Bruselas
investiga la legalidad del tratamiento otorgado por el Gobierno español
a los créditos fiscales de los que disfruta la banca
Las entidades aseguran que todo ha sido supervisado por las autoridades europeas y que no conciben un cambio de criterio
De
haberlo, los bancos deberían captar más capital para asegurar su
solvencia; de lo contrario, sería el Estado quien debería contabilizar
esos millones como parte de las ayudas públicas para rescatar al sector
financiero
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Nos
habían hecho creer que el rescate a la banca española había concluido.
Que la reestructuración financiera estaba terminada y que la salud de
nuestros bancos, según los test de estrés de octubre, era excelente. Pero no. Como si se tratase de un enrevesado guión de culebrón, la historia da un nuevo giro.
El pasado martes, Bruselas anunció que está investigando si los DTA de
la banca española son o no una ayuda ilegal de Estado (también
investiga a Italia, Portugal y Grecia). El asunto es rebuscado y
técnico, pero están en riesgo nada menos que entre40.000 y 40.800 millones
de euros, según las últimas estimaciones. Una cuantiosa receta que, si
el asunto se complica, tendríamos que abonar, de nuevo, todos los
contribuyentes españoles.
¿Qué
son los DTA? Se trata de un dinero que actualmente los bancos
contabilizan como capital de máxima calidad y gracias al cual superaron
el examen de solvencia, pero que, en caso de que cambie el criterio se
traduciría en suspensos y en la necesidad de nuevos rescates.
Los
banqueros españoles, aunque ojipláticos ante el anuncio de Bruselas,
aseguran que no tienen ningún temor. Apuntan a los intereses políticos
como motivo de la investigación. "Es un tema que tiene un componente más
político que económico por el tipo de países que estamos más afectados
por los DTA. El problema, en Europa, es que tenemos una normativa de
capital unificada para todos los bancos, pero no tenemos criterios
fiscales unificados. España e Italia tratan de forma distinta los DTA a
como lo hacen Francia o Alemania", aseguró José Sevilla, consejero
delegado de Bankia, en el XXII Encuentro del Sector Financiero celebrado
esta semana en Madrid.
Para entender un poco mejor la situación, hay que empezar por saber de qué estamos hablando. DTA son las siglas que responden a Deferred Tax Assets, es
decir, Activos Fiscales Diferidos. Una especie de conejo en la chistera
de la ingeniería financiera que encaja en la legalidad y del que
disfrutan las empresas en todos los países europeos, aunque cada uno los
adereza al gusto nacional.
Capital de no tanta calidad
Se
trata de créditos fiscales que las empresas generan frente al Fisco en
base a unos gastos que no pueden deducirse del Impuesto de Sociedades.
Por ejemplo, el dinero que aparcan para cubrir problemas futuros
(provisiones) y el que se gastan en los planes de pensiones de
sus empleados. Ambos reducen los beneficios pero no la base imponible
sobre la que pagan impuestos, por lo que, supuestamente, su factura
fiscal es mayor de lo que debería. Por eso, el Estado calcula ese
desfase y permite contabilizarlo como un crédito con Hacienda. Si además
la compañía tiene pérdidas, éstas también podrán ser compensadas con
beneficios del futuro y engordar esos DTA. Hasta el punto de que
empresas con beneficios pueden acabar sin pagar un duro a Hacienda en
base a esas compensaciones.
La
reforma financiera española, con compras de bancos en quiebra, pérdidas
abundantes y demás estragos ha cargado a la banca de este tipo de
créditos. Pero, ¿qué pasa si esos beneficios no llegan y la compañía
acaba en quiebra? ¿Paga alguien ese dinero?
Ante
las dificultades para llegar a cobrar esos DTA en ausencia de
beneficios o en caso de quiebras, los reguladores financieros
internacionales cambiaron de criterio. Las reglas del sector, conocidas
como Basilea III, han prohibido lo que hasta entonces estaba permitido,
que esos DTA pudieran ser considerados capital de máxima calidad (aquel
que es el mínimo exigible para que una entidad sea considerada viable), y
ha dado a los bancos un plazo de cinco años para sacar esas cuantías
del Core Capital Tier1, donde están los activos de mayor calidad de los
bancos.
