Interior creó un grupo secreto en la Policía para atacar el proceso
soberanista que luego ha utilizado en las maniobras contra Podemos
La grabación al ministro surge en medio de una guerra encarnizada entre los comisarios que el PP puso al frente de la maquinaria extrajudicial
El comisario que se perfila como inminente director operativo pidió en octubre de 2012 reventar la sede de CDC a dos semanas de las autonómicas
La grabación al ministro surge en medio de una guerra encarnizada entre los comisarios que el PP puso al frente de la maquinaria extrajudicial
El comisario que se perfila como inminente director operativo pidió en octubre de 2012 reventar la sede de CDC a dos semanas de las autonómicas
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aplaude al DAO de la
Policía, Eugenio Pino, al recibir éste un premio de La Razón
La tapa de la alcantarilla que ha cobijado
durante cuatro años investigaciones policiales contra la oposición sin
control judicial ha saltado a las puertas de las elecciones del 26 de
junio. La grabación que revela publico.es del
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, conspirando con el
director de la Oficina Antifraude catalana, Daniel de Alfonso, es el
último capítulo de una historia que arranca en el mismo momento que el
Partido Popular designa a su cúpula policial. Un grupo de comisarios ha
convertido la dirección de la Policía en un impostado servicio de
inteligencia, alejada de las funciones de policía judicial que le
atribuye la ley y dirigida contra los rivales políticos del PP.
Al servicio de cruzadas como la salvación de España de la amenaza
independentista o, más recientemente, de un posible triunfo electoral de
Podemos, la fábrica de informes policiales sin firma ni sello, ha
satisfecho a medios de comunicación de diversa inclinación ideológica,
asegurándose además de que los métodos empleados para su confección no
fueran objeto del interés periodístico y, en consecuencia, del debate
público.
El Partido Popular eligió para dirigir el Cuerpo al
comisario Eugenio Pino, jefe de los antidisturbios con Aznar y relegado
durante los gobiernos socialistas a tareas menores. Al frente de la
Dirección Adjunta Operativa (DAO), Pino creó una estructura secreta que
ha cobijado a un grupo de agentes dedicados a combatir las
preocupaciones políticas del Gobierno, en lugar de las amenazas que
sufre España en el ámbito de la seguridad.
eldiario.es reveló en noviembre de 2014 la
estructura que operaba sobre el terreno en Cataluña y la que elaboraba
después los informes que acababan en los medios de comunicación,
coincidiendo con momentos álgidos del proceso independentista. Muy
pronto, Pino se convirtió en el hombre que susurraba al oído del
ministro del Interior. Entre ambos construyeron un puente que aislaba al
director general de la Policía, Ignacio Cosidó, con el que Fernández
Díaz no tardó en chocar.
En esa estructura se erigió
en pieza clave la Unidad de Asuntos Internos (UAI), objeto de deseo para
quien quisiera pervertir sus funciones, debido a la facilidad que
otorga el secretismo concedido por la ley. Ni el número de integrantes
que tiene se conoce. Como jefe de la misma, el PP eligió a Marcelino
Martín-Blas Aranda, un comisario muy conservador, colaborador del
partido en la oposición, al que se negaban los privilegios de pertenecer
a la Junta de Gobierno. A cambio estaría al frente de una unidad para
la que Pino tenía reservadas importantes misiones.
La guerra de fondo
Hoy, Martín-Blas mantiene un enfrentamiento encarnizado con sus
antiguos aliados para las maniobras en Cataluña. Así queda reflejado en
sus investigaciones de la pieza secreta de la Operación Nicolay,
la que persigue al autor de la grabación ilegal de un extracto de la
reunión en su despacho con dos agentes del CNI, mientras trataban las
pesquisas contra el Pequeño Nicolás. A las órdenes del juez, Martín Blas
señala directamente a José Manuel Villarejo Pérez, el comisario que por
sí solo constituye una de las piezas claves de todo este engranaje.
El exjefe de Asuntos Internos ha pedido al juez la detención de Villarejo, así como la imputación de Pino; el que fuera su mano derecha, José Ángel Fuentes Gago; y el comisario de la lucha antiterrorista Enrique García Castaño.
Los delitos que atribuyen los investigadores a los policías y un grupo
de periodistas son “blanqueo de capitales, manipulación y alteración de
pruebas judiciales, acusación y denuncia falsa, actividades prohibidas a
funcionarios públicos y otras filtraciones policiales”. El fiscal se
opone y el Ministerio ni se ha pronunciado al respecto. En el tráfico de
llamadas analizado aparece el número dos de Interior, Francisco
Martínez, hablando con Villarejo mientras los hombres de Martín Blas
registraban la casa del Pequeño Nicolás y encontraban anotaciones sobre
el comisario.
