La
defensa a ultranza por parte del Gobierno de la tauromaquia, con dinero
público, contrasta con las trabas para ayudar a los desahuciados y los
recortes sociales. Por
su parte, investigadores, rectores de universidades y sindicatos
denuncian del Gobierno “la destrucción paulatina del sistema de I+D+i”.
Toreando a los ciudadanos
El martes de
esta semana en el Congreso de los Diputados se han votado dos
iniciativas legislativas populares (ILP) ante las que el grupo popular
ha mostrado actitudes contrapuestas, una relacionado con medidas para
ayudar a los hipotecados en apuros y otra para defender el mundo de los
toros.
Los
populares han reculado a última hora para no tumbar finalmente, ya de
entrada, la ILP relacionada con los desahucios, que cuentan con más de
1, 4 millones de firmas, pero ponía la alfombra roja para la iniciativa
para declarar las corridas de toros Bien de Interés Cultural, que obtuvo
casi 600.000 rúbricas. Esta última iniciativa partía de la Federación
de Entidades Taurinas de Cataluña a raíz de que las corridas de toros
fueran prohibidas en Cataluña desde el pasado año. El PP, UPyD y UPN
habían anunciado previamente su apoyo y la iniciativa ha sido admitida a
trámite con 180 votos favorables, 40 en contra y 107 abstenciones
-procedentes del PSOE-.
A la hora de
defender en el pleno la ILP, el PP ha apelado a los derechos
constitucionales de igualdad y libertad de cada español para “ir o no ir
a los toros según su voluntad”, ante la complacencia de varios toreros
presentes en la tribuna de los invitados, como José María Manzanares,
“El Niño de la Capea”, “El Juli” o Andrés Vázquez. El portavoz popular
en este asunto, Juan Manuel Albendea, ha presentado como aval la
protección a los toros que ya han concedido otras administraciones
controladas por el PP, como el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid o
la Junta de Castilla-La Mancha.
Sin embargo,
el debate de la tauromaquia no se limita a si poder asistir o no a un
espectáculo que levanta pasiones y animadversión, si no también si la
“fiesta nacional” debe seguir siendo sostenida artificiosamente con
dinero público.
El propio
ministro de Cultura, José Ignacio Wert, ya anunció a poco de asumir el
cargo que una de sus prioridades sería fomentar la cultura del toro
aumentando el dinero para tal fin y anunciando la colaboración de las
comunidades autónomas, siendo secundado por Madrid o Castilla-La Mancha.
Algunos alcaldes populares como el de Valladolid han destinado hasta
180.000 euros a subvencionar eventos taurinos, y las ayudas municipales
para tal fin se reproducen en toda España, a pesar de los recortes en
todo tipo de áreas sociales.
Y no solo
eso. Hasta la propia TVE, controlada por el PP, ha vuelto a emitir
corridas de toros, lo que conlleva lógicamente el pago de los derechos
de retransmisión que nutren así por otra vía, además de las subvenciones
directas, a la “fiesta ‘nacional”.
Entre agosto
y octubre de 2006 (antes de que con el Gobierno socialista suprimiera
la retransmisión de las corridas), se destinaron a tal fin 839.752 euros
con apenas un retorno publicitario de 289.697 euros, es decir, un
ejercicio claramente deficitario que tampoco se justifica por los
escasos niveles de audiencia.
“Sangría” en investigación
Sin embargo,
la comunidad científica está indignada y ha alertado que el Gobierno
está haciendo “una sangría en la plantilla” de los centros de
investigación del país y que estos recortes llevarán a España “al
colapso”.
Así lo
indica un comunicado publicado por el Colectivo Carta por la Ciencia que
agrupa a las sociedades científicas de toda España, rectores,
investigadores jóvenes y sindicatos (COSCE, CCOO, UGT, Plataforma de
Investigación Digna, CRUE, Federación de Jóvenes Investigadores y
Asociación Nacional de Investigadores Ramón y Cajal).
El colectivo
resalta que “el Ministro de Economía y Competitividad (Luis de
Guindos), debe asumir su responsabilidad política por la desastrosa
estrategia adoptada por el Gobierno” y alerta de que este “ha demostrado
que la desaparición de la Investigación en el organigrama ministerial
ha supuesto, de facto, la destrucción paulatina del sistema de I+D+i
español”.
El colectivo
también arremete contra el ministro, que ha negado los recortes en
ciencia y manifiestan que “ es absolutamente falso que la I+D+i haya
crecido un 5% en los Presupuestos” como anunció De Guindos hace unos
días.
Denuncian,
además, que el nivel de financiación actual es más bajo que el de 2005 y
exigen “a los parlamentarios y políticos una rectificación inmediata de
las políticas que se están implantando y que llevan a nuestra sociedad a
la indignación y a la desesperanza”.
Explican en
el documento cómo el Gobierno ha recortado los principales programas
para financiar contratos para investigadores, sostener el trabajo de
centros de investigación o mantener las cuotas de España en centros
internacionales como el CERN o la ESA.
Al mismo
tiempo, critican duramente la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología
e Innovación 2013-2020 y el Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-2016, los dos documentos que presentarán en
el Congreso para ser aprobado.
En estos
documentos, aseguran, se fija el objetivo de que España alcance al final
de esta década una inversión en I+D equivalente al 2% del PIB. Sin
embargo, los científicos denuncian ese nivel ya que “es menos de lo que
la media de la UE tiene ya hoy” y llega “con una década de retraso”.
“Además esta previsión se basa en una disminución paulatina de la
inversión pública que se verá compensada por un aumento progresivo de la
inversión privada, pero las propias estadísticas oficiales demuestran
que, incluso en un momento de expansión económica, la aportación
empresarial a la I+D+i, disminuyó”.
El colectivo
también denuncia que es falso que los documentos se elaborasen con un
amplio consenso, ya que, los sindicatos UGT y CCOO, incluidos en el
colectivo, votaron en contra.
