Por Prodavinci
| 9 de Septiembre, 2013
Chile, el golpe y los gringos. (Crónica de una tragedia organizada)
A fines de 1969, tres generales del
Pentágono cenaron con cuatro militares chilenos en una casa de los
suburbios de Washington. El anfitrión era el entonces coronel Gerardo
López Angulo, agregado aéreo de la misión militar de Chile en los
Estados Unidos, y los invitados chilenos eran sus colegas de las otras
armas. La cena era en honor del Director de la escuela de Aviación de
Chile, general Toro Mazote, quien había llegado el día anterior para una
visita de estudio. Los siete militares comieron ensalada de frutas y
asado de ternera con guisantes, bebieron los vinos de corazón tibio de
la remota patria del sur donde había pájaros luminosos en las playas
mientras Washington naufragaba en la nieve, y hablaron en inglés de lo
único que parecía interesar a los chilenos en aquellos tiempo: las
elecciones presidenciales del próximo septiembre. A los postres, uno de
los generales del Pentágono preguntó qué haría el ejército de Chile si
el candidato de la izquierda Salvador Allende ganaba las elecciones. El
general Toro Mazote contestó: “Nos tomaremos el palacio de la Moneda en
media hora, aunque tengamos que incendiarlo”
Uno de los invitados era
el general Ernesto Baeza actual director de la Seguridad Nacional de
Chile, que fue quien dirigió el asalto al palacio presidencial en el
golpe reciente, y quien dio la orden de incendiarlo. Dos de sus
subalternos de aquellos días se hicieron célebres en la misma jornada:
el general Augusto Pinochet, presidente de la Junta Militar, y el
general Javier Palacios, que participó en la refriega final contra
Salvador Allende. También se encontraba en la mesa el general de brigada
aérea Sergio Figueroa Gutiérrez, actual ministro de obras públicas, y
amigo íntimo de otro miembro de la Junta Militar el general del aire
Gustavo Leigh, que dio la orden de bombardear con cohetes el palacio
presidencial. El último invitado era el actual almirante Arturo
Troncoso, ahora gobernador naval de Valparaíso, que hizo la purga
sangrienta de la oficialidad progresista de la marina de guerra, e
inició el alzamiento militar en la madrugada del once de septiembre.
Aquella cena histórica
fue el primer contacto del Pentágono con oficiales de las cuatro ramas
chilenas. En otras reuniones sucesivas, tanto en Washington como en
Santiago, se llegó al acuerdo final de que los militares chilenos más
adictos al alma y a los intereses de los Estados Unidos se tomarían el
poder en caso de que la Unidad Popular ganara las elecciones. Lo
planearon en frío, como una simple operación de guerra, y sin tomar en
cuenta las condiciones reales de Chile.
El plan estaba elaborado
desde antes, y no sólo como consecuencia de las presiones de la
International Telegraph & Telephone (I.T.T), sino por razones mucho
más profundas de política mundial. Su nombre era “Contingency Plan”. El
organismo que la puso en marcha fue la Defense Intelligence Agency del
Pentágono, pero la encargada de su ejecución fue la Naval Intelligency
Agency, que centralizó y procesó los datos de las otras agencias,
inclusive la CIA, bajo la dirección política superior del Consejo
Nacional de Seguridad. Era normal que el proyecto se encomendara a la
marina, y no al ejército, porque el golpe de Chile debía coincidir con
la Operación Unitas, que son las maniobras conjuntas de unidades
norteamericanas y chilenas en el Pacífico. Estas maniobras se llevaban a
cabo en septiembre, el mismo mes de las elecciones y resultaba natural
que hubiera en la tierra y en el cielo chilenos toda clase de aparatos
de guerra y de hombres adiestrados en las artes y las ciencias de la
muerte.
Por esa época, Henry
Kissinger dijo en privado a un grupo de chilenos: “No me interesa ni sé
nada del Sur del Mundo, desde los Pirineos hacia abajo”. El Contingency
Plan estaba entonces terminado hasta su último detalle, y es imposible
pensar que Kissinger no estuviera al corriente de eso, y que no lo
estuviera el propio presidente Nixon.
