Artículo quincenal del senador Robledo, 5 dic. 2014.
Por: Jorge Enrique Robledo
Aun cuando la Casa de Nariño ha logrado
imponer el más profundo silencio para que en el país casi nadie lo sepa,
lo cierto es que el pasado 5 de agosto suscribió un tratado
internacional “para la participación de la República de Colombia en las
operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea”, eufemismo con el
que intenta ocultar que estamos ante un pacto militar –de guerra–
diseñado para poner tropas colombianas bajo el mando de comandantes
militares europeos, los cuales, como es obvio, sirven a los intereses
políticos y económicos de las potencias de ese continente (http://bit.ly/1vwebhe).
Además de “lucir” su actitud mendicante
de vergonzosa indignidad, Santos usó su recorrido por Europa para
desarrollar a hurtadillas este acuerdo bélico. La Deutsche Welle(DW), el
servicio de información de Alemania, tituló sobre el “nuevo rol
militar” de Colombia e informó que fue invitada por el Comité de
Seguridad de la Unión Europea a participar en una operación en Ucrania y
que “también podría enviar una fragata a la misión Atalanta en el
Cuerno de África, que ayudaría a las fuerzas militares europeas”. Y la
noticia, que cita la respuesta del gobierno alemán a la diputada Heike
Hänsel, agrega que “Colombia asistió al encuentro de la Escuela de la
OTAN en Oberammergau y al NATO (OTAN) Defense College” (http://bit.ly/1vU5XxX).
Además, en carta a Juan Manuel Santos
que se filtró, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, le
recordó: “En la medida en que el conflicto vaya cesando y Colombia se
mueva hacia una estrategia de seguridad más sostenible, organizaciones
como la ONU y la OTAN se beneficiarían con un mayor involucramiento del
país en operaciones de paz (…). Ya está ofreciendo usted una experiencia
significativa en Centroamérica y el Caribe, mediante nuestro Plan de
Acción en Seguridad Regional y con el acuerdo de intercambio de
información con la OTAN, del 2013. Pero necesitamos a Colombia
involucrada en más lugares” (http://bit.ly/1wBi8lD).
Lo que faltaba en el proceso de
descomposición del país: soldados colombianos al servicio de las
agresiones colonialistas de estadounidenses y europeos, relación que
inevitablemente aumentará su injerencia militar y de todo tipo en los
asuntos internos de Colombia y que viola la Constitución y la soberanía
nacional.
De otra parte, aprovechándose de que
puede traspasar límites que otros presidentes ni se atrevieron, Santos
tramita la cuarta intentona legislativa para imponer la política de
tierras más retardataria de la historia de Colombia. En efecto, mediante
el proyecto de Ley 133 de 2014, bien llamado Urrutia-Lizarralde, va
tras varios objetivos, a cual más regresivo.
Primero: legalizar las ilegalidades
cometidas por Cargill y otras poderosas empresas que con cálculo
violaron la Ley 160 de 1994, que prohíbe adquirir y acumular baldíos del
Estado adjudicados a campesinos. Hay que advertir que la norma no les
resuelve el problema a personas corrientes en situaciones semejantes.
Segundo: arrebatarles a los pobres del campo los derechos que hoy la
Constitución les otorga de manera exclusiva sobre las tierras baldías,
para transferírselos a magnates nacionales y extranjeros, que así podrán
apoderase de ellas y sin límite de extensión: 20, 50, 100 mil o más
hectáreas. Tercero: ¡bajo pena de expropiación si se niegan a hacerlo!,
los campesinos o empresarios menores con tierras localizadas en las
zonas que el gobierno determine como Zidres –que serán el vehículo para
estos zarpazos– tendrán que “asociarse” con los monopolistas a quienes
se propone a favorecer la ley, y hacerlo mediante falsas asociaciones
que copian el Modelo Indupalma y que equivalen a alianzas entre zorras y
gallinas.
A esta política de feroz concentración
de la tierra rural hay que añadirle la profundización de los TLC y la
Alianza del Pacífico, diseñados para reemplazar la producción y el
trabajo nacional por los de los extranjeros, y el ataque a la
institucionalidad que hoy protege a los cafeteros.
Es muy probable que las anteriores
medidas no hubieran podido ni proponerse en un gobierno como el de
Álvaro Uribe, por ejemplo, dada la gran resistencia ciudadana que
habrían generado. Pero como Santos ha llevado a niveles sin antecedentes
la alcahuetería y el tapen-tapen, la capacidad de engaño y la impunidad
presidencial…
Bogotá, 5 de diciembre de 2014.
