Montserrat Mestre21/03/2015
Nikos
Paraskevopoulos (Atenas) es el ministro de Justicia del gobierno de
Syriza. Es criminólogo, fue profesor en la facultad de Derecho de la
Universidad Aristóteles de Tesalónica.
Es
vicepresidente de la mayor asociación griega dedicada a la
rehabilitación e integración de personas con adicciones. Ahora acomete
la tarea de reformar el sistema de justicia y penitenciario griego.
El
anterior gobierno había aplicado la legislación antiterrorista al 30%
de la población carcelaria y creado cárceles de máxima seguridad (Tipo
C) cuyas infrahumanas condiciones, así como la aplicación de torturas,
habían sido denunciadas por el Comité de Prevención de la Tortura del
Consejo Europeo y por Amnistía Internacional. También ha iniciado el
cierre de los 5 centros de internamiento de inmigrantes que existen en
Grecia. MM
Syriza anuncia el fin de las cárceles de Tipo C
El ministro griego de Justicia, sentado junto a Yanis Varoufakis, el ministro de economía. Foto BILD.
El régimen de máxima seguridad se implementó por el
Gobierno de Samarás.
LAURA CORTINAS / ALEXANDROS LAFER /diagonalperiodico.net
El
ministro de Justicia griego, Nikos Paraskevópulos, ha anunciado un
proyecto de ley para la abolición de las cárceles de máxima seguridad
Tipo C, la no reclusión de los menores de 15 a 18 años salvo en delitos
que conlleven peligro para la vida y la puesta en libertad de los
reclusos con enfermedades graves.
El
8 de marzo, un grupo de anarquistas ocupó la sede de Syriza en Atenas
para pedir el cierre de las prisiones de máxima seguridad de Tipo C,
apoyando la huelga de hambre comenzada el 2 de marzo por ocho presos de
la cárcel de Domokós, a los que se sumaron al menos otras dos presas en
la prisión de Neápolis, en Creta.
La abolición de este tipo de cárceles fue una de las
promesas de Tsipras durante la campaña electoral.
La
prisión de Domokós, al norte de Atenas, fue el único centro
penitenciario en el que se ha aplicado este régimen. El director del
centro fue abatido en febrero por dos personas con armas de fuego al
salir de su casa. Ningún grupo ha reclamado la autoría de este atentado.
Guerra contra el terrorismo
Grecia se sumó en el 2001 a la llamada ‘guerra contra el terrorismo’ con una serie de reformas legislativas.
Los
artículos 187 y 187A –aprobados en 2001 y en 2004– sobre organizaciones
terroristas, abrieron la puerta a un tratamiento penitenciario
especial, con privación sensorial, encierro en módulos y obstáculos a la
hora de acceder a permisos de salida o suspensiones de penas.
“Estas
legislaciones implican a jueces, fiscales y tribunales especiales,
mayores penas y la tentativa como forma de delito”, denuncia la Red de
Luchadores Presos. “Una característica particular del régimen de
excepción es su implementación como piloto y su expansión posterior.
El
artículo 187 inicialmente se aplicó a algunas decenas de presos y a día
de hoy ha supuesto condenas para el 30% de la población carcelaria”,
explica el colectivo. Durante la anterior legistatura se aprobó también
el régimen de Tipo C. “Ahora –continúan en su comunicado– a cualquier
preso insumiso se le puede catalogar como peligroso y trasladarlo allí”.
¿Qué
suponen las nuevas cárceles de máxima seguridad y cómo entró en vigor
este nuevo régimen? En enero de 2014, Christódulos Xirós, antiguo
miembro de la organización 17 de Noviembre, arrestado en 2002, se
escapó de la cárcel de Korydallos, a las afueras de Atenas.
Este
hecho supuso el punto clave para aplicar el nuevo régimen de Tipo C.
Mientras en todas las televisiones aparecía un vídeo del prófugo
llamando a la lucha armada, Dimitri Kufodina, brazo intelectual del 17
de Noviembre, lanzó un comunicado desde la cárcel denunciando que su
antiguo camarada había delatado al resto de la organización y colaboraba
con el Gobierno.
