América Latina no ha sido inmune al emergente y disruptivo fenómeno neofascista y a sus adherencias en las fuerzas de ultraderecha. Bajo patrocinio trumpista y de herederos europeos nazis, la región experimenta giros políticos y de seguridad que ponen en jaque a las democracias, y que amenazan con sepultar derechos sociales conquistados en las últimas décadas. La guerra en todas sus formas, o la militarización de las sociedades por distintas vías, emerge como la nueva estrategia de recomposición del capitalismo occidental quebrando el orden jurídico internacional, con su correlato genocida, fundado en su aspiración de aniquilar fuerzas contestarias o proyectos alternativos. |
La proscripción política como método |
Bolivia no es una excepción en la estrategia ultraconservadora. Se inscribe en este cuadro de tensiones y disputa geopolítica, dada su posición geográfica, su vigoroso posicionamiento soberanista y un considerable potencial de riqueza concentrada en su territorio. El proyecto indígena-popular, encarnado en un nuevo Estado Plurinacional, caracterizado por la inclusión social, justicia e igualdad, además de su perspectiva industrialista bajo una égida soberana, nacionalista y anticolonial-antiimperial, incomodó al poder hegemónico norteamericano y a sus aliados regionales, lo que condujo a declararle una implacable guerra política desde el primer día de su llegada al gobierno. Las fuerzas conservadoras nativas, de explícito filo racista y antipopular, ejecutaron durante más de una década prácticas de desestabilización que se agregaron a las persistentes operaciones encubiertas desde el extranjero. El ascenso de la ultraderecha en Bolivia fue un trabajo arduo, paciente y planificado que fue socavando sus pilares fundamentales. La primacía sediciosa en sus extremos, osciló entre el golpe de Estado del 2019 y la proscripción electoral del 2025. |
El ciclo político inaugurado por el Movimiento al Socialismo–Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) en 2006 fue sin duda excepcional por su duración, su filiación ideológica y política, el sujeto histórico que lo sostuvo, los cambios profundos que produjo y su proverbial resistencia frente al asedio constante. Su derrumbe relativo, en tanto poder político, pone de relieve y explica la puesta en marcha de una vigorosa estrategia de cambio de régimen en el hemisferio, más allá de sus propias debilidades políticas específicas o internas. Dicho de otro modo, Washington se propuso poner fin a gobiernos de la región que directa o indirectamente contribuían a incrementar la velocidad de su declive o que hacía incompatible su proyecto de restauración hegemónica global. Por lo mismo, la crisis existencial hegemónica exigía radicalizar la contrasubversión, lo que condujo a escalar la guerra híbrida, en sus múltiples variantes, para poner límites al desafío emergente. Dicha estrategia evolucionó desde los nuevos golpes de Estado, con apoyo explícito a fuerzas políticas de derecha, pasando por el lawfare, e incluso optando por intentos de magnicidio contra los principales líderes políticos no alineados de la región. |
En el caso específico de Bolivia, no queda duda que la potente capacidad del movimiento social de recuperar el poder político a sólo un año del golpe de Estado, mediante su entramado territorial, su memoria histórica y el liderazgo político, generó pánico entre las fuerzas conservadoras obligándolas a radicalizar su estrategia de captura estatal. En consecuencia, decidieron hegemonizar el escenario político y el proceso electoral del 2025 clausurando sus opciones electorales, vetando a su líder histórico, a sus núcleos ideológicos y políticos mejor organizados y más combativos, por la vía de la proscripción. Paradójicamente, el gobierno de Luis Arce, que nunca comprendió su condición transitoria, convertido en enemigo público de Evo Morales junto a la derecha criolla y sus aliados extranjeros —marginados durante casi dos décadas del poder— convergió en la misma estrategia de aniquilamiento de su principal adversario. |