Ningún chileno cree que mañana es martes. Chile
es un país angosto, con 4.270 kilómetros de largo y 190 de ancho, y con
10 millones de habitantes efusivos, dos de los cuales viven en
Santiago, la capital. La grandeza del país no se funda en la cantidad de
sus virtudes, sino el tamaño de sus excepciones. Lo único que produce
con absoluta seriedad es mineral de cobre, pero es el mejor del mundo, y
su volumen de producción es apenas inferior al de Estados Unidos y la
Unión Soviética. También produce vinos tan buenos como los europeos,
pero exportan poco porque casi todos se los beben los chilenos. Su
ingreso per cápita, 600 dólares, es de los más elevados de América
Latina, pero casi la mitad del producto nacional bruto se lo reparten
solamente 300.000 personas. En 1932, Chile fue la primera república
socialista del continente, y se intentó la nacionalización del cobre y
el carbón con el apoyo entusiasta de los trabajadores, pero la
experiencia sólo duró 13 días. Tiene un promedio de un temblor de tierra
cada dos días y un terremoto devastador cada tres años. Los geólogos
menos apocalípticos consideran que Chile no es un país de tierra firme
sino una cornisa de los Andes en una océano de brumas, y que todo el
territorio nacional, con sus praderas de salitre y sus mujeres tiernas,
está condenado a desaparecer en un cataclismo.
Los chilenos, en cierto
modo, se parecen mucho al país. Son la gente más simpática del
continente, les gusta estar vivos y saben estarlo lo mejor posible, y
hasta un poco más, pero tienen una peligrosa tendencia al escepticismo y
a la especulación intelectual. “Ningún chileno cree que mañana es
martes”, me dijo alguna vez otro chileno, y tampoco él lo creía. Sin
embargo, aún con esa incredulidad de fondo, o tal vez gracias a ella,
los chilenos han conseguido un grado de civilización natural, una
madurez política y un nivel de cultura que son sus mejores excepciones.
De tres premios Nobel de literatura que ha obtenido América Latina, dos
fueron chilenos. Uno de ellos, Pablo Neruda, era el poeta más grande de
este siglo.
Todo esto debía saberlo
Kissinger cuando contestó que no sabía nada del sur del mundo, porque el
gobierno de los Estados Unidos conocía entonces hasta los pensamientos
más recónditos de los chilenos. Los había averiguado en 1965, sin
permiso de Chile, en una inconcebible operación de espionaje social y
político: el Plan Camelot. Fue una investigación subrepticia mediante
cuestionarios muy precisos, sometidos a todos los niveles sociales, a
todas las profesiones y oficios, hasta en los últimos rincones del país,
para establecer de un modo científico el grado de desarrollo político y
las tendencias sociales de los chilenos. En el cuestionario que se
destinó a los cuarteles, figuraba la pregunta que cinco años después
volvieron a oír los militares chilenos en la cena de Washington: “¿Cuál
será la actitud en caso de que el comunismo llegue al poder? -La
pregunta era capciosa. Después de la operación Camelot, los Estados
Unidos sabían a cierta que Salvador Allende sería elegido presidente de
la república.
Chile no fue escogido
por casualidad para este escrutinio. La antigüedad y la fuerza de su
movimiento popular, la tenacidad y la inteligencia de sus dirigentes, y
las propias condiciones económicas y sociales del país permitían
vislumbrar su destino. El análisis de la operación Camelot lo confirmó:
Chile iba a ser la segunda república socialista del continente después
de Cuba. De modo que el propósito de los Estados Unidos no era
simplemente impedir el gobierno de Salvador Allende para preservar las
inversiones norteamericanas. El propósito grande era repetir la
experiencia más atroz y fructífera que ha hecho jamás el imperialismo en
América Latina: Brasil.
