Pedro Grima-Gallardo. Dpto. Física. Fac. Ciencias. Universidad de Los Andes (ULA). Mérida. Venezuela.
Dubraska E. Durango-Delgado. Universidad de Los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”. Barinas. Venezuela.
Resumen
El gobierno venezolano declara reiteradamente que el crecimiento económico es la premisa para aumentar los salarios, y que el aumento salarial debe ser consecuencia del crecimiento y no su causa. Esta lógica tiene cierta racionalidad en el plano de la restricción fiscal, pero ignora el papel independiente del salario como variable de demanda. Este artículo, combinando la evidencia empírica sobre los regímenes de crecimiento en América Latina con los datos macroeconómicos actuales de Venezuela, argumenta que: en una economía impulsada por el consumo, el aumento de la participación salarial tiene un efecto positivo sobre el PIB; sin embargo, la eficacia de este mecanismo depende de tres condiciones: estabilidad de precios, capacidad de respuesta productiva y espacio fiscal. El problema de Venezuela no radica en si el aumento salarial debe seguir al crecimiento económico, sino en que su política salarial sustituye el salario legal por bonos (subsidios), lo que ni restablece la cadena de transmisión de la demanda ni resuelve la sostenibilidad fiscal, configurando finalmente un estancamiento de bajos salarios, bajo consumo, bajo crecimiento.
Palabras clave: participación salarial; crecimiento impulsado por la demanda; economía venezolana; restricción fiscal; política de ingresos
I. Introducción
En el debate sobre política económica en Venezuela, una expresión recurrente es: el gobierno aumentará gradualmente los ingresos de los trabajadores sobre la base del crecimiento económico. En abril de 2026, la entonces presidenta encargada Delcy Rodríguez, al anunciar el ajuste del ingreso mínimo integral, lo enmarcó explícitamente en el marco político de crecimiento y justicia, y citó la lección de la hiperinflación de 2017-2019, enfatizando la necesidad de evitar aumentos salariales falsos. La cadena lógica de esta narrativa es clara: primero el crecimiento, luego los salarios; el salario es el fruto del crecimiento, no su semilla.
Sin embargo, este orden no es evidente por sí mismo. Si el salario es solamente el resultado del crecimiento, entonces mantener salarios extremadamente bajos mientras la economía no se recupera sería una espera razonable; pero si el salario es también una condición del crecimiento, entonces mantenerlo durante mucho tiempo por debajo del nivel de subsistencia podría hacer que la economía entre en un círculo auto-reforzado de baja demanda, baja producción, baja capacidad fiscal. La pregunta central que este artículo intenta responder es: en las condiciones concretas de Venezuela, ¿la relación entre salario y crecimiento es una causalidad unidireccional o una interacción bidireccional? ¿En qué sentido la lógica gubernamental de primero crecer, luego aumentar salarios es válida, y en qué sentido constituye una simplificación peligrosa?
II. Análisis teórico: el salario como variable de demanda
La intuición de que el salario es una condición del crecimiento corresponde en economía al concepto de régimen de crecimiento impulsado por los salarios (wage-led growth regime). Su mecanismo central no es complejo: el salario es la principal fuente de ingreso de la gran mayoría de los hogares, y el nivel salarial determina directamente la capacidad de consumo; el gasto de consumo constituye la parte principal de la demanda agregada, impulsando a su vez la producción y el empleo.
Este mecanismo cuenta con respaldo empírico transnacional. Un análisis econométrico que abarca datos de múltiples países latinoamericanos entre 1950 y 2012 muestra que, en varias economías de la región, incluida Venezuela, el aumento de la participación salarial (proporción de la remuneración laboral en el PIB) tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre el producto total, por lo que estas economías se clasifican como regímenes de crecimiento impulsados por los salarios. El mismo estudio señala que, en todos estos casos, el efecto de arrastre del aumento de la participación salarial sobre el consumo privado es positivo, y particularmente evidente en economías con alta participación salarial como Brasil y Costa Rica.