Christódulos
fue el único de todos los reclusos condenados por terrorismo al que
habían concedido permisos penitenciarios para salir de la cárcel a pesar
de estar cumpliendo varias cadenas perpetuas.
Durante uno de esos permisos decidió no volver a prisión.
El
gobierno de Samarás desplegó una operación policial a gran escala
contra movimientos libertarios con la búsqueda del Xirós como excusa.
Jarálambos Athanasíu, entonces ministro de Justicia, anunció que en
menos de cien días transformarían la cárcel de Domokós, al norte de
Atenas, en una prisión de alta seguridad.
Seis
meses después, y a pesar de que no se había hecho ningún cambio en
Domokós –aparte de un sistema de cámaras y sensores de movimiento en los
espacios comunes que instalaron los mismos funcionarios por falta de
presupuesto–, el Gobierno declaró que la cárcel ya era de alta
seguridad. Trasladaron a 300 de sus 700 internos a otros centros.
El
resto, con condenas superiores a 20 años, se quedó en Domokós, donde se
les aplicó el nuevo régimen de Tipo C, diseñado para terroristas,
apelativo que ahora se aplicaba a cerca de la tercera parte de la
población carcelaria.
Entre
sus características están la prohibición de los permisos de salida y
trabajo, y del acceso a la libertad condicional en condenas a cadena
perpetua antes de haber cumplido 20 años en prisión. También la
restricción de las visitas y llamadas a los familiares más cercanos.
En
junio, 4.500 presos se declararon en huelga de hambre como protesta por
esta reforma. Un mes más tarde, la Federación de Funcionarios de
Prisiones inició un paro de cuatro días contra la conversión de Domokós.
Hasta
finales de 2014, Korydallós fue el centro que alojó a los presos
políticos griegos. Sus condiciones han sido retratadas en el informe
del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo Europeo y porAmnistía Internacional:
la población de la cárcel triplica su capacidad, falta de medios
básicos como colchones y mantas, deficiencia del sistema sanitario e
higiénico, torturas, malos tratos, muertes bajo custodia sin
investigar.
Los condenados por crímenes violentos comparten celda con presos por delitos menores.
Los presos políticos estaban aislados en un pasillo donde convivían los presos de la guerrilla17 de Noviembre –que durante 27 años atentó contra policías, políticos y militares–, con los de Núcleos de Fuego y la cúpula de Amanecer Dorado –entre ellos los hasta hace poco parlamentarios Mixaloliakos y Kasidiaris–.
Syriza ha ordenado la disposición de dos médicos en la prisión.
También
ha frenado el traslado de presos de Korydallós a Domokós y ha anunciado
que se repartirán 250 brazaletes electrónicos entre los presos para que
puedan estudiar en la universidad –como consecuencia de la huelga de
hambre de Nikos Romanós–.
Pero
no es suficiente. Los presos de Domokós, en huelga desde el 2 de marzo,
exigen, además del cierre inmediato de las prisiones de Tipo C, la
abolición de la legislación especial antiterrorista y de las leyes
represivas, como la llamada Ley de la Capucha, que criminaliza a quien
se cubra el rostro durante una manifestación.
El Gobierno de Syriza echa el cierre a los CIE [Centro de Internamiento de Extranjeros]
El
nuevo Ejecutivo griego ha ordenado la puesta en libertad de todos los
detenidos que no tengan delitos pendientes de los cinco CIES que hay en
Grecia, ordenando su traslado a Omonia, un barrio de Atenas donde se
acumulan edificios en ruinas ocupados por personas migrantes en
situaciones muy precarias, a menudo sin luz ni agua.
La
concesión de un permiso de residencia de 6 meses ha supuesto un pequeño
respiro que se complementará, según anuncia el Gobierno, con la
creación de nuevos centros para migrantes en régimen abierto.
El
anuncio se hizo tras la visita del ministro adjunto de Protección
Ciudadana, Giannis Panousis, a un centro de detención de migrantes poco
después del suicidio de un joven paquistaní de 28 años.
