Eric Toussaint - www.aporrea.org
23/06/10 - http://www.aporrea.org/actualidad/a102832.html
Desde 2003, las empresas que quieren importar mercaderías y servicios deben comprar los dólares en una administración del estado llamada CADIVI. Esta es una medida de lucha en principio útil contra la evasión de capitales. Sin embargo, al tener el bolívar un tipo de cambio sobrevaluado con respecto al dólar, se refuerza un comportamiento perverso: en efecto, para un capitalista que dispone de bolívares en gran cantidad es más rentable cambiarlos por los dólares vendidos a buen precio por el Estado, e importar productos provenientes de Estados Unidos o de otros lados, en lugar de invertir en el aparato productivo del país. Esta política del bolívar sobrevaluado inhibió la inversión productiva y favoreció la actividad comercial volcada a la importación frenética de mercaderías y a la venta de éstas a través de las grandes redes privadas de distribución. Esta importación masiva estuvo de hecho subvencionada por el Estado, ya que éste vende al sector privado dólares baratos que él mismo acumula gracias a la exportación de petróleo. El bolívar sobrevaluado y el alto nivel de importación que ello permite aumentan el porcentaje de inflación, que fue particularmente elevado en estos últimos años en Venezuela (más del 25 % en 2009). Esta inflación merma los aumentos de salarios decididos por el gobierno o conquistados por la lucha de los trabajadores y trabajadoras.
He aquí un ejemplo de los efectos negativos de esta política del bolívar sobrevaluado y de los regalos del gobierno a los bancos privados: el Estado venezolano compró títulos de la deuda emitidos por Argentina en 2004-2006, y a su vez vendió una parte de esos títulos argentinos, denominados en dólares, a los bancos privados, pero éstos los compraron en bolívares a un tipo de cambio sobrevaluado. A su vez, un gran número de estos compradores vendieron estos títulos en Estados Unidos cambiados por dólares. Esta operación les permitió evitar el control que ejerce el Estado venezolano sobre los movimientos de salida de capitales. En efecto, oficialmente, estos bancos no exportaron capitales sino títulos de la deuda argentina. Desde entonces, los regalos del Estado a los bancos privados continuaron bajo la misma estrategia. La empresa petrolera PDVSA y otras entidades públicas emiten títulos de la deuda pública denominados en dólares. Estos títulos son comprados con bolívares por los bancos venezolanos a un cambio oficial favorable. Luego se revende una parte en el mercado internacional en dólares.[2] Resumiendo, la política del Estado tiene dos consecuencias negativas: en primer lugar, permite la fuga de capitales bajo una forma indirecta y perfectamente legal; en segundo lugar, favorece el comportamiento rentista de los bancos (la compra de títulos de la deuda) en detrimento de la inversión productiva. A pesar de que el Estado trata de poner en marcha una política de desarrollo endógeno, volcada a la satisfacción de la demanda interna mediante un aumento de la producción generada en el país, la manera de realizar la redistribución de la renta petrolera, en combinación con la sobrevaluación del bolívar, tiende a reforzar el sector capitalista y sus tendencias a la importación.
En enero de 2010, el gobierno puso en marcha una devaluación. ¿En qué consistió? Se aplicaron dos tipos de cambio para la moneda: el primero representa una devaluación del 21 % del bolívar con respecto al dólar (en lugar de 2,15 bolívares por dólar, ahora es de 2,6 bolívares por dólar); el segundo tipo de cambio representa una devaluación del 100 % (y entonces hay que pagar 4,30 bolívares por dólar). El primer tipo de cambio tiene vigencia para compras consideradas como vitales o en todo caso prioritarias: importación de alimentos, medicamentos, tecnologías, equipos para la producción industrial o agrícola, importaciones realizadas por el sector público, el pago de becas de estudio a alumnos venezolanos en el extranjero, el pago de pensiones a los jubilados que residen en el exterior. El segundo tipo de cambio se aplica a la importación de automóviles, de bebidas, de tabaco, de teléfonos móviles, de ordenadores, de electrodomésticos, de textiles, de productos químicos y metalúrgicos, de caucho, etc.
