Penetración de DMG en política, por destaparse

Redacción de El País Bogotá

Uno de los hombres clave en las pretensiones de David Murcia Guzmán, de penetrar los estamentos del Estado, era Daniel Ángel Rueda, capturado por el CTI de la Fiscalía.
Colprensa / El País

David Murcia Guzmán y sus asesores ya tenían las estrategias para infiltrar todos los estamentos del Estado.

Nada fácil será la tarea de los dos grupos de investigadores de la Dirección de Inteligencia Judicial de la Policía (Dijín) y de la Fiscalía General de la Nación, comisionados para desenredar la madeja de los supuestos vínculos de la clase política con el detenido empresario David Murcia Guzmán, dueño de la firma DMG.

Según conoció El País en fuentes cercanas al proceso, las autoridades analizan más de tres mil cintas de audio y unos cinco mil videos que, al parecer, demostrarían tales nexos, y se está a la espera de abrir más de 30 cajas fuertes confiscadas a DMG que, se supone, contendrían miles de millones de pesos.

Aunque no se conocen nombres de dirigentes o partidos políticos, trascendió que en las videograbaciones quedaron registradas las visitas de muchas personas vinculadas a la actividad pública a las propias instalaciones de DMG en diferentes ciudades del país.

Incluso, se analiza la veracidad de una versión según la cual DMG habría llevado a 22 personas desde Bogotá a un prestigioso hotel de Cartagena, entre ellos varios alcaldes y gobernadores, con gastos pagos, al parecer para persuadirlos de invertir en la compañía. Se dice que hay fotos comprometedoras.

Una fuente consultada por este diario asegura que el tema se está manejando al más alto nivel de confidencialidad, al punto que no se explica cómo ni quién filtró a la radio cintas magnetofónicas en las que, por ejemplo, se mencionan los nombres de varios funcionarios públicos.

Los audios ‘salpicaron’ a dirigentes como Pedro Alonso Sanabria, hoy magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, quien habría recibido aportes de DMG para su campaña a la Gobernación de Boyacá. Entre otros, se menciona al ex alcalde de Suesca (Cundinamarca), Jorge Guaquetá.

Obviamente, los afectados desmintieron cualquier nexo con DMG, aunque en una de esas conversaciones Murcia le dice a su socio, William Suárez: “tenemos diez ganadores”.

Pero a diferencia del proceso de la parapolítica, el ambiente que se respira en los pasillos del Capitolio Nacional por cuenta de la ‘DMG-política’ no es tan tenso, pero tampoco de total tranquilidad, pues, según la Fiscalía General, “existirían” vínculos entre DMG y algunos congresistas. De hecho, ya la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pidió copias de los expedientes.

Varios legisladores que dialogaron con El País bajo la reserva de identidad sostienen que la “tranquilidad” de los congresistas radica en que ellos fueron elegidos en marzo del 2006 y la firma DMG había sido creada apenas un año antes.

“No creo que hace tres años DMG estuviera en capacidad de financiar campañas al Congreso. Lo que sí creo es que esa penetración se hubiera dado a partir de las elecciones territoriales del año pasado, en algunas regiones del país”, sostiene un senador costeño.

Otro congresista del sur del país no duda de esa versión. Se refiere con nombre propio a un caso particular que se dio hace pocas semanas en la Comisión Primera de Senado. Recuerda que a comienzos de noviembre se realizaba una audiencia para discutir un proyecto de ley que buscaba incrementar las penas para captación ilegal de dinero.

“El representante Orlando Guerra de la Rosa, del Putumayo, fue al Senado a pedir expresamente el archivo de esa iniciativa, a pesar de que no estaba en el orden del día de la Cámara. Eso muestra un interés más allá de lo normal”, dice.

Este diario tuvo acceso a las declaraciones radiales que por esos días entregó el representante Guerra de la Rosa, en una emisora local de Putumayo. En una de ellas se refiere así al proyecto de ley en mención:

“Les quiero decir a los oyentes de Putumayo que el representante Orlando Guerra irá en contra de este proyecto de ley porque viola los principios fundamentales de la Constitución Política de Colombia, viola el tema de la libertad privada, de la libertad de empresa, del derecho de asociación, de la libertad, de la vida económica de los colombianos”.

En el otro audio Guerra sale en defensa de la firma DMG, de la que dice es “una empresa lícita que le está dando mucho progreso y desarrollo al Putumayo”.

El País intentó en varias ocasiones contactar al representante Guerra, pero no fue posible conocer su versión. La fuente consultada por El País asegura que, especialmente en departamentos como Nariño y Putumayo, la penetración de la ‘DMG-Política’ “es muy fuerte”.

“Hay un video de un alcalde agradeciéndole a DMG la financiación de unas fiestas populares; otros alcaldes ingenuamente le mandaron cartas (a David Murcia Guzmán) pidiéndole financiación para los carnavales de Blancos y Negros. Eso claramente ocurrió”, insiste.

De momento, las investigaciones continúan bajo total reserva.

Las cuatro estrategias de DMG

Varios legisladores consultados por El País coinciden en que DMG habría trazado toda una red de estrategias para penetrar las distintas esferas del Estado y la sociedad colombiana para ‘legalizar’ dinero de dudosa procedencia.

Para ello, aseguran, DMG habría trazado cuatro estrategias básicas. Una, permear el Congreso mediante sobornos. Se habla de $760 millones para ‘hacer lobby’ en la aprobación de un artículo de la reforma financiera que pretendía regular el uso de tarjetas prepago para la compra de electrodomésticos y mercancías.

La segunda, llegar hasta el propio Gobierno. Utilizaría al Secretario General de Palacio, Bernardo Moreno, primo del detenido Daniel Ángel, directivo del canal de televisión Body Channel, propiedad de DMG.

La tercera, los medios de comunicación. La Fiscalía investiga una versión según la cual DMG pretendía ‘comprar’ a 25 reconocidos periodistas nacionales, y de paso fortalecer su presencia en la red virtual Facebook.

Y la cuarta, y tal vez la más importante, influir en las campañas políticas regionales. “Creo que el interés de DMG no era hacer política, sino ‘legalizar’ su negocio”, señala un congresista del centro del país.

Otro legislador no tiene dudas de que la estrategia de DMG era “influir en los gobiernos locales para legalizar dinero a través de contratos”.

Efectos DMG
El escándalo DMG afectó el referendo y cobró la cabeza del Superfinanciero.
Tiene en vilo la reforma financiera.
’Salpicó’ a la familia presidencial y a un magistrado.