Por: Coordinadora departamental UP Santander
Miércoles, 11 Diciembre 2013 01:49
La destitución del alcalde mayor de
Bogotá, Gustavo Petro, por parte del procurador Alejando Ordóñez y la
inhabilidad de quince años impuesta como una muerte política, además de
demostrar que la democracia colombiana es sumamente frágil, ya que el
sentir popular expresado en los votos puede ser alterado arbitrariamente
por un funcionario designado y no elegido popularmente, muestra que en
definitiva la columna vertebral del régimen colombiano, su sustento
económico, es una médula neoliberal.
Es en esencia el argumento de Ordóñez Maldonado para la draconiana sanción: la defensa de la ‘libertad de empresa’ por encima del bien público y el beneficio ciudadano. No importaba que en la capital del país unos negociantes de las basuras se enriquecieran a expensas de las altas tarifas y excluyeran a miles de desposeídos que solo devengan algún ingreso del reciclaje; lo esencial era defender que las sanguijuelas del capital privado continuaron lucrándose, sin consideraciones como la tragedia de hace unos pocos años del botadero de basuras de Doña Juana. Garantizar el monopolio de las basuras en manos privadas como perspectiva de negocio para por ejemplo los hijos de Álvaro Uribe Vélez.
El entramado legal del país, que ha desnaturalizado la propia Constitución, se ha impuesto para garantizar los intereses privados. La ley de servicios públicos, base de las normas más generales en la materia, desvió el mandato constitucional de la prestación de servicios públicos (entre ellos las basuras) pues la Carta, al definir que los servicios públicos domiciliarios son fin esencial del Estado, pone de primero su prestación en manos del Estado, de segundo en comunidades organizadas y en tercer y último puesto en particulares. Gustavo Petro para resolver el lio de los residuos en diciembre de 2012, lo que hizo fue aplicar el mandado constitucional de prestarlos de forma directa a través de entidades estatales. Pero eso fue el Troya para un personaje de la extrema derecha como el procurador, para quien incluso la palabra ‘estatal’ es un demonio en su concepción ultramontana y neoliberal.
Al poder omnímodo de la Procuraduría debe ponérsele coto. Pero en el entretanto la ciudadanía debe movilizarse para defender su derecho a elegir la opción política que considera, y no permitir que la decisión arbitraria, unilateral y subjetiva de quien ha demostrado ser un medieval birle la decisión democrática.
Ordóñez Maldonado debe renunciar; debe exigírsele la renuncia. Su autoridad moral está en entredicho hace muchos años. Este es el mismo personaje que en fines de la década del 70 del siglo XX desfilaba junto a su cohorte de fascistas criollos con arreos y estandartes del TFP; que emulando a las hordas nazis prendieron hoguera para quemar libros y revistas robados a la biblioteca municipal de Bucaramanga y se robaron (pues aún no la han ‘devuelto’) una biblia de esa instalación cultural con el argumento de que era una biblia protestante y no la Septuaginta de la sociedad de san Pio X, a cuyo nombre hicieron el aquelarre.
El pueblo colombiano, incluyendo el santandereano, debemos respaldar la gestión y mandato de Gustavo Petro, exigiendo la revocatoria de las sanciones.
COORDINADORA DEPARTAMENTAL UP SANTANDER
Bucaramanga, diciembre 1O de 2013.
