Sobre la base de una presunta “rebelión”, unidades de la Seccional de Investigación Criminal –Sinjin- de la Policía Nacional de Colombia y el Cuerpo Técnico de Investigación –CTI- de la Fiscalía apresaron al líder campesino Dagoberto Gálviz Sánchez, integrante de la Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar.
Su captura ha sido denunciada fuertemente por los procesos sociales del Cesar y organizaciones como el Congreso de los Pueblos, pues es otro ejemplo de persecución al movimiento social en el contexto de paz.
En los últimos dos años, solo en el Departamento del Cesar han capturado 28 campesinas y campesinos. En junio del 2016 las autoridades apresaron, con muchas irregularidades, a ocho campesinos del municipio Becerril por el delito de rebelión. Al momento de su captura fueron presentados a los medios de comunicación como los “súper-terroristas” que formaron una red de apoyo al Ejército de Liberación Nacional –ELN- proveyéndole vacas, atención médica y otras maneras de apoyo. Van a cumplir un año encarcelados en la Cárcel La Picota de Bogotá, donde están lejos de sus familias y su proceso ha sido delatado por la Fiscalía por falta de pruebas.
Guillermo Pérez Rangel, integrante de Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar y del Congreso de los Pueblos, comenta sobre esta situación de persecución que el gobierno plantea negociaciones de paz con los actores armados y al mismo tiempo incrementa una política de exterminio al movimiento social.
“La persecución judicial contra campesinas y campesinos en todo el país es preocupante –afirma Pérez Rangel-. Hay que anotar que esas capturas se dan contra líderes sociales, campesinos, defensores y defensoras de los derechos humanos que se vienen oponiendo a grandes proyectos de infraestructura, o que vienen trabajando en procesos de la defensa del territorio en zonas donde hay intereses de las multinacionales, del extractivismo minero, o de implementación de monocultivos para los agronegocios”.
“Nosotros asociamos que las amenazas, la estigmatización, los asesinatos, la persecución que los grupos paramilitares están haciendo hacen parte de una política sistemática del Estado que complementa con la judicialización de los líderes sociales. Esto no tiene otro nombre que Terrorismo de Estado”, denunció el integrante de Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar.
El pasado mes de marzo fueron capturados 12 líderes y lideresas sociales y comunitarios del Sur del Departamento Bolívar. En la audiencia de Milena Quiróz, una de las liderezas apresadas, la Fiscalía argumentó que procedían a dar medida de aseguramiento porque ella organiza marchas y mueve masas y eso podría alterar el orden público. Finalmente la condenaron a un desplazamiento jurídico fuera de su tierra. La mayoría de los otros 11 detenidos continúan encarcelados en la Ciudad de Cartagena.
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