¿Se estará gestando a otro BETANCOURT para esta democracia? Cáiganse de Q, y vean esto…

José Sant Roz

• Para pava nuestra, aparece otro Betancourt en el horizonte político, que también (barrunta la cosa) resulta que es EXPERTO PETROLERO. ¿Estará emparentado con aquel Rómulo que escribió la magna obra “Venezuela, política y petróleo”? Por las señas que se muestran de este nuevo espécimen es muy probable que lo sea: tracalero, amañador de cuentas en varios lugares del mundo occidental y con poderoso apoyo de los gringos. El susodicho se llama Alejandro Betancourt.
• No acabamos por ver nada claro el panorama energético de nuestro país. Los titulares del mundo hablan del negocio del siglo, y que cientos de compañías quieren venir a invertir. Contratos, un acuerdo nada menos que por 65.000 millones de barriles de petróleo, van y vienen empresarios gringos para finiquitar alianzas y convenios, al tiempo que aparece una nueva Ley de Hidrocarburos sancionada por la Asamblea Nacional. En medio de esta espléndida como especiosa madeja de transacciones y entendimientos, Venezuela vive apagones de entre cinco y diez horas cada día, y según las vagas informaciones que se tienen es debido a que se ha incrementado en varios millones la fulana producción petrolera con el gobierno bajo el mando de doña Delcy. Es decir, aumenta el negocio para los gringos pero el pueblo se hunde, como ha sido siempre.
• Mejor entonces estábamos con Maduro: los cortes eléctricos no eran tan agobiantes, el bolívar no se detienen en su caída libre, palo abajo y los productos de primera necesidad se encarecen al tiempo que los servicios públicos continúan en franco deterioro y ruina. Y ahora nos desayunamos con súbita aparición de un fantasma magnate que sacaron como se dice vulgarmente de una caja de ACE. Lo tenían bien resguardado en la Casa Blanca. Porque nos informamos ahora que hasta en Europa comienzan a destapar procesos judiciales que enfrenta el tal Alejandro Betancourt. Esta vez en España. Encontramos este dato: “el artífice del acuerdo que dará a Donald Trumpel control de una quinta parte del petróleo venezolano, lleva más de un año investigado por la Audiencia Nacional española por blanqueo de capitales y evasión fiscal”. Pero resulta que esta causa ha sido paralizada desde hace meses por órdenes de Trump. Lo mismíto que hizo el cerdo naranja con el narcotraficante Orlando Hernández, ex presidente de Honduras a quien Trump sobreseyó su causa.
• Es así como relata la información llegada de España que el juez Santiago Pedraz “está a la espera de una comisión rogatoria dirigida a la justicia estadounidense que nunca llega y, tras haber archivado la causa una primera vez, ha lanzado una nueva advertencia: si en diciembre no hay respuesta de Estados Unidos, volverá a dar carpetazo al caso”. El caso que el señor Alejandro Betancourt es el nuevo magnate-ladrón (todos los son) del cual ha echado mano Washington para forrarse de millones de dólares con la cuarta parte de las reservas de petróleo venezolano. AGREGA LA NOTA INTERNACIONAL: “El entorno de Trump conoce de sobra sus causas en Venezuela, Estados Unidos, Suiza y España —las dos últimas, aún activas—, pero lo ha usado para lograr su objetivode reactivar el negocio petrolero en Venezuela, tras el secuestro de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero”.
• En cuanto a Venezuela y la fulana firma por el multimillonario acuerdo nuestra presidenta Delcy lo ha defendido. No puede hacer otra cosa la pobre, con la bendita pistola en la nuca. “El procedimiento judicial español, que investiga el origen y destino de más de 4.000 millones de dólares que supuestamente se habrían desviado de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, está a la espera de que Washington conteste a una petición que consiste en poder tomar declaración a una serie de testigos claves porque ya fueron condenados en Estados Unidos. Su testimonio puede afianzar el delito en Madrid, pero a punto de cumplirse un año de aquella solicitud, nadie ha respondido”.
• Según filtraciones de última hora el delito de blanqueo que se investiga en España exige un delito previo que acredite el origen ilícito del dinero. “Fuentes judiciales explican que, si los testigos confirman la corrupción en la petrolera, se acreditaría que el dinero que ha llegado a territorio español tiene una raíz ilícita y la causa española podría seguir adelante para ver cómo se ha lavado ese dinero ingresándolo en un circuito legal. Betancourt, conocido en España por haberse convertido en el dueño de la marca de gafas Hawkers, invirtió millones en multitud de empresas españolas y hasta compró un castillo en Toledo”. ¡MIERDA!