A corto plazo, esta devaluación aumentará los ingresos fiscales del Estado, ya que dólares que obtiene por la venta de petróleo al extranjero serán vendidos por una cantidad más importante de bolívares. Por supuesto, éste es uno de los objetivos principales perseguidos por el gobierno, que vio cómo disminuían sus ingresos fiscales a causa del impacto de la crisis internacional sobre la economía del país. Pero atención: el Estado venezolano no ganará siempre. El reembolso de la deuda pública, el 67,8 % de la cual está denominada en dólares, costará más caro al gobierno mientras que los banqueros venezolanos y otros capitalistas que compraron títulos de la deuda en dólares, se enriquecerán una vez más.
Por supuesto que hay otras consecuencias: para los trabajadores y trabajadoras y para todos y todas los que tienen pocos ingresos y que sólo los perciben en moneda nacional: la devaluación significa una pérdida de su poder adquisitivo puesto que el coste de los productos que consumen ha aumentado —una gran parte son importados y otros son fabricados en el país pero con una componente importante de insumos importados—. Los importadores, los comerciantes, los fabricantes repercutirán en el precio de venta al consumidor los costes adicionales que deben afrontar. Esta pérdida de poder adquisitivo puede ser limitada o anulada sólo si los salarios aumentan proporcionalmente al coste de la vida, que no es el caso. Hugo Chávez decretó el 1º de mayo de 2010 un aumento del 15 % del salario mínimo y de las pensiones, pero, como ya hemos visto, la inflación había alcanzado el 25 % en 2009 y esa cifra seguramente será mayor en 2010.
Esta devaluación tiene otros objetivos a más largo plazo, pero es arriesgado pronunciarse sobre la posibilidad de alcanzarlos. Entre estos objetivos el más importante es la promoción de la substitución de importaciones. En la medida en que importar costará en adelante un 21 % o un 100 % más caro (según el tipo de productos importados), las importaciones deberían bajar y los productores locales deberían estar en una mejor posición para colocar sus productos en el mercado nacional. Más aún: la devaluación debería convencerlos de que es rentable producir en lugar de importar. Y eso podría generar un círculo virtuoso por el cual el país reforzaría su base industrial y su producción agrícola, al sustituir los productos importados por productos locales.
Traducido por Griselda Pinero y Raul Quiroz
[1] Eric Toussaint es presidente del CADTM Bélgica (Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, www.cadtm.org ), es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Lieja (Bélgica) y de la Universidad de Paris VIII (Francia). Es autor de La Crisis Global, Editorial de las Madres de la Plaza de Mayo, Buenos Aires, 2010; autor de Banco del Sur y Nueva Crisis internacional (editorial Viejo Topo, Barcelona, Enero 2008; editorial Abya-Yala, Quito, Junio 2008; Observatorio DESC, La Paz, Octubre 2008), autor de Banco mundial, el golpe de estado permanente (El Viejo Topo, Barcelona, Enero 2007; Editorial Abya-Yala, Quito, Julio 2007; CIM, Caracas, Agosto 2007; Observatorio DESC, La Paz, Noviembre 2007); autor de La Bolsa o la Vida (CLACSO, Buenos Aires, 2004; Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2004; editorial Abya-Yala, Quito, 2002); Coautor con Damien Millet de 60 Preguntas/60 respuestas sobre la Deuda, el FMI y el Banco Mundial, Icaria/Intermón Oxfam, Barcelona, 2010.
[2] Los periódicos financieros extranjeros The Economist y el Financial Times señalan regularmente que los bancos privados venezolanos se consideran muy felices de tener la posibilidad ofrecida por el Estado de poder evitar el control sobre los movimientos de capitales.