La estrategia de la proscripción puso en escena a tres actores clave: poder judicial, poder electoral y medios de comunicación. El poder judicial llevó a cabo una tenebrosa campaña de persecución judicial contra Morales, impulsada por el gobierno de Arce, pero al mismo tiempo digitada desde otros centros de decisión no estatales. Se lo acusó sin pruebas suficientes de trata y tráfico de personas y al mismo tiempo se tramó una interpretación tramposa de la propia constitución para impedir una aparente reelección, basada en juicios de valor de organismos internacionales no vinculantes. Por su parte, el poder electoral, revestido de árbitro político, manipuló hasta la saciedad normas electorales, aplastando derechos de representación constitucional también por encargo de poderes fácticos. La Corte Electoral, actuando como juez de oficio, violando la Constitución, desconoció la genuina representación y titularidad del instrumento político en favor de un tercero, al que le reconoció derechos sin mérito alguno, producto de una decisión política deliberada, dejando por fuera a millones de electores sin representación partidaria. La persecución judicial y el veto electoral, procesos explícitamente manipulados, sirvieron de insumo a los medios hegemónicos de comunicación para criminalizar y lapidar mediáticamente a quienes intentaban competir democráticamente en las urnas. |
Las elecciones nacionales de la primera vuelta en agosto del 2025 transcurrieron en medio de la vacancia de la mayor fuerza política de la historia del país, dejando expedito el camino a las fuerzas de derecha que disputaron los primeros lugares. El movimiento indígena-popular, que optó por un masivo voto nulo en la primera vuelta, no tuvo más alternativa que votar en la segunda vuelta por el mal menor, entre una derecha maquillada de democracia y otra explícitamente racista que ofrecía demoler todo vestigio “indígena-campesino masista”, cuyo cordón umbilical llegaba a los pasillos del Departamento de Estado y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). Rodrigo Paz, fue beneficiado con el voto indígena-popular con arreglo a sus propuestas populistas apoyadas por el candidato a vicepresidente, un atípico expolicía que cumplía el papel de justiciero de comarca. |
El caso de Bolivia señala que la proscripción política no es sólo un mero dispositivo táctico o una artimaña electoral de las derechas nativas con la que procuran llegar al poder por la vía de la depredación de sus adversarios. Es más que eso, constituye una poderosa estrategia de captura estatal que responde a intereses supranacionales, que opera sometiendo estructuras estratégicas del poder público nacional. Bolivia constituye sin duda un complejo laboratorio para estas nuevas guerras de amplio espectro político en las que los sujetos históricos rebeldes, insurrectos o antisistema constituyen las nuevas víctimas de un poder hegemónico en declive. Por lo tanto, la proscripción no sólo se reduce a un dispositivo episódico de veto electoral, es más que eso, es la mutilación o inviabilidad de un proyecto histórico que disputa la centralidad estatal frente a la antítesis neoliberal salvaje, sostenida en el despojo de los recursos naturales, el vaciamiento de la soberanía nacional y la ocupación extranjera. Proscribir no es una mera decisión administrativa ni una simple jugada política sujeta a presiones, prebendas o corrupción, forma parte indisoluble de una estrategia geopolítica, que implica la fragmentación o debilitamiento estructural de fuerzas políticas o su balcanización, que impide ofrecer resistencia política frente a proyectos neoliberales privatizadores o al despojo y desmantelamiento de procesos de nacionalización. |
Del simulacro populista al proyecto protectoral |
La nueva administración asumió el 8 de noviembre de 2025 y una vez en el poder, anuló a su Vicepresidente, mientras que éste se declaró opositor al gobierno. Inició una alianza con uno de sus adversarios en primera vuelta, Doria Medina, de cuyo partido tomó a los ministros que ocuparon carteras nodales dentro el Estado (presidencia, economía y defensa), lo que reflejó la ausencia de una estructura política y de gestión propia. De igual manera, pactó con su rival de la segunda vuelta, Jorge “Tuto” Quiroga, y logró una alianza con las élites empresariales de Santa Cruz. |