La evaluación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) coincide. En respuesta al debate político europeo de 2012 sobre reducción salarial para promover el crecimiento, la OIT señaló claramente: recortar salarios puede mejorar la competitividad exportadora a corto plazo, pero al mismo tiempo comprime el consumo interno; cuando la magnitud de la caída del consumo supera la mejora del comercio exterior y la inversión, el efecto neto de la reducción salarial sobre el crecimiento es negativo. Los economistas de la OIT resumen este mecanismo como una espiral de caída salarial, contracción de la demanda, desaceleración del crecimiento.
Por lo tanto, desde una perspectiva puramente teórica, la afirmación del gobierno venezolano de que los salarios deben esperar al crecimiento es al menos incompleta. Si los salarios se mantienen reprimidos durante mucho tiempo, lo que se estrangula puede ser precisamente la base de demanda de la que depende el propio crecimiento.
III. La realidad venezolana: la existencia nominal y la desaparición real del salario
Sin embargo, para que el mecanismo teórico de tracción salarial funcione en la realidad, se requiere una serie de condiciones institucionales y macroeconómicas. El problema actual de Venezuela es que estas condiciones están casi totalmente ausentes, y la propia política salarial del gobierno está agravando esta ausencia.
El dato más directo proviene de la comparación entre salario y costo de vida básico. Hasta mayo de 2026, el salario mínimo legal venezolano está congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, lo que equivale a menos de 0,3 dólares según el tipo de cambio oficial. Lo que el gobierno paga efectivamente es un ingreso mínimo integral compuesto por varios bonos, ajustado en abril de 2026 a 240 dólares (bono de guerra de 200 dólares más bono de alimentación de 40 dólares). Pero esta cantidad solo cubre entre el 32,8% y el 43,6% del costo de la canasta alimentaria de una familia de cinco miembros. Más importante aún, los bonos no se computan en la base del salario legal y, por lo tanto, no afectan el cálculo de indemnizaciones, pensiones, vacaciones y participación en beneficios. En otras palabras, el ingreso monetario corriente del trabajador aumenta ligeramente, pero la base salarial formal de la que dependen sus derechos laborales se vacía sistemáticamente.
La motivación fiscal de esta estrategia de desalarización no es difícil de entender. Bajo el marco legal laboral vigente, cada dólar de aumento del salario legal se amplifica a través del multiplicador de beneficios. Un economista estima que, dado que la base salarial está vinculada a múltiples beneficios legales, cada aumento de 10 dólares del salario legal puede generar un gasto anual real superior a 1.000 dólares por persona para el gobierno. Otro cálculo basado en aproximadamente 3,5 millones de empleados públicos y 5,5 millones de pensionados muestra que cada aumento de 10 dólares del salario legal tiene un costo fiscal anual de aproximadamente 1.500 millones de dólares. En condiciones de ingresos petroleros limitados y débil recaudación fiscal no petrolera, el gobierno opta por sustituir salarios con bonos, lo que en esencia constituye una conducta de evasión fiscal: utilizar transferencias corrientes controlables en lugar de compromisos salariales de naturaleza pasiva a largo plazo.
Pero las consecuencias económicas de esta estrategia son graves. Aunque los bonos aumentan el efectivo disponible en el mes, no cambian las expectativas de los trabajadores sobre el futuro: no hay acumulación de derechos de pensión, no hay protección de indemnización, no hay acceso a crédito basado en salario. En una economía que ya ha experimentado siete años de contracción, con el PIB reduciéndose de aproximadamente 300.000 millones de dólares a 50.000-53.000 millones, esta inseguridad institucional inhibe aún más la propensión al consumo. El mecanismo teórico de tracción salarial requiere precisamente que el salario sea estable, predecible y vinculado a derechos; los bonos venezolanos son frágiles precisamente en estas tres dimensiones.
IV. La restricción fiscal: su realidad y su uso abusivo
El argumento más sólido en defensa de la posición gubernamental es la restricción fiscal. El tamaño del empleo estatal venezolano es enorme: aproximadamente 2,5 a 3,5 millones de empleados públicos, más 4 a 5 millones de pensionados. Los cálculos del economista Asdrúbal Oliveros indican que, si se elevara el salario de los empleados públicos a cerca de 200 dólares y las pensiones a 100 dólares, el costo absorbería casi la totalidad de los ingresos petroleros adicionales que el país podría obtener ese año (estimados entre 9.000 y 12.000 millones de dólares), recursos que además deben cubrir la reparación del sistema eléctrico, la inversión en capacidad petrolera y las importaciones básicas. Bajo esta restricción, ningún gobierno responsable puede, efectivamente, destinar todos los recursos incrementales a salarios.
