México: Masacre de estudiantes ejecutada por policía; 58 desaparecidos

RESUMEN LATINOAMERICANO – Ciudad de México (SinEmbargo).– La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó la muerte de seis personas en Iguala, entre ellas al menos dos estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los que les disparó la propia policía de ese municipio.

La ciudad, que es la tercera en importancia en el estado, después de Chilpancingo y Acapulco, vivió  una jornada de balaceras, en las que elementos policiacos del Ayuntamiento estuvieron ligados desde la noche del viernes pasado.
De acuerdo con las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad, Leonardo Vázquez Pérez, por la muerte de los normalistas y de otros cuatro civiles, más de 300 policías de Iguala fueron arraigados y sus armas están siendo investigadas para cotejar los calibres.
Este presunto asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa trajo a la memoria los hechos del 12 de diciembre de 2011, cuando alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos bloquearon la Autopista del Sol en sus dos sentidos, a la altura del paradero de El Marqués, en Chilpancingo, para demandar al Gobernador Ángel Aguirre Rivero mejoras en su escuela y plazas para los egresados.
Ese día, elementos de las policías estatal, ministerial y federal acudieron al lugar para desalojar a los jóvenes y ocasionaron la muerte de dos alumnos, Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, de acuerdo con un informe presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Por los hechos violentos de ayer en Iguala, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, anunció que se designaron a 10 visitadores para recabar información, formar un expediente, investigar y, en su caso, dar las primeras recomendaciones.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió una investigación sobre el asesinato de normalistas y dos miembros de un equipo de fútbol de tercera división que pertenece a esa ciudad guerrerense. Un grupo de visitadores adjuntos, conformado por abogados, médicos y psicólogos, proporcionarán atención integral a las víctimas, anunció.
“Según información publicada en medios de comunicación de aquella entidad federativa, se registraron varios eventos en los que, al parecer, elementos de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, y un comando no identificado, privaron de la vida a siete personas, entre ellas, tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, al dispararles con sus armas de fuego. Asimismo, seis personas al menos resultaron lesionadas y 25 fueron detenidas”, expuso la CNDH en un comunicado.
En Guerrero se contabilizaron de enero al mes de agosto mil 029 asesinatos, pero la inseguridad en la entidad se ha recrudecido durante los últimos días: en menos de una semana se registraron al menos 14 muertos.
Durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, Guerrero se ha mantenido como el segundo estado más violento del país, sólo por debajo del Estado de México, donde han ocurrido 3 mil 470 asesinatos, esta entidad contabiliza 3 mil 314 de estos ilícitos en el periodo enero-agosto. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las cifras de homicidios muestran que en agosto hubo un repunte en la violencia en Guerrero, pues en ese mes se contabilizaron 134 asesinatos, mientras en julio se reportaron 115 homicidios.

IGUALA

La noche del viernes y la madrugada ayer, diversos actos violentos, donde también participó la Policía Estatal de Iguala, dejaron como saldo seis personas muertas en la entidad.
Ayer, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero confirmó que elementos de la Policía de Iguala abrieron fuego contra estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa e indicó que también hubo otros ataques perpetrados por comandos armados, por lo que en total seis personas perdieron la vida.
En conferencia de prensa, el Procurador General de Justicia del estado, Iñaky Blanco Cabrera, detalló que alrededor de las 21:30 horas de este viernes, elementos de la Policía Municipal Preventiva tuvieron un “incidente” con normalistas debido a que los estudiantes habían tomado tres autobuses de la central camionera del municipio. Ahí los policías abrieron fuego contra los autobuses en los que se trasladaban los normalistas.
Uno de los vehículos llegó al Palacio de Justicia donde los estudiantes abandonaron la unidad que tenía rotas las ventanas.
El Procurador destacó que, posteriormente, el Ministerio Público del Fuero Común recibió el reporte de que en la avenida Periférico Norte, a la altura de una tienda de autoservicio, había un autobús con estudiantes normalistas y en ese mismo lugar había otros vehículos.
En la zona donde estaban las unidades, con impactos de bala de rifle AR-15, se encontraron dos cuerpos sin vida, que a decir de los normalistas, se trata de sus compañeros; sin embargo la identidad de estas personas aún no ha sido confirmada.
Iñaky Blanco informó que otra agresión, registrada alrededor de la media noche, fue perpetrada por un grupo armado contra varios automovilistas que transitaban por la carretera Iguala-Chilpancingo, en el entronque de la carretera que conduce a la comunidad de Santa Teresa.
En el lugar fue agredido un autobús en donde viajaban los jugadores del equipo de fútbol de tercera división Los Avispones, donde murió el jugador David Josué Evangelista y resultó herido el chofer de la unidad, Víctor Lugo Ortiz, quien perdió la vida posteriormente. En este ataque también murió la señora Blanca Montiel Sánchez, quien viajaba en un taxi.

