“El objetivo final es que aquellos colombianos cuyos hijos menores de edad han desaparecido, tengan la posibilidad de saber si aparecen dentro de ese triste listado, poniendo fin al dolor y a la incertidumbre”, afirmó Adriana González, directora encargada del ICBF, quien enfatizó que “es un hecho histórico que contribuye con el derecho a la verdad de las víctimas de la violencia”.
Medicina Legal dispondrá de todo su equipo científico y técnico para hacer una depuración de 19.000 registros de niños y niñas de su sistema de desaparecidos. Sin embargo, el trabajo inicial de identificación genética comenzara con 500 cadáveres esqueletizados que pertenecen a menores de edad.
“Sabemos que identificar los cuerpos de estos niños es un desafío técnico de gran magnitud, que requiere tiempo y rigurosidad. Pero sabemos también que se les ayudará a muchas familias a hacer sus duelos”, afirmó Carlos Eduardo Valdés, director del Instituto de Medicina Legal, quien advirtió que los restos óseos de los niños que reposan en su entidad corresponden a víctimas de la violencia: desaparecidos, desplazados o reclutados por el conflicto armado.
EP
