No
es alarmismo ecologista ni profecía apocalíptica: los datos son tercos. La
superficie de tierras cultivables en Estados Unidos se ha contraído de manera
sostenida durante las últimas cuatro décadas. Cada año, cientos de miles de hectáreas
que antes producían maíz, soja o trigo se transforman en suburbios, centros
logísticos o polígonos industriales. La pregunta obligada, casi existencial
para la potencia hegemónica, adquiere ribetes de paradoja: ¿puede el país que
revolucionó la agricultura industrial estar cavando, sin saberlo, la tumba de
su propia supremacía alimentaria?
Para
comprender este fenómeno, el materialismo histórico ofrece herramientas
insustituibles. No se trata de invocar mecánicamente a Marx, sino de recuperar
su núcleo analítico: las fuerzas productivas, las relaciones de producción y la
lucha de clases como motores de la transformación social. La tierra,
recordémoslo, no es un simple factor productivo; es un campo de contradicciones
donde el capital intenta someter las leyes biológicas y geológicas a su lógica
de valorización acelerada. El suelo que desaparece no se esfuma por capricho de
la naturaleza, sino por decisiones inmanentes al modo de producción dominante.
El
primer acto de este drama histórico se escribió con sangre y hierro. La
expansión hacia el Oeste, la Homestead Act de 1862, el despojo sistemático a
naciones originarias: todo ello conformó la base territorial para lo que sería
el granero del mundo. Pero ya entonces operaba una contradicción: el
capitalismo agrario necesitaba tierra barata y abundante, pero su propia
dinámica competitiva presionaba hacia la concentración, la mecanización y el
monocultivo intensivo. Prácticas que, con el tiempo, degradan la base material
de la que dependen.
La
Revolución Verde posterior a 1945 representó un salto fenomenal en las fuerzas
productivas agrícolas estadounidenses. Fertilizantes sintéticos, pesticidas,
semillas híbridas y maquinaria cada vez más pesada multiplicaron los
rendimientos por hectárea. Parecía que la humanidad había roto las cadenas
malthusianas. Pero cada solución contenía su propia negación: la agroquímica
agotaba los microorganismos del suelo, la irrigación sobreexplotaba acuíferos
fósiles, los tractores de veinte toneladas compactaban la tierra hasta volverla
impermeable.
He
aquí la paradoja central que el materialismo histórico ilumina con crudeza: el
capital, en su incesante búsqueda de rentabilidad, tiende a tratar el suelo
como capital fijo depreciable, no como un ecosistema vivo. Un agricultor
corporativo no ve la tierra como sus ancestros campesinos; ve un balance de
insumos y productos a fin de temporada. La lógica del balance trimestral choca
frontalmente con los ritmos geológicos de formación de humus, que requieren siglos.
No hay síntesis dialéctica posible cuando una de las fuerzas opera en escala
temporal de tres meses y la otra de tres mil años.
Ahora
bien, ¿esta reducción de tierras cultivables constituye un grave problema para
Estados Unidos? En el corto plazo —digamos, una década— Estados Unidos mantiene
un enorme margen de maniobra. Su productividad por hectárea sigue siendo
asombrosa. La tecnología de edición genética CRISPR (revolucionaria tecnología
de edición genética que funciona como unas "tijeras moleculares") aplicada
a cultivos, la agricultura de precisión con drones y sensores, los sistemas
hidropónicos a gran escala: todas ellas son fuerzas productivas en desarrollo
que pueden compensar, e incluso sobrecompensar, la pérdida de superficie. Desde
la pura lógica inmanente del capital, la contracción de tierras no es aún una
crisis sistémica, sino un estímulo para la innovación tecnológica. Un símil:
como un paciente que pierde masa pulmonar, pero gana eficiencia respiratoria
mediante oxígeno suplementario; puede mantenerse activo, pero su fragilidad
basal ha aumentado.
Sin
embargo, el diagnóstico cambia radicalmente al considerar el mediano y largo
plazo (30 a 50 años). Allí emerge la verdadera contradicción antagónica. Los
suelos agrícolas estadounidenses no solo se reducen en extensión, sino que se
degradan en calidad. La erosión hídrica y eólica arrastra entre 1.500 y 2.000
millones de toneladas anuales de suelo fértil. El contenido de materia
orgánica, ese indicador crucial de salud edáfica, ha caído entre un 30% y 50%
en las principales regiones productoras del Medio Oeste desde 1950. El capital
puede, mediante fertilizantes sintéticos, suplir temporalmente nutrientes, pero
no puede fabricar suelo. Esta es una contradicción ontológica, no meramente
económica.