El Procurador agregó que este sábado alrededor de las 11:00 horas fue encontrado el cuerpo de un individuo desollado sobre la avenida Periférico Norte.

El funcionario estatal aseguró que el Ministerio Público concentró a todos los elementos de la Policía Preventiva Municipal y además les aseguró el armamento y las patrullas para que se lleven a cabo las investigaciones periciales. Finalmente destacó que los agentes están sujetos a investigación.
“Ratifico la convicción de mi gobierno de fincar responsabilidad con todo el peso de la ley a quienes sean responsables de los hechos”, aseveró.
El gobierno del Ayuntamiento de Iguala emitió un comunicado la tarde de este sábado, en el que pidió a la población del municipio mantener la calma ante los “incidentes ocurridos” en la entidad.
“Invitamos a la ciudadanía de este municipio mantenga la calma y desarrolle sus actividades con normalidad”.
El documento detalla: “Expresamos nuestro más sentido pésame a las familias de las personas acaecidas en esos sucesos”.
Además exigieron a las autoridades correspondientes que incoen una investigación para esclarecer los ataques y que se castigue “con todo el peso de la ley a los responsables”.

 

CLAVES PARA ENTENDER LO QUE OCURRIÓ

 

 Luis Hernández Navarro – La policía preventiva municipal de Iguala los cazó como conejos. A pesar de ser estudiantes, los trataron como si pertenecieran a un cártel rival. A los 80 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, que el pasado 26 de septiembre en Iguala organizaron una colecta de recursos para financiar su asistencia a la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre de 1968 en la ciudad de México, los balearon a mansalva. Primero los uniformados, y luego los pistoleros vestidos de civil, les dispararon intermitentemente sin advertencia alguna. A Julio César Fuentes Mondragón, uno de los normalistas, lo torturaron, le arrancaron los ojos y le desollaron el rostro.

El saldo es trágico. En cuatro eventos violentos relacionados entre sí, protagonizados por policías municipales y pistoleros, fueron asesinadas seis personas, tres de ellas normalistas; 20 resultaron heridas, un muchacho está en estado vegetativo y se desconoce el paradero de otros 55, de los cuales al menos 20, fueron subidos a camionetas de la policía municipal.
En un primer momento, los uniformados les dispararon mientras los normalistas se trasportaban a bordo de tres autobuses de la empresa Costa Line. Después, un grupo de pistoleros los rafagueó cuando daban una conferencia de prensa para denunciar el ataque en su contra. Más adelante, en lo que el periodista Sergio Ocampo describió como una agresión hacia todo aquel que pareciera estudiante, balacearon el camión en el que se trasladaban los jugadores del equipo de futbol Avispones.
Ese 26 de septiembre, la presidenta del DIF en Iguala, María de los Ángeles Pineda de Abarca, rindió su informe de actividades. Además de ser la esposa del presidente municipal José Luis Abarca Velázquez, es una de las principales aspirantes a la alcaldía para 2015, y una figura de enorme influencia política.
José Luis Abarca Velázquez pasó de ser un humilde vendedor de sombreros a joyero, dueño de la plaza comercial Galería Tamarindos y un acaudalado comerciante. Su fortuna le permitió sufragar en 2011 una costosa campaña electoral en favor del hoy gobernador Ángel Aguirre Rivero y, un año después, financiar la suya propia, repartiendo generosamente despensas a sus simpatizantes.
Abarca conquistó la candidatura de la alcaldía a golpes de chequera. Después de un efímero jaloneo interno, el Partido de la Revolución Democrática no tuvo empacho alguno en incorporarlo a sus listas, a pesar de su reputación como amigo de algunos de los más importantes malosos de la región. De inmediato se sumó a las filas de Nueva Izquierda.
Iguala es una ciudad clave en el tráfico de drogas. Valle rodeado por nueve montañas en la región norte de Guerrero, es punto de entrada a la Tierra Caliente, donde los cárteles elaboran drogas sintéticas y cultivan mariguana. Allí operan diversas bandas del crimen organizado, hegemoneizadas por Guerreros Unidos, uno de los subgrupos surgidos a raíz de la implosión de los Beltrán Leyva.

