Posted: 09 Apr 2015 04:13 AM PDT
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| Los expertos dicen que la ley debe dejar muy claro qué podría hacer la policía con los troyanos y qué no. / J. R. |
No SOLO se saltan a la torera tu derecho a la intimidad sino que un uso inapropiado del troyano podría valer para introducir en tu ordenador material en forma de archivos que te incriminen.
Cualquier ciudadano a partir de ahora podría alegar perfectamente que lo encontrado en su ordenador no le pertenece y que alguien ajeno a él lo ha podido dejar allí e incluso denunciar esta práctica policial como anticonstitucional.
Tras la ley Mordaza y la persecución sistemática que están llevando a cabo tras todo tipo de activismo, si exceptuamos el de ultraderecha, esta ley sube un peldaño más el estado policial al que estamos sometidos y como en los casos anteriores se salta palpablemente la Constitución.
ARMAK de ODELOT
El Gobierno responde a Llamazares que la policía podrá instalar “troyanos” en los equipos informáticos de supuestos delincuentes
El
Gobierno explica a Llamazares que la policía podrá instalar “troyanos”
en los equipos informáticos de supuestos delincuentes para perseguir de
forma remota determinados delitos
Esta
modificación, junto a la nueva regulación de la figura del ‘agente
encubierto’ para que puedan actuar en Internet e ‘intercambiar archivos
ilícitos’ para facilitar detenciones, se incluye en el proyecto de ley
orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
El
Gobierno ha detallado al diputado de Izquierda Unida y portavoz
parlamentario de Justicia, Gaspar Llamazares, que entre las novedades
que contempla la reforma puesta en marcha para modificar la obsoleta Ley
de Enjuiciamiento Criminal en lo que tiene que ver a perseguir delitos
en Internet se incluye permitir a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado que instalen ‘troyanos’ (software espía) en los
equipos informáticos de supuestos delincuentes para perseguir de forma
remota determinados delitos.
Además,
en la respuesta escrita facilitada recientemente a Llamazares a raíz de
una serie de cuestiones que planteó en el mes de diciembre a través de
una pregunta parlamentaria, el Ejecutivo del PP explica también que la
citada reforma plantea modificaciones en la figura del ‘agente
encubierto’ para que puedan actuar en la Red y manejar e “intercambiar”
archivos ilegales -“ilícitos” se dice en la respuesta- a fin de
facilitar la investigación y las posibles detenciones.
La
iniciativa parlamentaria original del diputado de IU planteaba varias
cuestiones relacionadas con las actuaciones –incluidas campañas en las
redes sociales- que colectivos y formaciones de ultraderecha realizan en
diferentes puntos del Estado para promover supuestas acciones de ayuda
‘exclusivamente para españoles’.
A
raíz de ello, preguntó al Gobierno qué “iniciativas legislativas
concretas” tenía previsto plantear en el Parlamento para “la sanción de
actividades contrarias a los valores constitucionales de convivencia y
no discriminación”.
En contra de lo que es habitual, desde el Gobierno se explayan en la respuesta.
Además
de recordar reformas ya aprobadas y planes en marcha dirigidos a
castigar y prevenir “diversos actos y conductas que pudieran vulnerar el
ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas”,
dedica un apartado específico a desarrollar el alcance práctico que
tendrá la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
“Con
respecto al uso de internet al que se refiere la pregunta –indica el
texto-, se debe señalar que el anteproyecto de reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal desarrolla una nueva regulación de la figura del
agente encubierto que se adapta a las singulares peculiaridades de
investigación en la red, y que podrá intercambiar archivos ilícitos en
internet”.
“Asimismo
-prosigue la explicación del Gobierno a Llamazares-, permite la
instalación por parte de la Policía de software (o troyanos) para
investigar a supuestos delincuentes, lo cual es especialmente
interesante en ilícitos que pudieran vulnerar los derechos fundamentales
de los ciudadanos”.
Pese
a que la respuesta lleva la fecha original de 12 de febrero -de ahí que
hable de anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-,
el Gobierno no la remitió al Congreso para su entrega al diputado hasta
la segunda mitad de marzo. En ese tiempo el Consejo de Ministro tuvo
tiempo para aprobar el pasado 13 de marzo el correspondiente proyecto de
ley orgánica de reforma de esta norma, que ya se encuentra en el
Congreso a la espera de que se ponga fecha para iniciar su tramitación.
BORRADOR DE ANTEPROYECTO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL
La policía podrá usar troyanos para investigar ordenadores y tabletas
La 'comisión Gallardón' propone técnicas de ‘hacking’ para crimen organizado y ciberdelitos
Su uso exige permiso judicial ante hechos de especial gravedad
MANUEL ALTOZANO Madrid
Se trata de un arma de indudable utilidad para las fuerzas de seguridad, pero puede presentar problemas de constitucionalidad y chocar de frente con derechos fundamentales.
Se trata de un arma de indudable utilidad para las fuerzas de seguridad, pero puede presentar problemas de constitucionalidad y chocar de frente con derechos fundamentales.
