Cervantes

Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho; los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones; nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos; la cosa más fácil, equivocarnos; la más destructiva, la mentira y el egoísmo; la peor derrota, el desaliento; los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor; las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos, y sobretodo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia dondequiera que esté.

MIGUEL DE CERVANTES
Don Quijote de la Mancha.

14 de mayo de 2018

España: Los pequeños productores de energía solar reclaman justicia en un vídeo-protesta


Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, lanza una campaña para ilustrar, en 25 segundos, la situación que atraviesan sesenta mil familias españolas, productoras de energía solar fotovoltaica, un colectivo que se ha visto atrapado en un corralito regulatorio que ha colocado a muchos de los afectados en una situación económica límite.
Los pequeños productores de energía solar reclaman justicia en un vídeo-protesta
Todo empieza así: el legislador crea un marco legal -vía Boletín Oficial del Estado (BOE)- en el que establece unas condiciones determinadas: el kilovatio hora generado en una instalación solar fotovoltaica -dice ese marco-, y en tanto en cuanto es un kilovatio limpio (no emisor de CO2), merece una retribución muy concreta (que especifica el BOE) durante un período muy concreto (que asimismo explicita el BOE), una retribución especial (llámese prima) que es establecida para reconocer esa singularidad (que la electricidad generada por una placa solar no emite CO2, o sea, no ensucia; es limpia).
Pues bien, los inversores, a la luz de ese marco (y animados por la propia Administración), diseñan su hoja de ruta: invierto tanto; mi instalación genera tantos kilovatios hora (kWh); el gobierno avala vía BOE que el precio que yo recibiré por cada kWh que produzca será tanto (gracias a ese aval, por cierto, he obtenido un préstamo del banco, que me ha dicho que se fía de los boletines oficiales del Estado); y, dado lo dado, puedo devolver mi crédito en tales plazos; amortizo mi inversión en tales otros; y, finalmente, obtengo la rentabilidad que persigo, que no me va a hacer multimillonario, pero que sí que puede complementar mi pensión.
Y así estaba todo hasta que… El 23 de diciembre de 2010, y de la mano del ministro Miguel Sebastián, llega a escena el Real Decreto–ley (RDL) 14/2010, que retoca a la baja el precio que había establecido el gobierno en el BOE y que abre así la espita de la retroactividad. Recortes sucesivos -ejecutados por el último Gobierno Zapatero y, sobre todo, por el primer Gobierno Rajoy- dejan el precio del kilovatio hora fotovoltaico en algunos casos hasta un 50% por debajo de lo inicialmente reconocido. Además, el Ejecutivo Rajoy crea un impuesto de nuevo cuño que grava todo kilovatio hora generado en una huerta solar (el impuesto del 7%).
¿Problema?
Pues que los pequeños inversores, que habían hechos sus cuentas a la luz de la letra de la ley (a la luz de la retribución que el Gobierno había aprobado vía BOE), se encuentran con que están ingresando mucho menos de lo que comprometió el Gobierno, y se encuentran con que su deuda con el banco, sin embargo, no ha sufrido un recorte similar a sus ingresos. Así, en muchísimos casos, se ven obligados a renegociar la deuda, eufemismo que no significa otra cosa que hipotecarse más aún.
Pues bien, Anpier ha venido denunciando durante los últimos años esta controversia, que se ha traducido en recortes que llegan hasta el 50% de las retribuciones pactadas, lo cual está propiciando que muchas familias se hayan visto obligadas a ampliar su hipoteca solar fotovoltaica hasta los 18 años, problema que el Ejecutivo Rajoy, además, podría agravar si, como ha insinuado ya, percute sobre esa ya recortada retribución un recorte adicional en el año 2020 (recorte que algunas fuentes aseguran podría rondar hasta un 20% adicional).
Pues bien, en ese marco (de terrorismo regulatorio e inseguridad jurídica), Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, acaba de anunciar que va a emprender otra campaña de sensibilización para visibilizar este problema, al que se enfrentan las más de sesenta mil familias que, en el año 2007 y sucesivos, decidieron invertir en pequeñas huertas solares fotovoltaicas animadas por el propio Gobierno de España, que llevó a cabo entonces una campaña publicitaria oficial titulada «El Sol puede ser suyo».