• Agregan cinco testigos “esenciales” ya han sido condenados en Estados Unidos por el mismo esquema de corrupción en PDVSA, conocido como Money Flight, que “se trata de Abraham Ortega Morales, exdirector de Planificación Financiera de la petrolera; Carmelo Urdaneta, alto funcionario del área petrolera venezolana; Álvaro Ledo Nass, exasesor legal de PDVSA; Luis Fernando Vuteff, empresario argentino y yerno del opositor Antonio Ledezma; y Luis Carlos de León, exdirector financiero de la Electricidad de Caracas, filial de PDVSA. En la Audiencia Nacional explican que no hay un plazo legal límite por el que el país deba contestar. ¿Pero cuándo suele hacerlo? “Cuando le interesa”, apunta un juez que pide anonimato. España y EE UU tienen sistemas de colaboración judicial bien engrasados y arropados por tratados de colaboración. De hecho, el Ministerio de Justicia mantiene en Washington a un juez de enlace español para poder dinamizar toda la cooperación. Hasta hace unas semanas ese puesto lo ocupaba María de las Heras, si bien acaba de ser relevada por el magistrado Íñigo Herrero”.
• Tener poderosos mafiosos y delincuentes a su mando es el mejor negocio del mundo para los gringos, porque ahora, por ejemplo, Alejandro Betancourt junto con toda su pandilla de bandidos tendrá que seguir a pie puntillas todo lo que le ordene Washington. “Fuentes fiscales que han trabajado en la cooperación internacional explican que la colaboración con Estados Unidos no es sencilla en algunos casos por la dimensión del territorio y los 51 Estados que cuentan con sistemas judiciales distintos. La cooperación se dificulta, cuentan, si lo que se pide es, por ejemplo, una medida limitativa de derechos como puede ser una entrada y registro o un pinchazo telefónico, pero explican que una toma de declaración por videoconferencia, como es este caso, “debería ser ágil”” En este impasse, Betancourt se está blindando judicialmente con documentos del ministerio público venezolano que certifican que, a pesar de todas las tramas y sospechas en las que el empresario ha acabado involucrado, la causa en su país se sobreseyó sin que se pudiese demostrar su implicación”.
• Pero la trama es más extensa de lo que nosotros imaginamos: “Las diligencias en España son una derivada de la investigación abierta en Suiza hace casi una década. La Fiscalía de Zúrich mantenía sobre Betancourt una orden de extradición desde el Reino Unido, donde permanecía confinado entre sus dos mansiones porque tenía prohibido salir del país. Pero en mayo, LOS ESFUERZOS DE ESTADOS UNIDOS POR AYUDARLE dieron sus frutos. Según reveló The Washington Post, altos cargos de la Administración Trump —la entonces fiscal general Pam Bondi, su número dos Todd Blanche, y el subsecretario de Estado Christopher Landau— presionaron directamente a los fiscales suizos en busca de información y de un trato favorable para su aliado. Gracias a esa retirada, cesaron las restricciones de viaje que el Reino Unido le había impuesto mientras examinaba la extradición, y Betancourt pudo retomar sus vuelos en aviones privados a Venezuela y Estados Unidos para ultimar los detalles del histórico acuerdo petrolero anunciado por Trump hace casi dos semanas”.
• El entramado legal es profundo, escabroso y bien criminal por ser Betancourt un protegido de los gringos. La causa en Suiza sigue abierta, pero otro detalle revelado por The Post mostró que Estados Unidos NO TIENE NINGÚN INTERÉS EN COLABORAR. La Fiscalía pidió al Departamento de Justicia estadounidense que arrestara a Betancourt si entraba en territorio de EE UU y no solo no lo hizo, SINO QUE LO BLINDÓ COMO SU SOCIO COMERCIAL Y LO DEFENDIÓ PÚBLICAMENTE”.
• En España, la Fiscalía Anticorrupción —de quien partió la querella en junio de 2025 no solo es contra Betancourt, sino también contra su primo Pedro Trebbau, su socio Francisco Convit y otras tres personas— sigue empeñada en demostrar un fraude multimillonario. “Según la investigación, en 2012, la petrolera venezolana realizó un préstamo a la empresa privada Administrador Atlantic por valor de 4.350 millones de dólares (3.778 millones de euros) que, en realidad, solo buscaba sacar el dinero del país para terminar siendo blanqueado, presuntamente, en cuentas de empresarios y exdirigentes venezolanos. Anticorrupción cree que se han invertido “importantes cantidades de dinero” en territorio español en bienes “muebles e inmuebles” tras traer el dinero de Venezuela “pagando sobornos a funcionarios” por un total de 42 millones de dólares. Esta macrored de blanqueo tiene ramificaciones internacionales. Fuentes de la investigación explican que entre marzo y abril de 2025 hubo una reunión en Eurojust —la agencia de la Unión Europea para la cooperación judicial— en la que funcionarios de distintos países, entre los que estaba España, compartieron información sobre cómo abordar esta compleja trama de lavado de dinero, que buscaba ocultarse, a través de empresas superpuestas y países distintos, la enorme cantidad de dinero bajo investigación”.