El
materialismo histórico nos obliga a preguntar: ¿Quiénes pierden y quiénes ganan
con esta dinámica? La respuesta revela la estructura de clases en el agro
estadounidense contemporáneo. Los grandes conglomerados agroindustriales
(Cargill, Archer Daniels Midland, Monsanto-Bayer) se benefician de la
concentración parcelaria y la dependencia tecnológica. Para ellos, la reducción
de tierras cultivables totales no es una amenaza directa: su modelo de negocio
se basa en el control de los insumos, el procesamiento y la comercialización,
no en la propiedad de la tierra como tal. Quienes sufren en carne propia la
contracción y degradación son los agricultores familiares de escala media, que
ven cómo su base material se erosiona literal y figuradamente. Entre 1981 y
2021, Estados Unidos perdió más de 300.000 explotaciones agrícolas de tamaño
medio. No es casualidad: la lógica concentradora del capital expulsa a los
productores menos capitalizados mientras afirma el poder de las corporaciones.
Un
elemento central que los análisis convencionales pasan por alto: la reducción
de tierras cultivables no es un proceso autónomo, sino el resultado de una
particular relación entre campo y ciudad. El crecimiento metropolitano, las
infraestructuras logísticas para el comercio electrónico, los parques solares
(ironía de las energías verdes) ocupan tierras que antes eran agrícolas. La
tasa de conversión de suelo rural a urbano en Estados Unidos es aproximadamente
de un millón de hectáreas anuales desde 1992. Pero esta no es una ley natural,
sino una expresión espacial de la renta diferencial del suelo: el capital
inmobiliario puede ofrecer más por una hectárea periurbana que el capital
agrícola, porque aquel captura la plusvalía urbanística generada
colectivamente. El Estado, lejos de neutralidad, facilita este proceso mediante
políticas de zonificación, financiamiento de autopistas y subsidios implícitos
a la expansión suburbana.
Canadá
y México —socios del T-MEC (tratado entre Estados Unidos, México y Canadá)—
tienen razones contradictorias para preocuparse. Por un lado, la reducción de
tierras cultivables en Estados Unidos podría interpretarse como una
oportunidad: abriría espacio para que la producción agrícola canadiense
(particularmente en las praderas de Saskatchewan y Manitoba) o mexicana (en
Sinaloa, Michoacán y el Bajío) expandan sus mercados. Pero esta aparente
oportunidad es engañosa. El entramado histórico de dependencia agroalimentaria
en Norteamérica no es simétrico: México se ha convertido en importador neto de
granos básicos desde la entrada en vigor del TLCAN (Tratado de Libre Comercio
de América del Norte) en 1994, con su base campesina de maíz destruida por las
importaciones estadounidenses subsidiadas. Una reducción de la oferta agrícola
estadounidense no revertiría automáticamente esta estructura; más bien, podría
traducirse en mayores precios de los alimentos para los sectores populares
mexicanos, sin que los productores nacionales tengan capacidad real de
sustituir los volúmenes perdidos.
La
dimensión geopolítica del agua añade otra capa de complejidad. El Acuífero
Ogallala, que irriga la mayor parte de las Grandes Llanuras estadounidenses, se
agota a un ritmo insostenible. Cuando la reducción de tierras cultivables se
combina con el estrés hídrico, la ecuación cambia cualitativamente. Estados Unidos
podría, en un escenario de crisis alimentaria interna, reorientar su producción
hacia cultivos de primera necesidad para su población, reduciendo las
exportaciones de soja y maíz que hoy alimentan ganado en China o Europa. Esta
hipotética decisión unilateral —perfectamente dentro de su soberanía— tendría
efectos dominó globales. Para sus vecinos inmediatos, significaría presión
migratoria: campesinos mexicanos desplazados por las importaciones baratas
durante décadas, ahora sin el colchón de esos flujos comerciales,
intensificarían la migración hacia el norte. Paradoja de la integración
comercial: la reducción de tierras estadounidenses podría reconfigurar los
patrones migratorios latinoamericanos.
América
Central y el Caribe merecen un párrafo aparte. Estos países, importadores netos
de alimentos, son extraordinariamente vulnerables a cualquier contracción de la
oferta agrícola estadounidense. Haití, que importa más del 80% de su arroz de
Estados Unidos, ejemplifica esta fragilidad. Una reducción significativa de las
tierras cultivables estadounidenses no implicaría hambruna inmediata —el
mercado ajustaría precios antes que cantidades— pero sí una transferencia
regresiva de ingresos: los trabajadores haitianos, salvadoreños u hondureños
destinarían una proporción mayor de sus magros salarios a comprar alimentos
importados más caros. El materialismo histórico llama a esto: una forma de
renta alimentaria que se desplaza desde el Sur global hacia los complejos
agroexportadores del Norte, incluso cuando estos producen menos.