El problema es que la realidad de la restricción fiscal no puede servir de defensa para un error de dirección política a largo plazo. La opción del gobierno no es elegir temporalmente entre crecimiento y salarios, sino sustituir sistemáticamente el sistema salarial por bonos. Esta opción evita riesgos fiscales a corto plazo, pero crea dificultades más profundas a largo plazo: hace que los trabajadores pierdan la seguridad social anclada al salario, que la demanda de consumo carezca de una base institucional estable, y que el propio gobierno pierda una herramienta de gestión de la demanda a través de la política salarial. Cuando el salario deja de ser una variable efectiva en la economía, la promesa de aumentar salarios después del crecimiento se convierte en un eslogan sin ruta operativa, porque la base de consumo que el propio crecimiento necesita está siendo erosionada por esta política.
V. Conclusión
Volviendo a la pregunta inicial: ¿salario y crecimiento, quién va primero? La respuesta más precisa es: ambos son condiciones mutuas, pero la dirección dominante difiere según el régimen. En una economía como la venezolana, dominada por el consumo y que ha sufrido una contracción profunda, la recuperación salarial no es un lujo del crecimiento, sino una de sus condiciones necesarias. Los datos comparativos de América Latina ya han demostrado que Venezuela pertenece a un régimen de crecimiento impulsado por los salarios; el juicio general de la OIT también respalda esta dirección.
Pero esto no significa que cualquier aumento salarial traerá crecimiento. El mecanismo de tracción salarial requiere tres condiciones: inflación controlada para que el salario real no se vea descontado; capacidad instalada para que la demanda se traduzca en producción y no en precios; sostenibilidad fiscal para que el pago de salarios no dependa de la emisión monetaria. Venezuela enfrenta severas restricciones en estas tres dimensiones.
Por lo tanto, la crítica a la política gubernamental no debe simplificarse a por qué no aumentar los salarios, sino que debe apuntar a una elección institucional más concreta: por qué sustituir el salario por bonos. Esta elección parece prudente en términos fiscales, pero es económicamente contradictoria: por un lado, reconoce que los trabajadores necesitan mayores ingresos para subsistir; por otro, se niega a otorgar a esos ingresos la forma legal y la función social del salario. Mientras el salario siga siendo un caparazón vacío, el consumo carecerá de base institucional, el crecimiento de sustento de demanda, y la promesa de aumentar salarios después del crecimiento nunca podrá cumplirse. El primer paso para romper este estancamiento tal vez no sea esperar el crecimiento, sino reconocer que, en Venezuela, el salario mismo es parte de la política de crecimiento.
Referencias
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 2012. “Los recortes salariales pueden perjudicar el crecimiento”.
Alarco Tosoni, Germán. “Participación salarial y crecimiento económico en América Latina, 1950-2012. ZBW/Estudios de economía heterodoxa para América Latina.
Banca y Negocios. 17 de mayo de 2026. Cendas-FVM: Canasta alimentaria familiar superó los 730 dólares en abril.
Bloomberg Línea. 4 de mayo de 2026. Para qué alcanza el nuevo salario mínimo de Venezuela este 2026.
Finanzas Digital. 1 de mayo de 2026. Sin aumento salarial: el ajuste se concentra en el bono de Guerra Económica.
El Pitazo. 10 de marzo de 2026. Aumento de salario en Venezuela: ¿Qué condiciones debe tener para ser sostenible?
El Impulso. 28 de abril de 2026. Luigi Pisella: Cada $10 de aumento salarial base representa un gasto de $1.500 millones para el Estado.
Despacho de la Presidencia. 9 de abril de 2026. Ejecutivo anuncia aumento salarial responsable para el 1.º de mayo.
