11 de junio de 2014

Gobierno penalizó boicot económico en cauchera de Los Curos en Mérida

***Ley Orgánica de Precios Justos sanciona estos delitos con penas de entre mil y 50 mil unidades tributarias, y entre diez y once años de prisión.

Un nuevo golpe asestó el Gobierno revolucionario en Mérida, a través de los operativos de fiscalización que a diario se desarrollan en el Estado, como parte de la segunda etapa de la ofensiva económica.

En el sector Los Curos de la parroquia JJ Osuna del municipio Libertador, específicamente en la zona industrial, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde) y la 22 Brigada de Infantería, realizaron una inspección donde hallaron algunas irregularidades en la compra de cauchos para vehículos en la empresa Valecaucho.

“Hemos encontrado más de 600 cauchos, cuya facturación recae sobre el dueño de la empresa y no, como debería ser, a nombre de la empresa como tal”, señaló el General de Brigada Randall Radamés Rivas Rojas, jefe de la 22 Brigada de Infantería, quien estableció que este tipo de ilícitos dan cuenta de un boicot económico a la actividad comercial, regular donde las transacciones por compras de este tipo no se registran bajo el parámetro tributario requerido; un boicot al ejercicio económico.

Rivas estableció que Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ) sanciona estos delitos con penas de entre mil y 50 mil unidades tributarias y entre diez y once años de prisión.

Por su parte, Nelson Nava, coordinador regional del Sundde, estableció que en la inspección realizada en la mañana de este martes, encontraron baterías para automóviles bajo adquisición irregular, sobre lo cual indicó que mantienen un seguimiento en el que determinarán, si como presumen, las baterías constituyen parte de las importaciones que el Gobierno ha realizado para el servicio de proveeduría de transporte, a precios regulados.

Navas aseguró que en el artículo 55 de la LOPJ, se tipifica este tipo de ilícitos como boicot a la actividad económica. “En este caso se tomó una medida basada en el artículo 39, numeral 6, obligando a la venta inmediata de los cauchos, a un precio justo y por lo tanto, a disposición inmediata del pueblo”.

Agregó el funcionario que, la gestión fiscalizadora además, convocó a los miembros organizados del transporte colectivo privado y público a beneficiarse de esta actividad y a participar del control regulatorio, que el Gobierno dispone en beneficio de todos.

Continúan las fiscalizaciones
Nava aseguró que hasta el momento se han hecho cerca de 500 fiscalizaciones, verificando el cumplimiento de la ley diferentes establecimientos y la puesta a la disposición de los bienes y servicios, a todas las personas, haciendo hincapié en la alimentación y en el rubro transporte, “porque son importantes indicadores en materia de inflación”, indicó.

Transportistas beneficiados
Luis Rivero, de la línea Mucubaji, ubicada en la parroquia JJ Osuna, beneficiado por este operativo conjunto, indicó: “Estos operativos son bien recibidos, porque el respeto a la ley permite la efectiva regulación, redundando en un beneficio directo hacia el consumidor”; dijo además, que a un precio normal estos cauchos se ubican regularmente entre tres mil 500 y tres mil 200 bolívares, para ring 15, y este operativo permitió ofrecerlos en un rango comprendido entre los dos mil 600 y mil 700 bolívares, según la marca del caucho. (OCI/Miguel Puentes. Fotos: Gabriela Franco).