William José Rojas Graterol, ex candidato a la alcaldía del municipio Peña, estado Yaracuy, y exfuncionario de Cadivi, condenado a 5 años de cárcel

El ex candidato que fue juzgado por crear empresas de maletín

William José Rojas Graterol, ex candidato a la alcaldía del municipio
Peña, estado Yaracuy, y exfuncionario de Cadivi, condenado a 5 años de
cárcel
Es el único ex funcionario del órgano cambiario que ha sido condenado
desde que estalló el escándalo de las compañías de maletín. En diciembre
de 2013 admitió ante un tribunal su responsabilidad en la constitución de
30 empresas fantasmas, aunque entonces afirmó que lo hizo bajo presión.
Quedó entre los más votados en los más recientes comicios por el municipio
Peña, Yaracuy

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UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
 31 de agosto 2014 - 12:01 am

William José Rojas Graterol tiene una fundación social en Yaritagua,
estado Yaracuy, que bautizó con sus dos apellidos. En la página de
Facebook de su asociación sin fines de lucro aparece una fotografía de él
arrodillado en una iglesia. La instantánea fue captada en una misa de
acción de gracias por su liberación. El hombre, de 54 años de edad, fue
funcionario de la Comisión de Administración de Divisas, Cadivi. Lo
detuvieron el 24 de julio del año pasado y el 2 de diciembre decidió
reconocer ante el Tribunal 13° de Control de Caracas su responsabilidad en
la constitución de más de 30 empresas de maletín destinadas a captar
dólares preferenciales entre 2010 y 2013. Lo condenaron a 5 años de cárcel
por cargos de obtención fraudulenta de divisas y asociación para delinquir
en grado de determinador. Las leyes venezolanas permiten pagar penas de
esa duración fuera de la prisión. Gracias a ello, pudo volver a las calles
e incluso reincorporarse a la carrera por la Alcaldía de Peña, municipio
con la segunda mayor población de Yaracuy. Compitió con la tarjeta del
Movimiento Revolucionario Socialista y del Partido Socialismo y Libertad,
con la cual obtuvo casi la totalidad de los sufragios que le permitieron
ocupar el cuarto lugar con 13,5% de los votos.

Rojas Graterol –según la información divulgada por la Fiscalía– ha sido el
único ex funcionario de Cadivi condenado por la justicia penal desde marzo
de 2013, cuando voceros gubernamentales –como Edmée Betancourt, entonces
presidente del Banco Central de Venezuela, y Jorge Giordani, que era
ministro de Planificación y Finanzas– admitieron que los sistemas de
control de cambio no impidieron que entre 25 millardos y 30 millardos de
dólares se entregaran a empresas de maletín. Desde esa fecha la eficacia
de la administración centralizada de divisas se convirtió en un asunto de
debate nacional. Luego de ello, Nicolás Maduro constituyó una comisión
presidencial para indagar sobre los usos dados a la moneda extranjera;
Cadivi fue reemplazado por el Centro Nacional de Comercio Exterior, que
abrió un proceso de revisión a más de un millar de compañías, y el
Ministerio Público informó sobre 782 averiguaciones a firmas que
solicitaron dólares al extinto ente.

Averiguaciones

Rojas Graterol, que es contador, fue condenado junto con su hijo y colega
William José Rojas Godoy, de 23 años de edad. Ambos –y un tercer
accionista– también son  propietarios de la empresa Casa Ven, que figura
en la lista de investigadas por la Fiscalía: la firma recibió más de 9
millones de dólares de Cadivi entre 2004 y 2011. Además, el exfuncionario
es socio de la Importadora Tworo C. A, de la que su otro hijo, William
David Rojas Godoy, es presidente. Esa empresa fue convocada por Cencoex
para que rinda cuentas sobre los dólares que recibió después de 2012 –un
monto que no ha sido precisado por las autoridades– y es investigada por
el Ministerio Público. Esa institución ha sido cuidadosa en no aclarar los
nombres de las más de 30 firmas por las que Rojas Graterol fue condenado
ni las identidades de los dueños de esas empresas. A ese despacho se envió
el miércoles pasado por escrito una solicitud de información para indagar
cuáles fueron las compañías, pero no se obtuvo respuesta. Fuentes de
Yaritagua indican que la mayoría estaban incluidas en el primer inventario
de 56 empresas bajo lupa que el 7 de agosto reveló la fiscal general,
Luisa Ortega Díaz.

Poder local

Yaritagua es una localidad vecina de Barquisimeto, estado Lara. Está a 20
minutos en vehículo. A 3 calles de la plaza Bolívar hay una quinta llamada
Rosaleda. Ocupa media manzana, tiene columnas, ventanas y puertas de
madera maciza, un jardín con rosas y banquitos de metal. Cuando se le
visitó en febrero los vecinos –que acostumbran decirle “La Mansión”–
afirmaron que servía de sede de la fundación. Sin embargo, allegados del
excandidato aseguraron que la casa fue vendida en mayo. A Rojas Graterol
se le buscó en el lugar, pero no estaba. Luego se le llamó por teléfono y
ratificó declaraciones que dio a la prensa regional cuando fue liberado y
dijo que había sido víctima de persecución política y que los fiscales no
tenían elementos para enjuiciarlo. Sobre la admisión de los hechos dijo lo
siguiente: "Recibí presiones, quería regresar a las elecciones y proteger
a mi hijo a quien involucraron sin fundamento".

