Resumen Latinoamericano /ALBA TV, 12 de mayo de 2018
En la mañana de este sábado aparecieron asesinados los campesinos secuestrados por paramilitares colombianos en la tarde de ayer. Jesús León y Guillermo Toledo forman parte del grupo de familias campesinas que disputan el rescate de 336 hectáreas del Hato Palo Quemao, supuestamente propiedad del terrateniente Carlos Pardi, ubicado en el municipio Arismendi del estado Barinas, informó la Corriente Revolucionaria Bolívar Zamora (CRBZ) en su portal web.
Los dos campesinos eran miembros del “Consejo Comunal Robert Serra”, integrado por 56 familias quienes el pasado 23 de noviembre de 2017 fueron desalojadas de manera ilegal y violenta de las tierras que cultivaban desde hace cinco años con una diversidad de rubros, en un área de 200 hectáreas rescatada al latifundio improductivo.
Ese día, una comisión mixta de efectivos de la policía del Estado Barinas y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del Municipio Arismendi, “sin mediar palabras y violentando toda clase de derechos humanos, arremetieron contra los campesinos” según relata la comunidad. Sin mostrar una orden de desalojo y sin brindar explicaciones, “entraron a nuestras viviendas derrumbándolas y destruyéndolas, quemando nuestras pertenencias y enseres, los motores para el trabajo agrícola y las motos. En el desalojo perpetrado se desplazaron 52 familias” acotan.
Al mismo tiempo fueron detenidos nueve integrantes de la comunidad, luego procesados “por alteración del orden público y estado de embriaguez” y que aún siguen bajo régimen de presentación.
El caso de esta comunidad se inscribe en la escalada de violencia, criminialización, judicialización y desalojos contra el campesinado que ha ido incrementando en el último año y medio, situación que por su gravedad requirió el pronunciamiento firme del Presidente Nicolás Maduro en respaldo al movimiento campesino: “¡Ésta no es una una Revolución cómplice de los terratenientes! Ésta es una Revolución de los campesinos, de las campesinas, de la justicia!”.
Ese mismo día el Presidente exigió una investigación de parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC): “una investigación seria, para castigar severamente a los que se alían con terratenientes ¡Prohibido el desalojo a las comunidades campesinas!” aseveró el mandatario.
Jesús León y Guillermo Toledo habían sido parte de las delegaciones campesinas que entre el 23 y el 25 de abril se trasladaron a la ciudad de Caracas para solucionar esos casos y para ser atendidos ante la ANC, la Fiscalía, el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras y el Instituto Nacional de Tierras (INTi).
ALGUNOS DATOS SOBRE EL CASO DEL LATIFUNDIO PALO QUEMAO
Según las comunidades campesinas de la zona, la lucha para el rescate de este latifundio remonta a la década de los 70. El presunto propietario, actualmente es Carlos Eduardo Pardi Moncada, representante de la firma mercantil Agropecuaria Mañongo C.A.
Aunque hayan datos discordantes con respecto a su tamaño real, según declarado por el supuesto dueño ante el Tribunal Agrario, el Hato Palo Quemao englobaría a casi 4800 hectáreas de tierra, .
El 22 de marzo de 2017, después de reiteradas denuncias de tierras ociosas, y la movilización campesina para hacer valer el derecho a la tierra, mediante sesión de Directorio, el entonces presidente del INTi, José Ávila cerró un procedimiento de rescate parcial sobre el Hato Palo Quemao. Ese día se rescataron 336 hectáreas, para ser asignadas a 7 cooperativas campesinas. Pero al mismo tiempo, se entregó a Agropecuaria Mañongo C.A. una Certificación de Finca Mejorable, sobre más de 1.806 hectáreas.
De esa medida de rescate quedaron por fuera las tierras puestas a producir por las y los integrantes del Consejo Comunal Robert Serra, a quienes se habló de una “reubicación”. Hay que resaltar que tampoco se tomaron en consideración las restantes hectáreas de tierra del latifundio.
El 20 de octubre 2017, la Firma Mercantil Agropecuaria Mañongo C.A. Carlos Eduardo Pardi Moncada hace entrega de una solicitud ante el Tribunal Agrario para obtener una “medida de protección agroalimentaria y del medio ambiente” sobre el Hato.
El 23 de noviembre, sin alguna orden judicial, se da lugar el desalojo violento de las familias del consejo comunal “Robert Serra”.
El 12 de Diciembre del 2017, se lleva a cabo una primera inspección judicial para determinar la procedencia o meno de la medida de protección. Ante la evidente baja productividad del predio, Pardi Moncada explica que debido a los “invasores” no ha podido realizar mejoras y aumentar, por ejemplo, el rebaño de búfalos. La información en términos de extensión del predio suministrada por Pardi Moncada no coincide con los cálculos realizados por el Arc GIS-ArcMapversión 10.1, programa oficial del Instituto Nacional de Tierras. Se evidencia que la supuesta propiedad está compuesta por seis diferentes lotes de terreno. Al mismo tiempo, no puede ser llevada a cabo la clasificación de los suelos para definir su uso.
El 19 de enero de 2018 el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y el Municipio Arismendi del estado Barinas otorga una “medida cautelar anticipada de protección a la producción agroalimentaria y actividad agraria y del medio ambiente” sobre las 1806 hectáreas, con una vigencia de veinticuatro meses.
Sobre la otra mitad del latifundio, no se dice nada. Las y los integrantes del Consejo Comunal “Robert Serra” esperan en una inspección del INTi para resolver el proceso de rescate. El hostigamiento a la comunidad campesina sigue, hasta llegar al secuestro de los dos compañeros, el día de ayer.