Doña cacerolina se echa a la calle. El
4 de septiembre de 1970, como estaba previsto, el médico socialista y
masón Salvador Allende fue elegido presidente de la república. Sin
embargo, el Contingency Plan no se puso en práctica. La explicación más
corrientes es también la más divertida: alguien se equivocó en el
Pentágono, y solicitó 200 visas para un supuesto orfeón naval que en
realidad estaba compuesto por especialistas en derrocar gobiernos, y
entre ellos varios almirantes que ni siquiera sabían cantar. El gobierno
chileno descubrió la maniobra y negó las visas. Este percance, se
supone, determinó el aplazamiento de la aventura. Pero la verdad es que
el proyecto había sido evaluado a fondo: otras agencias norteamericanas,
en especial la CIA y el propio embajador de los Estados Unidos en
Chile, Edward Korry, consideraron que el Contingency Plan era sólo una
operación militar que no tomaba en cuenta las condiciones actuales de
Chile.
En efecto, el triunfo de
la Unidad Popular no ocasionó el pánico social que esperaba el
Pentágono. Al contrario, la independencia del nuevo gobierno en política
internacional, y su decisión en materia económica, crearon de inmediato
un ambiente de fiesta social. En el curso del primer año se habían
nacionalizado 47 empresas industriales, y más de la mitad del sistema de
créditos. La reforma agraria expropió e incorporó a la propiedad social
2.400.000 hectáreas de tierras activas. El proceso inflacionario se
moderó: se consiguió el pleno empleo y los salarios tuvieron un aumento
efectivo de un 40 por ciento.
El gobierno anterior,
presidido por el demócrata cristiano Eduardo Frei, había iniciado un
proceso de chilenización del cobre. Lo único que hizo fue comprar el 51
por ciento de las minas, y sólo por la mina de El Teniente pagó una suma
superior al precio total de la empresa. La Unidad Popular recuperó para
la nación con un solo acto legal todos los yacimientos de cobre
explotados por las filiales de compañías norteamericanas, la Anaconda y
la Kennecott. Sin indemnización: el gobierno calculaba que las dos
compañías habían hecho en 15 años una ganancia excesiva de 80.000
millones de dólares.
La pequeña burguesía y
los estratos sociales intermedios, dos grandes fuerzas que hubieran
podido respaldar un golpe militar en aquél momento, empezaban a
disfrutar de ventajas imprevistas, y no a expensas del proletariado,
como había ocurrido siempre, sino a expensas de la oligarquía financiera
y el capital extranjero. Las fuerzas armadas, como grupo social, tienen
la misma edad, el mismo origen y las mismas ambiciones de la clase
media y no tenían motivo, ni siquiera una coartada, para respaldar a un
grupo exiguo de oficiales golpistas. Consciente de esa realidad, la
Democracia Cristiana no solo no patrocinó entonces la conspiración de
cuartel, sino que se opuso resueltamente porque la sabía impopular
dentro de su propia clientela.
Su objetivo era otro:
perjudicar por cualquier medio la buena salud del gobierno para ganarse
las dos terceras partes del Congreso en las elecciones de marzo de 1973.
Con esa proporción podía decidir la destitución constitucional del
presidente de la república.
La Democracia Cristiana
era una grande formación inter-clasista, con una base popular auténtica
en el proletariado de la industria moderna, en la pequeña y media
industria moderna, en la pequeña y media propiedad campesina, y en la
burguesía y la clase media de las ciudades. La Unidad Popular expresaba
al proletariado obrero menos favorecido, al proletariado agrícola, a la
baja clase media de las ciudades.
La Democracia Cristiana,
aliada con el Partido Nacional de extrema derecha, controlaba el
Congreso. La Unidad Popular controlaba el poder ejecutivo. La
polarización de esas dos fuerzas iba a ser, de hecho, la polarización
del país. Curiosamente, el católico Eduardo Frei, que no cree en el
marxismo, fue quien aprovechó mejor la lucha de clases, quien la
estimuló y exacerbó; con el propósito de sacar de quicio al gobierno y
precipitar al país por la pendiente de la desmoralización y el desastre
económico.