• El tal Alejandro Betancourt cuanta con muchos magnates ladrones, empezando por el propio Trump. Poderosos bufetes lo defienden. En 2019 contrató al abogado Rudy Giuliani —entonces abogado personal de Donald Trump— para defenderse ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde había sido señalado como coconspirador no acusado en el caso Money Flight. En España, ha contratado al despacho de José Antonio Choclán, uno de los penalistas más cotizados en las grandes causas de corrupción. El bufete ha defendido, entre otros, al cantante Julio Iglesias, a la examante del rey emérito Corinna Larsen, al comisionista Víctor de Aldama en el caso Koldo, una trama corrupta que salpica al PSOE, y al exjugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo… El empresario ha sido clave para lo que Donald Trump llamó el acuerdo petrolero “más importante de la historia mundial”, un opaco contrato por el que Venezuela entrega a NABEP, la empresa que lidera Betancourt, la concesión para explotar 17 campos petroleros venezolanos con unos 65.000 millones de barriles de crudo, casi una cuarta parte de las reservas del país. A cambio, el Pentágono recibe un 35% de las acciones de la compañía y se asegura buena parte de ese crudo a precio de costo. El acuerdo ha provocado una enorme polémica dentro y fuera de Venezuela, entre otras cosas porque él —que mantiene causas activas en España y Suiza— haya sido el elegido”.
• El caso se presenta bien oscuro para la justicia venezolana, porque mientras Estados Unidos no contesta a la comisión rogatoria, Betancourt ha presentado ante el tribunal español un escrito de la Dirección General de Cooperación Penal Internacional de la Fiscalía de Venezuela, renovada en febrero tras el secuestro de Nicolás Maduro. A diferencia de los términos con los que se refirieron a Betancourt el exfiscal general Tarek William Saab y varios dirigentes chavistas en el pasado, este documento lo exonera ahora de toda responsabilidad. Resulta extraña la velocidad de la justicia venezolana la cual contrasta con la lentitud de la estadounidense. En apenas seis días —tras una petición formal de su propio abogado en Caracas, el 30 de junio—, la directora de ese organismo, Ana Osto Ascanio, firmó una respuesta que detalla punto por punto la investigación realizada. Reafirma que la causa venezolana se archivó en 2023 con “autoridad de cosa juzgada”, por lo que, sostiene la Fiscalía venezolana, no cabría perseguirle en otro país por los mismos hechos”.
• Finalmente, en todo revoltijo alentado artificialmente por los gringos, Betancourt se mueve como pez en el agua. Muerto de la risa. Agrega una nota consultada: “Y, en este caso, no hace falta que Estados Unidos haga grandes movimientos que meses después acaben denunciados en la prensa estadounidense: le basta con no moverse. Alejandro Betancourt, de 46 años, es un hombre muy famoso en Venezuela, aunque no por las razones que le gustarían. En su país le conocen como el más célebre de los bolichicos, un grupo de jóvenes de entornos privilegiados que, sin ninguna experiencia, se hicieron millonarios con contratos de la época de Hugo Chávez. Betancourt, con pasaporte venezolano e italiano, logró su primer negocio multimillonario antes de cumplir los 30 años: la construcción de plantas eléctricas para aliviar la grave crisis energética que atravesaba —y aún atraviesa— el país. Le acusan de haber comprado turbinas de segunda mano y facturarlas como nuevas, embolsándose un sobreprecio de miles de millones de dólares. Hoy, con Betancourt ocupando titulares por haberse convertido en el socio petrolero más importante de Donald Trump, muchos venezolanos se van a las redes para maldecirle cada vez que se quedan sin luz. Esto es, cada día”.
• Ahora se sabe que este nuevo Betancourt “ha pasado su vida invirtiendo en negocios de todo tipo, muchos en España o con socios españoles. Entre otros, metió 50 millones de euros en la marca de gafas de sol Hawkers, de la que hoy es presidente, y se convirtió en accionista mayoritario de Auro, la empresa española de vehículos con conductor de la que Uber compró un 30% en 2025 por 220 millones de euros. También es socio, junto a su amigo Félix Ruiz —cofundador de Tuenti—, de Playtomic, la mayor plataforma del mundo para reservar pistas de pádel. Pero uno de sus negocios más desconocidos y exóticos es su asociación con el español Alberto Cortina para crear un banco en Dakar, la capital de Senegal. Este banco fue creciendo a otros países de África occidental, una región con muy baja bancarización y controles regulatorios más laxos. Hoy en Venezuela, todos se mantienen expectantes —y vigilantes— ante el gran negocio que Betancourt debe liderar ahora. Un acuerdo que, según aseguran sus firmantes, mejorará por fin la vida de los venezolanos. Muchos de esos venezolanos, sin embargo, esperan y vigilan a oscuras”.