Último capítulo: después de los recortes retroactivos, la rentabilidad razonable
Tras la sucesión de recortes a la prima, el Gobierno Rajoy decidió finalmente acabar con ella y sustituirla por lo que denominó la rentabilidad razonable, una rentabilidad que el Ejecutivo asegura sale de dos números: (1) cuánto ha costado poner en marcha la huerta solar; y (2) cuánto cuesta su operación y mantenimiento. Pues bien, a partir de esos dos guarismos, el Gobierno aplica una "rentabilidad". Concretamente el 7,39%, rentabilidad que el Ejecutivo Rajoy considera "razonable".
Todo esto sucede durante el bienio 2013-2014. El sector protesta desde el primer momento contra los números que ha hecho el Gobierno, porque dice son números que están muy manipulados y no responden a la realidad de las instalaciones. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, justifica el recorte de la rentabilidad razonable -lo que se ha denominado el hachazo a las renovables- so pretexto de rebajar "unas primas entre el 20 y el 25%" que han hecho posible que una gente se forre y que por eso es necesario ajustar esa rentabilidad a algo más razonable.
Anpier acusa al presidente de mentir
La Asociación habla de "rentabilidad ficticia, rentabilidad que nunca se ha alcanzado, ni siquiera se ha estado cerca". La Asociación, además, recalca que el perjuicio económico percutido a las familias va más allá del recorte concreto. Y va más allá porque los bancos han percibido un mayor riesgo -inseguridad-, y ese riesgo tiene un precio adicional. Más aún -concluye Anpier-, en el caso de los pequeños productores fotovoltaicos, una futura reducción de la tasa de rentabilidad razonable (a partir de 2020) sería aún más perjudicial que para el resto del sector renovable:
¿Y por qué afectará más a los pequeños inversores que a las grandes empresas y fondos de inversión que también participaron de las huertas solares? Anpier lo explica
- Porque los pequeños inversores retribuyeron a toda la cadena en el primer momento (Ingenierías, promotores, instaladores, etcétera) sin poder internalizar ningún proceso ni lograr beneficio alguno de economía de escala (los beneficios de escala -mayor escala, mayor inversión... luego mejor precio- los experimentaron los grandes inversores, pero no los pequeños);
- porque, en general, se financiaron con tipos de interés muy altos (los de aquellos años), soportando derivados financieros y aportando garantías personales e hipotecarias propias y de terceros;
- porque, con el rosario de recortes y el cambio (final) de la prima por la denominada "rentabilidad razonable", el colectivo de familias ha tenido que ir refinanciándose, y extendiendo en algunos casos hasta los 18 años el periodo de financiación, y con vinculaciones personales, incluso con incrementos de precios, al haber cambiado la situación de riesgo sobre las previsiones iniciales;
- porque, al tener garantías personales, las condiciones de refinanciación a las que han tenido que hacer frente los pequeños inversores -explican desde Anpier- han sido exigentes, frente a los grandes proyectos sin garantía, con los que la banca ha sido más amable. En algunos casos, el tipo de interés supera el 8%;
- el hipotético recorte de 2020 será más dura para los pequeños inversores -continúa Anpier- porque las familias fotovoltaicas no tienen la posibilidad de compensar pérdidas porque no forman parte de un grupo de empresas;
- en ese sentido, tampoco tienen la opción de repercutir el impacto fiscal del impuesto del 7% a la generación (el Ejecutivo Rajoy, en vez de rebajar los impuestos de la electricidad, que es un bien básico, de primera necesidad, ideó un nuevo impuesto: el impuesto a la generación). ¿Y qué ha ocurrido con ese impuesto? Pues que, mientras que los pequeños generadores, las 60.000 familias de pequeños inversores que compraron un trocito de huerta solar, tienen que pagarlo y punto, pagar un 7% por cada kilovatio que genera su pedacito de huerta solar; las compañías eléctricas propietarias de parques solares -compañías que, aparte de producir electricidad, la venden- pueden repercutir ese coste adicional en sus clientes (les subimos un poco el precio de la electricidad y compensamos ese gasto que nos ha colocado de nuevas el Gobierno);
