Más de cincuenta organizaciones sociales recorrieron las 15 comunas
de la Capital para llevar a cabo el Primer Censo Popular de Personas en
Situación de Calle y rectificar las estadísticas oficiales.
*Por Maria Fernanda de la Quintana
Tras no cumplir con la obligación de realizar un relevamiento anual con los criterios establecidos en la “Ley 3706” la Justicia ordenó realizar un relevamiento provisorio sobre las personas en situación de calle.
Ante esta situación más de cincuenta organizaciones sociales recorrieron las 15 comunas de la Capital para llevar a cabo el Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle y rectificar las estadísticas oficiales. El gobierno porteño informa haber registrado alrededor de 850 personas sin techo por año entre 2011 y 2016. Distintas organizaciones especializadas estiman que hay 26.000 personas en situación de calle dentro del ámbito de la CABA.
La carencia de mediciones confiables y precisas sumado a la falta de información en relación a la cantidad y singularidades de la población en situación de calle y en riesgo a la misma, dificulta la identificación de las principales necesidades para la implementación de políticas públicas eficaces.
Se considera, según Ley N° 3.706, sancionada por la Legislatura, que las personas en riesgo de “situación de calle” son aquellas “que se encuentren en instituciones de las cuales egresarán en tiempo determinado y estén en situación de vulnerabilidad habitacional” las “que se encuentren debidamente notificados de resolución administrativa o sentencia judicial firme de desalojo” y también aquellas… “que habiten en estructuras temporales o asentamientos, sin acceso a servicios o en condiciones de hacinamiento”, entonces la cifra asciende a miles de ciudadanos en CABA.
“Tenemos en la Ciudad de Buenos Aires un promedio de cien muertes anuales”, afirma Horacio Avila, referente de “Proyecto 7” [relacionadas con la falta de vivienda]
El marco legal de referencia no se reduce solo a la Constitución porteña, que garantiza el acceso a la vivienda digna, sino también a la mencionada Ley N° 3.706 de “Protección y garantía integral de los derechos a las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle”, sancionada en diciembre de 2010. En esta ley se ha vetado uno de sus artículos fundamentales, el quinto, que justamente define el “derecho a la Ciudad” como “una atribución de libertad sobre el uso igualitario y no discriminatorio del espacio público, su uso y disfrute y el derecho al acceso a los servicios por parte de todos los habitantes, conforme los principios constitucionales”. El veto de este artículo, desnuda la tendencia neoliberal de convertir a la ciudad en una mercancía más, según se desprende en las razones: …“(el derecho a la ciudad) no se condice con los principios constitucionales a los que remite, ya que adolece de un importante grado de imprecisión que generaría dificultades en su eventual definición”.
Las graves dificultades para acceder a la vivienda digna afectan a la gran mayoría de los sectores sociales, en el marco de una Ciudad donde los desalojos, la especulación inmobiliaria y el precio de los alquileres se incrementan y deja a los más vulnerables desprotegidos a manos del mercado.
La actual administración viene obteniendo mayorías electorales sucesivas, reflejo de un consenso consolidado en un importante sector de la población. Sin embargo, respecto a importantes sectores desprotegidos, la única estrategia que exhibe es básicamente expulsatoria. Estas personas precarizadas poseen derechos que en la práctica les son deliberadamente vulnerados.
La ciudad, que desea constituirse en el escaparate del régimen neoliberal, muestra así una faceta barbárica que contradice de modo escandaloso tales pretensiones primermundistas. Cada persona que duerme en los umbrales, cada familia expulsada de su domicilio, cada chico sin escuela, constituye una refutación del discurso enarbolado por los funcionarios que intenta naturalizarse en el seno de la ciudadanía, que aún no logra quebrar la lógica de una política neoliberal.
* Periodista. Licenciada en Ciencias y Humanidades. Especializada en salud vulnerabilidad y territorio.
Tras no cumplir con la obligación de realizar un relevamiento anual con los criterios establecidos en la “Ley 3706” la Justicia ordenó realizar un relevamiento provisorio sobre las personas en situación de calle.
Ante esta situación más de cincuenta organizaciones sociales recorrieron las 15 comunas de la Capital para llevar a cabo el Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle y rectificar las estadísticas oficiales. El gobierno porteño informa haber registrado alrededor de 850 personas sin techo por año entre 2011 y 2016. Distintas organizaciones especializadas estiman que hay 26.000 personas en situación de calle dentro del ámbito de la CABA.
La carencia de mediciones confiables y precisas sumado a la falta de información en relación a la cantidad y singularidades de la población en situación de calle y en riesgo a la misma, dificulta la identificación de las principales necesidades para la implementación de políticas públicas eficaces.
Se considera, según Ley N° 3.706, sancionada por la Legislatura, que las personas en riesgo de “situación de calle” son aquellas “que se encuentren en instituciones de las cuales egresarán en tiempo determinado y estén en situación de vulnerabilidad habitacional” las “que se encuentren debidamente notificados de resolución administrativa o sentencia judicial firme de desalojo” y también aquellas… “que habiten en estructuras temporales o asentamientos, sin acceso a servicios o en condiciones de hacinamiento”, entonces la cifra asciende a miles de ciudadanos en CABA.
“Tenemos en la Ciudad de Buenos Aires un promedio de cien muertes anuales”, afirma Horacio Avila, referente de “Proyecto 7” [relacionadas con la falta de vivienda]
El marco legal de referencia no se reduce solo a la Constitución porteña, que garantiza el acceso a la vivienda digna, sino también a la mencionada Ley N° 3.706 de “Protección y garantía integral de los derechos a las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle”, sancionada en diciembre de 2010. En esta ley se ha vetado uno de sus artículos fundamentales, el quinto, que justamente define el “derecho a la Ciudad” como “una atribución de libertad sobre el uso igualitario y no discriminatorio del espacio público, su uso y disfrute y el derecho al acceso a los servicios por parte de todos los habitantes, conforme los principios constitucionales”. El veto de este artículo, desnuda la tendencia neoliberal de convertir a la ciudad en una mercancía más, según se desprende en las razones: …“(el derecho a la ciudad) no se condice con los principios constitucionales a los que remite, ya que adolece de un importante grado de imprecisión que generaría dificultades en su eventual definición”.
Las graves dificultades para acceder a la vivienda digna afectan a la gran mayoría de los sectores sociales, en el marco de una Ciudad donde los desalojos, la especulación inmobiliaria y el precio de los alquileres se incrementan y deja a los más vulnerables desprotegidos a manos del mercado.
La actual administración viene obteniendo mayorías electorales sucesivas, reflejo de un consenso consolidado en un importante sector de la población. Sin embargo, respecto a importantes sectores desprotegidos, la única estrategia que exhibe es básicamente expulsatoria. Estas personas precarizadas poseen derechos que en la práctica les son deliberadamente vulnerados.
La ciudad, que desea constituirse en el escaparate del régimen neoliberal, muestra así una faceta barbárica que contradice de modo escandaloso tales pretensiones primermundistas. Cada persona que duerme en los umbrales, cada familia expulsada de su domicilio, cada chico sin escuela, constituye una refutación del discurso enarbolado por los funcionarios que intenta naturalizarse en el seno de la ciudadanía, que aún no logra quebrar la lógica de una política neoliberal.
* Periodista. Licenciada en Ciencias y Humanidades. Especializada en salud vulnerabilidad y territorio.
