vie, 03 oct 2014 21:42
Con antorchas en mano, estudiantes de
la Normal Rural de Ayotzinapa y padres de desaparecidos en Iguala
marcharon esta noche en Chilpancingo para exigir la aparición con vida
de sus 43 compañeros e hijos. Foto Lenin Ocampo Torres
México, DF. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en
Washington, solicitó hoy medidas cautelares en favor de los 43
normalistas que siguen en calidad de desaparecidos tras un ataque de
policías municipales en Iguala.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, emitió la Resolución 28/2014 dentro del expediente de medidas cautelares 409-14, en demanda de que el Estado mexicano "implemente las medidas necesarias para localizar a los normalistas y proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal”.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, emitió la Resolución 28/2014 dentro del expediente de medidas cautelares 409-14, en demanda de que el Estado mexicano "implemente las medidas necesarias para localizar a los normalistas y proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal”.
Este es el mecanismo con que cuenta la CIDH frente a
casos de situaciones graves y urgentes que impliquen el riesgo de un
daño irreparable a los derechos humanos de una o más personas, y tiene
como finalidad que el Estado adopte aquellas medidas necesarias para
proteger a las víctimas y prevenir que se actualicen mayores daños a sus
derechos.
En este caso, la CIDH encontró que el caso reunía los
requisitos de gravedad, urgencia y riesgo de daños irreparables debido,
entre otros, a la “falta de conocimiento sobre el paradero o destino de
los 43 estudiantes… a pesar de las denuncias interpuestas” por sus
familiares.
Al destacar la acción de la CIDH, el Centro de Derechos Humanos de la
Montaña Tlachinollan, la Red Guerrrense de Organismos Civiles de
Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez recordaron que el pasado viernes 26 de septiembre, un grupo de
policías municipales disparó indiscriminadamente contra los estudiantes
mientras viajaban en autobús, para luego bajar a aproximadamente 20 o 25
estudiantes “con lujo de violencia y llevárselos detenidos, sin que
hasta ahora las autoridades hayan proporcionado información sobre la
ubicación de las personas”.
Narraron que cuando otros de los estudiantes
comenzaron a denunciar los hechos ante medios de comunicación que
llegaron al lugar, personas armadas en una camioneta accionaron sus
armas de fuego en contra de los normalistas, lo que provocó la muerte de
dos de ellos en el lugar.
Señalaron que otro estudiante fue encontrado sin vida y con huellas de “actos brutales de tortura”.
Indican que la CIDH considera que “los graves hechos
de violaciones a derechos humanos”, ocurrido en Iguala, colocan a los
estudiantes en riesgo de daños que constituyen “la máxima situación de
irreparabilidad al tratarse de desapariciones y posible privación de la
vida y la integridad física”.
Las agrupaciones civiles defensoras de las garantías
individuales precisaron que “el Estado mexicano – en sus tres niveles de
gobierno– está obligado a invertir todos sus esfuerzos en base a sus
capacidades técnicas, presupuestales y periciales, en la búsqueda y
localización de los estudiantes desaparecidos asegurando que sus
acciones no sean infructuosas o de antemano no estén destinadas a su
fracaso, como ha sucedido hasta el día de hoy”.
Advirtieron que de no dar con su paradero en vida de
manera inmediata, “el Estado podría incurrir en responsabilidad
internacional por incumplimiento de sus obligaciones en materia de
desaparición forzada”.
