LA Constitución redactada
a su medida y aprobada en 1978 dice en su artículo 56:3 que “La persona
del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Mientras
siga siendo el rey su palabra será la ley, como canta la ranchera de
José Alfredo Jiménez, pero al dejar de serlo pierde la inviolabilidad y
se vuelve responsable de sus actos. El pueblo español tiene derecho a
pedirle cuentas de sus actuaciones incontroladas al individuo Juan
Carlos de Borbón y de Borbón..
El
rey Juan Carlos I ha anunciado este 2 de junio que renuncia a serlo, y
el Gobierno debe preparar su abdicación oficial, porque en todo este
tiempo, desde que entró en vigor la Constitución de 1978, no se ha
cumplido con lo preceptuado en el artículo 57:5, respecto a la
elaboración de una ley orgánica que resuelva sobre las abdicaciones y
renuncias. En este reino de la chapuza nada está hecho, y así llega el
anuncio de la renuncia sin que una ley regule cómo se debe actuar en el
caso.
Juan
Carlos I ha querido una vez más dejar en ridículo a su mujer. Es que no
lo puede evitar, la detesta tanto que no pierde oportunidad de poner en
evidencia su ignorancia. En el panfleto tituladoLa reina, mal
escrito por la periodista opusdeísta Pilarurbano y editado por Plaza
& Janés en 1996, página 283, aseguró Sofía: “¿Abdicar? ¡Nunca! El
Rey no abdicará jamás. […] Se da por sobreentendido que reinará hasta la
muerte. A un rey sólo debe jubilarle la muerte”, y tres páginas después
insistió: “El Rey no abdicará jamás, hasta que la muerte lo licencie”.
Pues no ha sido así, y de nuevo el marido legal le ha propinado un
papirotazo, a los que está muy acostumbrada.
Motivos de la renuncia
Parece
ser que el individuo Juan Carlos de Borbón desea reanudar la relación
con la que se autodefine como su “amiga entrañable”, la presunta
princesa Corina zu Sayn—Wittgenstein, hasta que la muerte los separe, y
los hijos no estaban de acuerdo, por los escándalos que ya ha
proporcionado para el desprestigio de la monarquía, de por sí
desprestigiada desde los reyes godos, que eran unos salvajes criminales.
Otro
motivo para la retirada es, se dice, el inminente procesamiento de su
hija Cristina, por los delitos continuados a la Hacienda Pública del
reino, cometidos con la complicidad de su marido y socio, ya procesado,
pendiente de un fallo que sin la menor duda los va a condenar, so pena
de una revolución popular, porque está archidemostrado que nos robaron a
los vasallos de su padre y suegro, basándose precisamente en el
parentesco familiar.
Ahora
el individuo Juan Carlos de Borbón y Borbón puede ser procesado, como
lo fue su abuelo Alfonso de Borbón cuando se le cayó el XIII de su
nombre. Las Cortes Constituyentes legal y legítimamente establecidas, en
uso de su soberanía, aprobaron el 20 de noviembre de 1931 el acta
acusatoria contra Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena, declarándole
solemnemente fuera de la Ley, privado de paz jurídica, degradado de
todas sus dignidades, derechos y títulos, sin que pudiera reivindicarlos
jamás para él ni para sus sucesores.
Los juramentos de Juan Carlos
Un
exgeneral rebelde, y por tanto sin legitimidad, derogó esa sentencia
legítima, a la que concedió validez por haber derrotado al pueblo
español en la guerra que él mismo dirigió, con la aprobación y el dinero
del exiliado Alfonso de Borbón y la complicidad de su hijo Juan, quien
por dos veces intentó enrolarse en el ejército rebelde para matar a los
españoles leales. Convertido el exgeneral en dictadorísimo, decidió
nombrar sucesor a título de rey al nieto de Alfonso e hijo de Juan, los
borbones sentenciados por las Cortes legítimas, llamado Juan Carlos,
para que continuara su régimen genocida.
El
22 de julio de 1969 por la mañana Juan Carlos de Borbón aceptó la
designación, y por la tarde juró en el simulacro de Cortes de la
dictadura lealtad a la persona del dictadorísimo y fidelidad a sus leyes
genocidas. En su discurso de aceptación afirmó: “Quiero expresar, en
primer lugar, que recibo de su excelencia el jefe del Estado y
generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de
1936”, es decir, el día en que se produjo la sublevación militar contra
la legalidad republicana.
Desde
ese momento asumió los crímenes de la dictadura, al convertirse en el
delfín del dictadorísimo, al que además sustituyó al frente del Estado
por motivos de enfermedad en dos ocasiones. Iba tras él en todos los
actos oficiales. Y el 22 de noviembre de 1975, muerto su exaltador,
volvió a repetir su juramento de fidelidad a las leyes ilegales de la
dictadura, y su compromiso de continuar la política de su promotor.
Un proceso sin impunidad
En
el reino de España no ha sido posible hasta ahora exigir
responsabilidades a los servidores de la dictadura. Una jueza argentina
se está encargando de intentar procesar a los asesinos de españoles en
el cumplimiento de las leyes ilegales de la dictadura. Juan Carlos de
Borbón es el mayor responsable, puesto que refrendó todos los actos del
dictadorísimo desde su designación como sucesor a título de rey.
Además,
el pueblo español debe exigirle cuentas por la acumulación de una
inmensa fortuna de unos 1.800 millones de euros, convenientemente
guardada en bancos suizos, sin que sea conocido su origen, a todas luces
ilegal. Y también por la de su hija Cristina y su yerno Urdangarin,
robada al pueblo español, y asimismo colocada en los llamados paraísos
fiscales. Y sobre la construcción del inútil pabellón de caza y cama
pagado por el Patrimonio Nacional. Y sobre las colecciones de
automóviles, motocicletas, rifles y relojes de lujo que atesora. Y sobre
su complicidad en las actividades delictivas de Manuel de Prado, Mario
Conde, Javier de la Rosa y los primos Albertos, condenados por sus
trapicheos económicos. Y sobre los pagos a sus barraganas para que no
mostraran los vídeos que le grabaron en actitudes lujuriosas, sin que él
lo advirtiese.
Ahora
es el momento de exigir a Bárbara Rey que haga públicos los vídeos,
para diversión del pueblo que le ha pagado millones por su silencio, y
también de contarnos cuánto ha cobrado del Presupuesto Nazional como
sobornos. Y lo mismo debemos hacer con algunas otras de las 1.500
amantes que le ha calculado Andrew Moorton, pagadas con nuestros
impuestos, que debieron tener más útil y mejor aplicación.
El
individuo Juan Carlos de Borbón ha de comparecer ante la Justicia, que
es igual para todos en este reino, según él mismo tuvo la desfachatez de
asegurar en su mitin nochebuenero de 2011. A ver si es verdad.
ARTURO DEL VILLAR
PRESIDENTE DEL COLECTIVO REPUBLICANO TERCER MILENIO
PRESIDENTE DEL COLECTIVO REPUBLICANO TERCER MILENIO