas por su antecesor Cesar Gaviria
con la finalidad de crear un nuevo instrumento supuestamente de
seguridad. Ante ésto Uribe Vélez fue uno de los mayores defensores de
esta figura jurídica argumentando que las Convivir trabajaban
fundamentalmente en temas de inteligencia, dejando la parte operativa a
la fuerza pública aunque estas organizaciones portaban armas de grueso
calibre asesinando campesinos y enterrándolos en fosas comunes.
En 2007, el senador Gustavo Petro
denunció en un debate parlamentario que entre 1995 y 1997 Salvatore
Mancuso, Javier Piedrahita, José María Barrera, Mario Prada Cobos,
Rodrigo Mercado Pelufo alias Cadena, Salomón Feris, Jorge Luis Alfonso
López alias Monoleche y varios familiares de Enilse López, entre otros,
participaron en las cooperativas de seguridad CONVIVIR favorecidos
durante la gobernación de Uribe en Antioquia y dijo que operaron
alrededor de ochenta de ellas en el departamento. Lo que queda claro es
que la gobernación de Antioquia era quien daba la personería jurídica a
estas organizaciones narco militares junto a una licencia que la
otorgaba el Gobierno colombiano.
OTROS CARGOS Y DELITOS
Uribe ha fomentado a diestra y siniestra
la economía de libre de mercado del Neoliberalismo mediante la
aplicación indiscriminada de políticas económicas en desmedro de la
clase más humilde y pobre en Colombia, también se lo acusa de haber
implementado distintos tratados de libre comercio con otros países y una
alianza estratégica con Estados Unidos, también criticada por crear
dependencia de dicho país mediante el TLC y otros. Esto ha ocasionado en
lo social desplazamientos sociales a otras naciones vecinas mediante
migraciones.
El Gobierno de Uribe puso en marcha una
reforma laboral que amplió las causas de despido justificado contra la
clase trabajadora, recortó los pagos por indemnizaciones y disminuyó el
complemento salarial por nocturnidad.
En política internacional el gobierno de
Alvaro Uribe apoyó la guerra contra el terrorismo apoyando al presidente
estadounidense George W. Bush. A pesar de la oposición interna el
gobierno, apoyó diplomáticamente la Invasión de medio oriente por EUA y
la intervención en Iraq de 2003.
En agosto 2014, Álvaro Uribe, actual
senador del país, ha sido denunciado penalmente ante la Corte Suprema de
Justicia colombiana, informa el rotativo colombiano ‘El Tiempo’. El
político es acusado de hostigamiento por razones políticas, concierto
para delinquir, injurias y calumnias. Según el medio, todavía está por
verse si la Corte acepta las denuncias. Si el alto tribunal decide
admitirlas, los magistrados tendrían que pronunciarse sobre quién y en
qué condiciones puede ser investigado y juzgado Uribe.
Injerencia terrorista en asuntos internos de otros países
Existen denodados esfuerzos de Álvaro
Uribe Vélez en complicidad con el gobierno norteamericano por complicar
aún más las relaciones diplomáticas de su país con muchos de sus vecinos
miembros del ALBA o CELAC, a quienes ha hecho blanco de numerosas,
graves e infundadas críticas y acusaciones.
Para este fin Uribe Vélez inclusive ha
permitido el establecimiento de 7 bases militares americanas en Colombia
para el dominio estratégico de Sudamérica e influencia por parte de
EUA. Por lo que EUA le ha permitido casi todo en su gestión de gobierno
como un gesto de total agradecimiento de trabajar en favor de los
intereses norteamericanos.
Uribe también ha venido utilizando
métodos terroristas contrarios al derecho internacional y en el derecho
de los pueblos a la no injerencia en sus asuntos internos, esto para con
los países que no le son afines a sus políticas y que están en contra
de los intereses de EUA, Colombia y el famoso TLC continental, esto lo
ha logrado mediante la creación de células, agentes políticos y
organizaciones de carácter terrorista de ultraderecha para apoyar y
proteger su estructura o armazón construida no solo dentro de Colombia
sino también fuera de sus fronteras. Para ello ha creado lo que él llama
o denomina un frente continental liberal o ultra liberal
latinoamericano contra los gobiernos populares, para este fin ha creado
varios organismos y fundaciones terroristas bajo su tutela todas
subvencionadas por el Departamento de Estado de EUA, tales como la
Fundación Internacionalismo Democrático (creada en Washington – EUA),
Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, Uribe Centro
Democrático, Red Continental de Lideres Juveniles Demócratas ( con base
en Houston EUA) , Fundación Internacional para la Libertad, Avanza
Colombia y FTI Consulting entre otras. También ha creado alianzas con
otras organizaciones de ultraderecha continentales con tal de cumplir su
objetivo.
Estas organizaciones creadas por Uribe,
tienen como miembros asiduos y contratados a sueldo a ex mandatarios,
líderes y dirigentes de partidos y parlamentarios de extrema derecha de
varios países latinoamericanos. También adiciono a sus organizaciones a
políticos y gobernantes o ex gobernantes del gobierno español de la
derecha y ultraderecha liberal, para confrontar nuevamente a los
gobiernos progresistas de Latinoamérica.
Entre sus estrategias globales contra los
países del ALBA y CELAC, están las de mantener e incrementar los
sabotajes tanto políticos, como a sus proyectos de desarrollo regional,
sabotajes coordinados a proyectos nacionales de cada país para el
desgaste forzado de los mismos y de sus líderes progresistas.
El 2012, Uribe apoyado por el gobierno
colombiano de Santos, inicio una serie de ataques frontales a Venezuela,
utilizando como armas de penetración terrorista una guerra económica,
infiltración del paramilitarismo, apoyo directo a células de
ultraderecha fascistas y contrabando, creando así situaciones de
inestabilidad internas.
CONCLUSION
El Departamento de Estado norteamericano,
a pesar de su apoyo incondicional al Presidente colombiano Álvaro Uribe
al que pretende exculpar de su responsabilidad, señala en la sección 1,
apartado a) de su informe anual fechado el 11 de marzo de 2008 las
evidentes conexiones entre los paramilitares y la fuerza pública, así
como el mantenimiento de elevados grados de impunidad.
Los Estados Unidos han hecho los de la
vista ciega, ante la cantidad de pruebas e información que compromete a
Uribe en graves hechos delictivos. El silencio de la administración
norteamericana y el apoyo incondicional del Presidente Bush y Obama a
Uribe, deja entrever una obscura alianza entre ambas administraciones
que muy claramente favorecen los intereses económicos estratégicos de
EUA. Lo más curioso es que son medios americanos los que han investigado
y denunciado todos estos hechos delictivos de Uribe.
El 8 de agosto del 2012, es presentado un
abultado expediente de acusaciones por organismos libres de Derechos
Humanos caratulado bajo su nombre, ante la Fiscalía de la Corte Penal
Internacional por crímenes de lesa humanidad, los mismos aún esperan la
resolución de la corte.
EFECTOS RESOLUTIVOS
Las personas que hayan tenido o tengan
relación de cualquier tipo con el acusado serán pasibles a investigación
y también acusados bajo los cargos de complicidad, sufriendo inclusive
una sanción moral, con su respectiva inclusión en la lista internacional
de corruptos y criminales.
REFERENCE.-
