Ernesto Javier Canepa Díaz se convirtió el pasado 27 de febrero en el tercer mexicano ultimado por oficiales en menos de un mes.
Esta vez fueron disparos de oficiales del Departamento de Policía de Santa Ana, California los que privaron de la vida al mexicano.
Como en los casos anteriores, la SRE condenó el hecho, afirmó que “causa una profunda consternación y molestia” al gobierno de la república y esta vez agregó que “no puede verse de manera aislada”.
Por ello llamó al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que mediante su división de Derechos Civiles, acompañe la investigación de los tres casos recientes para asegurar que se conduzcan con transparencia y en su caso, se deslinde la debida responsabilidad penal o civil a que haya lugar.
La cancillería informó que el Consulado de México en Santa Ana entró en contacto personal con el jefe de Policía de Santa Ana y el fiscal del Condado de Orange, a quienes les dirigió misivas en las que expresa su “profunda preocupación” por los hechos ocurridos y les pide una investigación “exhaustiva” así como la actualización “oportuna” de los avances.
También les solicita tomar medidas que prevengan la repetición de incidentes similares.
Adicional a los canales diplomáticos, el gobierno mexicano informó que solicitó al Grupo de Consulta sobre Derechos Civiles de los Mexicanos en Estados Unidos (MCRAG, por sus siglas en inglés), que explore “opciones legales” que permitan responder a éste y otros incidentes similares.
Asimismo, la SRE solicitó estrategias para sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de que se revisen y mejoren las políticas y prácticas de uso de la fuerza de las corporaciones policiacas estadunidenses.
La dependencia federal informó que las autoridades consulares se reunieron el pasado domingo 1 de marzo con los familiares y abogados del mexicano fallecido.
La muerte de Ernesto Javier se suma a las del michoacano Antonio Zambrano y del duranguense Rubén García, ocurridas el mes pasado en Washington y Texas, respectivamente, presumiblemente por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía local.
