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Luisa Ortega Díaz explicó que de acuerdo con una investigación
preliminar adelantada por los fiscales del Ministerio Público surgieron
elementos que comprometen la resposabilidad de la diputada.
La Fiscal General de la Venezuela, Luisa
Ortega Díaz, solicitó este jueves antejuicio de mérito contra la
diputada María Mercedes Aranguren Nassiff, por la presunta comisión de
los delitos de peculado doloso, legitimación de capitales y asociación
para delinquir previstos en la Ley Orgánica Contra la delincuencia
Organizada.
“En nombre del Estado venezolano solicito formalmente la declaratoria de haber mérito para proseguir causa legal por vía del porcedimiento ordinario a la ciudadana diputada a la Asamblea Nacional por el estado Monagas María Mercedes Aranguren Nassiff, quien es venezolana”, dijo la alta funcionaria. Durante la audiencia que se lleva a cabo en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Ortega Díaz explicó que de la investigación preliminar realizada por los fiscales del Ministerio Público surgieron elementos que comprometen su responsabilidad en la comisión de los delitos de peculado doloso propio, legitimación de capitales y asociación para delinquir. LOS HECHOS Indicó que los hechos relacionados con el delito de peculado doloso propio están vinculados con la creación de una empresa, por parte del entonces gobernador de Monagas, José Gregorio Briceño con recursos de la Gobernación de esa entidad oriental, en enero de 2008, lo cual la califica como “empresa del Estado venezolano”. La empresa señalada se denominó Administradora Inmobiliaria Monumental de Maturín C.A. y estaba dirigida por una junta administrativa presidida por la diputada María Mercedes Aranguren. También contaba con cuatro directores. Aclaró que cuando una persona trabaja para una empresa del Estado adquiere el cargo de funcionario público. Aranguren además, ejercía de manera paralela el cargo de secretaria de infraestructura de la Gobernación de Monagas, agregó Ortega Díaz. Destacó que el objeto social de la empresa inmobiliaria, cuyo capital era de 10. 000 bolívares, era administrar y mantener la infraestructura del Estadio Munumental de Maturín. “A pesar de este objetivo la empresa se dedicó durante toda su vigencia, es decir 8 meses, a la celebración de espectáculos públicos y eventos en el estadio Monumental de Maturín con artistas, deportistas y figuras internacionales, todos con fines lucrativos”, afirmó. “La ciudadana María Mercedes Aranguren en nombre de la empresa suscribió contratos por más de 3 millones de dólares. Indudablemente, esta cantidad excedía la capacidad que tenía en su patrimonio, si su capital era de 10.000 bolívares fuertes no podía celebrar contratos por 3 millones de dólares”, recalcó. También se pactaron contratos en moneda extranjera para la presentación de artistas internacionales y deportistas y los dólares fueron depositados en el exterior y con empresas domiciliadas en otros países. “La constitución y las leyes de la República señalan de manera expresa que para celebrar contratos con empresas extranjeras se requiere autorización (…) Este proceso para autorizar dichos contratos no se realizó”, aseveró. Resaltó que la empresa tramitó dólares con operadoras cambiarias o casas de bolsa sin estar debidamente autorizada por Cadivi. En ese sentido, mencionó que la inmobiliaria pagó la cantidad de 9 millones 906 mil 536 bolívares por 2 millones 571 mil dólares, cuando el dólar oficial estaba a 2,15 bolívares. Comentó que las operaciones no fueron registradas en los libros contables, no se llevaban estados financieros, ni órdenes de pago, ni facturas. Señaló que adicionalmente, en los espectáculos se cobró la boletería y se vendieron souvenir, comidas, bebidas y los ingresos obtenidos no fueron declarados ante los organismos públicos competentes. La empresa, prosiguió la fiscal, durante su vigencia no declaró ni pagó el impuesto sobre la renta, ni las cantidades que retuvo al ente fiscalizador, ni los impuestos al municipio. También, en en los espectáculos públicos se les negó el acceso a los fiscales tributarios para que pudieran constatar los ingresos a los fines de recibir el impuesto, razón por la cual Hacienda no pudo tener el control. “De acuerdo con la Ley contra la corrupción pudiésemos estar en presencia del delito de peculado propio”, subrayó. (Correo del Orinoco) |
