Resumen Latinoamericano / 30 de julio de 2018 / Claudia Jeréz
El pasado martes 24 de julio, Álvaro Uribe anunció su renuncia al Congreso, luego de que la Corte Suprema de Justicia lo llamara a indagatoria por los delitos de soborno y fraude procesal ante las nuevas manipulaciones y presiones a testigos que vienen declarando en su contra.
En el mismo expediente, la Corte Suprema de Justicia también llamó a indagatoria el Senador del departamento de Huila, Hernán Prada y compulsó copias a la Fiscalía general de la Nación con el fin de que sea investigado uno de los abogados que conforman el bufete jurídico de Uribe, y la ex fiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán, investigada también por favorecer ilícitamente los intereses de Santiago Uribe Vélez, hermano de Álvaro Uribe, detenido por paramilitarismo. La Corte tiene grabaciones, documentos, videos, e interceptaciones telefónicas que dan cuenta de las presiones contra uno de los principales testigos que hoy tiene temblando al Uribismo.
La maratón que ha emprendido el senador del Centro Democrático y jefe político del electo presidente Uribe en su afán de tapar y manipular la verdad de sus crímenes, pareciera no tener fin. No obstante, sigue engrosando su lista de delitos en una carrera larga y desesperada, en la que pareciera quedar sin oxígeno.
El anuncio de la renuncia como senador ha dado lugar a distintas teorías sobre las verdaderas intenciones de su decisión. En todo caso mediante esta estratagema, se ha hecho la víctima como perseguido político, ha evaluado el contexto y sus respaldos, y está reacomodando sus fuerzas para preparar una nueva ofensiva. Pasaron cinco días y por fin presentó su carta formal renunciando a su curul como senador. Ahora la plenaria del Senado deberá aprobar o denegar su renuncia.
Sin embargo, Uribe sabe que el proceso por el cual fue llamado a indagatoria y los delitos de fraude procesal y soborno que investiga la Corte en este expediente, no son propiamente la causa por la cual quiere renunciar al Congreso. Él y sus cómplices conocen ampliamente el acervo probatorio que tiene la Corte Suprema de Justicia, en la decena de procesos abiertos en su contra y el papel que juega el testigo Monsalve en todo el engranaje.
Juan Guillermo Monsalve, es el hijo del mayordomo de la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe. Monsalve se encuentra condenado por secuestro y otros delitos que cometió siendo miembro del Bloque Metro, y actualmente se encuentra recluido en La Picota. Monsalve es uno de los testigos clave para probar la participación de los hermanos Uribe Vélez en la creación del grupo paramilitar del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, y de homicidios y masacres que fueron cometidas en Antioquia mientras Uribe fue gobernador.
A Juan Guillermo Monsalve no lo pudieron asesinar en los varios intentos que hicieron en la cárcel, como sí lograron hacer con otros testigos que han actuado contra los hermanos Uribe. Entonces, la ofensiva se reacomodó y esta vez, pretendiendo la desacreditación de Monsalve como testigo. Primero, bajo las afirmaciones de ser un testigo comprado por el senador Iván Cepeda y por eso Uribe lo denunció. Sin embargo, el proceso penal cursó en la Corte y esta absolvió al senador Cepeda y ordenó devolver la investigación contra Uribe. Es decir, Uribe “entró por lana y salió trasquilado”. Segundo, mediante presión, intimidación y manipulación, buscaron al testigo Monsalve para que este cambiara su versión. Pero la táctica no les funcionó, pues el testigo no permitió ser manipulado y en tanto, la Corte a través de su investigación, pudo constatar la acción delictiva y le abrió investigación a Uribe por fraude procesal y soborno, y lo llamó a indagatoria.
He aquí la preocupación del expresidente; el testigo Monsalve sigue jugando como un testigo válido, creíble y clave para la Corte Suprema de Justicia, y será muy útil en los otros procesos penales que cursan en su contra por delitos graves contra la humanidad.
La lista de procesos es larga. Por ejemplo, el 31 de mayo de 2018, en la indagación previa N. 45110, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró como crimen de lesa humanidad el homicidio del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en el departamento de Antioquia el 27 de febrero de 1998. De igual manera las masacres de la Granja, San Roque y el Aro, ocurridas entre 1996 y 1997. Las pruebas que existen contra el expresidente, serían suficientes para probar su responsabilidad en estos crímenes ocurridos cuando era gobernador del departamento de Antioquia.
Uribe ha actuado siempre a la ofensiva para salvar su propia libertad, la de su familia y allegados. Lo ha cobijado un pacto de impunidad y las maniobras de silenciamiento a sus testigos, incluso, extraditándolos. Sin embargo, esta semana se replegó tácticamente, y ello denota que prepara una nueva ofensiva.
Seguramente, en el caso específico de soborno y fraude procesal continuará la Corte Suprema de Justicia siendo la entidad competente para adelantar la investigación. Pero no es seguro que continúe su competencia en los otros procesos, en donde se investigan delitos de lesa humanidad, y estos pasen a manos de su amigo el fiscal Néstor Humberto, quien lo absolverá. En todo caso, cuando el Senado acepte su renuncia, quedará en mayor libertad para profundizar e impulsar su anhelado sueño de reforma a la justicia.