El bloqueo económico de
los Estados Unidos por la expropiaciones sin indemnización y el sabotaje
interno de la burguesía hicieron el resto. En Chile se produce todo,
desde automóviles hasta pasta dentífrica, pero la industria tiene una
identidad falsa: en las 160 empresas más importantes, el 60 por ciento
era capital extranjero, y el 80 por ciento de sus elementos básicos
importados. Además, el país necesitaba 300 millones de dólares anuales
para importar artículos de consumo, y otros 450 millones para pagar los
servicios de la deuda externa. Los créditos de los países socialistas no
remediaban la carencia fundamental de repuestos, pues toda industria
chilena, la agricultura y el transporte, estaban sustentados por equipo
norteamericano. La Unión Soviética tuvo que comprar trigo de Australia
para mandarlo a Chile, porque ella misma no tenía y a través del Banco
de la Europa del Norte, de París, le hizo varios empréstitos
sustanciosos en dólares efectivos. Cuba, en un gesto que fue más
ejemplar que decisivo, mandó un barco cargado de azúcar regalada. Pero
las urgencias de Chile eran descomunales. Las alegres señoras de la
burguesía, con el pretexto del racionamiento y de las pretensiones
excesivas de los pobres, salieron a la plaza pública haciendo sonar sus
cacerolas vacías. No era casual, sino al contrario, muy significativo,
que aquel espectáculo callejero de zorros plateados y sombreros de
flores ocurriera la misma tarde que Fidel Castro terminaba una visita de
treinta días que había sido un terremoto de agitación social.
La última cueca feliz de Salvador Allende. El
Presidente Salvador Allende comprendió entonces, y lo dijo, que el
pueblo tenía el gobierno pero no tenía el poder. La frase más alarmante,
porque Allende llevaba dentro una almendra legalista que era el germen
de su propia destrucción: un hombre que peleó hasta la muerte en defensa
de la legalidad, hubiera sido capaz de salir por la puerta mayor de la
Moneda, con la frente en alto, si lo hubiera destituido el congreso
dentro del marco de la constitución.
La periodista y política
Rossana Rossanda, que visitó a Allende por aquella época, lo encontró
envejecido, tenso y lleno de premoniciones lúgubres, en el diván de
cretona amarilla donde había de reposar el cadáver acribillado y con la
cara destrozada por un culatazo de fusil. Hasta los sectores más
comprensivos de la Democracia Cristiana estaban entonces contra él.
“¿Inclusive Tomic?” -le preguntó Rossana.-”Todos”, contestó, Allende.
En vísperas de las
elecciones de marzo de 1973, en las cuales se jugaba su destino, se
hubiera conformado con que la Unidad Popular obtuviera el 36 por ciento.
Sin embargo, a pesar de la inflación desbocada, del racionamiento
feroz, del concierto de olla de las cacerolinas alborotadas, obtuvo el
44 por ciento. Era una victoria tan espectacular y decisiva, que cuando
Allende se quedó en el despacho, sin más testigos que su amigo y
confidente, Augusto Olivares, hizo cerrar la puerta y bailó solo una
cueca.
Para la Democracia
Cristiana, aquella era la prueba de que el proceso democrático promovido
por la Unidad Popular no podía ser contrariado con recursos legales,
pero careció de visión para medir las consecuencias de su aventura: es
un caso imperdonable de irresponsabilidad histórica. Para los Estados
Unidos era una advertencia mucho más importante que los intereses de las
empresas expropiadas; era un precedente inadmisible en el progreso
pacífico de los pueblos del mundo, pero en especial para los de Francia e
Italia, cuyas condiciones actuales hacen posible la tentativa de
experiencias semejantes a las de Chile: Todas las fuerzas de la reacción
interna y externa se concentraron en un bloque compacto.
En cambio los Partidos
de la Unidad Popular cuyas grietas internas era mucho más profundas de
lo que se admite, no lograron ponerse de acuerdo con el análisis de la
votación de marzo. El gobierno se encontró sin recursos, reclamado desde
un extremo por los partidarios de aprovechar la evidente radicalización
de las masas para dar un salto decisivo en el cambio social, y los más
moderados que temían al espectro de la guerra civil y confiaban en
llegar a un acuerdo regresivo con la Democracia Cristiana. Ahora se ve
con mucha claridad que esos contactos, por parte de la oposición no eran
más que un recurso de distracción para ganar tiempo.
La CIA y el paro patronal. La
huelga de camioneros fue el detonante final. Por su geografía
fragorosa, la economía chilena está a merced de su transporte rodado.