La guerra de cárteles por la plaza ha sido salvaje. Guerreros Unidos está enfrentado por el control de las rutas de trasiego de drogas que conectan los estados de México, Guerrero y Morelos con la Familia y Los Rojos, una célula encabezada por Leonor Nava Romero, El Tigre, hermano de Jesús Nava Romero, El Rojo, lugarteniente de Arturo Beltran Leyva, abatido en 2009 en Cuernavaca.
El resultado de esta disputa en Iguala ha sido sangriento. En enero de 2004, un comando armado, que se identificó como policía estatal, asaltó el penal en el municipio, y asesinó a cinco reclusos. Los policías, que se encontraban en una torre del penal, dispararon contra los agresores y mataron a cuatro e hirieron a uno. Entre abril y mayo fueron encontradas 16 osamentas en fosas clandestinas en el asentamiento Ernesto Pineda Vega.
Desde su llegada al ayuntamiento, José Luis Abarca ha sido acusado de corrupción, nepotismo y autoritarismo. El 30 de mayo de 2013, ocho miembros de Unidad Popular de Iguala, organización social opositora al presidente municipal, fueron levantados por un comando. Tres fueron ejecutados. Nicolás Mendoza Villa, uno de los secuestrados, que alcanzó a escapar, acusó directamente al alcalde de los hechos y de haber dado muerte personalmente al dirigente perredista Arturo Hernández Cardona disparándole un escopetazo en la cara y otro en el pecho, tras de espetarle: Qué tanto estás chingando con el abono. Me voy a dar el gusto de matarte.
Infamia sobre infamia, José Luis Abarca declaró que la matanza de normalistas fue provocada porque “al parecer alguien contrató a los ayotzinapos para hacer desmadres”. ¿Quién es ese alguien que, según el alcalde, les pagó para crearle problemas? En una región infestada por el narcotráfico, la acusación es temeraria y provocadora. ¿Acaso por eso le arrancaron la piel de la cara a uno de los estudiantes?
Los normalistas rurales de la Escuela Raúl Isidro Burgos no están a sueldo de nadie. Tienen tras de sí una larga historia de lucha en favor de las mejores causas. El año pasado apoyaron abnegadamente a los pobladores de Tixtla afectados por los huracanes Ingrid y Manuel, abandonados por el gobierno del estado. El 22 de diciembre de 2011, dos de sus compañeros fueron asesinados por la policía estatal, cuando exigían mejoras para su escuela y plazas para trabajar. Los crímenes siguen impunes.
A José Luis Abarca lo protegen personajes muy poderosos en el gobierno y el Congreso del estado. Cuando la regidora de Desarrollo Rural, Sofía Lorena Mendoza, promovió revocación del mandato del alcalde, acusándolo de ser responsable del asesinato de los tres dirigentes de la Unión Popular, el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, lo apoyó. Al igual que Abarca, Ortega es parte de Nueva Izquierda. ¿Seguirá el PRD protegiendo a José Luis Abarca?