El borrador de anteproyecto de Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia —encargado por el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón a
una comisión de expertos coordinada por su secretario de Estado—
permite a los jueces que autoricen a la policía la instalación de
troyanos en los ordenadores de los investigados para obtener la
información que contienen o a la que se puede acceder a través de
ellos.
El
texto prevé el acceso remoto de equipos informáticos —lo que incluye
tabletas y teléfonos inteligentes— para delitos con penas máximas
superiores a tres años, para el cibercrimen y para el terrorismo y el
crimen organizado siempre que el juez justifique la proporcionalidad de
la intervención. Hasta el momento, solo Alemania ha aprobado una
regulación similar, aunque solo para casos de terrorismo, ante la
invasión de la intimidad que supone.
El Ministerio todavía no ha decidido si aceptará la propuesta
El
borrador recoge esta posibilidad en su artículo 350, que permite al
Tribunal de Garantías —el que supervisa la instrucción del caso, que en
la propuesta de Justicia dirige el fiscal— la autorización “a petición
razonada” del ministerio público de “la utilización de datos de
identificación y códigos, así como la instalación de un software, que
permitan, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin
conocimiento del titular o usuario del contenido de un ordenador”.
Es
decir, permite la instalación de un troyano, uno de esos programas
maliciosos —spyware, aunque en este caso utilizado para fines legítimos—
que se instalan a distancia en un ordenador para poder controlar su
contenido de forma remota sin que su propietario o usuario lo advierta.
El ministerio asegura que, aunque el borrador elaborado por los expertos será la base de su anteproyecto, por el momento no hay decisión tomada sobre registro remoto de ordenadores.
“Escucharemos
con atención lo que nos digan sobre este asunto, pero no tomaremos la
decisión hasta que hayamos analizado las conclusiones que nos hagan
llegar desde distintos ámbitos y colectivos”, asegura una portavoz de
Justicia.
Una vez instalado ese programa, las posibilidades para la policía son infinitas.
“No
solo se puede acceder a la información que se almacena en el disco
duro, sino también a las contraseñas que suelen guardarse en la
memoria”, explica Juan Carlos Ortiz Pradillo, profesor de Derecho
Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha y especialista en el uso de este software pirata por las fuerzas de seguridad.
“Con
esas contraseñas puede accederse al correo electrónico y a todas las
redes sociales como Facebook y conocer donde has estado últimamente, con
quién te relacionas o cuáles son tus aficiones...
O
a programas de comunicaciones como Skype. Incluso a todo lo que el
investigado almacene en servidores extranjeros, como puede ser el Gmail,
la nube...
Las
claves para al desencriptado de la información, si está protegida, o
los movimientos de las cuentas bancarias, si se gestionan online”,
continúa Ortiz.
El
troyano puede además proporcionar las IP (el código identificador) de
los ordenadores o dispositivos con los que se haya compartido
información o dar acceso a las búsquedas de Internet del supuesto
criminal, los blogs que visita... “Se puede llegar a conocer la
personalidad del delincuente y, en algunos casos, predecir lo que va a
hacer”, dice Ortiz.
Se podrá utilizar
en caso de delitos penados con más de tres años de cárcel
La
posibilidad de instalar esos troyanos con permiso del juez no solo
afecta a ordenadores. Se extiende también a cualquier sistema
informático, como tabletas o teléfonos inteligentes, lápices o tarjetas
de memoria, o discos duros portátiles.
Las
empresas proveedoras de Internet pasan, en estos casos, a estar
obligadas a colaborar con los agentes para facilitarles ese acceso a los
datos del ordenador en el que se pretende entrar.
También
cualquier otra persona “que conozca el funcionamiento del sistema
informático o las medidas aplicadas para proteger los datos informáticos
contenidos en el mismo que facilite la información que resulte
necesaria”.
Es
decir, desde el jefe de sistemas de una empresa hasta un especialista
en informática. Incluso un hacker, si es la persona idónea para entrar
en el ordenador investigado debe colaborar
En
principio, el borrador solo prevé estas técnicas para los delitos
cometidos intencionadamente (con dolo) cuya pena máxima supere los tres
años de cárcel.
También para los perpetrados por un grupo u organización criminal, es decir, los relacionados con el crimen organizado y el terrorismo, y para todos aquellos que se consumen a través de instrumentos informáticos: estafas por internet, pornografía infantil, grooming (acoso sexual a menores por internet), cyberbullying (acoso en la red)...
El ordenador a investigar, además, se tiene que encontrar en España.
La técnica permite acceder a claves, cuentas bancarias y redes sociales
“Se
trata de una diligencia que, desde el punto de vista de operatividad
policial, puede ser muy útil, pero desde el punto de vista de los
derechos fundamentales es muy invasiva”, explica el profesor de Derecho
Procesal de la Universidad del País Vasco (UPV) Alberto
Sáiz, especialista en intervención de comunicaciones y, actualmente,
director de lo Contencioso en el departamento jurídico del Gobierno
vasco.
“Afecta
al derecho a la intimidad del investigado, pero también al secreto de
las comunicaciones de una forma extensiva al permitir entrar en chats,
Facebook, Skype, Twitter...”.