 

Soberanía Petrolera en Suspenso

              

En respuesta a mi estimado colega y profesor del doctorado, Dip. Juan Romero

Resumen

Este artículo examina el acuerdo petrolero firmado entre Venezuela y Estados Unidos en agosto de 2026 desde la perspectiva de la Seguridad de la Nación. A diferencia de la interpretación de “interdependencia energética” propuesta por Romero, se demuestra que el pacto constituye una transferencia estratégica de reservas probadas y certificadas, flujos y capacidades críticas hacia una empresa creada en 2024, con participación accionaria del 35 % del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Con los 65.000 millones de barriles asignados, dicha empresa se convierte automáticamente en uno de los actores con mayor volumen de reservas del mundo, superando ampliamente a ExxonMobil, cuyas reservas reales rondan los 20–23 mil millones de barriles. Se analiza además la obligación de Venezuela de vender 20 % de su producción a precio de costo para reconstruir la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), cuya capacidad total es de 714 millones de barriles, así como la continuidad del esquema colonial de comercialización impuesto por el Departamento de Estado desde 2019, con comisiones de hasta 10 dólares por barril cobradas por las casas comercializadoras. Finalmente, se desmonta la afirmación de que el costo del barril en la Faja es de 80 dólares, demostrando que dicho valor es metodológicamente incorrecto y utilizado para justificar la cesión de reservas.

1. La naturaleza real del acuerdo y el error conceptual de Romero

  Romero sostiene que el pacto constituye “la arquitectura de una empresa mixta a 25 años”. Esa afirmación es incorrecta. Ninguna autoridad venezolana ha descrito el acuerdo como una empresa mixta. La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez; la ministra del Poder Popular para Hidrocarburos, Paula Henao; y el presidente de PDVSA, Ángel Obregón, han hablado de “alianza estratégica”, “acuerdo operacional”, “nuevo marco de inversión” y “cooperación energética”, pero nunca de empresa mixta.

  La omisión del término evita activar el debate constitucional sobre el artículo 302 de la CRBV y el control parlamentario sobre la participación privada en actividades petroleras primarias.

  La empresa receptora del control operacional posee 35 % de participación del Pentágono. Esto transforma el acuerdo en un mecanismo de subordinación estratégica y en una externalización militar de la política energética venezolana. La empresa, creada en 2024, carece de trayectoria técnica y financiera para las exigencias que implica desarrollar  65.000 millones de barriles de reservas probadas y certificadas, lo que la coloca por encima de cualquier corporación privada en volumen de reservas en el mundo.