Un
giro dialéctico necesario: la reducción de tierras cultivables también podría
funcionar como catalizador de cambios progresivos. No todo es catástrofe en
este diagnóstico. Las contradicciones, bien lo enseñó Marx, son el motor de la
transformación. La creciente insostenibilidad del modelo agroindustrial
estadounidense abre fisuras para repensar las relaciones de producción en el
campo. Movimientos como la Unión de Agricultores Orgánicos, las cooperativas de
semillas autóctonas o la agroecología de base afroamericana e hispana en el
suroeste, representan fuerzas productivas alternativas. No son nostálgicos del
arado de tracción animal; son innovadores que entienden que la productividad
duradera requiere cuidar el suelo como bien común, no explotarlo como recurso
expropiable. La contracción de tierras cultivables, paradójicamente, podría
forzar una reevaluación del mito de la frontera infinita que ha dominado el
imaginario estadounidense desde la Doctrina Monroe.
Mientras
la tierra agrícola siga siendo una mercancía sometida a la especulación
financiera —hoy los fondos de inversión institucional poseen más de 30 millones
de hectáreas de tierras agrícolas estadounidenses— la reducción de superficie
cultivable continuará. No por maldad de los gestores de fondos, sino por la
lógica inmanente de su posición en la estructura social: ellos buscan
rendimientos financieros, no perpetuar la capacidad productiva de la tierra. Un
fondo de pensiones que compra tierras agrícolas no piensa en el humus dentro de
cincuenta años; piensa en el flujo de renta de los próximos cinco años. Esta
disyunción entre el tiempo del capital financiero y el tiempo de los
ecosistemas es la contradicción fundamental que ningún mejoramiento tecnológico
resolverá por sí solo.
¿Es
grave la reducción de tierras cultivables para Estados Unidos? Grave no en el
sentido de colapso inmediato, sino en el de contradicción antagónica de mediano
plazo. Grave como lo fue la erosión del Dust Bowl en los años 1930: no destruyó
al país, pero requirió una respuesta estatal masiva (el Soil Conservation Service)
y un cambio en las prácticas productivas. La diferencia histórica es que
entonces Estados Unidos tenía un estado keynesiano emergente dispuesto a
intervenir; hoy, el estado está capturado por los propios intereses que generan
la degradación. Por tanto, la gravedad no es técnica sino política: las
condiciones objetivas para una crisis están dadas; que esta se desencadene o no
depende de la correlación de fuerzas sociales.
La
preocupación productiva sería reconocer que la integración norteamericana bajo
hegemonía estadounidense ha generado vulnerabilidades asimétricas. La respuesta
no puede ser levantar barreras nacionales —el materialismo histórico muestra
que el capitalismo es mundial por naturaleza— sino construir cadenas
agroalimentarias regionales más resilientes y equitativas. México y Canadá
tienen la oportunidad histórica de impulsar una transformación agraria de sus
propios territorios que rompa la dependencia estructural. Una América del Norte
con soberanía alimentaria compartida, basada en principios agroecológicos y
cooperativos, sería la respuesta dialéctica a la contracción de tierras
estadounidenses. Utopía quizás, pero la historia es el reino de las necesidades,
no de los destinos.
El
suelo que se desvanece no es solo una capa geológica de unos pocos centímetros.
Es la acumulación material de milenios de procesos biológicos, pero también el
depósito de relaciones sociales, luchas de clases, expropiaciones y
resistencias. Cuando ese suelo se reduce, no se reduce un simple factor
productivo; se reduce la base material de posibilidades futuras. Estados Unidos
enfrenta hoy una elección que el materialismo histórico expone sin concesiones:
continuar el camino de la agricultura como extractivismo financiarizado,
acelerando la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de
producción; o emprender una transición hacia un régimen agrario que trate la
tierra como lo que realmente es: condición permanente de toda vida humana, no
mercancía desechable. La paradoja final, quizás la más cruel, es que el país
que más contribuyó a crear la crisis de los suelos globales podría tener, por
su propio peso sistémico, la responsabilidad indelegable de comenzar a resolverla.
Porque cuando el granero del mundo se vuelve estéril, el hambre no respeta
fronteras, ni siquiera las más armadas.