Paralizarlo es paralizar el país. Para la oposición era muy fácil
hacerlo, porque el gremio del transporte era de los más afectados por la
escasez de repuestos, y se encontraba además amenazado por la
disposición del gobierno de nacionalizar el transporte con equipos
soviéticos. El paro se sostuvo hasta el final, sin un solo instante de
desaliento, porque estaba financiado desde el exterior con dinero
efectivo. La CIA inundó de dólares el país para apoyar el Paro Patronal,
y esa divisa bajó en la bolsa negra, escribió Pablo Neruda a un amigo
en Europa. Una semana antes del golpe se había acabado el aceite, la
leche y el pan.
En los últimos días de
la Unidad Popular, con la economía desquiciada y el país al borde de la
guerra civil, las maniobras del gobierno y de la oposición se centraron
en la esperanza de modificar, cada quien a su favor, el equilibrio de
fuerzas dentro del ejército. La jugada final fue perfecta: cuarenta y
ocho horas antes del golpe, la oposición había logrado descalificar a
los mandos superiores que respaldaban a Salvador Allende, y habían
ascendido en su lugar, uno por uno, en una serie de enroques y gambitos
magistrales a todos los oficiales que habían asistido a la cena de
Washington.
Sin embargo, en aquel
momento el ajedrez político había escapado a la voluntad de sus
protagonistas. Arrastrados por una dialéctica irreversible, ellos mismos
terminaron convertidos en ficha de un ajedrez mayor, mucho más complejo
y políticamente mucho más importante que una confabulación consciente
entre el imperialismo y la reacción contra el gobierno del pueblo. Era
una terrible confrontación de clases que la habían provocado, una
encarnizada rebatiña de intereses contrapuestos cuya culminación final
tenía que ser un cataclismo social sin precedentes en la historia de
América.
El ejército más sanguinario del mundo. Un
golpe militar, dentro de las condiciones chilenas, no podía ser
incruento. Allende lo sabía. No se juega con fuego, le había dicho a la
periodista italiana Rossana Rossanda. Si alguien cree que en Chile un
golpe militar será como en otros países de América, como un simple
cambio de guardia en la Moneda, se equivoca de plano. Aquí, si el
ejército se sale de la legalidad. habrá un baño de sangre. Será
Indonesia. Esa certidumbre tenía un fundamento histórico.
Las fuerzas armadas de
Chile, el contrario de lo que se nos ha hecho creer, han intervenido en
la política cada vez que se han visto amenazados sus intereses de clase y
lo han hecho con un tremenda ferocidad represiva. Las dos
constituciones que ha tenido el país en un siglo fueron impuestas por
las armas y el reciente golpe militar era la sexta tentativa de los
últimos cincuenta años.
El ímpetu sangriento del
ejército chileno le viene de su nacimiento, en la terrible escuela de
la guerra cuerpo a cuerpo contra los araucanos, que duró 300 años. Uno
de los precursores se vanagloriaba, en 1620, de haber matado con su
propia mano, en una sola acción, a más de 2.000 personas. Joaquín
Edwards Bello cuenta en sus crónicas que durante una epidemia de tifo
exantemático, el ejército sacaba a los enfermos de sus casas y los
mataba con un baño de veneno para acabar con la peste. Durante una
guerra civil de siete meses en 1891, hubo 10.000 muertos en una sola
batalla. Los peruanos aseguran que durante la ocupación de Lima, en la
guerra del Pacífico, los militares chilenos saquearon la biblioteca de
don Ricardo Palma, pero que no usaban los libros para leerlos, sino para
limpiarse el trasero.
Con mayor brutalidad han
sido reprimidos los movimientos populares. Después del terremoto de
Valparaíso, en 1906, las fuerzas navales liquidaron la organización de
los trabajadores portuarios con una masacre de 8.000 obreros. En
Iquique, a principios del siglo, una manifestación de huelguistas se
refugió en la teatro municipal, huyendo de la tropa y fue ametrallada:
hubo 2.000 muertos. El 2 de abril de 1957 el ejército reprimió una
asonada civil en el centro de Santiago causando un número de víctimas
que nunca se pudo establecer, porque el gobierno escamoteó los cuerpos
en entierros clandestinos. Durante una huelga en la mina de El Salvador,
bajo el gobierno de Eduardo Frei, una patrulla militar dispersó a bala
una manifestación y mató a seis personas, entre ellas varios niños y una
mujer encinta. El comandante de la plaza era un oscuro general de 52
años, padre de cinco niños, profesor de geografía y autor de varios
libros sobre asuntos militares: Augusto Pinochet.
