En Colombia existe una ley que prohíbe a los campesinos almacenar sus semillas para darle prioridad a multinacionales.

Como consecuencia de la entrada en vigencia de los diferentes tratados de libre comercio entre los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos, una ley impide a los campesinos almacenar semillas y permite solo la compra de semillas  “certificadas”.

Por: José David Castro Pino
Facilitador EDC Cauca y Valle del Cauca

A lo largo de los años Colombia ha evidenciado las diferentes manifestaciones de origen campesino y agrario  por las nefastas consecuencias que ha traído consigo la entrada en vigor de los diferentes tratados de libre comercio – TLC principalmente con el gobierno de Estados Unidos, donde privilegia la incursión de grandes comercializadoras de alimentos y semillas genéticamente modificados, pasando por encima de los intereses de los pequeños agricultores.



Las manifestaciones se han presentado en diferentes puntos del territorio colombiano  por grandes conglomerados de sectores importantes como los cafeteros y los arroceros sumándose otros sectores como el de transporte, evidenciado que este es un problema que no solamente afecta a los campesinos sino que afecta a toda una sociedad, lo que expresa una situación generalizada de desigualdad social.
En ese orden de idas el foco fundamental de las protestas de los campesinos es la resolución 970 del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, esta resolución prohíbe a los campesinos almacenar  las semillas de sus propias cosechas para siembras futuras, permitiendo únicamente la compra de semillas “certificadas”, un recurso legal en el que favorece a empresas multinacionales como Monsanto, Dupont y Syngenta, las más importantes en el mercado de los alimentos transgénicos.
Para los campesinos colombianos ésta medida atenta contra una de las prácticas más ancestrales de la agricultura, sumado a eso,  los daños al campo y aún a la salud humana que conlleva el cultivo, distribución y consumo de alimentos genéticamente modificados. Lo que es más alarmante es que la ley establece sanciones económicas y de cárcel para quienes almacenen sus propias semillas.
En ese sentido podemos evidenciar como la situación agraria de nuestro país va en decaimiento gracias a las políticas aperturistas neoliberales que prevalecen y priorizan los intereses de grandes multinacionales y grandes empresarios sin importar la seguridad alimentaria de los colombianos.