Un regalo a la banca
¿Hay
motivos para el pánico? Sin esos DTA como capital de máxima calidad, la
mayoría de los bancos, al menos los españoles, no cumplirían los
requisitos de solvencia exigidos por la regulación. Es decir, no
llegarían al capital mínimo de máxima calidad que exigen los
reguladores. Según El Confidencial, Abanca
y BNM serían las entidades con más problemas. Bankia, Sabadell y
CaixaBank también tendrían que captar más capital y solo Santander, BBVA
y Popular podrían respirar tranquilos.
En
marzo de 2013, el entonces comisario europeo de Competencia, Joaquín
Almunia, amplió el plazo para sacar los DTA del capital de máxima
calidad de cinco a diez años. Pero a algunos no les pareció suficiente
ayuda. Para evitar un nuevo descalabro financiero, países como Italia o
España, entre otros, echaron un capote adicional a sus bancos. Arroparon
esos DTA con la cobertura pública. España aprobó el 29 de noviembre de
2013 un real decreto que los más críticos calificaron como un regalo a
la banca, por el cual el Gobierno se comprometió a avalar la mayoría de
los DTA que los bancos españoles tenían en sus balances.
El
texto servía para asegurar que, en caso de problemas, el Estado pagaría
esas cuantías derivadas de los DTA. De esta forma transformó el derecho
fiscal en dinero casi seguro que por tanto podía seguir contando como
capital de máxima calidad en los balances de la banca. Bajo este estatus
se encuentran 40.800 millones de euros. Esa decisión del Gobierno
español fue supervisada y aprobada tanto por el Fondo Monetario
Internacional como por Bruselas, que en aquellos momentos vigilaban al
sector financiero rescatado.
Gracias a eso, los bancos españoles pudieron superar con buena nota los test de estrés a los que fueron sometidos por el Banco Central Europeo, el pasado mes de octubre.
"No somos Italia ni Grecia"
Lo
que ahora se plantea Bruselas es si este 'aval' es legal o
constituye una ayuda de Estado para favorecer a un determinado sector
económico. Más allá del estupor por la noticia, los banqueros españoles
aseguran estar tranquilos por haber hecho todo conforme a la ley. "Desde
junio de 2012, la reforma del sistema financiero español ha estado
supervisada hasta la última coma por Bruselas. Durante el año pasado, el
Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria realizaron una
investigación a conciencia en las entrañas de nuestros bancos. Dudar
ahora de lo que se ha hecho durante todo este tiempo no tiene ningún
sentido. No somos Italia ni Grecia", aseguran fuentes financieras.
La
única explicación posible llega desde los ámbitos políticos. Primero,
la cartera europea de Competencia, en manos del español Joaquín Almunia
durante toda la crisis, ha pasado ahora a manos de la danesa Margrethe
Vestager. "A su mesa han llegado varias preguntas y requerimientos de
información por parte de diversos parlamentarios, y tanto ella como el
BCE están obligados a responder. Además, el nuevo equipo europeo de
Competencia tiene interés en este cambio de criterio", explica otra
fuente de sector.
La
jugada, de acuerdo con esas fuentes, tiene mucho que ver con el interés
de Alemania por "desviar la atención del supervisor financiero, de
nuevo, a los países del sur, y evitar que escudriñe con esmero lo que
hay en su sistema financiero". Un nuevo pulso de los alemanes contra la
banca de los países bautizados en los momentos más agudos de la crisis
como PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España).
Aunque
los financieros consultados aseguran que los bancos españoles están
fuera de todo peligro, lo cierto es que la investigación de Bruselas
sigue su curso y si ese aval sobre los DTA es considerado como una ayuda
de Estado ilegal, la banca debería captar a toda prisa esos 40.800
millones para cumplir con las exigencias de tener en sus balances un
capital de máxima calidad que al menos sea del 5,5%, según el escenario
más estresado de los test de esfuerzo.
De
no conseguirlo, la receta pasaría al Estado y se sumaría a los 61.500
millones gastados directamente en rescatar a los bancos, a los que se
añaden los casi 300.000 millones puestos a disposición del sector por el Estado español.
"Lo
que realmente había que hacer es un seguro anticambios regulatorios. No
es coherente que cada dos años se modifiquen las leyes. Eso no hay
negocio que lo aguante", sentencia un financiero nada contento con las
noticias llegadas desde Bruselas. El asunto, en cualquier caso, tardará
mucho tiempo en resolverse.
