Imagina un hospital público en Caracas, de esos que han visto días mejores. Una madre espera en una silla de plástico. Su hijo tiene cáncer. Necesita radioterapia. Pero los isótopos radiactivos que salvan vidas —el Tecnecio-99m, por ejemplo— vienen del extranjero. Llegan tarde. O no llegan. Ahora imagina: un pequeño ciclotrón, construido aquí mismo, en Venezuela. Con los científicos y técnicos locales. Con supervisión del OIEA. Ese ciclotrón produce los isótopos cada mañana. El niño recibe su tratamiento a tiempo. La madre llora, pero ahora de alivio. Esa es la diferencia entre ver la energía nuclear como un monstruo o como una herramienta.
Venezuela no quiere fabricar bombas atómicas. Jamás las ha querido. Lo demostró durante muchas décadas (GlobalSecurity, 2025). Pero sí tiene derecho —derecho inalienable, dice el Tratado de No Proliferación— a usar el átomo para curar, para alimentar, para limpiar el agua, para progresar.
Tres argumentos orientan el discurso: la historia limpia de Venezuela en materia nuclear, los argumentos legales sólidos como una roca, y las necesidades concretas de su gente. Al final, espero que quede una idea clara: no es un capricho. Es justicia.
Venezuela firmó el Tratado de Tlatelolco en 1967. ¿Qué significa eso? Que América Latina y el Caribe se convirtieron en la primera zona densamente poblada del planeta en decir "no" a las armas nucleares. Fue un acto de valentía colectiva. Venezuela lo ratificó en 1970. Des-pués llegó el Tratado de No Proliferación (NPT, por sus siglas en inglés), en 1975. Y en el año de 1982, se firmó el Acuerdo de Salvaguardias Integrales con el OIEA (Middlebury Institute of International Studies, 2024). En dicho tratado se establecen unas salvaguardas de forma que inspectores internacionales pueden venir cuando quieran (General Directorate of Atomic Energy, Venezuela, 2019). Revisar. Preguntar. Medir. Asegurarse de que ni un solo gramo de material radiactivo se desvíe para algo que no sea medicina, agricultura o indus-tria. Venezuela ha permitido eso durante más de cuarenta años. Sin conflicto.
¿Y qué pasó con el único reactor de investigación que tuvimos? Se llamaba RV-1. Estaba en Altos de Pipe, en el estado Miranda. Era pequeño. Pacífico. Funcionó durante décadas con fines científicos. Pero usaba un combustible sensible: uranio altamente enriquecido, o HEU. Ese material, si cae en malas manos, puede usarse para una bomba. Venezuela no lo usó para eso. Nunca. Al contrario. En abril de 2026 —sí, hace apenas unos meses— Venezuela permitió una operación compleja. Con ayuda del OIEA, Estados Unidos y el Reino Unido, retiró esos 13 kilogramos de HEU del país. Los mandó a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Venezuela aceptó que era mejor no tener ese tipo de material en su territorio. El director del OIEA para ese momento, Rafael Grossi, dijo que fue un ejemplo de "voluntad, coordinación, dedicación y profesionalismo".
Un país al que a veces señalan como "sospechoso" hace exactamente lo contrario: se desha-ce voluntariamente del material más peligroso. Y lo hace en medio de sanciones económicas, con dificultades logísticas enormes. Hoy, en el lugar donde estuvo el RV-1, funciona una planta de irradiación gamma. Se llama Pegamma. Allí se esterilizan equipos médicos para la salud. Se mejoran semillas. Se salvan vidas.
Venezuela también ratificó en 2018 el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW) (Nuclear Weapons Ban Monitor, 2025). Es el tratado más reciente, el más exigente. Declara ilegal la existencia misma de las bombas atómicas. Venezuela lo firmó. Lo incorpo-ró a sus leyes. Entonces, ¿de qué sospecha hablamos? No hay una sola prueba de que Venezuela haya intentado fabricar una bomba. Nunca la ha necesitado. Nunca la ha querido. Lo que sí necesita es tecnología para curar el cáncer, para producir alimentos sin plagas, para limpiar ríos envenenados por la minería ilegal. Esa es la verdad incómoda que a veces se omite.
El Tratado de No Proliferación en su artículo IV establece que: "Nada de lo dispuesto en el presente Tratado se interpretará en menoscabo del derecho inalienable de todas las Partes [...] a desarrollar la investigación, la producción y la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos". La palabra "inalienable" quiere decir que no te lo pueden quitar. No importa si eres un país pequeño. No importa si tienes un gobierno que a algunos no les gusta. Si cumples con las reglas de no proliferación —y Venezuela las cumple—, nadie puede impedirte acceder a la tecnología nuclear pacífica.