El mito del legalismo y
la mansedumbre de aquel ejército carnicero había sido inventado en
interés propio de la burguesía chilena. La Unidad Popular lo mantuvo con
la esperanza de cambiar a su favor la composición de clase de los
cuadros superiores. Pero Salvador Allende se sentía más seguro entre los
carabineros, un cuerpo armado de origen popular y campesino que estaba
bajo el mando directo del presidente de la república. En efecto, sólo
los oficiales más antiguos de los Carabineros secundaron el golpe. Los
oficiales jóvenes se atrincheraron en la escuela de Sub-oficiales de
Santiago y resistieron durante cuatro días, hasta que fueron aniquilados
desde el aire con bombas de guerra.
Esa fue la batalla más
conocida de la contienda secreta que se libró en el interior de los
cuarteles la víspera del golpe. Los golpistas asesinaron a los oficiales
que se negaron a secundarlos y a los que no cumplieron las órdenes de
represión. Hubo sublevaciones de regimientos enteros, tanto en Santiago
como en la provincia que fueron reprimidas sin clemencia y sus
promotores fueron fusilados para escarmiento de la tropa. El comandante
de los coraceros de Viña del Mar, coronel Cantuarias, fue ametrallado
por sus subalternos. El gobierno actual ha hecho creer que muchos de
esos soldados leales fueron víctimas de la resistencia popular. Pasará
tiempo antes de que se conozcan las proporciones reales de esa
carnicería interna, porque los cadáveres eran sacados de los cuarteles
en camiones de basura y sepultados en secreto. En definitiva, sólo medio
centenar de oficiales de confianza, al frente de tropas depuradas de
antemano, se hicieron cargo de la represión.
Numerosos agentes
extranjeros tomaron parte en el drama. El bombardeo del palacio de la
Moneda, cuya precisión técnica asombró a los expertos, fue hecho por un
grupo de acróbatas aéreos norteamericanos que habían entrado con la
pantalla de la operación Unitas, para ofrecer un espectáculos de circo
volador el próximo 18 de septiembre, día de la independencia nacional.
Numerosos policías secretos de los gobiernos vecinos, infiltrados por la
frontera de Bolivia, permanecieron escondidos hasta el día del golpe y
desataron una persecución encarnizada contra unos 7.000 refugiados
políticos de otros países de América Latina.
Brasil, patria de los
gorilas mayores, se había encargado de ese servicio. Había promovido,
dos años antes, el golpe reaccionario en Bolivia que quitó a Chile un
respaldo sustancial y facilitó la infiltración de toda clase de recursos
para la subversión. Algunos de los empréstitos que han hecho los
Estados Unidos al Brasil han sido transferidos en secreto a Bolivia para
financiar la subversión en Chile. En 1972, el general William
Westmoreland hizo un viaje secreto a La Paz, cuya finalidad no se ha
revelado. No parece casual, sin embargo, que poco después de aquella
visita sigilosa, se iniciaran movimientos de tropa y material de guerra
en la frontera con Chile y esto dio a los militares chilenos una
oportunidad más de afianzar su posición interna y de hacer
desplazamientos de personal y promociones jerárquicas favorables al
golpe inminente.
Por fin, el 11 de
septiembre, mientras se adelantaba la operación Unitas, se llevó a cabo
el plan original de la cena de Washington, con tres años de retraso,
pero tal como se había concebido: no como un golpe de cuartel
convencional, sino como una devastadora operación de guerra.
Tenía que ser así,
porque no se trataba de tumbar a un gobierno, sino de implantar la
tenebrosa simiente del Brasil, con sus terribles máquinas de terror, de
tortura y de muerte, hasta que no quedara en Chile ningún rastro de las
condiciones políticas y sociales que hicieron posible la Unidad Popular.
