El Gobierno da luz verde al anteproyecto de la ley de seguridad ciudadana que pretende aplicar a partir del verano de 2014
Con una semana de retraso sobre lo previsto debido a la fuerte polémica
que ha obligado a suavizar una ley "represora", según la oposición, el
Gobierno ha dado luz verde al anteproyecto de la norma de seguridad
ciudadana que sustituye a la de 1992.
Una de las novedades conocidas hoy del texto de esta ley, que será
remitida al Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial,
Agencia de Protección de Datos y Consejo Fiscal antes de iniciar el
trámite parlamentario, es la inclusión como infracciones graves (de
1.000 a 30.000 euros) las ofensas o injurias a España, las comunidades
autónomas, las entidades locales o sus símbolos, como las banderas
correspondientes.
En este sentido, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha
referido a la quema de banderas como una de esas ofensas a España o al
lugar al que corresponda la enseña, siempre que no sea constitutivo de
delito tipificado en el Código Penal. También serían infracciones
graves, explicó el titular de Interior, las manifestaciones "en las que
se llevaran pancartas o gritaran consignas claramente ofensivas o
vejatorias contra España, las comunidades autónomas o sus símbolos o
instituciones". No así las pitadas a los himnos oficiales en los
estadios de fútbol, por ejemplo, ya que según ha explicado Fernández
Díaz a preguntas de la prensa sobre este comportamiento en concreto, el
mismo está penalizado en la ley de 2007 contra la violencia en el
deporte.
Equilibro entre libertad y seguridad
En el lado opuesto, y a pesar del "sentimiento contrario" del ministro
al respecto, las manifestaciones contra la unidad de España o por la
reivindicación independentista de un determinado territorio, "siempre
que sean pacíficas y dentro de los límites legales", no constituirán una
infracción según la nueva norma de seguridad.
El ministro del Interior ha insistido mucho en que la de seguridad
ciudadana (ley orgánica de Protección Ciudadana, en su nombre oficial)
trata de establecer todas las "garantías" para el ejercicio de los
derechos y libertades de los ciudadanos recogidos en la Constitución.
Asimismo, Fernández Díaz ha insistido en que el Ejecutivo trata de busca
el "equilibrio" entre la libertad y la seguridad de los españoles,
recordando que "sin seguridad no hay libertad".
Ana Pardo Vera