Las cuentas de redes sociales de la fundación muestran actos de entrega de
bicicletas, sillas de ruedas y útiles escolares. La actividad ayudó al
exfuncionario a apalancar su popularidad. Muchos pensaron que la
aprehensión tuvo el propósito de cortarle el paso a Rojas Graterol –que
originalmente contó con el apoyo de Redes, partido aliado del PSUV– como
aspirante del chavismo en Peña o que detuvieron para mostrar avances en la
investigación. Una fuente en el municipio explicó, sin embargo, que
funcionarios de la alcaldía presentaron en 2011 un informe en Cadivi sobre
un conjunto de compañías locales que repentinamente habían solicitado
solvencias del gobierno municipal. Las firmas tenían un punto en común:
estaban o habían estado vinculadas con allegados de Rojas Graterol, que
entre 2003 y 2004 fue coordinador del departamento encargado de dar un
requisito indispensable, el Registro de Usuarios del Sistema de
Administración de Divisas. Las empresas eran vendidas después de haber
sido constituidas y puestas al día para tramitar importaciones. Quienes lo
defienden argumentan que no hubo ilegalidad en la creación y venta de
firmas o en las asesorías que el exfuncionario prestó a terceros con ese
fin. Jóvenes de Yaritagua, según fuentes locales, fueron entrenados por
Rojas Graterol para hacer gestiones por cuenta propia.

El exfuncionario estuvo recluido en el Cicpc de El Rosal, en Caracas, y
recuperó la libertad cuatro días antes de los comicios. El chavismo
enfrentaba un cisma en Yaritagua y Rojas Graterol se presentó como la
figura llamada a salvar la localidad. El alcalde Giovanny Parra se había
lanzado a la reelección con apoyo de partidos disidentes como Vanguardia
Bicentenaria, de Yoel Acosta Chirinos, comandante del 4 de Febrero. Carlos
Oropeza contaba con el respaldo de seis organizaciones del Polo Patriótico
lideradas por PPT y Podemos, y Shirley Romero –identificada como favorita
del gobernador Julio León Heredia– fue incorporada a la carrera con la
tarjeta del PSUV y con las del resto de las organizaciones de la alianza
chavista a solo una semana de las elecciones. Para Rojas Graterol no era
la primera elección: ya se había lanzado en los comicios de 2004 con el
apoyo del Movimiento por la Democracia Directa, de William Izarra, padre
del ministro de Turismo.

Antonio Espinoza, coordinador electoral del Partido Socialismo y Libertad,
dijo que el apoyo de su organización al exfuncionario de Cadivi se fraguó
telefónicamente: “Hablamos de su trayectoria y planes de gobierno. Nos
pareció que se desmarcaba de la imposición del PSUV y que estaba preso por
una razón política. Realmente no le pedimos explicaciones sobre el caso
por el que estaba detenido en ese momento”. La Fiscalía no ha informado si
a Rojas Graterol –que era presentado por medios locales como político y
empresario durante la campaña– se le impusieron penas pecuniarias: de
momento solo debe presentarse en tribunales cada 20 días y no puede
abandonar el país.

Búsqueda en centroccidente

Lara y Yaracuy han estado bajo el foco de las averiguaciones penales
relacionadas con Cadivi. El diario El Impulso informó sobre la detención
de Diego Burlando Peralta, de 23 años de edad, por la Guardia Nacional
Bolivariana el 30 de diciembre. Se le relacionaba con la constitución de
por lo menos 10 empresas de maletín. Su nombre aparece en el Registro
Nacional de Contratistas como presidente de Venezolana de Alimentos 88,
fundada en 2011 y con sede en Barquisimeto, la cual recibió divisas
después de 2012. La empresa está entre las convocadas por Cencoex. A
Burlando Peralta se le intentó llamar al teléfono celular que aparece en
la ficha, pero no se le pudo localizar aunque un allegado afirmó que quedó
libre y sin causas penales en contra. El Ministerio Público también
informó en diciembre del año pasado sobre las privaciones de libertad de
Yamil Youssef Khawam y Jany Khawam Beilouneh, padre e hijo, por su
supuesta conexión con 15 compañías fantasmas. Los habían detenido un mes
antes en Barquisimeto. A sus familiares se les contactó en abril y la
semana pasada, pero no quisieron hacer comentarios. Se supo que ambos
recobraron la libertad.

El dato
De una revisión de notas de prensa en la página web de la Fiscalía se
desprende que la institución solo ha informado desde marzo de 2013 sobre
la averiguación penal a un oficial que formó parte de Cadivi: el teniente
coronel Francisco Navas Lugo, que se desempeñó como gerente de
importaciones del órgano gubernamental y fue pasado a juicio por la
presunta comisión de delitos cambiarios. El Ministerio Público divulgó los
nombres de las compañías por las cuales es investigado: Importadoras
Tubici, Mundo Blanco, CyC Agroinsumo, Distribuidora y Ensamblaje de
Venezuela, Inversiones 23019 y Servialimento Import Lara.

Cifra

2 delitos fueron reconocidos por William Rojas Graterol, de acuerdo con la
información oficial: obtención fraudulenta de divisas y asociación para
delinquir.

9 Millones de dólares le otorgó Cadivi a la compañía Tworo C.A. entre 2004
y 2011, según la lista publicada por esta institución en 2012.