Diez religiosos y dos seglares de la diócesis de Granada han sido apartados de sus funciones tras la intervención directa del papa Francisco tras una denuncia de pederastia.
El escándalo afecta a 12 personas, 3 sacerdotes sobre los que pesa una acusación de abuso sexual a menores, 7 religiosos y 2 seglares que están acusados de encubrir el delito.
Se trata, hasta el momento, del mayor escándalo de abusos sexuales del clero descubierto en España y la reacción del Papa no se ha hecho esperar.
El máximo mandatario de la Iglesia católica llamó personalmente al denunciante, un joven de 24 años que le escribió una carta para contar los hechos antes de denunciarlo ante la Fiscalía Superior de Andalucía, animado por el propio Bergoglio.
Según revela hoy Religión Digital, el Papa volvió a telefonear a Daniel el 10 de octubre “para invitarlo personalmente a la Comisión Vaticana de Víctimas de Abusos, y para pedirle perdón por la actuación del Arzobispado durante la investigación eclesiástica”.
El “minutado” de los hechos, al que tuvo acceso esta página web, “deja en evidencia el proceder del arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez”, que hoy tendrá que dar explicaciones del mismo ante la Plenaria de la Conferencia Episcopal.
Así, se constata cómo tuvo que ser “la víctima la que se pusiera en contacto con el arzobispo”, quien en un primer momento “le afeó el hecho de haberse dirigido directamente al Santo Padre”, según Religión Digital.
Y es que el gran ausente en este escándalo es el arzobispo de Granada. Francisco Javier Martínez intentó ocultar lo ocurrido y se saltó las normas de la Santa Sede, que le obligan a actuar contra los presuntos autores de abusos contra menores y contra los encubridores.
Martínez actuó obligado por el Vaticano y suspendió a los tres religiosos acusados pero no tomó ninguna medida contra los encubridores.
Por si fuera poco, las 3 plazas vacantes fueron otorgadas a otros 3 sacerdotes que están siendo investigados, según recoge hoy el diario Andaluces.es
El caso de abusos continúa bajo secreto de sumario, pero el subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, no descarta posibles arrestos.
Según la Cadena Ser, el denunciante, que actualmente cuenta con 24 años, pudo sufrir abusos desde los 12 hasta la mayoría de edad.