Es más: los países que sí tienen bombas están obligados a cooperar. El artículo IV también dice que deben "facilitar" el intercambio de equipos, materiales e información científica. No es un favor. Es una obligación legal. Entonces, cuando a Venezuela le bloquean la compra de un equipo médico porque tiene componentes radiactivos, eso viola el Tratado. Cuando le niegan la transferencia de un pequeño reactor modular para generar electricidad en una zona aislada, eso viola el Tratado. El derecho internacional no es un adorno.
En septiembre de 2024 ocurrió algo que pasó desapercibido para muchos, pero que es muy importante. En la 68ª Conferencia General del OIEA, en Viena, Venezuela fue elegida parte de la Junta de Gobernadores. Para el periodo 2024-2026, representa a América Latina y el Caribe, junto con Argentina y Colombia (Xinhua News Agency, 2024, Septiembre 23). ¿Qué significa eso? Que Venezuela no solo tiene derecho a usar tecnología nuclear pacífica, sino que además está sentada en el órgano en donde se decide cómo se reparte esa tecnología en el mundo. Decide sobre la cooperación técnica. Decide sobre las salvaguardas. Decide sobre la seguridad. Es difícil acusar a un país de querer hacer trampa cuando ese país está ayudan-do a escribir las reglas. Y no es casualidad. Venezuela ha participado activamente en todos los foros del OIEA. Ha presentado informes. Ha recibido visitas. Ha implementado muchos y variados programas de cooperación técnica en salud y agricultura.
El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW) es radical. No permite ni siquiera tener armas nucleares en tránsito. Venezuela lo ratificó en 2018. Eso significa que, en su legislación interna, las armas nucleares son ilegales. ¿Puede un país que prohíbe las bombas en sus propias leyes estar escondiendo un programa de bombas? La respuesta es obvia: no. Por eso, cuando algún funcionario de una potencia nuclear dice que "Venezuela no es confiable" para manejar tecnología nuclear, hay que preguntarle: ¿y ustedes, que tienen miles de bombas apuntando al cielo, son más confiables? La hipocresía tiene límites.
Mientras Venezuela es sancionada, bloqueada, señalada, los submarinos de propulsión nuclear de Estados Unidos navegan por el Caribe. En agosto del año 2025, el USS Newport News, un submarino nuclear, estuvo en aguas cercanas a Venezuela. El gobierno venezolano lo denunció ante la ONU como una violación del espíritu del Tratado de Tlatelolco. Porque Tlatelolco no solo prohíbe tener armas nucleares. También prohíbe que potencias externas las introduzcan en la región. Eso incluye submarinos con armas nucleares a bordo, aunque no lo digan en voz alta. Entonces, la situación es asimétrica. Ellos pueden tener reactores nucleares en el mar, cerca de nuestras costas. Pero nosotros no podemos tener un ciclotrón para curar enfermos. Eso no es seguridad. Es colonialismo tecnológico.
Ya hablamos de la historia y las leyes. Ahora vayamos a la tierra, a la carne, al dolor, a la esperanza, a la Humanidad. ¿Para qué necesita Venezuela la tecnología nuclear pacífica? Para resolver problemas reales.
El cáncer no espera. Las enfermedades cardiovasculares no esperan. Y los isótopos radiactivos tienen una vida muy corta. El Tecnecio-99m, el más usado en diagnósticos, se descompone en seis horas. Si el vuelo desde el exterior se retrasa un día, el producto ya no sirve. Venezuela depende al cien por ciento de las importaciones. Con sanciones, con problemas cambiarios, con todo. A veces los isótopos llegan vencidos. O no llegan. Y los pacientes esperan. Algunos mueren esperando.
Un ciclotrón mediano, construido en el país cambiaría eso. Produciría isótopos cada mañana. El hospital los usaría al mediodía. El paciente estaría diagnosticado por la tarde. ¿Es caro? Sí, todo lo que vale la pena es caro al principio. Pero más caro es seguir importando, y más trágico es seguir viendo morir gente por algo que podríamos producir aquí. Venezuela tiene científicos. La Universidad Central de Venezuela, el IVIC, la Universidad de Los Andes. Gente formada, capaz.
Las plagas de insectos destruyen cosechas enteras. La solución química son los plaguicidas, que dañan la tierra, el agua y la salud de los agricultores. Existe una técnica limpia, desarrollada por el OIEA y la FAO, que se llama Técnica del Insecto Estéril (TIE). Consiste en criar insectos macho, esterilizarlos con radiación gamma, y liberarlos en el campo. Se aparean, pero no hay descendencia. La plaga se reduce sola. Venezuela ya tiene una planta de irradiación, Pegamma. Podría ampliarse para producir insectos estériles a gran escala. Piensa en el mango de Oriente, en el cacao de Barlovento, en el café andino. Menos pérdidas, más exportación, menos cáncer por pesticidas. ¿Suena a ciencia ficción? No. Se hace en México, en Guatemala, en España.
La minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco ha dejado los ríos llenos de mercurio. Ese veneno se acumula en los peces y en las personas que los comen. Los métodos convencionales para limpiar el agua son lentos y caros. La tecnología nuclear ofrece una ventaja enorme: los trazadores radiactivos permiten estudiar el flujo del agua, el movimiento de los sedimentos, la dispersión de los contaminantes, con una precisión imposible de lograr de otra manera. La radiación puede descomponer ciertos contaminantes orgánicos persistentes. Venezuela tiene el recurso más valioso del mundo: agua dulce. Pero está siendo envenenada. Usar la tecnología nuclear para entender ese veneno y combatirlo no es un lujo. Es una necesidad.
Las represas hidroeléctricas son maravillosas... hasta que llega El Niño. Los cambios climáticos hacen que los periodos de sequía sean más largos e intensos. Venezuela sufre apagones. No por mala suerte, sino por depender demasiado de una sola fuente.
Los pequeños reactores modulares (SMRs, por sus siglas en inglés) son una alternativa real. No son como Chernóbil ni como Fukushima. Son diseños nuevos, más seguros, pasivos: se apagan solos si algo falla. Caben en un campo de fútbol. Producen electricidad limpia, sin emisiones de carbono. Para una zona minera en Bolívar, para un hospital grande, para una ciudad mediana, para un Estado pequeño, podrían ser la solución.
No digo que Venezuela deba llenarse de reactores de inmediato. Sino que tiene todo el derecho a estudiar esa posibilidad. A formar técnicos. A diseñar planes. Y a que nadie le cierre la puerta en la cara cuando pida cooperación.
¿Hay algún riesgo real? La energía nuclear asusta porque ha habido accidentes. Porque hay armas. Negar esos miedos sería tonto. Pero los miedos hay que mirarlos a la cara. El reactor RV-1 funcionó en Venezuela durante más de treinta años sin ningún accidente grave. Nunca hubo una fuga. Nunca hubo un incidente que pusiera en riesgo a la población. Los técnicos venezolanos que lo operaban estaban bien entrenados. El OIEA supervisó todo el tiempo.
El combustible de uranio altamente enriquecido ya no está en el país. Fue retirado (OIEA, 2026). Lo que queda son fuentes radiactivas de baja y media intensidad, usadas en medicina e industria, controladas por la Dirección General de Energía Atómica. ¿Existe el riesgo de que algún grupo terrorista robe material radiactivo? En cualquier país existe ese riesgo. Por eso existen las salvaguardias. Por eso los inspectores del OIEA visitan las instalaciones. Por eso se invierte en seguridad física. Venezuela ha cooperado en todo esto.
El verdadero riesgo para la estabilidad regional no es una Venezuela con medicina nuclear. El verdadero riesgo es una Venezuela colapsada, sin energía eléctrica estable, sin capacidad de diagnosticar enfermedades, sin tecnología para limpiar sus ríos.
Venezuela aún no ha ratificado el Protocolo Adicional de salvaguardias del OIEA. Eso es cierto. El Protocolo Adicional permite inspecciones más sorpresivas y más amplias. Es una capa extra de transparencia. Mi opinión es que Venezuela debería ratificarlo cuanto antes. No porque sea obligatorio (no lo es si ya tienes el acuerdo de salvaguardias integrales), sino porque sería un gesto político enorme. Una forma de decir: "miren, no escondemos nada. Pueden venir cuando quieran. Revisen todo.
Para que no parezca que esto es una locura venezolana, miremos alrededor. Países mucho más pequeños, con mucho menos recursos, y muchos menos científicos, tienen programas nucleares pacíficos. Uruguay tiene un reactor de investigación. Chile tiene de ellos varios. Perú tiene uno. Argentina tiene una larga tradición nuclear pacífica, incluso vende reactores a otros países. Brasil también. Ninguno de esos países es "sospechoso". ¿Por qué Venezuela sí lo sería?
Porque la sospecha no es técnica. Es política. Depende de quién gobierna, no de qué tecnología se maneja. Eso es injusto. El derecho internacional no puede depender del color político del presidente de turno. O se aplica a todos, o no es derecho.
Referencias
International Atomic Energy Agency (IAEA). (2026, May 7). “IAEA Helps Transport High Enriched Nuclear Fuel from Venezuela to the US”. IAEA Newscenter.
GlobalSecurity org. (2025). “Venezuela - Weapons of Mass Destruction”. GlobalSecurity.org WMD Library.
Nuclear Weapons Ban Monitor. (2025). “Venezuela”. Banmonitor.org.
Xinhua News Agency. (2024, September 23). “Venezuela joins int’l atomic agency’s govern-ing board”. English.nujiang.cn.
General Directorate of Atomic Energy (Venezuela) (2019). “Application of Safeguards in Venezuela through Protocols with Small Quantities”. IAEA Symposium on International Safeguards.
Middlebury Institute of International Studies. (2024). “Non-Aligned Movement (NAM) Dis-armament Database: Venezuela”.