- por fin, Anpier destaca el beneficio social que ha producido este enorme colectivo de pequeños inversores. En vez de especular en bolsa o adquirir valores sucios o acciones de compañías de ética dudosa, las sesenta mil familias optaron por una fuente limpia de energía -animadas por el propio Gobierno-, construyendo con sus aportaciones de capital privado un mercado que permitió al sector solar fotovoltaico desarrollarse y evolucionar mucho más rápidamente que si ese mercado no hubiese existido. Esa evolución se ha traducido en una vertiginosa bajada de costes que ha beneficiado a toda la sociedad, de modo que lo que ayer fue accesible solo para unos pocos, ahora lo es para todos. De esa apuesta privada ha salido beneficiado pues el sector, que ha podido mejorar su tecnología extraordinariamente, ha abaratado costes y ha popularizado sus soluciones; ha salido pues también beneficiada la sociedad, que ahora encuentra el mismo producto, mejorado y a un precio más atractivo; y el medio ambiente, pues kilovatio hora generado con el Sol es un kilovatio hora que no hay que generar quemando carbón o gas natural.
El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca denuncia por otro lado las varias injusticias de las que están siendo víctimas estas familias
"Las familias fotovoltaicas han cumplido con todos sus compromisos legales, fiscales, contractuales y bancarios, y sólo solicitan un trato justo. En un escenario en el que las grandes empresas multinacionales exigen al Estado recuperar, a través de rescates con dinero público, hasta el último céntimo de inversiones que hicieron por su propia iniciativa y que no suponían ningún avance para la sociedad, resulta lacerante -ha dicho Martínez-Aroca- ver cómo a miles y miles de españoles a los que fue el Estado quien les introdujo en estas inversiones, que han aportado un progreso extraordinario para la sociedad y que ni siquiera solicitan recuperar todo lo garantizado por el Estado, sino evitar la ruina, el Gobierno se empecine en expulsarlos del sistema eléctrico y condenarles a la precariedad. Situación aún más sangrante cuando las empresas extranjeras que realizaron estas mismas inversiones están ganando los pleitos internacionales y recuperarán todo lo perdido”.
Anpier visibilizará este problema, que afecta a sesenta mil familias españolas, en un vídeo
El vídeo que va a lanzar la Asociación, de 25 segundos, podrá verse, a partir de la semana próxima, en toda España a través de las principales cadenas territoriales de televisión y por medio de las redes sociales, donde Anpier considera que tendrá una relevante difusión, puesto que ya ha registrado más de 12.000 visualizaciones. En la pieza se refleja la disparatada situación de un colectivo de familias que, habiendo logrado una revolución social y tecnológica que ha beneficiado a la sociedad, están siendo arruinados y maltratados.
El presidente de Anpier destaca la importancia de lo hecho por los miles de inversores que apostaron por la solar fotovoltaica en la década pasada
Las más de 60.000 familias que representa Anpier -ha dicho Martínez-Aroca- han demostrado que "la sociedad es capaz de recuperar la soberanía en la generación de la energía". Sus inversiones han sido clave, además, en el "progreso incuestionable" que ha experimentado la generación fotovoltaica a lo largo de todos esos años. El Gobierno, sin embargo -ha añadido el presidente de Anpier- parece más interesado en que la generación siga "concentrada en unas pocas empresas, que monopolizarán el sector que más dinero capta de las familias".
Martínez- Aroca ha denunciado que a la ciudadanía el Gobierno le esté hurtando dos derechos: el de la generación social de la electricidad (que cualquiera pueda generar, en un marco jurídico seguro, electricidad); y el derecho a autoconsumir (que cualquiera pueda generar energía solar fotovoltaica para su propio consumo sin que tenga que temer impuestos desmesurados o sin sentido o tramitaciones infinitas). "Al hurtar a los españoles la fuente de ahorro que es el autoconsumo, y la fuente de ingresos que es la generación social, la sociedad se empobrece y se rompe un círculo virtuoso que permitía destinar el dinero de la factura de la luz a los ciudadanos".
Con políticas energéticas de esas características -concluye el presidente de la Asociación-, "no sólo se pierde la oportunidad de socializar una riqueza, sino que asistiremos a mayores cargas fiscales que permitan financiar políticas sociales para paliar desigualdad social y despoblación, cargas que se incrementan cuando al ciudadano no se le permite participar de actividades como la generación de energía”.

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