El instrumento legal de 62 artículos tiene por objeto "regular y controlar las actividades y condiciones de funcionamiento de funerarias y cementerios, además de la protección de los derechos de usuarios, así como la aplicación de las normas sanitarias, ambientales y civiles relacionadas con esos servicios", reseñó el portal web del Parlamento.
Asimismo, regirá la actividad funeraria desde la aceptación de la prestación del servicio hasta el traslado al camposanto, incluyendo la orientación en los trámites respectivos como el acta de defunción y los permisos ante el registro civil.
Con la aprobación del instrumento legal, los prestadores de servicios funerarios estarán obligados a informar detalladamente sobre los servicios que ofrecen y publicar la lista de precios; además, deben cumplir con actualización académica de los expertos en preparación, manipulación y conservación de cadáveres.
La norma expone que también será necesario clasificar a los cadáveres según la causa de defunción, que pueden ser por alguna enfermedad infectocontagiosa que implique un riesgo para la salud pública o por cualquier otra causa que no implique un peligro sanitario.
Las sanciones por el incumplimiento de la ley oscilarán entre 100 y 200 Unidades Tributarias (UT), agregó la nota.