Referencial
Credito: Archivo
(Caracas, 27 de mayo de 2016) El Ministerio Público logró privativa de
libertad para la jefa (e) de Adquisición de Bienes y Servicios de la
Gobernación del estado Cojedes, Lidanys Herrera Castillo, y otras cuatro
personas más, tras su presunta responsabilidad en el extravío y
posterior cobro de cuatro cheques, lo que habría causado un daño al
patrimonio público de 9 millones 410 mil 459 bolívares.
La irregularidad administrativa fue denunciada el pasado 28 de abril por un funcionario de la gobernación llanera ante la subdelegación San Carlos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
En la audiencia de presentación, el fiscal 9º de esa jurisdicción, Héctor Ramón Sevilla, imputó a Herrera Castillo por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso, utilidad ilegal en cualquiera de los actos de la administración pública, manejo indebido de cuentas bancarias y agavillamiento.
Por su parte, las también funcionarias de la mencionada gobernación, Aida Josefina Álvarez y Jenny Carolina Dawson, fueron imputadas por los delitos de manejo indebido de cuentas bancarias y agavillamiento.
De igual manera, el trabajador de la Zona Educativa de Cojedes, William Casique Urbina, y el cajero de la agencia Tinaco del Banco Bicentenario, Alexis Díaz Aponte, fueron imputados por manejo indebido de cuentas bancarias y agavillamiento.
Adicionalmente, Álvarez recibió la imputación por peculado doloso; Casique Urbina por enriquecimiento ilícito, y Díaz Aponte por corrupción pasiva.
Estos delitos están establecidos en la Ley contra la Corrupción y el Código Penal.
Al analizar los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, el Tribunal 3º de Control de Cojedes dictaminó la medida privativa de libertad para los cinco involucrados y ordenó como sitio de reclusión la sede del Cicpc, en San Carlos, municipio Ezequiel Zamora de la citada entidad federal.
Luego de que el pasado 28 de abril se denunciara el extravío, alteración y posterior cobro de los cuatro cheques emitidos por la gobernación llanera, el Ministerio Público inició las respectivas investigaciones, de las cuales se desprende la participación de Herrera Castillo, en colaboración con sus asistentes Álvarez y Dawson, con el citado caso; esta última habría depositado el dinero en su cuenta bancaria y en otras pertenecientes a Casique Urbina.
Asimismo, la institución garante de la legalidad en el país presume la responsabilidad de Álvarez en el endoso de los cuatro cheques.
Frente a las evidencias, se solicitaron las cinco órdenes de aprehensión, las cuales fueron materializadas el pasado 19 de mayo por funcionarios del Cicpc en los puestos de trabajo de los ahora privados de libertad.
La irregularidad administrativa fue denunciada el pasado 28 de abril por un funcionario de la gobernación llanera ante la subdelegación San Carlos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
En la audiencia de presentación, el fiscal 9º de esa jurisdicción, Héctor Ramón Sevilla, imputó a Herrera Castillo por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso, utilidad ilegal en cualquiera de los actos de la administración pública, manejo indebido de cuentas bancarias y agavillamiento.
Por su parte, las también funcionarias de la mencionada gobernación, Aida Josefina Álvarez y Jenny Carolina Dawson, fueron imputadas por los delitos de manejo indebido de cuentas bancarias y agavillamiento.
De igual manera, el trabajador de la Zona Educativa de Cojedes, William Casique Urbina, y el cajero de la agencia Tinaco del Banco Bicentenario, Alexis Díaz Aponte, fueron imputados por manejo indebido de cuentas bancarias y agavillamiento.
Adicionalmente, Álvarez recibió la imputación por peculado doloso; Casique Urbina por enriquecimiento ilícito, y Díaz Aponte por corrupción pasiva.
Estos delitos están establecidos en la Ley contra la Corrupción y el Código Penal.
Al analizar los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, el Tribunal 3º de Control de Cojedes dictaminó la medida privativa de libertad para los cinco involucrados y ordenó como sitio de reclusión la sede del Cicpc, en San Carlos, municipio Ezequiel Zamora de la citada entidad federal.
Luego de que el pasado 28 de abril se denunciara el extravío, alteración y posterior cobro de los cuatro cheques emitidos por la gobernación llanera, el Ministerio Público inició las respectivas investigaciones, de las cuales se desprende la participación de Herrera Castillo, en colaboración con sus asistentes Álvarez y Dawson, con el citado caso; esta última habría depositado el dinero en su cuenta bancaria y en otras pertenecientes a Casique Urbina.
Asimismo, la institución garante de la legalidad en el país presume la responsabilidad de Álvarez en el endoso de los cuatro cheques.
Frente a las evidencias, se solicitaron las cinco órdenes de aprehensión, las cuales fueron materializadas el pasado 19 de mayo por funcionarios del Cicpc en los puestos de trabajo de los ahora privados de libertad.