Ali Rodríguez Araque advirtió: “La soberanía energética no se pierde de golpe; se pierde cuando otros deciden por nosotros qué producir, cómo producir y a quién vender”. Esa frase adquiere hoy un sentido muy claro y literal.

2. El artículo 60 de la LOH 

  El artículo 302 de la CRBV y la renuncia inconstitucional de la Asamblea Nacional, Romero menciona el artículo 60, debo aclarar que se trata del artículo 60 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH). Antes de la reforma de enero de 2026, dicho artículo establecía que cualquier modificación sustantiva en la estructura de propiedad, operación, extensión territorial o comercialización de proyectos petroleros debía ser aprobada por la Asamblea Nacional.

  La reforma de 2026 eliminó ese control y transfirió al Ejecutivo la facultad de autorizar acuerdos operativos, comerciales y financieros sin aprobación parlamentaria. Esta modificación contradice el artículo 302 de la Constitución, que reserva al Estado las actividades petroleras primarias y exige control legislativo sobre cualquier forma de participación privada.

Eduardo Galeano escribió que “las venas abiertas de América Latina siguen abiertas porque otros deciden cómo deben sangrar”. La renuncia del Parlamento venezolano a su mandato constitucional es una forma contemporánea de esa sangría.

 3. La Reserva Estratégica de EE.UU (SPR). y el subsidio venezolano

  La capacidad  total de la SPR es de 714 millones de barriles. El nivel actual (agosto 2026) es de 290 millones de barriles, es decir faltan 424 millones de barriles  para reponer el nivel máximo de sus reservas operativas. El acuerdo obliga a vender 20 % de la producción venezolana a precio de costo para reponer la SPR. Si Venezuela produce 1,2 millones de barriles diarios, el subsidio correspondiente equivale alrededor de unos 240.000 barriles diarios. A precio actual del petróleo venezolano que ronda por los 71$b y con un costo operativo colocando el más alto de 28$b estaríamos hablando de alrededor  20.000 millones de dólares que Venezuela le estaría subsidiando a USA para reponer sus reservas operativas y garantizar su seguridad energética durante un periodo aproximado de 5 años.

Hugo Chávez decía: “El petróleo es un instrumento de liberación, no de dependencia”. La cláusula de suministro a costo invierte completamente ese principio.

4. La comercialización colonial y las comisiones de 10 dólares por barril

  Desde el 2019, el Departamento de Estado impuso a Venezuela un esquema de comercialización con vendedores designados, control de rutas, compradores y cuentas bancarias. Tras la intervención armada del 3 de enero de 2026, ese esquema se consolidó mediante licencias exclusivas otorgadas a las dos  empresas más grandes casas comercializadoras como Vitol y Trafigura.

  Investigaciones de prensa económica estadounidense documentan que estas firmas compraban crudo venezolano con descuentos cercanos a 15 dólares por debajo del Brent y lo revendían con márgenes de alrededor de 10 dólares por barril (DiscoveryAlert, 2026; Factually, 2026). En la práctica, las empresas comercializadoras capturaban comisiones implícitas de hasta 10 dólares por barril sobre volúmenes superiores a 100 millones de barriles.
Ali Rodríguez Araque advertía: “La renta petrolera es poder político; quien controla la renta controla el Estado”. Bajo el esquema actual, ese poder se desplaza indiscutiblemente y sin lugar a dudas  fuera del territorio nacional.

5. Las reservas reales de ExxonMobil, una aclaratoria necesaria

  Las reservas probadas de ExxonMobil se sitúan en el orden de 20–23 mil millones de barriles, según sus informes anuales ante la SEC. No alcanzan los 40–48 mil millones insinuados en el texto de Romero.
Con 65.000 millones de barriles probados y certificados asignados, la nueva empresa vinculada al Pentágono triplica el volumen de reservas de ExxonMobil y se coloca por encima de cualquier corporación privada en términos de reservas controladas.