La rearticulación de la “vieja derecha” no sólo se refleja en los actores que la conforman, sino también en su discurso y la simbología que exterioriza. Frases como “capitalismo para todos”, discursos sobre Dios y la familia, la constante mención de los 20 Años del “Estado tranca”, refuerzan el regreso de la Biblia y el crucifijo en el acto de posesión de la Asamblea Legislativa y la desaparición de la Wiphala de la banda presidencial y del emblema del Ejército. |
Tras ganar las elecciones, Paz viajó inmediatamente a Estados Unidos a reunirse con el Secretario de Estado, Marco Rubio, y representantes de organismos financieros internacionales. Seguidamente, anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos e Israel y eliminó el requisito de visa que se exigía a los ciudadanos de ambos países. En marzo de este año, su participación en la conformación del “Escudo de las Américas” liderado por Trump, junto con otros gobiernos de derecha de la región, fue el epítome de su vasallaje y el declive de la soberanía que tanto había defendido el Estado Plurinacional a la cabeza de Evo Morales. |
El regreso al neoliberalismo puro y simple se expresa en las medidas económicas tomadas desde los primeros días de gestión. El anuncio de la reducción del gasto público en 30% para el año 2026, junto con la eliminación de varios impuestos, entre ellos a las grandes fortunas, fueron el punto de partida para dar paso a una serie de decretos y propuestas de leyes de amplio espectro liberal. El fin de la subvención a los hidrocarburos, con el objetivo de reducir el déficit fiscal, originaría un proceso inflacionario que trató de ser balanceado con el incremento del salario mínimo en un 20%, lo que se vio opacado con la venta de una gasolina de mala calidad que afectó a gran parte del parque automotor del país. A estas medidas se sumaron la emisión de decretos que provocaron la reacción popular y su posterior anulación. Tal es el caso del decreto Nº 5503, que incluía un paquete de medidas de liberalización de la economía, y la Ley 1720 de Reconversión de Tierras, que permitía que las pequeñas propiedades se convirtieran en medianas, con el peligro que conllevaba su acaparamiento por latifundistas. La ley fue anulada, debido a la fuerza que tuvo la marcha de 48 días que emprendieron las comunidades campesinas e indígenas afectadas, a la sede de gobierno. |
Sin embargo, los acuerdos que se vienen dando con Estados Unidos sobre la explotación del litio y minerales críticos, la negociación con el FMI para la obtención de créditos, junto con el paquete de leyes que el Ejecutivo enviará a la Asamblea para su aprobación (ley de Hidrocarburos, de Minería, de Electricidad, de Inversiones, de Economía Verde, de Emprendedores, Electoral, seguridad nacional y reducción del Estado) amenazan con una estampida neoliberal catastrófica. |
En el ámbito de la seguridad, la situación es igual de entreguista. El retorno de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) en tareas de lucha contra las drogas detona las alarmas de la militarización y criminalización social que tanto daño hicieron en el pasado. |
Frente a este escenario, la resistencia del movimiento popular e indígena ha estado a la altura de las circunstancias. El último bloqueo de caminos que duró 53 días entre mayo y junio, cuya principal demanda llegó a ser la renuncia del Presidente por no cumplir con sus promesas de campaña, aliarse con la derecha, querer privatizar las empresas del Estado, encubrir hechos de corrupción, etc., hizo tambalear la estructura gubernamental a sólo seis meses de gestión. |
En la actualidad, Paz mantiene una frágil gobernabilidad y ha declarado un Estado de excepción, asegurando que fue víctima del “narcoterrorismo”, circunscribiéndose al discurso securitizador de Estados Unidos. Ha iniciado un proceso de persecución judicial de los líderes de los movimientos sociales movilizados —incluyendo a Evo Morales— y ha vuelto a desplegar, como sucedió en el golpe de 2019, un discurso racista y estigmatizante. |
El retorno de la vieja derecha neoliberal en Bolivia, junto con lo que sucede en otros países de la región, se encamina a la creación de un “protectorado”. El objetivo a nivel interno, es dejar atrás el Estado Plurinacional; mientras en el ámbito externo busca ceder su soberanía al ensamblaje de una estructura geopolítica imperial en crisis, que tiende a la barbarie. |
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