Por este caso, cuatro personas han sido condenadas a 9 años de prisión, y 16 se hallan privadas de libertad.
El Ministerio Público logró privativa de
libertad para el trabajador aeroportuario Juan Carlos Vargas, por su
presunta vinculación con el caso de la avioneta alemana, que despegó el
12 de agosto de 2012 del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en
Valencia, estado Carabobo, con 1.400 kilos de cocaína rumbo a Islas
Canarias, en España.
La investigación determinó que la avioneta partió del citado aeropuerto la madrugada del 12 de agosto de 2012, con destino al territorio español, donde las autoridades de ese país aprehendieron a la tripulación y decomisaron la droga.
Durante la audiencia de presentación, la fiscal 29º auxiliar de Carabobo, María de Los Ángeles Pinto, imputó a Vargas por la presunta comisión de los delitos de tráfico internacional ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte, y asociación para delinquir.
La audiencia se llevó a cabo en el Tribunal 10º de Control de dicha jurisdicción, instancia que acogió la precalificación fiscal, decretó la privativa de libertad para el hombre y fijó como sitio de reclusión el Internado Judicial del estado Carabobo, conocido como Tocuyito.
De acuerdo con la investigación, Vargas laboraba en los hangares del aeropuerto donde ingresó la avioneta en la cual cargaron la droga.
El hombre fue aprehendido en Calabozo, estado Guárico, tras varios procedimientos coordinados por el Ministerio Público y ejecutados por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en cumplimiento de una orden de aprehensión acordada por el citado tribunal.
16 personas en juicio y 4 condenadasLa investigación determinó que la avioneta partió del citado aeropuerto la madrugada del 12 de agosto de 2012, con destino al territorio español, donde las autoridades de ese país aprehendieron a la tripulación y decomisaron la droga.
Durante la audiencia de presentación, la fiscal 29º auxiliar de Carabobo, María de Los Ángeles Pinto, imputó a Vargas por la presunta comisión de los delitos de tráfico internacional ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte, y asociación para delinquir.
La audiencia se llevó a cabo en el Tribunal 10º de Control de dicha jurisdicción, instancia que acogió la precalificación fiscal, decretó la privativa de libertad para el hombre y fijó como sitio de reclusión el Internado Judicial del estado Carabobo, conocido como Tocuyito.
De acuerdo con la investigación, Vargas laboraba en los hangares del aeropuerto donde ingresó la avioneta en la cual cargaron la droga.
El hombre fue aprehendido en Calabozo, estado Guárico, tras varios procedimientos coordinados por el Ministerio Público y ejecutados por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en cumplimiento de una orden de aprehensión acordada por el citado tribunal.
Conviene destacar que por este caso están siendo enjuiciados los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), José Martínez, José Guerrero, Álvaro Acuña, Juan Espinoza y Edgardo Salazar, por presuntamente incurrir en los mismos delitos que Vargas, además de corrupción propia.
Igualmente, pasaron a juicio los funcionarios del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Jesús López Montero, Mauri Montilla y José Núñez Cohen, por la presunta comisión de los delitos antes referidos, además de obtención fraudulenta de ruta.
Asimismo, se ratificó la acusación contra el gerente general y accionista principal de la empresa Banyan Service, Leonardo Cabaña y José Rojas Bello, respectivamente, quienes pasaron a juicio por ser los presuntos financistas en el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
Igualmente, al director de operaciones de esa empresa, Juan Rafael Hernández, se le ratificó la acusación por el mismo delito pero en grado de cooperador.
Mientras que a los empleados de la referida compañía de servicios, Jesús Maldonado, Alexandra Barrios Hernández y José Roberto Machuca, además del vigilante del Aeroclub Valencia, Moisés Fuenmayor, les fue ratificada la acusación por presuntamente incurrir en los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en grado de cooperadores y asociación para delinquir.
Por los mismos delitos fue acusado Alexander Linares, quien supuestamente se encargó de adquirir todas las líneas telefónicas que se necesitaron para llevar adelante la operación.
Las 16 personas permanecen privadas de libertad en el Internado Judicial de ese estado.
Por este caso, el mismo tribunal condenó en su oportunidad a 9 años de prisión a tres GNB y a un civil que se acogieron al principio legal establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.