6. El costo del barril en la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frisa

  Romero sostiene que el costo del barril en la Faja Petrolífera del Orinoco es de 80 dólares. Esa cifra es metodológicamente incorrecta. Confunde costo operativo con breakeven contable. Los costos operativos reales se sitúan entre 18 y 28 dólares por barril, esa cifra es el histórico del cual se tienen registros en las empresas Mixtas y coinciden con las de Chevron.

El valor de 80 dólares solo es aplicable a proyectos greenfield con infraestructura nueva y mejoradores de gran escala. En el caso de los 17 campos comprometidos en el acuerdo, no todos son nuevos: una parte importante corresponde a campos ya perforados, con facilidades existentes y en producción y trayectorias operativas previas.

7. Implicaciones para la Seguridad de la Nación de este acuerdo

  La presencia operativa en territorio venezolano de una empresa cuyo accionariado incluye al Departamento de Defensa de los Estados Unidos introduce una alteración profunda en la arquitectura de seguridad del Estado. No se trata únicamente de un actor económico, sino de un brazo empresarial con vínculos militares que, al asumir la operación de campos petroleros, accede a infraestructura crítica, flujos de información técnica, logística interna y dinámicas territoriales que tradicionalmente han sido resguardadas por el Estado venezolano.

   El control del 21,5 % de las reservas probadas y certificadas otorga a ese actor una capacidad de influencia estructural sobre la economía nacional, la balanza de pagos y la estabilidad política, pues  desde la aparición del petróleo la renta petrolera sigue siendo el principal sostén fiscal del país.

  La operación petrolera implica movilidad de personal, acceso a instalaciones, interacción con cadenas de suministro, manejo de datos sensibles y presencia continua en zonas estratégicas. En ese contexto, la capacidad de disuasión del Estado se ve comprometida, porque un actor extranjero con poder militar asociado puede condicionar ritmos de producción, disponibilidad de combustibles y flujos de caja, afectando la gobernabilidad interna en momentos de tensión.

  La subordinación comercial y financiera, reforzada por la supervisión y control  operacional estadounidense de las ventas y por la dependencia de traders designados, reduce la autonomía estratégica del país en escenarios muy complejos de crisis regional o globales desde el punto de vista geopolítico.

  La instalación de un operador extranjero con vínculos militares en la infraestructura petrolera abre vulnerabilidades en materia de contrainteligencia, protección de instalaciones y seguridad territorial. La energía es un instrumento de poder nacional; cuando su operación se transfiere a un actor externo, ese poder se desplaza. Hugo Chávez lo expresó con claridad: “Si entregamos la operación, entregamos la soberanía. Y si entregamos la soberanía, entregamos la República”. Esa advertencia define con precisión el momento actual.

Conclusión

  La reforma de la LOH contradice el artículo 302 de la Constitución y representa una renuncia inconstitucional del Parlamento a su mandato de control sobre la política petrolera. La presencia operativa de un actor militar extranjero en infraestructura crítica compromete la Seguridad de la Nación.

El acuerdo firmado en agosto de 2026 se presenta como un mecanismo de cooperación energética, pero su arquitectura revela una cesión profunda de capacidades estratégicas. La transferencia operativa y comercial de 65.000 millones de barriles de reservas probadas y certificadas a una empresa con participación militar del Pentágono no solo redefine la estructura de propiedad de la industria, sino que altera la posición de Venezuela en la geopolítica de la energía.

  La opacidad sobre los términos del acuerdo, la ausencia de bases de cálculo verificables y la falta de divulgación de los modelos económicos utilizados para estimar ingresos, costos y regalías impiden evaluar con rigor los beneficios reales para el país. La información disponible es fragmentaria, insuficiente y, en algunos casos, contradictoria, lo que dificulta cualquier análisis técnico independiente y abre un espacio de incertidumbre que afecta la gobernabilidad y la planificación estratégica.

  En este contexto, la pérdida de autonomía energética adquiere una dimensión crítica. Venezuela queda subordinada comercialmente a traders designados por el Departamento de Estado, dependiente de licencias externas para vender su propio crudo y obligada a suministrar 20 % de su producción a precio de costo para reconstruir la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos. Esta obligación, que representa un subsidio cercano a veinte mil millones de dólares, se convierte en un mecanismo de transferencia de riqueza desde un país con severas restricciones fiscales hacia la principal potencia militar del planeta. La energía, que debería ser un instrumento de soberanía, se transforma en un instrumento de dependencia.