La enemistad entre Martín Blas y
Villarejo surge cuando Asuntos Internos investiga a un grupo de
policías, uno de ellos íntimo del agente especial, en el marco de la
Operación Emperador sobre la mafia china. En los informes policiales
también se mencionaba a un hijo del comisario Villarejo, sin que llegara
a ser imputado. En medios policiales aseguran que el poderoso comisario
Villarejo juró venganza. Martín Blas fue destituido como jefe de Asuntos Internos en abril de 2015,
en un intento de Interior por frenar la guerra entre los comisarios a
los que había aupado. A la postre, resultó solo ser un hito más de un
enfrentamiento al que, por lo acaecido en los últimos días, aún restan
relevantes capítulos.
Villarejo fue condecorado con
una medalla pensionada en marzo de 2014 por sus éxitos en las maniobras
policiales en Cataluña. Por aquella época, el comisario y Martín-Blas
mantenían una relación cordial. Ambos participaban de una misma
estrategia, destacada y secreta, del Ministerio del Interior.
eldiario.es reveló la concesión de la medalla en marzo de 2015, poco después de que El País informara
del patrimonio multimillonario del Villarejo. El comisario ha trabajado
hasta para diez ministros del Interior, según publicó el mismo
periódico. De hecho, fue con Alfredo Pérez Rubalcaba en ese departamento
cuando se decidió implicarle en la investigación sobre el ático de
Ignacio González, surgida del caso Gürtel.
El apoyo mediático
“Informes de inteligencia”, “apócrifos”… Con diversas denominaciones,
supuestas prácticas corruptas de los líderes del soberanismo catalán
llenaban portadas, escritas y digitales, y abrían boletines de radio.
Los millones que la familia Pujol mantenía en el extranjero copaban
titulares. Todas esas informaciones se han depurado en dos
investigaciones que sigue la Audiencia Nacional, una en el juzgado de
Instrucción número 5 y otra en el 1, ésta última referida solo a Oleguer
Pujol. El resto de informes no llegaron nunca a los juzgados; no
pasaron de las primeras páginas.
El exalcalde de
Barcelona Xavier Trias se querelló por una información que le atribuyó
una cuenta en un banco suizo que nunca ha existido, como se encargó de
desmentir la propia entidad. ¿Cómo se accedió a esa información? ¿Qué
agentes la obtuvieron? ¿Se desplazaron al extranjero? ¿Pagaron con
dinero de los fondos reservados? Todas esas preguntas tienen respuestas
precisas entre miembros de la escala de mando de la Policía, avergonzada
en gran parte de la utilización política de estos años. Pero las
pruebas, o no existen, o permanecerán a buen recaudo mientras gobierne
el PP.
El próximo DAO, implicado en las maniobras
La primera constancia de la maniobra que diseñó Interior para luchar
contra el proceso soberanista dejó un rastro imborrable el 29 de octubre
de 2012 en Barcelona. Ese día se desplazaron a la capital catalana
Martín-Blas y otro comisario clave en el pasado reciente, el presente y
el futuro de la Policía, José Luis Olivera.
Ambos trataron de convencer a los fiscales Fernández Bermejo y Sánchez
Ulled de que relanzaran de inmediato la investigación del caso Palau y
pidieran al juez el registro de la sede de CDC a dos semanas de las
elecciones autonómicas. Los fiscales desconfiaron de que dos policías
próximos a la cúpula policial, pero sin ninguna vinculación con el caso,
les presentaran nuevos y endebles indicios.
La
actuación de los comisarios motivó incluso una queja formal del Consejo
Fiscal, pero los dos comisarios fueron condecorados con la Medalla Roja,
un reconocimiento que conlleva pensión. Interior aseguró que el viaje
se debía a que Asuntos Internos quería anunciar a los fiscales un nuevo
grupo dentro de la unidad dedicada a recuperar casos perdidos por la
Policía por la dejadez de sus agentes. Olivera habría viajado porque
conocía a los fiscales de su etapa en la UDEF.
El
comisario Olivera fue creciendo en influencia y poder en el Ministerio
del Interior, hasta que en los últimos días ha sido señalado como
sustituto de, nada menos, Eugenio Pino, el hombre que creó la estructura
secreta contra la oposición política. Pino se jubila mañana jueves con
todas las costuras al aire. Interior podía haber hecho DAO en funciones
al subdirector de Recursos Humanos, a la espera de un nuevo Gobierno,
pero ha rechazado esa opción. El comisario Villarejo también se jubila,
solo de la Policía, el próximo mes de agosto.
En la
grabación de publico.es aparece mencionado otra pieza clave de este
puzle, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago. Expresidente del
Sindicato Profesional de Policía (SPP), fue recuperado por Pino de su
destino en Cantabria para actuar, presuntamente, como una suerte de jefe
de gabinete. La investigación del Pequeño Nicolás y la información
sobre la conversación de Fernández Díaz le colocan en el epicentro de
las maniobras de Interior. Actualmente está destinado en La Haya. Cobra más de 10.000 euros al mes. Su mujer, también policía, está destinada en la misma ciudad con un sueldo similar.
