El Consejo Constitucional francés cerró el camino a los industriales
interesados en el gas y el petróleo de esquisto en Francia, al confirmar
este viernes la prohibición de la fracturación hidráulica que rige en
el país desde 2011.
La explotación de gas y de petróleo de esquisto se conoce como ’fracking’.
Las disposiciones de la ley del 13 de julio de 2011 que prohíben la explotación de hidrocarburos a partir de fracturación hidráulica y abrogan los permisos de exploración que requieren el recurso a esa técnica “son conformes con la Constitución”, decidió el Consejo Constitucional.
La instancia se pronunció a raíz de un recurso de la compañía estadounidense Schuepbach, que cuestionaba la legalidad de la abrogación de dos permisos de exploración en Francia.
El presidente François Hollande saludó el viernes la decisión del Consejo y afirmó que la ley de prohibición de la fracturación hidráulica es ahora “incontestable”.
De la misma manera, el ministro de Ecología, Philippe Martin, declaró que la ley es “inatacable jurídicamente” y que la prohibición es “general y absoluta”.
La puerta está “cerrada con doble llave” para los industriales del gas de esquisto, estimó asimismo el eurodiputado ecologista José Bové, figura de la lucha contra la explotación del esquisto en Francia.
La fracturación hidráulica consiste en crear fisuras en las rocas ricas en hidrocarburos mediante la inyección a alta presión de una mezcla de agua, arena y productos químicos. Sus detractores denuncian su impacto medioambiental y los riesgos de desencadenamiento de actividad sísmica.
El gas de esquisto es desde hace años objeto de ásperas polémicas en Francia entre defensores del medio ambiente e industriales. Estos argumentan la riqueza de las reservas potenciales del subsuelo del país.
El Parlamento zanjó la cuestión en 2011 al aprobar la ley que prohíbe la fracturación hidráulica, la única técnica desarrollada por la industria para explorar y explotar esos hidrocarburos. Tras adoptarse la ley, fueron abrogados los permisos de exploración que habían sido otorgados.
En la audiencia del 24 de septiembre, la firma estimó que dicha abrogación constituía una aplicación “demasiado rigurosa” del principio de precaución, alegando que “no existe ninguna investigación que demuestre que la fracuración hidráulica plantee el menor riesgo”.
En su decisión, el Consejo Constitucional consideró que esa acusación no puede ser retenida en el caso de una “prohibición perenne”, como es el caso para la fracturación hidráulica.
Para Schuepbach, el contencioso no ha terminado
El abogado de la compañía Schuepbach, Marc Fornacciari, indicó el viernes que la firma seguirá contestando ante la justicia la abrogación de los dos permisos, pese a la decisión del Consejo.
Aunque reconoció que la decisión debe ser respetada, el abogado indicó que “estamos en un Estado de derecho y vamos a seguir nuestra acción ante la justicia”, refiriéndose a la demanda presentada por la compañía ante un tribunal administrativo.
Por su parte, las organizaciones de defensa del medio ambiente se congratularon por la decisión, aunque Greenpeace matizó su satisfacción dado que la decisión “sólo prohíbe la fracturación hidráulica en vez de prohibir la explotación del esquisto” en general.
A diferencia de Francia, Bulgaria, la República Checa y Holanda, cada vez más países contemplan la explotación del gas o el petróleo de esquisto, que hasta ahora sólo explotan comercialmente Estados Unidos y Canadá.
Varios países han lanzado operaciones de exploración, como Polonia y Gran Bretaña, o se disponen a hacerlo, como Argentina, España, Dinamarca, Rusia, China o Australia.
Las disposiciones de la ley del 13 de julio de 2011 que prohíben la explotación de hidrocarburos a partir de fracturación hidráulica y abrogan los permisos de exploración que requieren el recurso a esa técnica “son conformes con la Constitución”, decidió el Consejo Constitucional.
La instancia se pronunció a raíz de un recurso de la compañía estadounidense Schuepbach, que cuestionaba la legalidad de la abrogación de dos permisos de exploración en Francia.
El presidente François Hollande saludó el viernes la decisión del Consejo y afirmó que la ley de prohibición de la fracturación hidráulica es ahora “incontestable”.
De la misma manera, el ministro de Ecología, Philippe Martin, declaró que la ley es “inatacable jurídicamente” y que la prohibición es “general y absoluta”.
La puerta está “cerrada con doble llave” para los industriales del gas de esquisto, estimó asimismo el eurodiputado ecologista José Bové, figura de la lucha contra la explotación del esquisto en Francia.
La fracturación hidráulica consiste en crear fisuras en las rocas ricas en hidrocarburos mediante la inyección a alta presión de una mezcla de agua, arena y productos químicos. Sus detractores denuncian su impacto medioambiental y los riesgos de desencadenamiento de actividad sísmica.
El gas de esquisto es desde hace años objeto de ásperas polémicas en Francia entre defensores del medio ambiente e industriales. Estos argumentan la riqueza de las reservas potenciales del subsuelo del país.
El Parlamento zanjó la cuestión en 2011 al aprobar la ley que prohíbe la fracturación hidráulica, la única técnica desarrollada por la industria para explorar y explotar esos hidrocarburos. Tras adoptarse la ley, fueron abrogados los permisos de exploración que habían sido otorgados.
“Principio de precaución”
La compañía Schuepbach contestó la legalidad de las abrogaciones de dos permisos de exploración que había obtenido.En la audiencia del 24 de septiembre, la firma estimó que dicha abrogación constituía una aplicación “demasiado rigurosa” del principio de precaución, alegando que “no existe ninguna investigación que demuestre que la fracuración hidráulica plantee el menor riesgo”.
En su decisión, el Consejo Constitucional consideró que esa acusación no puede ser retenida en el caso de una “prohibición perenne”, como es el caso para la fracturación hidráulica.
Para Schuepbach, el contencioso no ha terminado
El abogado de la compañía Schuepbach, Marc Fornacciari, indicó el viernes que la firma seguirá contestando ante la justicia la abrogación de los dos permisos, pese a la decisión del Consejo.
Aunque reconoció que la decisión debe ser respetada, el abogado indicó que “estamos en un Estado de derecho y vamos a seguir nuestra acción ante la justicia”, refiriéndose a la demanda presentada por la compañía ante un tribunal administrativo.
Por su parte, las organizaciones de defensa del medio ambiente se congratularon por la decisión, aunque Greenpeace matizó su satisfacción dado que la decisión “sólo prohíbe la fracturación hidráulica en vez de prohibir la explotación del esquisto” en general.
A diferencia de Francia, Bulgaria, la República Checa y Holanda, cada vez más países contemplan la explotación del gas o el petróleo de esquisto, que hasta ahora sólo explotan comercialmente Estados Unidos y Canadá.
Varios países han lanzado operaciones de exploración, como Polonia y Gran Bretaña, o se disponen a hacerlo, como Argentina, España, Dinamarca, Rusia, China o Australia.
