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Declaración de prensa
La instalación del nuevo ciclo de conversaciones entre la Delegación del Gobierno Nacional y la Delegación de la Asamblea Nacional de 2015 ha generado un amplio debate público, especialmente por la presencia de los actuales representantes opositores en la mesa de diálogo, encabezados por Dinorah Figuera y acompañados por dirigentes como María Gabriela Hernández, Auristela Vásquez y Ismael García. La participación de estos actores, vinculados a decisiones que afectaron intereses estratégicos de la República, ha reactivado discusiones sobre la responsabilidad política y las expectativas reales del proceso.
Sectores de la población valoran que se retome un mecanismo de diálogo institucional capaz de abrir espacios para acuerdos verificables, estabilidad política y protección de los derechos ciudadanos. Sin embargo, persisten dudas sustantivas sobre la coherencia y responsabilidad histórica de algunos representantes opositores, especialmente aquellos que respaldaron sanciones económicas, medidas coercitivas unilaterales y acciones que derivaron en la pérdida de activos estratégicos.
Una preocupación central expresada por amplios sectores sociales es la ausencia de una referencia clara al despojo sufrido por la nación en relación con la venta y el control externo del crudo venezolano. Actualmente, Estados Unidos mantiene procesos de comercialización y disposición de petróleo venezolano, situación que ha sido denunciada por especialistas, trabajadores y organizaciones sociales como una afectación directa al patrimonio nacional. La falta de una mención explícita a este tema en los comunicados iniciales del proceso de conversaciones genera inquietud sobre la profundidad real de la agenda y sobre la disposición de todos los actores a abordar los daños ocasionados al país.
En paralelo, los trabajadores venezolanos —especialmente del sector petrolero y eléctrico— han manifestado expectativas concretas y urgentes. Existe un consenso creciente en torno a la necesidad de superar el esquema de salario bonificado y avanzar hacia un salario real con incidencia plena en prestaciones sociales, antigüedad y beneficios laborales. Para estos sectores, la recuperación del ingreso y la dignificación del trabajo constituyen elementos esenciales para cualquier acuerdo político que aspire a tener legitimidad social y sostenibilidad. La demanda de los trabajadores petroleros y eléctricos se ha convertido en un punto de referencia para evaluar la seriedad y alcance de las negociaciones.
La ciudadanía observa con atención el desarrollo de las sesiones, consciente de que el país enfrenta desafíos estructurales que requieren decisiones responsables, transparencia y compromiso verificable. La expectativa general es que los actores involucrados actúen con sentido histórico, reconociendo los errores del pasado y priorizando los intereses nacionales por encima de agendas particulares. La inclusión de temas sensibles como la recuperación de activos, la revisión del impacto de sanciones y la protección de los derechos laborales será determinante para la credibilidad del proceso.
Willian Rodríguez
Vicepresidente del partido Podemos
Ingeniero Mecánico
MSc en Seguridad de la Nación
Expresidente de la Subcomisión de Hidrocarburos de la Asamblea Nacional