Cuatro meses después del golpe, el balance era atroz: casi 20.000
personas asesinadas; 30.000 prisioneros políticos sometidos a torturas
salvajes, 25.000 estudiantes expulsados y más 200.000 obreros
licenciados. La etapa más dura, sin embargo; aún no había terminado.
La verdadera muerte de un presidente. A
la hora de la batalla final, con el país a merced de las fuerzas
desencadenadas de la subversión, Salvador Allende continuó aferrado a la
legalidad. La contradicción más dramática de su vida fue ser al mismo
tiempo, enemigo congénito de la violencia y revolucionario apasionado y
él creía haberla resuelto con la hipótesis de que las condiciones de
Chile permitían una evolución pacífica hacia el socialismo dentro de la
legalidad burguesa. La experiencia le enseñó demasiado tarde que no se
puede cambiar un sistema desde el gobierno sino desde el poder.
Esa comprobación tardía
debió ser la fuerza que lo impulsó a resistir hasta la muerte en los
escombros en llamas de una casa que ni siquiera era la suya, una mansión
sombría que un arquitecto italiano construyó para fábrica de dinero y
terminó convertida en le refugio de un presidente sin poder. Resistió
durante seis horas, con una metralleta que le había regalado Fidel
Castro y que fue la primera arma de fuego que Salvador Allende disparó
jamás. El periodista Augusto Olivares, que resistió a su lado hasta el
final, fue herido varias veces y murió desangrándose en la Asistencia
Pública.
Hacia las cuatro de la
tarde, el general de división Javier Palacios logró llegar al segundo
piso, con su ayudante, el capitán Gallardo y un grupo de oficiales.
Allí, entre las falsas poltronas Luis XV y los floreros de dragones
chinos y los cuadros de Rugendas del salón rojo, Salvador Allende los
estaba esperando, estaba en mangas de camisa, sin corbata, y con la ropa
sucia de sangre. Tenía la metralleta en la mano.
Allende conocía bien al
general Palacios. Pocos días antes, le había dicho a Augusto Olivares
que aquel era un hombre peligroso que mantenía contactos estrechos con
la Embajada de los Estados Unidos. Tan pronto como lo vio aparecer en la
escalera, Allende le gritó: “Traidor” y lo hirió en una mano.
Allende murió en un
intercambio de disparos con esta patrulla. Luego, todos los oficiales,
en un rito de casta, dispararon sobre el cuerpo. Por último, un
suboficial le destrozó la cara con la culata del fusil. La foto existe:
la hizo el fotógrafo Juan Enrique Lira, del periódico El Mercurio, el
único a quien se permitió retratar el cadáver. Estaba tan desfigurado,
que a la señora Hortensia Allende, su esposa, le mostraron el cuerpo en
el ataúd, pero no permitieron que le descubriera la cara.
Había cumplido 64 años
en el julio anterior y era un Leo perfecto: tenaz, decidido e
imprevisible. Lo que piensa Allende sólo lo sabe Allende, me había dicho
uno de sus ministros. Amaba la vida, amaba las flores y los perros y
era de una galantería un poco a la antigua, con esquelas perfumadas y
encuentros furtivos. Su virtud mayor fue la consecuencia, pero el
destino le deparó la rara y trágica grandeza de morir defendiendo a bala
el mamarracho anacrónico del derecho burgués, defendiendo una Corte
Suprema de Justicia que lo había repudiado y había de legitimar a sus
asesinos, defendiendo un Congreso miserable que los había declarado
ilegítimo pero que había de sucumbir complacido ante la voluntad de los
usurpadores, defendiendo la libertad de los partidos de oposición que
habían vendido su alma al fascismo, defendiendo toda la parafernalia
apolillada de un sistema de mierda que él se había propuesto aniquilar
sin disparar un tiro. El drama ocurrió en Chile, para mal de los
chilenos, pero ha de pasar a la historia como algo que nos sucedió sin
remedio a todos los hombres de este tiempo y que se quedó en nuestras
vidas para siempre.
***
1974