“Además,
a diferencia de un teléfono, un ordenador puede ser utilizado por
varias personas que, a pesar de no ser objeto de la investigación,
verían afectados sus derechos fundamentales”, avisa.
Por
esa razón, Saiz considera que el catálogo de delitos que pueden
indagarse de esta manera es excesivamente amplio (todos los que
conlleven una pena máxima superior a los tres años). “Debería
establecerse un catálogo cerrado de delitos”, propone el profesor.
Desde el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)
consideran “positivo” que se apueste por las nuevas tecnologías en el
nuevo Código Procesal Penal, pero creen que la intervención remota de
ordenadores es un tema “delicado”.
Fuentes del organismo se preguntan por la necesidad de entrar en un ordenador.
“Si
se ha podido identificar la IP y se trata de un equipo que está en
España, ¿por qué no entrar y recogerlo y después investigar su
contenido?”, afirma un portavoz.
Desde
el CGAE aseguran que, al vulnerar el derecho a la intimidad, la
resolución judicial que autorice la diligencia “debe aprobarla con un
objeto concreto y determinado”.
Aunque, aseguran, una vez abierta la ventana a un ordenador “es difícil concretar”.
“Es
por esa razón que el borrador de anteproyecto prevé unos requisitos muy
rigurosos para su aprobación por el juez”, explica Nicolás
González-Cuéllar, catedrático de Derecho Procesal y miembro de la
comisión de expertos que ha elaborado el texto.
“Se
exige que el delito tenga una gravedad mayor que la prevista para una
mera intervención telefónica y la resolución debe justificar que ese
método es proporcional a la gravedad de los hechos y especialmente
idóneo para investigarlos. Además, esa resolución debe delimitar muy
bien lo que la policía puede y lo que no puede hacer”, añade
González-Cuéllar.
Alemania cuenta con una ley similar, pero solo para el terrorismo
Las otras preguntas fundamentales son: ¿quién fabrica el troyano a utilizar?,
¿cuáles serán sus características?
Juan
Carlos Ortiz Pradillo, el procesalista especialista en este tipo de
registros, asegura que, debido al tipo de delincuentes especializados al
que esta herramienta está enfocada, es esencial que su código sea
secreto para evitar que los delincuentes puedan enviar a través de sus
ordenadores información falsa o, incluso, usarla en su propio beneficio
al saber que están siendo investigados.
El
profesor recuerda que se trata de auténticos delincuentes informáticos y
que los delitos a investigar pueden ser de especial peligrosidad, como
el terrorismo o el crimen organizado.
Si
la utilización de troyanos que propone el borrador de anteproyecto
finalmente se aprueba, España será el segundo país europeo en regularlo
tras Alemania.
En ese país, sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la norma, aprobada por el Estado de Renania del Norte-Westfalia,
al considerarla contraria “al derecho fundamental a la garantía de
confidencialidad e integridad de los equipos informáticos”, explica
Ortiz.
En
esa misma sentencia se establecieron unos límites muy estrictos para
futuras regulaciones de este tipo: que exista autorización judicial, que
se trate de delitos de especial gravedad que afecten a la vida, la
libertad o la seguridad del Estado y que se proteja “el núcleo esencial
de la vida privada”, añade el profesor de Castilla-La Mancha.
Con
esas limitaciones, el Gobierno federal aprobó una nueva ley que permite
el uso de este tipo de software solo para casos de terrorismo.
Algunos de los programas espías conocidos
- Keylogger. Se trata de un a familia de programas que permiten registrar las pulsaciones que se hacen sobre el teclado del ordenador intervenido. La información se almacena en el propio ordenador o se envía a otro sistema informático a través de Internet. Los datos obtenidos de este modo exigen después un análisis exhaustivo para descifrarlos y obtener lo que se busca, como, por ejemplo, contraseñas o mensajes. Este tipo de software se puede instalar de manera remota.
- Computer and Internet Protocol Address Verifier (CIPAV). Al igual que los programas keylogger, pueden ser instalados a distancia en el ordenador que se desea investigar, pero, según el profesor de Derecho Procesal Juan Carlos Ortiz, este último proporciona aún más información. Puede enviar a través de la Red la dirección IP del sistema informático que analiza, los puertos utilizados, el navegador, los programas ejecutados, el sistema operativo (incluida su versión y número de serie), las contraseñas almacenadas, las direcciones IP con las que se conecte y las últimas páginas visitadas. No puede acceder al contenido de las comunicaciones que se realizan a través de él.
- Otros troyanos. Según el especialista en criminalidad en Internet, existen otros programas más desarrollados que permiten, por ejemplo, grabar datos de un ordenador remoto en función del tipo de información que se busca. Otros dan acceso también a los dispositivos de almacenamiento que se le conecten. Existen algunos que permiten rastrear cualquier tipo de archivo, sea cual sea su denominación.
- Sistema Híspalis. Creado por la Guardia Civil en 2005, no puede espiar ordenadores, pero permite identificar su IP a través de archivos difundidos en redes P2P como Emule. Después, los agentes, deben incautarlo.