  La situación se agrava por el contexto internacional. La guerra entre Estados Unidos e Irán ha reconfigurado las rutas de suministro global y ha elevado la importancia del crudo pesado como insumo estratégico para las refinerías del Golfo de México. En este escenario, Venezuela pierde margen de maniobra y capacidad de negociación. Mientras Estados Unidos asegura un flujo estable, cercano y barato de crudo pesado para sostener su aparato industrial y militar, Venezuela queda atrapada en una estructura contractual que limita su capacidad de decisión, reduce su autonomía y la expone a presiones externas en momentos de crisis. La presencia operativa de una empresa con vínculos militares en infraestructura crítica venezolana añade un riesgo adicional: la posibilidad de que decisiones energéticas internas queden condicionadas por los intereses geopolíticos de Estados Unidos.

  Lo que gana Estados Unidos es evidente: seguridad energética, acceso preferencial a crudo pesado, reconstrucción acelerada de su reserva estratégica, control sobre un volumen significativo de reservas certificadas y capacidad de influencia directa sobre la operación petrolera venezolana. Lo que pierde Venezuela también es claro: soberanía operativa, autonomía comercial, capacidad de disuasión, control sobre su principal fuente de renta y margen de maniobra en la geopolítica regional. La energía deja de ser un instrumento de poder nacional y se convierte en un vector de subordinación y colonialismo.

 
  La defensa de la soberanía energética no es un acto retórico, sino una condición indispensable para preservar la autonomía del Estado, su capacidad de decisión y su estabilidad futura. En un mundo marcado por conflictos, transiciones energéticas y disputas geopolíticas, Venezuela no puede permitirse quedar subordinada a los intereses de una potencia militar extranjera en el corazón de su infraestructura crítica. La energía es poder; cuando ese poder se entrega, la soberanía se suspende.

 

Referencias

Chávez, H. (2007). Discurso sobre soberanía energética. Caracas: Presidencia de la República.
Department of Energy. (2026). Strategic Petroleum Reserve Inventory Report. Washington, D.C.
DiscoveryAlert. (2026). How U.S. Sanctions Turned Venezuelan Crude into a Trading House Goldmine—and Why That Era Is Ending.
ExxonMobil. (2025). Form 10-K Annual Report. U.S. Securities and Exchange Commission.
Factually. (2026). How Have U.S. Sanctions and the 2026 U.S.–Venezuela Oil Deal Changed Monthly Venezuelan Crude Exports to the U.S.?
Galeano, E. (1971). Las venas abiertas de América Latina. Montevideo: Siglo XXI Editores.
OPEP. (2026). Monthly Oil Market Report. Vienna.
PDVSA. (2013–2016). Memorias y Cuentas. Caracas.
Rodríguez Araque, A. (2001). Reflexiones sobre la soberanía petrolera. Ministerio de Energía y Minas.
Ryder Scott Company. (2015). Audit of Venezuelan Reserves. Houston.
Reuters. (2026). U.S. SPR Falls to 290 Million Barrels, Lowest Level in 44 Years.
Romero, J. E. (2026). Petróleo venezolano, soberanía y geopolítica en la relación con Estados Unidos. Caracas.

Willian Rodríguez Gamboa

MSC en Seguridad de la Nación

Especialista en Geopolítica de la Energía

Ingeniero Mecánico UDO 

¿Por qué Rusia no rompe sus acuerdos con las organizaciones occidentales?

 

De prensabolivariana en septiembre 14, 2026 Andrew Korybko* El orden mundial por el que lucha Rusia es aquel en el que se encuentra en igualdad de condiciones político-militares con Occidente y, a través de los BRICS, erosiona pacíficamente la hegemonía económica occidental para, gradualmente, instaurar la multipolaridad. El representante plenipotenciario de Putin ante la Duma, Garry Minkh, declaró a TASS a finales de agosto que «los ministerios especializados se oponen a la denuncia de nuestros acuerdos de colaboración con la OTAN o con organizaciones financieras internacionales, como la OMC, el FMI y el Banco Mundial». El argumento es que «aún no han agotado su potencial» y Putin desea mantener un diálogo abierto con ellas. TASS también informó que Minkh afirmó que Rusia siempre cumple con sus obligaciones, a diferencia de Occidente. Esta reafirmación de la política probablemente sorprendió a muchos «prorrusos no rusos» (PRNR), quienes fueron engañados por los principales influyentes entre ellos, haciéndoles creer que Rusia era un estado revolucionario desde 2022, de ahí su expectativa de que ya había roto estos acuerdos hace mucho tiempo. Esa fue una realidad alternativa cuidadosamente elaborada por los principales influyentes de los PRNR para generar influencia, promover una ideología y/o solicitar donaciones con la complicidad de los «supervisores del poder blando» de Rusia, según el enfoque de poder blando » potemkinista «. Este concepto se refiere a la creación de realidades alternativas con fines estratégicos, que, cínicamente, pueden describirse como el intento de conseguir el mayor número posible de extranjeros que apoyen a Rusia, aunque sea bajo premisas falsas, como la infame de que Putin supuestamente es un antisionista secreto. Dejando a un lado las preocupaciones éticas y estratégicas, que son numerosas y deberían debatirse urgentemente en la comunidad de la República Popular de Nepal, es importante aclarar la realidad político-jurídica objetivamente existente sobre la que Minkh dio a conocer a un público más amplio. Si bien Rusia está desafiando la unipolaridad occidental a través de su especial La operación , cuyo objetivo principal era neutralizar las amenazas de la OTAN provenientes de Ucrania, diseñadas para someter a Rusia a un chantaje estratégico constante, como se explica aquí , no representa un desafío absoluto. Desde el principio, como lo demuestran las exigencias de Putin para que se revoquen todas las sanciones, Rusia siempre esperó reanudar sus relaciones comerciales (incluidas las energéticas) y de inversión con Occidente. La diferencia entre lo que se preveía antes de la operación especial y lo que se contemplaba para después radicaba en que Rusia se convertiría en su socio político-militar en igualdad de condiciones tras alcanzar sus objetivos máximos . Rusia se beneficiaría entonces de sus vínculos con ellos (como el mantenimiento de la estabilidad de posguerra en Europa en lo que respecta a la OTAN) al tiempo que los reformaba desde dentro (en lo que respecta a las relaciones económicas) y, simultáneamente, lideraba la creación de instituciones alternativas no occidentales a través de los BRICS y similares. El gran objetivo estratégico de Rusia siempre ha sido acelerar los procesos multipolares. Lo que los principales influyentes de la NRPR rara vez aclararon, si acaso, es que esto pretende avanzar gradualmente para reducir al máximo el riesgo de crisis sistémicas que podrían volverse en contra de los intereses de Rusia. El orden mundial por el que Rusia lucha es aquel en el que se encuentra en igualdad de condiciones político-militares con Occidente y luego erosiona pacíficamente la hegemonía económica occidental a través de los BRICS para, gradualmente, instaurar la multipolaridad. Independientemente de la opinión que se tenga sobre este gran objetivo estratégico y su ritmo gradual, se trata, sin duda, de la política que Rusia ha formulado y que sigue implementando activamente, tanto entonces como ahora. Para lograrlo, Rusia debe mantener sus acuerdos con las organizaciones occidentales con el fin de impulsar el futuro orden mundial que vislumbra; esto es una explicación, no una excusa. Sin embargo, si Rusia llegara a romper dichos acuerdos, ello supondría un cambio radical en su gran estrategia.  Andrew Korybko *Andrew Korybko es analista político, periodista y colaborador habitual de varias revistas en línea, así como miembro del consejo de expertos del Instituto de Estudios y Predicciones Estratégicas de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Ha publicado varios trabajos en el campo de las guerras híbridas, entre ellos “Guerras híbridas: el enfoque adaptativo indirecto para el cambio de régimen” y “La ley de la guerra híbrida: el hemisferio oriental”.@AKorybko BLOG. AUTOR  Andrew Korybko* Siguenos en X @PBolivariana Telegram @bolivarianapress Instagram @pbolivariana Threads @pbolivariana Facebook @prensabolivarianainfo Correo pbolivariana@gmail.com País Rusia Fuente https://substack.com/@korybko ABB8C43D -FEF69F